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POLITICA

Habló Maximiliano Abad, el único senador radical que votó en contra de la expulsión de Kueider

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Maximiliano Abad, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) que votó en contra de la expulsión de Edgardo Kueider, el legislador entrerriano -aliado del Gobierno en la Ley Bases- detenido junto a su secretaria en un puesto fronterizo de Paraguay con US$211.000 sin declarar, se refirió este jueves a lo ocurrido en la Cámara y reafirmó su postura luego de que con dos tercios, el senador que entró por la lista de Unión por la Patria en 2019 fue echado en lugar de suspendido. En ese marco, el también presidente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires explicó su voto en contra y afirmó que la decisión se tomó “sin un sólo papel oficial”.

“Las cosas se tendrían que haber hecho completamente distintas. Se tendría que haber avanzado en la suspensión del senador porque esto implicaba quitarle los derechos, el derecho a estar sentado en la banca, a tener voz y a cobrar una dieta y también desaforarlo para que la Justicia pueda detenerlo, investigarlo e ir a fondo. Y de esa manera nosotros tener en el Senado de la Nación, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, toda la información y la documentación que nos permita, si corresponde, como muchos entienden que es así, poder expulsarlo”, consideró este jueves Abad en diálogo con LN+.

Convencido de que la situación que envolvió a Kueider en un escándalo político es “indignante”, el senador dijo que no quiere que el entrerriano “esté en la Cámara”. Sin embargo, cuestionó el proceso presidido por la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Hoy se expulsó a un senador sin un solo papel oficial de la Justicia de Paraguay”, sentenció.

Lo que hemos visto por los medios, lo que se ha dejado traslucir, a partir de esa información se tomó una decisión. Entonces, las decisiones en materia institucional se deben tomar con información oficial, porque además estamos generando un antecedente y un precedente muy peligroso. Y acá se puede inventar una causa, esa causa toma estado judicial, toma estado mediático, y se junta el número en el Senado, que son dos terceras partes, y a ese senador o diputado se lo expulsa”, deslizó Abad.

En tanto, aseguró que viene de “un partido republicano e institucionalista” y que “la institución es el requisito para el progreso”. Al ser consultado sobre el voto a favor de la expulsión de Kueider que emitieron sus otros 12 compañeros radicales, Abad dijo que “cada uno tiene su motivo” pero que él tiene “sus convicciones”.

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Edgardo Kueider

“Los procesos deben respetarse. Una vez dicho esto, yo no quiero que un senador que pasó plata por la frontera que no puede declarar; por eso creía que había que suspenderlo. Y al mismo tiempo hay que desaforarlo para que la Justicia investigue. Y cuando tengamos toda esa información, avanzar en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, sumó.

En otro tramo de la entrevista, ahondó sobre la validez de la sesión del jueves, ya que la misma se desarrolló mientras el presidente Javier Milei partía rumbo a Italia para un viaje oficial, por lo que Villarruel tenía que asumir el mando del Ejecutivo y no la titularidad del Senado, algo que provocó achaques por parte de Casa Rosada hacia la número dos de la administración libertaria. “El hecho se consuma con la firma de la vicepresidenta del acta que le llevó el escribano general del Gobierno. Eso fue a las 19. Entonces la sesión es válida desde mi perspectiva”, sostuvo.

Respecto a la interna entre Milei y Villarruel, Abad pidió no tensionar a la sociedad por las peleas. “Eso también trae gravedad institucional. Y lo que no pueden hacer de ninguna manera es poner en tensión al conjunto del pueblo argentino. Esta cosa deben resolverla en el marco del Gobierno. Por eso, todas estas situaciones generan tensión y tensionan a los argentinos”, insistió.

POLITICA

La justicia le pide a Milei que desclasifique archivos secretos para avanzar en la investigación por el crimen de Nisman

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La Fiscalía Federal 3 de Comodoro Py le pidió este viernes al presidente Javier Milei que ordene desclasificar documentos secretos para poder avanzar en la investigación por el asesinato del fiscal Alberto Nisman.

El pedido al Presidente hace referencia a todos los archivos de inteligencia que pudiera haber en la SIDE, en las áreas de Inteligencia del Ejército y de todas las fuerzas de seguridad federales, vinculados a Nisman y a su actividad en la UFI AMIA, por entender que el homicidio del fiscal ocurrió como consecuencia de su trabajo en la investigación del atentado a la mutual judía (1994, 85 muertos), y de lo que denunció como su encubrimiento: el Pacto con Irán.

Nisman fue hallado con un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, cuatro días después de aquella denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner.

El expediente que investiga su muerte dice que fue asesinado y que el partícipe necesario del crimen fue el ex empleado informático de su fiscalía, Diego Lagomarsino.

También quedaron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público los cuatro custodios de Nisman que debieron cuidarlo aquel fin de semana en que lo mataron: Rubén Benítez, Luis Miño, Armando Niz y Néstor Durán.

El pedido de las autoridades judiciales a Milei fue presentado durante la mañana de este viernes directamente en Presidencia, según confirmaron a Clarín fuentes del caso.

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Lleva las firmas del fiscal Eduardo Taiano y del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, integrante del equipo de la fiscalía que lleva adelante la investigación por el asesinato de Nisman.

Según la investigación, en el expediente está probado que a partir del acercamiento geopolítico con Irán -durante la presidencia de Cristina Kirchner- hubo una ruptura interna en parte de la SIDE, que siguió investigando el caso AMIA pese a pedidos en contrario del Ejecutivo: en la causa hay testimonios que aseguran que el gobierno de Cristina le bajó la orden a la SIDE para que dejara de investigar a Irán y de colaborar con Nisman.

A partir de ese escenario, se empezaron a transferir tareas propias de la SIDE hacia el área de Inteligencia del Ejército.

El pedido de la Fiscalía a Milei llega luego de una seguidilla de oficios con distintos pedidos de información que se enviaron a la SIDE durante todo este año, sin que ninguno hubiese sido resuelto.

En la misma situación de hermetismo están los pedidos hechos al Ministerio de Defensa para que informe sobre detalles de funcionamiento del área de Inteligencia del Ejército en la época en que ocurrió el crimen de Nisman.

Altas fuentes de ese Ministerio dijeron a Clarín que, para liberar la información que requiere la fiscalía, necesitan primero el aval de la SIDE por cuestiones legales. Y que el trámite está en esa etapa.

Parte del oficio enviado ahora al Presidente es para destrabar el acceso a esa información.

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La Ley de Inteligencia Nacional es la 25.520. En el apartado que habla sobre “Clasificación de la Información” establece que “el acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad…”.

Allí apunta el pedido judicial.

Concretamente, los investigadores quieren desentrañar cómo era el funcionamiento de los espías “inorgánicos” -conocidos en la jerga como “buchones”– en la época en que mataron a Nisman y en los años anteriores.

El pedido abarca documentos de una década, desde que Nisman asumió en la UFI AMIA en 2004 hasta que lo hallaron muerto en su departamento, a comienzos de 2015.

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