El Gobierno dejó trascender en las últimas horas que no intervendrá la Asociación del Fútbol Argentino, pese a que mantiene su disputa con Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde Casa Rosada saben que intervenir una asociación civil es una tarea por demás difícil, más teniendo en cuenta que la mayoría de los socios —es decir, los presidentes de los clubes— están alineados con Tapia.

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Es por eso que el oficialismo todavía está tratando de encontrar el flanco para avanzar en contra de la casa madre del fútbol argentino.

En Olivos tienen claro que Tapia tiene mala imagen en gran parte de la sociedad desde hace tiempo. También saben que tiene un fuerte vínculo con el peronismo y por eso decidieron posicionarse en la vereda de enfrente.

Lo hizo el propio Javier Milei, quien aprovechó la disputa entre “Chiqui” Tapia y Estudiantes por el trofeo otorgado a Rosario Central —y el posterior desplante del club presidido por Juan Sebastián Verón— para demostrar su postura.

Es tal la posición del Gobierno que Milei publicó tres fotos distintas con camisetas de Estudiantes. Una de ellas en la reunión más importante que tuvo en toda la semana, con el Canciller de Israel, Gideon Saar.

Pero Javier Milei no es el único que se alzó públicamente en contra de la gestión de Tapia. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que una vez que asuma como senadora estudiará la situación de la casa madre del fútbol argentino.

Bullrich adelantó que “hay irregularidades en la AFA” y dijo que las investigará desde la Cámara Alta. También se esperan gestos por parte del Banco Central y de la Dirección General Impositiva (DGI).

El Gobierno sabe que intervenir la AFA sería una jugada muy arriesgada que puede terminar jugándole en contra, por eso es que la estrategia va por otro camino.

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Javier Milei anticipó que no viajará este viernes a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026, por lo que no habrá foto con “Chiqui” Tapia y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a la Copa del Mundo.

Desde Casa Rosada saben de la influencia que tiene Tapia para con el presidente de la FIFA y también son conscientes del buen vínculo que tiene con Lionel Messi, quien formará parte del sorteo oficial.

Es por eso que prefieren directamente que el jefe de Estado no viaje a Washington, antes de tener que negarse a sacarse una foto con el capitán de la selección Argentina para no posar con Tapia.

Lo que sí está claro es que no se repetirá aquella foto que Tapia se sacó el año pasado con Karina Milei —secretaria de la Presidencia— y Manuel Adorni —hoy jefe de Gabinete— en el marco del impulso al Mundial 2030.

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A los altos mandos del Ministerio de Defensa suelen llegarles dos pedidos esenciales: el aumento de los sueldos para las Fuerzas Armadas y la normalización en el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, más conocido como IOSFA.

Con más de 600.000 afiliados activos y pasivos, se trata de la tercera obra social más cuantiosa del país, tan solo superada por el PAMI y IOMA. Pese a su magnitud, quienes trabajan en la diaria de esta institución marcan que la obra social trabaja solo para el día a día. “El estado del organismo es tal que estamos trabajando para cubrir los casos más sensibles”, reconoce un funcionario a Infobae.

Es uno de los mayores desafíos que le tocan al próximo ministro de Defensa, Carlos Presti, que hereda una deuda estimada en más de $ 200.000 millones. “Si en Economía no le aseguran un mayor giro de fondos para cubrir ese monto va a estar complicado”, decía un encumbrado funcionario del Edificio Libertador semanas atrás en medio de las especulaciones sobre quién podía ser el sucesor de Luis Petri.

Una altísima fuente de la Casa Rosada confirmó a Infobae que la idea es dividir IOSFA: que la cobertura para el Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina siga bajo la órbita de Defensa; pero que los servicios para Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional se trasladen para la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

Esa idea no parte sino de la cartera que hoy en día comanda Patricia Bullrich y que a partir de la semana que viene pasará a su segunda, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El “Plan A” ya tuvo tratamientos varios en reuniones en las que participaron Bullrich, Petri e integrantes de Presidencia. También ya hubo instancias en la que hubo reuniones de segundas líneas de ambos ministerios.

Pese al ánimo de diálogo y debate sobre qué hacer con la obra social, en el Ministerio de Defensa no creen que la división sea la mejor opción. O que, cuanto menos, la publicación de un DNU para formalizar la separación tendrá consecuencias más relevantes en el plano real.

El asunto más urgente para resolver la división de IOSFA es la deuda que tiene. “Tiene que pagarse antes de cualquier tipo de decreto que se publique. Si no corre riesgo de desintegrarse”, explica a Infobae una fuente que estuvo en las conversaciones por la obra social.

