POLITICA
Ignacio Torres denunció a un juez por ordenar a la obra social de Chubut a cubrir una cirugía de cambio de sexo

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este jueves por la tarde que el Estado provincial denunciará al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por exigir que la obra social provincial, Seros, cubra el 100% de una cirugía de cambio de sexo “que no tiene por qué brindar”.
A través de un posteo en X, el mandatario calificó al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante” y afirmó que su fallo “pone en riesgo al sistema de salud”. Torres detalló que la intervención ordenada por la Justicia involucra “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”.
En esa línea, aseguró que su administración no permitirá que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”. El gobernador de la provincia patagónica recordó que al asumir la gestión, Seros tenía un déficit de más de $6.000 millones y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus cuentas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, sostuvo.
NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN JUEZ DEMAGOGO FUNDA NUESTRA OBRA SOCIAL
Desde el primer día que asumimos, afrontamos el desafío de sanear nuestra obra social SEROS. Con esfuerzo, transparencia en las compras, y mucha inteligencia financiera, logramos poner en orden el Instituto y… pic.twitter.com/YVkeUcerK2
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 3, 2025
Torres adelantó que el Ejecutivo chubutense analizará todos los amparos y fallos judiciales que obliguen a la obra social provincial a cubrir prestaciones que no corresponden. “Dijimos que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar pelea”, enfatizó.
Como detalla en la publicación, el fallo de Huaiquil obliga a la obra social a cubrir una cirugía estética de cambio de sexo que incluye, entre otras cosas, feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones. No vamos a permitir que ningún juez intente fundir la obra social que volvimos a poner al servicio de todos”, cerró.
Antecedente
No es la primera vez que un juez ordena a Seros cubrir una intervención de este tipo. En septiembre de 2021, el juez de Familia de la localidad de Trelew, Daniel Manse, hizo lugar a un amparo presentado por el abogado de una adolescente trans y ordenó a la obra social a brindarle cobertura en una cirugía de readecuación corporal.
El recurso se presentó luego de que la obra social provincial, a través de sus asesores legales, requiriera al joven de 17 años presentar una autorización judicial previa para luego solicitar la intervención quirúrgica. Para Manse, el menor de edad no necesitaba de un permiso para “avanzar en su sentir más íntimo”.
Cambios en la normativa
Los tratamientos de adecuación de género están amparados por la Ley 26.743 (Identidad de Género). Entre otras cosas, la norma ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza su cobertura tanto tanto en el sistema público como privado.
En ese sentido, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció la prohibición de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores. En una conferencia de prensa, Adorni dijo que el Ejecutivo derogaba el artículo que permitía a los menores registrar su nuevo nombre y sexo.
“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. A la vez, al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, detallaron desde Salud.
Estas intervenciones quirúrgicas incluyen, por ejemplo, aumento mamario, mastectomía, aumento de glúteos, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastía y faloplastia con prótesis peneana.
POLITICA
Cierran la investigación a la jueza Capuchetti por su actuación en la causa del atentado contra Cristina Kirchner

