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La Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes confirmó que siguen los trabajos de investigación sobre José Féliz Peñalver Veliz, el ciudadano venezolano que fue detenido en la localidad de Ituzaingó el pasado 20 de diciembre. Este hombre de 35 años es acusado de pertenecer a la organización narco y criminal conocida como Tren de Aragua.

Entre los documentos que ha recibido el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos hay informes de organismos de inteligencia y material aportado por entes oficiales. La acusación en contra de Peñalver Veliz está a cargo de la titular del área, Tamara Pourcel. Junto a ella trabajan los auxiliares fiscales Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich.

Los elementos recabados hasta ahora han permitido saber que el hombre de 35 años y que formó parte del Ejército venezolano tiene una causa pendiente por homicidio en su país. Además, fue expulsado de los Estados Unidos a comienzos del 2025 por estar indocumentado, portar un arma blanca y tener tatuajes y otros elementos que lo vinculaban con el Tren de Aragua.

A la Argentina ingresó por Salta a través de un paso clandestino. Cuando lo capturaron en la zona del puerto de Ituzaingó, dijo que pretendía ir por vía fluvial al Paraguay.

Continuidad del encarcelamiento y expulsión del país

Tras su detención, el juez federal de Garantías, Gustavo Fresneda, le dictó la prisión preventiva. Esta medida estará vigente hasta el próximo lunes 9 de febrero, confirmaron a este medio fuentes con acceso al expediente. En un primer momento, el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal había informado que se extendería hasta el 26 del próximo mes.

Peñalver Veliz cumplió una parte del arresto en la delegación de Prefectura. Pero por la peligrosidad que representaba, lo trasladaron a Marcos Paz. El cambio de lugar de detención se concretó a través de un procedimiento realizado por el Grupo Albatros.

La Fiscalía solicitará una nueva audiencia ante Fresneda para instar la prórroga de la medida coercitiva. En esa instancia, el venezolano tendrá la posibilidad de hablar. En el primer encuentro con el juez, apeló a la estratagema de decir que no sabía de qué se lo acusaba. Y de desconocer el accionar de su defensora de oficio, la abogada Rosana Marini. Una vez caídas estas artimañas, se negó a declarar.

Si en la próxima audiencia opta por hacer uso de la palabra, tendrá el derecho de exponer y luego decidir si responde o no preguntas de su abogada y de los fiscales intervinientes.

La intención de las autoridades judiciales es que permanezca detenido en Marcos Paz hasta que sea expulsado del país.

En eso está trabajando la Dirección Nacional de Migraciones. El proceso administrativo es complejo. Pero al tratarse de un individuo de alta peligrosidad y buscado por crímenes en su país, será sólo una cuestión de tiempo.

Migraciones ya determinó su expulsión y prohibición de reingreso a la Argentina. Pero la defensa de Peñalver Veliz impugnó la resolución y prolongó el desenlace. Una vez que la decisión quede firme, lo cargarán en un avión y llevarán a Venezuela. Este paso tampoco será sencillo por los resguardos de seguridad necesarios.

Quién es José Félix Peñalver Veliz

El hombre se presenta a sí mismo como exintegrante de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Entre sus pertenencias, se encontró una credencial de tropa de la Compañía 4208 EMEA (Empaque, Mantenimiento y Entrega Aérea).

Se trata de una unidad encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo. Está ubicada en el Estado Aragua y forma parte de la estructura de la 42.ª Brigada de Infantería Paracaidista.

Sus antecedentes son frondosos. En Venezuela, su prontuario marca registros por “porte, detención u ocultación de arma”, por un hecho de enero de 2012. Pero además posee historial policial por el delito de “homicidio intencional”, ocurrido en agosto de 2013.

Según sus propias declaraciones, escapó de Venezuela en 2017. De forma ilegal, recorrió Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, manifestó.

El 16 de junio de 2024 fue detenido en los Estados Unidos por carecer de documentación. Se le incautó un arma blanca. Había entrado por México. A las autoridades norteamericanas les dijo que estaba camino a Canadá y que allí residía con su novia.

Cuando se le hicieron los controles de rutina, se le detectaron más de 20 cicatrices en el cuerpo y una bala alojada en el abdomen. Se justificó alegando su condición de militar.

Los funcionarios del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional -Homeland Security Investigations (HSI)- detectaron también que presentaba tatuajes compatibles con los utilizados por los integrantes del Tren de Aragua.

A su vez, se descubrió que tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario. No se había presentado en distintas causas que se le seguían por los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.