Fuentes oficiales calculan que más del 70% de la deuda que tiene IOSFA proviene de prestaciones de Prefectura y de Gendarmería. ¿Es trasladable la deuda a Seguridad? Si así fuera, en ese ministerio no quieren hacerlo. Si existe la separación, Defensa no siente que deba responsabilizarse de los gastos presupuestarios que deba afrontar en el futuro por los afiliados que forman parte de las Fuerzas de Seguridad. En ese escenario, lo deberán hacer igual, porque armar la estructura jurídica de una obra social nueva no tarda pocas semanas o meses: calculan que podría tardar años. Mientras tanto, los afiliados tienen derecho de recibir la atención, sea de la manera que sea.

Tal y como lo adelantó el periodista Mariano de Vedia en La Nación, ante toda situación una de las posibilidades que se maneja es pedirle la asistencia financiera al Ministerio de Economía de Luis Caputo. “Efectivamente, lo estamos negociando”, convalidó una fuente oficial.

La separación de IOSFA pondría en cada ministerio la atención específica a su propio personal, pero traerá un encarecimiento de las licitaciones de compras. Los medicamentos y otros servicios de altísimo costo no se negociará con los laboratorios con la actual masa de afiliados, sino que esta se terminará dividiendo por una cifra cercana a la mitad. Es la lógica contraria por la cual el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones creó este año la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), la cual unificó todos los procesos licitatorios y administrativos de cinco establecimientos de salud nacionales.

Aun así, la decisión parece estar tomada de parte de Seguridad Nacional. En su alocución para presentar el Presupuesto 2026, la todavía ministra marcó que Gendarmería y Prefectura “se sienten mal” estando en IOSFA y que “pagan burocracia y reciben menos servicios”.

Consultados por Infobae, en Casa Rosada dijeron que la realización de la división es mucho más compleja y que podría no darse en el corto plazo. En tanto, fuentes ministeriales han dejado trascender de que esta debería darse antes de que los dos ministros abandonen su actual cargo para irse al Congreso. Esa última opción parece impracticable.

El expresidente del Foro de Generales Retirados, José Luis Figueroa, indicó que una de las principales causales de los números de IOSFA fue su “el manejo bajo un criterio político y no con un criterio de administración”. “Por afiliados entran 90.000 pesos por mes por afiliado, de los cuales el 12% va para gastos administrativos. El gasto para salud [el PMO] para una obra social de estas características da un costo por mes de 75.000 pesos. Los números cerrarían. Lo que pasa es que la obra social está rota”. En el sector indican que en los últimos años hubo una merma de funcionarios técnicos y gerenciales que afectó al manejo de la obra social.

En la actual administración alegan que los aportes por afiliados mermaron en términos reales por la falta de incrementos y que a esto se le sumó el sinceramiento de los insumos médicos, sobre todo los importados. “Subieron todos los costos de manera significativa, así como los como honorarios médicos y prestaciones de las clínicas”. En el Gobierno dicen que desde hace seis meses que dejaron de tomar deuda y que la situación está estabilizada aunque en niveles altamente graves.

En el bloque de diputados de La Libertad Avanza se respira confianza. Durante las últimas semanas lograron convertir al oficialismo a nada menos que 11 ex aliados y siguen con atención los próximos movimientos del peronismo que podría regalarle la primera minoría en la Cámara de Diputados. En simultáneo, se preparan para cumplir con el ambicioso cronograma de sesiones extraordinarias que impulsa el Poder Ejecutivo.

Gracias a la incorporación de ocho legisladores del PRO que responden a Patricia Bullrich y de otros tres radicales disidentes (antes conocidos como radicales “con peluca”), el bloque violeta suma 91 diputados. Apenas detrás del peronismo, que tiene 96, pero podría sufrir el desprendimiento de los diputados que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Entre los libertarios algunos piden cautela, porque consideran que podría ser un error estratégico seguir robándole bancas a los aliados como el PRO o la UCR, porque esto los terminaría empujando hacia posiciones más duras contra el Gobierno. De hecho, el fastidio de Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, ya no es ningún secreto.