La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la manera en que llevó adelante la investigación del atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, por el que finalmente fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a 10 y 8 años de cárcel, respectivamente.
El kirchnerismo cuestionó a Capuchetti por la manera en que se resguardó el teléfono de Sabag Montiel, cuyos datos no pudieron recuperarse luego de que fue manipulado por la Policía Federal.
Tras una pulseada con el kirchnerismo y en una votación intensa y dividida, la denuncia disciplinaria contra Capuchetti fue desestimada. Y ahora el asunto deberá ser ratificado en el plenario del Consejo de la Magistratura.
Asimismo, el cuerpo llamó a declarar por el artículo 20 del reglamento del cuerpo (una suerte de declaración indagatoria) al juez en lo comercial Hernán Diego Papa, denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El gremio lo acusó de maltrato laboral.
Además, la Comisión de Disciplina envió a la comisión de Acusación -que decide si corresponde o no iniciar juicio político al magistrado- un nuevo expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cohecho, por haber mentido en su curriculum vitae.
Fue la primera reunión del año de la comisión que preside el abogado kirchnerista César Grau. Allí estuvieron los consejeros jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones y Agustina Díaz Cordero; los consejeros senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; y el consejero académico Hugo Galderisi.
Además, participaron los diputados del kirchnerismo y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y la académica Fernanda Vázquez.
Con un temario de más de una veintena de expedientes, la comisión de Disciplina decidió en primer lugar aprobar por unanimidad la citación al juez Papa, denunciado por presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral cotidiano por el gremio judicial.
El artículo 20 implica la notificación y citación al magistrado denunciado para que haga su descargo frente a las pruebas reunidas. Y luego, con la abstención de Recalde, se aprobó remitir a la comisión de Acusación el expediente que investiga a Salmain por no haber declarado que había sido cesanteado del Poder Judicial por un sumario donde se lo acusó de haber ofrecido una coima a una empleada de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que una denuncia fuera remitida al juzgado donde trabajaba como empleado.
Se trata de la denuncia que impulsó en julio de 2025 Horacio Rosatti, doble presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia.
Salmain ya está siendo investigado por la Comisión de Acusación y fue procesado con prisión preventiva por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato. Está sospechado de haber llevado adelante una maniobra judicial para beneficiar a un grupo financiero mediante el dictado de medidas cautelares irregulares para la compra de dólares. Un empresario arrepentido denunció que le pidió a cambio, junto a un escribano que actuó de intermediario, 200 mil dólares de coima.
Pero al debate que más se abocó la comisión, durante unas dos horas, fue al pedido del juez consejero Barroetaveña para cerrar la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que impulsaron diputados kirchneristas.
La acusaron de haber sido deficiente en la conservación del teléfono de Sabag Montiel, momentos después de haber sido detenido por intentar matar a Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022.
El planteo se generó cuando la comisión ya había impulsado medidas de prueba y luego de que tanto la defensa de Capuchetti como los diputados del Frente de Todos pidieran, coincidentemente, incorporar al sumario un informe técnico de la Gendarmería Nacional sobre la supuesta activación del celular luego del arresto de Sabag Montiel.
Ese estudio señalaba que el aparato estaba en el shopping Abasto cuando debía estar secuestrado en poder de la Policía. Barroetaveña aseguró que esas medidas no eran necesarias porque no había motivos para mantener abierto el expediente.
“Señores consejeros y consejeras, estas prácticas de ampliar denuncias derivan de hechos supuestamente nuevos pero que en realidad no son nuevos. Más que un efecto procesal lo que se busca es un efecto político fuera del ámbito que es un expediente disciplinario. Se repiten varias cosas en esta denuncia, pero estos supuestos hechos nuevos son parte de los hechos denunciados e investigados. Están disconformes con el contenido de esta resolución y dicen que ahora son nuevos hechos, pero se trata de los mismos hechos”, dijo Barroetaveña, cerrando filas con su colega.
Abundó: “Este expediente ya está sumamente demorado, varias veces nos reunimos acá y siempre apareció alguna excusa. O no hubo quórum, o no se trató o se pidió una ampliación como ahora. Seguir el curso de esta ampliación de denuncia, señores y señoras, es prestarse a la maniobra de dilación. Es evidente lo que se busca: hacer un tema de sanción permanente a la jueza Capuchetti que se vale de declaración de dudosa procedencia y nulo valor epistémico cuya recepción se pretende convertir en una regla procesal”.
Lo cruzó el kirchnerista Tailhade y aseguró que era la propia jueza la que estaba pidiendo incorporar al expediente el nuevo peritaje, pero Barroetaveña lo intimó: “Pato o gallareta, se vota hoy”. Y agregó que cuando se postuló para ser consejero, llegó con la idea de que no haya “jueces corruptos”, pero tampoco “jueces perseguidos injustamente” en el tiempo.
“Hay que tener carita, hay que tener exceso de calcio en la carita, para decir que estamos persiguiendo una jueza. ¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impune… Por eso están acá tirando la desestimación como si se tratara de que le negaron la excarcelación a alguien cuando estamos hablando del intento de asesinato de la máxime dirigente política de este país. Si estamos averiguando qué pasó con el teléfono, hay que aprobar lo que pide la defensa y pedir una actualización de la causa sobre qué pasó con ese peritaje”, insistió Tahilade.
Los jueces Provítola y Lugones, junto a Díaz Cordero, insistieron en que la investigación tenía que cerrarse. Y los kirchneristas Siley, Fernández Sagasti y Recalde insistieron en cuestionar a la jueza y en subrayar la gravedad del atentado sufrido contra Cristina Kirchner.
El senador Luis Juez se sumó a rechazar la desestimación tras subrayar que detestaba las actitudes corporativas y asegurar que debería ser la propia Capuchetti la que debería estar queriendo completar la investigación para limpiar su buen nombre y honor.
Con el voto de los consejeros jueces, el senador radical Eduardo Vischi y el académico Galderisi, se aprobó finalmente rechazar la postergación del tema y la desestimación de la denuncia. Tanto este como el resto de los temas resueltos serán elevados al plenario del cuerpo para ser analizados y votados allí.
se resguardó el teléfono,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La Casa Rosada enviará la semana que viene la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO

