El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el 29 de abril concurrirá al Congreso para presentar su primer informe de gestión. De esta manera, cumplirá con el mandato constitucional que lo obliga a brindar explicaciones de su labor ante diputados y senadores.

En este sentido, el Gobierno busca llegar a esa fecha con una agenda legislativa activa y un paquete de reformas que Adorni definió como “el proceso más reformista de la historia”. Incluso el Presidente Javier Milei confirmó que estará presente el día de la exposición del jefe de Gabinete en el Congreso.

Pese a que no dio demasiados detalles de los proyectos en cuestión, remarcó que el Ejecutivo enviará nuevas iniciativas para continuar la estrategia de “desregulación económica y reordenamiento institucional” que impulsa el oficialismo desde el inicio del mandato.

Luego de dar explicaciones sobre la polémica en torno a los viajes al exterior con su esposa, el jefe de Gabinete repitió que el actual Gobierno “mantiene la vara más alta” en materia de ética pública y reducción del gasto, y vinculó los cuestionamientos que lo rodean a lo que describió como una “operación política y mediática destinada a erosionar la gestión”.

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La conferencia contó con la presencia visible de ministros, colaboradores y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La defensa de Adorni tras la causa en su contra

El jefe de Gabinete se defendió en medio de la polémica por sus viajes: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”. Fue luego de que su esposa, Bettina Angeletti, usara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y después del viaje en un avión privado a Punta del Este.

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Adorni aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y por qué no dará explicaciones la prensa sobre su patrimonio: “Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”.

En la misma línea, agregó: “Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”.

“Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, indicó Adorni.

Y añadió: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”.

Respecto del viaje realizado con su esposa, apuntó: “La dádiva habría sido si es que hubiera sido un regalo. Al viaje lo pagué yo. Es un tema de investigación judicial. Estoy cansado de decir que el viaje lo pagué. No es un dato menor. La dádiva es si yo no hubiese pagado. No veo tema de incompatibilidad y mucho menos de dádiva”.

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Con el objetivo de salir de la agenda internista, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, instruyó a sus legisladores a avanzar con una agenda de gestión en seguridad que tenga impacto en el territorio bonaerense. En las últimas semanas proliferaron distintos proyectos de ley en ese sentido: autorizar el uso de armas no letales para la policía bonaerense, volver a reclamar la creación de policías comunales y la prohibición del uso de celulares en cárceles, son las tres primeros proyectos que el massismo intentará llevar a la mesa para su discusión, primero en el peronismo y luego al resto de los bloques.

El diputado provincial y exintendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli, presentó en los últimos días un proyecto de ley que promueve la autorización para que las policías de la Provincia empleen armas electrónicas no letales. No es la primera vez que se busca instalar el tema en la Legislatura bonaerense. Pero la iniciativa no logró, hasta el momento, llegar a algunos de los recintos, ya sean de diputados o de senadores.

La avanzada legislativa de este sector del peronismo tiene como objetivo correrse de las discusiones internas o de índole electoral o de reforma política que se empiezan a discutir en distintos ámbitos. “Hay que discutir temas que le interesen a la gente y le resuelvan sus problemas. Ocuparse de la seguridad en la Provincia”, cuentan que planteó Massa a sus legisladores. Allí fue que se decidió avanzar con estos proyectos.

En esa línea discursiva es que también se impulsó el proyecto para que las petroleras avisen de los aumentos con al menos 72 horas de anticipación; un texto que lleva la firma de Ayelén Rasquetti, también del massismo.

El FR tiene diez integrantes dentro de la bancada peronista que ostenta un total de treinta y nueve miembros repartidos entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el cristinismo y los movimientos sociales. La bancada que conduce el camporista Facundo Tignanelli, es la primera minoría en la Cámara baja provincial.

Las opiniones al respecto sobre el uso de Taser son variadas. Hay varios proyectos, a favor y en contra. En el Senado, por ejemplo, el senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos UCR Identidad, viene presentando expedientes en la misma línea. En Diputados, la ex legisladora Susana González que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco (MDF), había propuesto un proyecto de ley que prohibía el uso de armas no letales.

Cuando era ministro de Seguridad bonaerense, el hoy jefe del bloque de senadores peronistas en la Cámara alta provincial, Sergio Berni, se había manifestado a favor de que la policía porte Taser. De hecho, movió algunos expedientes de compra dentro del ministerio, pero el armamento no llegó a la portación de los efectivos policiales. Hoy Berni mantiene distancia del esquema de Kicillof —a quien siempre reconoció meramente como su jefe administrativo— y reporta a Cristina Kirchner.

La iniciativa que lleva la firma de Puglelli y la legisladora Ayelén Rasquetti, también del FR, establece que el uso de este tipo de armas solo estará permitido para el personal activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán superar exámenes técnicos y psicofísicos. Además, el artículo 14 ter —a incorporar en la Ley 13482— define estos dispositivos como aquellos “que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin provocar la pérdida de conocimiento”, diferenciando las armas electrónicas no letales de las letales, cuyo uso está prohibido por la regulación nacional.

También detalla que solo podrán emplearse dispositivos que sean definidos formalmente como no letales por la normativa nacional vigente. En este sentido, la legislación nacional establece que las armas electrónicas forman parte de la categoría de armas y municiones de uso civil únicamente si su efecto sobre el organismo humano es pasajero y no conlleva pérdida de conciencia.

El proyecto se basa en la regla de Tueller, creada por el sargento Dennis Tueller de la policía de Salt Lake City, Estados Unidos. Esta regla indica cuánta distancia y tiempo necesita un policía para responder si un agresor tiene un arma blanca. Determina que un agente tarda al menos 1,5 segundos en sacar su arma y disparar, tiempo en el que el atacante puede avanzar unos 6,5 metros. Los estudios citados muestran que si la distancia es menor, las posibilidades de que el policía sobreviva bajan mucho frente a un ataque con cuchillo.

Asimismo, dicho informe resalta que los ataques con armas blancas pueden ser más letales que los enfrentamientos con armas de fuego, dada la velocidad y cercanía con la víctima, y que el efectivo argentino, al no poder retirarse, se ve obligado a repeler la agresión, enfrentando riesgos legales y de vida considerables. Si el agente dispara un arma de fuego y resulta letal para el atacante, enfrentará procesos administrativos y penales; si no lo hace, puede exponer su vida.

“No es darle el arma y nada más. Implica un programa que le brinde el elemento, pero también la capacitación y los estudios necesarios, que haya protocolos: que, en determinadas circunstancias, tenga el elemento para poder defenderse. Además, muchas veces va en beneficio del propio policía, pero también de la víctima, porque ante determinadas circunstancias, con un arma letal apuntás a la muerte. Entonces, si ya le damos armas letales a la policía, lo que implica todo un riesgo, ¿por qué no legislar sobre armas no letales?“, fundamentó Puglelli ante la consulta de Infobae.

El proyecto para el uso de armas no letales va en paralelo con la iniciativa que el FR presentó en el Senado, a través de Malena Galmarini, para prohibir el uso de celulares en las cárceles de jurisdicción provincial y el que en Diputados propone la creación de policías comunales, una vieja bandera del Frente Renovador desde la época de la gobernación de Daniel Scioli, que también es una demanda de algunos intendentes.

En Diputados aún no se oficializaron las comisiones. Hasta el año pasado, Puglelli presidía la de Seguridad y, de no haber mayores inconvenientes, podría repetirse el esquema. De ser así, creen en el FR, el tema podría avanzar al menos en la comisión; toda vez que es una agenda en la que también está interesada la oposición a gobierno de Kicillof.