Tras obtener esta tarde un fallo favorable de la Justicia que denegó un pedido de amparo de organizaciones ambientalistas, el oficialismo ratificó el formato de audiencias públicas que se realizarán la semana próxima en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, convocaron a audiencias públicas para el 25 y 26 de este mes; empero, ante la cantidad de inscriptos para participar -la lista supera los 80.000-, los organizadores incorporaron una plataforma digital para que los interesados puedan exponer allí sus posturas.

Disconformes, un grupo de organizaciones ambientalistas -detractoras de la reforma de la ley- presentaron ayer ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos”. La presentación recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.

En ese escrito, sus impulsores solicitaron la readecuación del cronograma de audiencias con jornadas adicionales, “así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”.

Requirieron, en este sentido, que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a youtube– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública».

El amparo, impulsado impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina, fue denegado por la Justicia, por lo que el formato previsto por el oficialismo seguirá su curso.

Así lo ratificó el diputado Mayoraz. “El marco legal es claro y se cumple al pie de la letra. El proceso se rige por el Acuerdo de Escazú (el marco internacional específico en participación ambiental) y por el art. 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se cumplen todos los recaudos exigidos”, enfatizó en sus redes sociales.

“Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron. Y fracasaron porque la ciudadanía fue más fuerte que cualquier maniobra. Escucharemos a cada uno de los que participen, integraremos sus aportes al proceso legislativo y trabajaremos para lograr la mejor ley posible del Congreso más reformista de la historia”, cerró.

Tras las audiencias públicas, el oficialismo tiene previsto darle dictamen a la media sanción del Senado luego de Semana Santa. La intención es llevarlo al recinto el 8 del mes próximo.

Testimonios del propio Jorge Rafael Videla sobre el número de desaparecidos y diálogos que el influyente Henry Kissinger mantuvo en 1976 con el entonces canciller argentino, el almirante César Guzetti, revelan que la dictadura militar desplegó una estrategia para contener a la Iglesia y neutralizar en el exterior las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Así lo revela el libro Confesiones de Estado (Edhasa), que los investigadores Luis O. Liberti y Federico Tavelli acaban de publicar, en coincidencia con los 50 años del golpe militar de 1976.

La desclasificación de archivos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos aportó elementos decisivos a los autores para profundizar el análisis de la actuación de la Iglesia durante la espiral de violencia que vivió el país en los años 70, como lo habían hecho en la obra La verdad los hará libres (Planeta), publicada en tres tomos en 2023, junto a los teólogos Carlos M. Galli y Juan G. Durán.

“La Junta Militar tenía en claro que no podía sentenciar a muerte a miles de personas sin que la Iglesia alzara su voz. Sabía que, pasados ciertos límites, podrían reaccionar los obispos e, incluso, intervenir el Papa. Por eso desplegó una estrategia para contener a la Iglesia e impedir que la situación tomara estado público en el ámbito internacional”, explicó a el padre Liberti, quien junto a Tavelli investiga desde hace una década documentos y testimonios sobre la Iglesia y el pasado sombrío de ese tiempo en la Argentina.

Ambos teólogos e investigadores explicaron que “al margen de la responsabilidad de la Iglesia existió una estrategia pensada, premeditada y ejecutada por la dictadura militar”.

Eran más fuertes los planteos que llegaban del Vaticano que los reclamos públicos del Episcopado argentino, que con el cardenal Raúl Primatesta a la cabeza temía la instalación de un gobierno marxista en el país y prefería la vía de las gestiones reservadas con las autoridades militares. Sin embargo, en abril de 1978, la comisión ejecutiva del Episcopado -integrada por Primatesta, el cardenal Juan Carlos Aramburu y el arzobispo Vicente Zazpe- planteó al Presidente si existían listas de detenidos y desaparecidos y Videla ensayó una llamativa línea divisoria: “Los que no están en ninguna lista, no están y basta”. Ante la respuesta, los obispos replicaron: “¿Dónde están sepultados?”.

En septiembre de 1976, el papa Pablo VI había pedido públicamente explicaciones por los asesinatos de los cinco sacerdotes y seminaristas palotinos de la parroquia porteña de San Patricio y de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en Chamical, La Rioja, donde también fue ultimado el obispo Enrique Angelelli. “No podemos dejar de participar intensamente en la pena de todos aquellos que han quedado consternados ante los recientes episodios, que han costado la pérdida de valiosas vidas humanas, incluidas las personas eclesiásticas”, dijo enérgicamente el pontífice en la presentación de las cartas credenciales del embajador argentino Rubén Blanco. “Nunca respondieron por escrito al pedido de Pablo VI”, advirtió el padre Liberti.

Los autores se preguntan en el libro por qué era importante para los militares contener a la Iglesia. “El Vaticano y el Papa podían decir cosas fuera de la Argentina y eso podía provocar que decayera el apoyo de Estados Unidos a la dictadura”, es una posible explicación.