La Mesa Política decidió que la semana que viene enviará al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma Electoral. La decisión está tomada y solo podría cambiar si profundiza la crisis que enfrenta la Casa Rosada por las investigaciones judiciales que apuntan a la figura de Manuel Adorni.
Según confiaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo, “sólo falta cerrar algunos detalles con el área de Legal y Técnica”, pero una vez que se resuelva esto, se girará a la Cámara de Diputados el proyecto que, entre otras cosas, propone la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Respecto de este punto, los funcionarios nacionales saben que enfrentan un fuerte rechazo no sólo de la oposición más dura, sino también de sectores del radicalismo y del PRO que encuentran en esa herramienta una forma de resolver sus internas, pero también lo ven como un instrumento para dirimir diferencias con el oficialismo, si deciden aliarse en algún distrito.
“Si vamos juntos en Buenos Aires, tendremos que resolverlo de esta manera o va a venir Karina (Milei) y nos va a querer imponer al candidato. La verdad es que nuestra capilaridad es mayor a la de LLA y nos puede ir mejor que a ellos en una PASO para definir el candidato”, explicó un legislador del PRO que recorre la provincia.

La reforma política contempla, además de la eliminación definitiva de las PASO, el rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. Básicamente, apunta a liberar el aporte privado a los partidos políticos.
La intención de los libertarios respecto de este punto es eliminar el financiamiento público a partidos y campañas electorales, y que sea reemplazado por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas, y cuotas de afiliados.
La crítica a esto no sólo apunta a la opacidad que puede generar que los privados sean quienes financien las campañas sino que, además, limitaría la presencia de partidos políticos menores que, por falta de fondos, no podrían participar de los procesos electorales.
La intención de la Casa Rosada de avanzar con este tema tendrá la excusa de que, al no ser un año electoral, se puede debatir una reforma sin que nadie señale que buscan una ventaja; los oficialismos generalmente no van a una PASO, mucho menos para elegir candidato a Presidente.
Legisladores en los Estados Unidos
Un dato extra en toda esta historia es que la semana que viene Diputados entrará en un “bache”, porque la mayoría de los bloques tendrán legisladores de viaje. Según publicó el periodista Lucas Morando, poco más de una veintena de diputados y senadores viajan a las universidades de Harvard y al MIT para participar de exposiciones sobre inteligencia artificial y para escuchar al premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, que obtuvo el galardón por investigar cómo las instituciones —reglas, normas y cultura— determinan la prosperidad. Su teoría divide las instituciones en inclusivas (las que fomentan la participación y el crecimiento), y extractivas, que concentran riqueza y poder, perpetuando la pobreza.
La comitiva va a estar integrada por 35 hombres y mujeres de la política local. De ese total, 18 son diputados y 4 senadores. Por la Cámara alta irán senadores del oficialismo y de sus socios. En el caso de los Diputados, habrá representación de LLA, PRO, UCR, Unidos y Unión por la Patria.
“La semana que viene habrá poca actividad y la reforma que tiene que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero hay diputados que van a estar de viaje”, explicó un legislador libertario. En el listado de los que viajan está Nicolás Mayoraz, que preside la comisión, y el oficialismo no va a dejar que el debate quede en manos de Diego Giuliano, quien lo secunda y es diputado de Unión por la Patria.
POLITICA
PJ bonaerense: Larroque propuso al intendente Jorge Ferraresi como candidato a gobernador de la provincia

El peronismo sumó este miércoles un nuevo candidato a la sucesión de Axel Kicillof. En un acto en Avellaneda, el intendente local, Jorge Ferraresi, fue propuesto como postulante a la gobernación bonaerense por el ministro Andrés Larroque, uno de los principales lugartenientes del actual mandatario provincial.
“Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”, dijo Larroque.
El ministro bonaerense habló en estos términos tras inaugurar dos sedes del Programa Envión y de la flamante Liga Deportiva Municipal. Ferraresi es uno de los intendentes que integran la mesa chica del axelismo, pero hasta el momento no había blanqueado su intención de candidatearse a la gobernación en 2027.
Ferraresi pasó a integrar tras los dichos de “Cuervo” Larroque el lote de dirigentes que buscan posicionarse para suceder a Kicillof el año próximo en la Gobernación. También están allí la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, el diputado nacional massista Sebastián Galmarini y posiblemente la legisladora quilmeña Mayra Mendoza.
Además, entre los aspirantes del peronismo bonaerense se cuenta al intendente de La Plata, Julio Alak, quien viene manteniendo reuniones con dirigentes de distintos sectores con la intención de ser ungido como candidato. Pese al pronunciamiento de Larroque, todavía Kicillof no manifestó sus preferencias de cara a 2027.
Ferraresi fue elegido cuatro veces como intendente de Avellaneda (2011, 2015, 2019 y 2023). Antes había completado los dos últimos años del mandato de Baldomero “Chacho” Álvarez (2009-11) y en medio de estas gestiones, fue ministro de Hábitat durante el mandato presidencial de Alberto Fernández.
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