POLITICA
Ignacio Torres denunció a un juez por ordenar a la obra social de Chubut a cubrir una cirugía de cambio de sexo
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este jueves por la tarde que el Estado provincial denunciará al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por exigir que la obra social provincial, Seros, cubra el 100% de una cirugía de cambio de sexo “que no tiene por qué brindar”.
A través de un posteo en X, el mandatario calificó al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante” y afirmó que su fallo “pone en riesgo al sistema de salud”. Torres detalló que la intervención ordenada por la Justicia involucra “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”.
En esa línea, aseguró que su administración no permitirá que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”. El gobernador de la provincia patagónica recordó que al asumir la gestión, Seros tenía un déficit de más de $6.000 millones y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus cuentas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, sostuvo.
NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN JUEZ DEMAGOGO FUNDA NUESTRA OBRA SOCIAL
Desde el primer día que asumimos, afrontamos el desafío de sanear nuestra obra social SEROS. Con esfuerzo, transparencia en las compras, y mucha inteligencia financiera, logramos poner en orden el Instituto y… pic.twitter.com/YVkeUcerK2
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 3, 2025
Torres adelantó que el Ejecutivo chubutense analizará todos los amparos y fallos judiciales que obliguen a la obra social provincial a cubrir prestaciones que no corresponden. “Dijimos que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar pelea”, enfatizó.
Como detalla en la publicación, el fallo de Huaiquil obliga a la obra social a cubrir una cirugía estética de cambio de sexo que incluye, entre otras cosas, feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones. No vamos a permitir que ningún juez intente fundir la obra social que volvimos a poner al servicio de todos”, cerró.
Antecedente
No es la primera vez que un juez ordena a Seros cubrir una intervención de este tipo. En septiembre de 2021, el juez de Familia de la localidad de Trelew, Daniel Manse, hizo lugar a un amparo presentado por el abogado de una adolescente trans y ordenó a la obra social a brindarle cobertura en una cirugía de readecuación corporal.
El recurso se presentó luego de que la obra social provincial, a través de sus asesores legales, requiriera al joven de 17 años presentar una autorización judicial previa para luego solicitar la intervención quirúrgica. Para Manse, el menor de edad no necesitaba de un permiso para “avanzar en su sentir más íntimo”.
Cambios en la normativa
Los tratamientos de adecuación de género están amparados por la Ley 26.743 (Identidad de Género). Entre otras cosas, la norma ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza su cobertura tanto tanto en el sistema público como privado.
En ese sentido, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció la prohibición de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores. En una conferencia de prensa, Adorni dijo que el Ejecutivo derogaba el artículo que permitía a los menores registrar su nuevo nombre y sexo.
“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. A la vez, al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, detallaron desde Salud.
Estas intervenciones quirúrgicas incluyen, por ejemplo, aumento mamario, mastectomía, aumento de glúteos, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastía y faloplastia con prótesis peneana.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccessi. Lo hizo tras conocer que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación, algo que según le dijeron fuentes de la cartera a TN ella no cuestiona, pero choca con el “perfil bajo” que pretende cultivar en su área.
En los últimos días se conoció que un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación, la principal entidad pública de la Argentina, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.
Desde la entidad bancaria le aseguraron a TN que se cumplieron los requisitos y descartaron cualquier tipo de irregularidad: “No hay excepciones. El que califica, accede”, manifestaron.
Desde el oficialismo rechazaron los cuestionamientos y argumentaron que “en cualquier país la gente saca créditos”. De este modo, buscaron bajarle el tono a la polémica y desestimaron las denuncias por presuntas irregularidades.
Cuál es la normativa del Banco Nación
El Banco Nación, en su reglamentación, señala que los créditos para el sector público pueden solicitarlos personas que trabajen en relación de dependencia, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal y empleados de las empresas pertenecientes al Grupo YPF, que cobren sus haberes a través de esa casa.
La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden será de 85 años inclusive.
En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.
Sandra Pettovello, Banco Nación
POLITICA
Temen dilaciones: La Corte quiere apurar en el Consejo los cambios en el sistema de selección de jueces
El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas.
El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre los impulsores. Esperaban una mejor recepción y una mayor agilidad en el trámite.
Desde su presentación, el proyecto recibió amplias expresiones de respaldo, ya que limita la inicidencia de la política en la elección de jueces y reduce los márgenes de arbitrariedad.
La iniciativa fue firmada por dos de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso, pero recalibra, especialmente, el peso que tienen las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, en palabras de Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.
Los efectos de esa “discrecionalidad” quedaron a la vista en la ventana hacia el pasado que abrió el lunes el envío al Senado del pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti. Tal como contó , en parte gracias a los puntos que ganó en la entrevista personal, Emilio Rosatti saltó del cuarto al primer lugar en ese ranking de mérito.
Rosatti, presidente del máximo tribunal, no firmó la acordada, aduciendo que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó de su presentación, el lunes, en una ceremonia de gran pompa judicial en el Palacio de Tribunales.
El nuevo reglamento apunta a poner nuevos límites al Consejo -donde se inicia el proceso de selección de jueces- para “limitar la injerencia” de la política. Dispone, por ejemplo, que los concursos se realicen con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice o que las entrevistas personales solo puedan dar puntos al candidato con un límite del 10%.