A partir de la desclasificación de archivos del gobierno norteamericano, los autores revelan reuniones entre Kissinger y el canciller Guzetti el 6 de junio de 1976 en Santiago de Chile y el 7 de octubre de ese año en el hotel Waldorf Astoria, de Nueva York. Acompañaron al ministro los embajadores ante la ONU, Carlos Ortiz de Rozas, y en Washington, Arnaldo Musich. Ante ellos, Kissinger animó al gobierno argentino a “tener éxito cuanto antes” y transmitió su preocupación por “el problema de los derechos humanos”. Planteó la necesidad de hacer un esfuerzo para que los problemas de la Argentina fueran entendidos por la comunidad internacional, porque de lo contrario ésta se volvería en contra. De allí se deriva la estrategia de evitar que la Iglesia alzara su voz sobre el problema de los desaparecidos y se alimentaran las denuncias en foros internacionales.

Liberti y Tavelli rescatan el papel del nuncio apostólico Pio Laghi, el embajador del Vaticano que había llegado a Buenos Aires en julio de 1974, al día siguiente de la muerte de Juan Domingo Perón, y permaneció hasta enero de 1981, cuando en el informe final de su gestión comunicó a la Santa Sede que “las barbaries del terrorismo no justifican la otra barbarie, la de la represión”. Dijo que “el terrorismo tocó fondo, pero la represión, lamentablemente, ¡no fue menos”.

Respecto del número de víctimas, Laghi informó al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli, que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos había denunciado 6500 casos de desaparecidos entre 1976 y 1979, mientras otras organizaciones, como la Asociación de Abogados de Nueva York y Amnistía Internacional, estimaban una cifra mucho más alta. Añadió que la Nunciatura recibió unos 5000 pedidos de familiares de desaparecidos para pedir su “intervención de buenos oficios”. En los encuentros con obispos, los militares no hablaban de desaparecidos, pero admitían la figura de “prisioneros ocultos”.

El nuncio apostólico accedía, en tanto, a las invitaciones que le hacía llegar el presidente de facto para conversar en la residencia de Olivos. Así, el 8 de agosto de 1978 logró que el propio Videla admitiera en ese diálogo personal la existencia de unos 2000 desaparecidos.

Videla hizo saber al nuncio que todos los datos a disposición de la Junta Militar, el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas sobre personas muertas en enfrentamientos e identificadas, heridas y detenidas se habían puesto a disposición de la opinión pública y de los familiares o allegados.

Y le confesó, como “secreto de Estado”, que los casos de personas desaparecidas desde hacía largo tiempo “han de presumirse que han caído sin identificación en acciones propias de esta difícil lucha, o permanecen en la clandestinidad”, expresan los autores en el libro.

Laghi volvió a preguntarle cuál era la cifra de desaparecidos desde marzo de 1976, a lo que Videla respondió que el número “debería estar entre 2000 y 3000, pero no es una cifra segura”.

En otra reunión sostenida en Olivos el 28 de abril de 1979, el nuncio instó al presidente nuevamente a que se respetaran los derechos humanos. Videla le explicó que las razones de las desapariciones podían ser múltiples, como por ejemplo el paso a la clandestinidad, el suicidio y el abuso de grupos de las Fuerzas Armadas. Reiteró el compromiso de “eliminar la subversión y el terrorismo a toda costa, para no ser eliminados por ellos”. En otros encuentros posteriores esbozó que los desaparecidos podrían ser entre 5000 y 6000.

Frente a esta revelación, Laghi le preguntó si existían “campos’ de reclusión o centros clandestinos de detención, lo que el alto jefe militar negó. “Quisiera el cielo que todavía un buen número de ellos estuviera con vida”, fue la respuesta de Videla. Y dijo que las denuncias de desapariciones respondían, en realidad, a casos de “autoeliminación sin dejar rastros, supresión llevada adelante por los propios subversivos, ocultamiento y pases a la clandestinidad, abusos y excesos de las fuerzas de represión”.

Según la investigación de Liberti y Tavelli, la estrategia de los militares tuvo cinco pasos. El primero fue definir como política de Estado la determinación de avanzar con el “plan de lucha antisubversiva”. Luego llegó la etapa de la mentira, en la que conservaban abiertos los canales de comunicación con la Iglesia y negaban todas las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, lo que les permitía “ganar tiempo”. Posteriormente aplicaron la estrategia del juego: admitían las sospechas de excesos de grupos marginales que escapaban a toda posibilidad de control.

A medida que fue más difícil sostener las razones de un alto número de víctimas, se empleó la estrategia de la revelación, explicaron los autores. Consistía en “brindar algún tipo de información a la Iglesia sobre lo que estaba ocurriendo”, como condición para mantener canales de “diálogos privados” y evitar intervenciones públicas. Hasta que Juan Pablo II habló sobre los desaparecidos en el rezo del Angelus, en la plaza San Pedro, en octubre de 1979, lo que descolocó al gobierno argentino y al propio Episcopado. Los autores definen ese período como “la confesión”.