Por eso, depositan sus esperanzas en el quiebre del gobernador catamarqueño Jalil con el kirchnerismo. Eso le restaría cuatro bancas a Fuerza Patria y los libertarios solo tendrían que sumar dos voluntades para ostentar el bloque más grande. Los dos candidatos que los libertarios ya casi cuentan como propios son Verónica Razzini (rompió con el PRO el año pasado) y Alejandro Bongiovanni (PRO). Incluso la incorporación de este último no sería necesaria si el peronismo sufre un “efecto cascada” tras la salida de los catamarqueños. “Lo que importa es quién rompe primero, después de eso es más fácil que otros sigan atrás”, se entusiasma un importante referente del bloque LLA.

En simultáneo, los libertarios se reorganizan internamente. Tener un bloque tan grande les facilitará el control sobre el Congreso, pero también presenta un gran desafío: mantener la cohesión. Justamente esa fue una de las principales fallas durante los últimos dos años. Hubo escandalosas peleas internas, críticas abiertas a la conducción de Martín Menem, algunos papelones en el recinto y varias fracturas. En total se alejaron seis diputados que ahora conforman los bloques MID y Coherencia. Todo daño autoinfligido.

Para atacar ese problema, los libertarios comenzaron por darle un curso de instrucción básica a los nuevos legisladores sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados. “Ojalá a nosotros nos hubieran explicado la mitad cuando entramos”, dice con una sonrisa un libertario que llegó al Congreso en 2023.

Además, conformarán una suerte de secretaría parlamentaria colegiada. Esa mesa de coordinación estará integrada por Nicolás Mayoraz, actual presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales; la bullrichista Silvana Giudici, que desempeñó ese rol en el bloque PRO antes de su alejamiento; y Giselle Castelnuovo, flamante diputada que viene de ocupar el cargo de subsecretaria de Asuntos Políticos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Según explicaron a Infobae, esta última se encargará principalmente de la “contención política” de los 91 miembros de la bancada.

“Los bullrichistas son muy disciplinados, Patricia los mantiene muy ordenados”, destacó un libertario. En ese sentido, remarcó que la conformación de las listas supervisada por Karina Milei donde hubo preeminencia de “puros”, la experiencia ganadas por los legisladores libertarios durante los últimos dos años y la incorporación de figuras con trayectoria legislativa propia del PRO y el radicalismo harán que el bloque tenga un peso político mucho mayor.

A pesar de todo, el bloque de diputados tiene un margen de autonomía acotado. Los libertarios no conocen más que por trascendidos periodísticos los lineamientos del proyecto de reforma laboral que comenzarán a tratar dentro de poco y también ignoran las modificaciones en el proyecto de Presupuesto que Diego Santilli está negociando con los gobernadores.

“Sólo sé que los cambios son más bien cosméticos, porque los gobernadores tienen ganas de acordar y la Casa Rosada tiene una capacidad increíble de pagar ‘barato’ los apoyos opositores”, explicó el mismo legislador.

Los diputados se preparan para comenzar el trabajo en comisión ni bien se produzca el recambio legislativo y calculan que la sesión en Diputados será entre el miércoles 17 y el jueves 18. No habrá negociaciones por separado en el Senado ya que los interlocutores, principalmente los gobernadores, son los mismos. Por lo que el Senado trabajará entre las Fiestas para darle sanción definitiva el Presupuesto el lunes 29 o el martes 30.

Aún no está definido, pero es probable que el Presupuesto se debata en conjunto con el proyecto de presunción de inocencia fiscal para discutir modificaciones en el régimen general y blindar la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias. La idea es incrementar el umbral para fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos.

En tanto, en el Senado podría comenzar el debate de la modificación de la Ley de Glaciares, que redefine las denominadas áreas periglaciares y permitiría que las provincias amplíen las zonas habilitadas para la explotación productiva. Es un reclamo concreto de los gobernadores que no tiene costo fiscal para el Gobierno.

A mediados de enero se retomará la actividad, con la reforma laboral como nave insignia de la nueva etapa. Luego seguían las reformas del Código Penal, que contempla el endurecimiento de penas, y la tributaria.

Hasta el momento la conformación de los bloques es auspiciosa para el oficialismo ya que en el centro se están formando dos grandes espacios hegemonizados por gobernadores. De una lado Provincias Unidas, con el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, como principales referentes; y del otro lado una versión ampliada de Innovación Federal, donde jugarían los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén, Catamarca y Tucumán. Hasta el momento, ninguno da señales de querer confrontar con Milei.

“Todo parece indicar que el Congreso va a dejar de ser una moneda de cambio en la relación con las provincias”, especulan en la bancada que conduce Gabriel Bornoroni, uno de los ganadores políticos de las últimas elecciones.