“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”, dijo Rosenkrantz, el lunes, durante la presentación.
Respecto de las entrevistas personales, el ministro sostuvo que son una fuente permanente de queja “en los aspirantes serios”, que alteran el orden de mérito “sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.
Los caminos
“Si lo dilata [al proyecto de la Corte dentro del Consejo], va a estar deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”, dijeron respecto a Rosatti en una de las vocalías de la Corte.
El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial y ahora la iniciativa podría iniciar una larga peregrinación entre escritorios del Consejo y entremezclarse con otros proyectos similares.
“Dependerá de cómo se trabaje en las comisiones”, advierte una fuente del órgano respecto a los tiempos, que son inciertos.
Es que el texto deberá tratarse primero en la Comisión de Reglamentación -hay una reunión prevista para el jueves- y luego en la de Selección; recoger allí sus dictámenes, para después sí recalar en el pleno del Consejo. Compite junto a otra docena de proyectos orientados en el mismo sentido, que no han logrado grandes avances en el último año.
Formalmente, había al menos dos caminos alternativos al que se tomó: llevar la propuesta directamente al plenario previsto para el próximo 14 de abril y tratarlo “sobre tablas”, lo que requiere para su aprobación una mayoría agravada; o buscar darle un dictamen sin retoques profundos en una comisión conjunta, integrada por las de Reglamentación y de Selección.
Ninguna de las alternativas contaba con apoyo suficiente, en parte porque cualquiera de ellas habría sido abrirle la puerta del Consejo de par en par a la Corte.
Algunos constitucionalistas mostraron reparos en la forma en que la Corte presentó la iniciativa. Andrés Gil Domínguez sostuvo en redes que “la CSJN no quiso intervenir ‘lateralmente’ en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino”.
El volumen que ganó el asunto, habiendo tantos otros proyectos en el Consejo, produjo en algunos consejeros la sospecha de que en el fondo del proyecto se libra una batalla interna de la Corte, que tuvo en este tema un realineamiento, con Rosenkrantz y Lorenzetti en la misma vereda.
Aún aquellos que ven con buenos ojos volver a sopesar el peso de las entrevistas defienden el camino adoptado por el Consejo, afirmando que es el habitual y respeta el “procedimiento interno”.
Las mismas fuentes del Consejo, sin embargo, reconocen amplios márgenes de mejora posibles. Es que no solo las entrevistas han quedado ensombrecidas en distintos concursos, sino también los exámenes escritos, cuyo contenido no se publica.
proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces,amplias expresiones de respaldo,saltó del cuarto al primer lugar,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Reino Unido cuestionó el respaldo de Bolivia a la Argentina por Malvinas y Cancillería reaccionó
Luego de que el embajador del Reino Unido en Bolivia repudiara un acto oficial del gobierno del presidente Rodrigo Paz donde reafirmaba la soberanía argentina en las Islas Malvinas y el Ejecutivo del país del altiplano sostuviera su postura, la Cancillería agradeció el apoyo de Paz en la disputa.
En el comunicado oficial, el Gobierno agradeció el “histórico y valioso respaldo” de Bolivia a los derechos soberanos sobre las Malvinas, así como sobre las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En esa línea, remarcó que la cuestión debe ser abordada como un caso de colonialismo pendiente de resolución mediante el diálogo bilateral.
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La Cancillería sostuvo que la disputa debe resolverse a través de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, en línea con lo establecido por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, cuestionó la postura británica de apelar al principio de libre determinación de los pueblos, al considerar que no resulta aplicable al caso Malvinas.
Según el texto, no existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus, sino una población implantada tras la ocupación británica de 1833. En ese marco, el Gobierno argentino volvió a rechazar la validez del referéndum realizado en 2013 en las islas, al entender que no modificó la situación jurídica de la disputa.
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El comunicado también subrayó que la causa Malvinas trasciende el ámbito nacional y constituye una cuestión de carácter regional, respaldada de manera sostenida por países de América Latina en distintos foros internacionales. Entre ellos se mencionan espacios como la OEA, el MERCOSUR y la CELAC, donde se ha reiterado el apoyo a la posición argentina.
Finalmente, la Argentina reafirmó su disposición a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto de soberanía, conforme al marco establecido por las Naciones Unidas.
La postura del embajador británico en Bolivia
El Embajador de Reino Unido en Bolivia, Richard Porter, calificó como “decepcionante e inaceptable” la posición de la Cancillería boliviana sobre las islas Malvinas, que reafirmaron su postura en favor de Argentina respecto a la cuestión de la soberanía de las islas.
“Las islas Falkland (en inglés) son británicas, su soberanía no está en cuestión. En 2013, sus habitantes expresaron libre y democráticamente su voluntad en un referéndum, el 99,8% votó por seguir siendo británicos”, aseguró en un video que publicó en redes sociales.
En ese sentido, remarcó que la declaración de la Cancillería de Bolivia “constituye una intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”.
En tanto, el gobierno trasandino retrucó: “Bolivia reafirma que su política exterior se rige por los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En ese marco, el Estado Plurinacional de Bolivia recuerda que la cuestión de las Islas Malvinas es tratada por Naciones Unidas como una situación aún pendiente e instan a las partes involucradas a reanudar negociaciones”.
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