El Gobierno está enfocado en las negociaciones legislativas para lograr que la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y la modificación de la Ley de Glaciares se aprueben en extraordinarias. Pero, para marzo, ya tiene un plan en donde figuran iniciativas como el nuevo Código Penal y la reforma migratoria, además de los pliegos para nombrar a los 146 jueces federales y a 37 fiscales.

Si bien en un primer momento se especulaba con que estas iniciativas también formen parte del período extraordinario, en el Ejecutivo prefirieron poner principal atención en la modernización laboral. A eso se sumaron los otros dos proyectos que se tratarán este verano, aunque en el oficialismo ya preparan el camino para tener todo listo cuando comience marzo.

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En primer lugar aparece el nuevo Código Penal, que se anunció hace casi un año. No obstante, todavía no se publicó la letra chica de la iniciativa, que trabajó la mesa judicial del Gobierno que reúne a funcionarios como el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Según pudo saber este medio, el documento ya está casi terminado. Entre los puntos definidos aparece un agravamiento de las penas de casi todos los delitos y la imprescriptibilidad de los que son especialmente graves.

El Gobierno también impulsa que el 82% de los delitos sean de cumplimiento con prisión efectiva. También hay posibilidades de que haya nuevos delitos tipificados.

Si bien se barajó la idea de que se cree una comisión bicameral para que el tratamiento del Código -a partir de marzo- se acelere, aún quedan algunas dudas.

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“Podría pasar, pero hay que ver si realmente eso agiliza o no el tema. No es por acelerar solamente, es porque se busca que se haga un trabajo responsable, como el que hizo la mesa judicial que está terminado con todo”, indicó a TN una fuente al tanto del proceso.

Pero el nuevo Código Penal no es lo único que se espera tratar a partir del inicio de las sesiones ordinarias. El Ministerio de Justicia ya tiene definidos los nombres de los 146 pliegos de jueces federales y 47 fiscales que tiene que enviar al Senado. En este tiempo, se espera conseguir el aval de Javier Milei para que efectivamente lleguen a la Cámara Alta.

En relación a este tema también aparecen las vacantes a la Corte Suprema, que el Gobierno quiere impulsar a partir de marzo. Sin embargo, es un tema aún más sensible para el oficialismo, que no quiere repetir la situación que se dio cuando envió por primera vez dos pliegos para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.

En ese momento, tanto Ariel Lijo como Manuel García Mansilla no lograron quedarse con las dos bancas más deseadas por los judiciales. Si bien este medio pudo corroborar que ya existen nombres en la cabeza de altos funcionarios a cargo del tema, aún es una incógnita cuáles serán los elegidos para enviar al Senado.

La reforma migratoria: nuevos objetivos y tensiones

Por último, asoma la reforma migratoria que el Gobierno trabaja desde hace unos meses.

En Balcarce 50 trabajan en un decreto para reformar Migraciones, que actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según pudo saber este medio, el objetivo es fortalecer el rol de la entidad y endurecer los controles fronterizos.

Las medidas se sumarían al DNU 366/2025, que se publicó en mayo de 2025, que modificó el régimen migratorio para aumentar el control sobre las personas que ingresan al país, conocer quiénes acceden al sistema de asistencia social y promover inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión.

“La idea es fortalecer el rol de Migraciones y fortalecer la política migratoria en general. Esto ya se hizo con un decreto, pero hay cuestiones a subsanar y reglamentar. La idea es tener una doctrina de seguridad más dura”, indicaron fuentes oficiales al tanto de la reforma.

Es decir, el nuevo decreto vendría a darle más competencias a Migraciones para que logre implementar una política migratoria más restrictiva en general. “Al menos con respecto a los países considerados de baja vigilancia”, aclararon.

Dentro del organismo se espera que se concrete una nueva Agencia Federal de Migraciones, que por ahora encabezará el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Si bien se esperaba que el decreto que creaba esta oficina se diera a conocer en estos días, en el Gobierno hay quienes creen que la medida quedará para marzo.

“Hoy la agenda va por otro lado. La prioridad son las extraordinarias”, aseguró una alta fuente al tanto de las tratativas.

A pesar de ello, por este tema se dieron tensiones en el Gabinete, sobre todo entre el intendente bonaerense y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Si bien el diseño de la Agencia Federal de Migraciones ya estaría definido, hay ciertas áreas que finalmente no quedarían bajo su poder.

Por ejemplo, el organismo que dirigirá Valenzuela como secretario contará con subsecretarías de Control Migratorio y de Política Migratoria, pero no incorporará la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA) dentro de su organigrama.

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