POLITICA
Ignacio Torres denunció a un juez por ordenar a la obra social de Chubut a cubrir una cirugía de cambio de sexo
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este jueves por la tarde que el Estado provincial denunciará al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por exigir que la obra social provincial, Seros, cubra el 100% de una cirugía de cambio de sexo “que no tiene por qué brindar”.
A través de un posteo en X, el mandatario calificó al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante” y afirmó que su fallo “pone en riesgo al sistema de salud”. Torres detalló que la intervención ordenada por la Justicia involucra “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”.
En esa línea, aseguró que su administración no permitirá que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”. El gobernador de la provincia patagónica recordó que al asumir la gestión, Seros tenía un déficit de más de $6.000 millones y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus cuentas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, sostuvo.
NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN JUEZ DEMAGOGO FUNDA NUESTRA OBRA SOCIAL
Desde el primer día que asumimos, afrontamos el desafío de sanear nuestra obra social SEROS. Con esfuerzo, transparencia en las compras, y mucha inteligencia financiera, logramos poner en orden el Instituto y… pic.twitter.com/YVkeUcerK2
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 3, 2025
Torres adelantó que el Ejecutivo chubutense analizará todos los amparos y fallos judiciales que obliguen a la obra social provincial a cubrir prestaciones que no corresponden. “Dijimos que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar pelea”, enfatizó.
Como detalla en la publicación, el fallo de Huaiquil obliga a la obra social a cubrir una cirugía estética de cambio de sexo que incluye, entre otras cosas, feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones. No vamos a permitir que ningún juez intente fundir la obra social que volvimos a poner al servicio de todos”, cerró.
Antecedente
No es la primera vez que un juez ordena a Seros cubrir una intervención de este tipo. En septiembre de 2021, el juez de Familia de la localidad de Trelew, Daniel Manse, hizo lugar a un amparo presentado por el abogado de una adolescente trans y ordenó a la obra social a brindarle cobertura en una cirugía de readecuación corporal.
El recurso se presentó luego de que la obra social provincial, a través de sus asesores legales, requiriera al joven de 17 años presentar una autorización judicial previa para luego solicitar la intervención quirúrgica. Para Manse, el menor de edad no necesitaba de un permiso para “avanzar en su sentir más íntimo”.
Cambios en la normativa
Los tratamientos de adecuación de género están amparados por la Ley 26.743 (Identidad de Género). Entre otras cosas, la norma ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza su cobertura tanto tanto en el sistema público como privado.
En ese sentido, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció la prohibición de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores. En una conferencia de prensa, Adorni dijo que el Ejecutivo derogaba el artículo que permitía a los menores registrar su nuevo nombre y sexo.
“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. A la vez, al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, detallaron desde Salud.
Estas intervenciones quirúrgicas incluyen, por ejemplo, aumento mamario, mastectomía, aumento de glúteos, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastía y faloplastia con prótesis peneana.
POLITICA
El Gobierno nombró a los veedores en la AFA: tendrán 180 días para revisar balances y contratos
El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad, y profundiza un conflicto institucional con fuerte impacto político.
El gobierno nacional formalizó la intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.
De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Durante el período de veeduría, los interventores designados tendrán la facultad de examinar los estados contables, analizar operaciones con empresas privadas e indagar en la creación de la Universidad de la AFA. Según la IGJ, la ausencia de documentación respaldatoria y la falta de respuestas a requerimientos previos motivaron la medida. El informe final orientará los próximos pasos, desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.
El origen del conflicto: “graves irregularidades” detectadas por la IGJ
El expediente que derivó en la intervención comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la AFA.
Según la documentación oficial y reportes de prensa, el organismo de control reclamaba información contable clave que la entidad no entregó. Se señalaron demoras en la presentación de balances, insuficiencia en el detalle de los estados financieros y ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de los recursos.
El foco estaba puesto especialmente en los estados contables más recientes, en un contexto donde la AFA experimentó un crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Ese aumento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos, no fue acompañado —según la IGJ— por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.
La preocupación del organismo incluyó observaciones sobre operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que participan en la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los activos principales del sistema.
Qué implica la intervención en grado de veeduría
La medida dispuesta por el Ministerio de Justicia no representa una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades de la AFA, sino una figura más restringida: la veeduría.
En términos jurídicos, la veeduría consiste en la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procesos y elaborar informes sobre la situación institucional de una entidad. Se trata de un mecanismo de control reforzado.
En este caso, los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán amplias facultades para acceder a libros contables, documentos administrativos y registros financieros. Su tarea será reconstruir el funcionamiento interno de la AFA en áreas clave y determinar si se ajusta a las normas legales y estatutarias.
Entre sus tareas principales figuran analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisar relaciones comerciales y financieras con empresas y actores privados, y verificar la existencia de posibles actos contrarios a la ley o al estatuto.
El trabajo culminará con un informe final dirigido a la autoridad de control, aunque los veedores podrán emitir reportes parciales si detectan situaciones urgentes.
Los puntos críticos bajo investigación
La intervención se apoya en una serie de observaciones que, en conjunto, configuran un cuadro de irregularidades administrativas y contables.
Uno de los ejes centrales es la falta de presentación adecuada de balances. La IGJ sostiene que la AFA no respondió en tiempo y forma a las vistas sobre los estados contables de varios ejercicios y que la información suministrada no cumple con los estándares requeridos para una asociación civil de esa magnitud.
Otro foco relevante es la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto institucional para expandir la estructura del fútbol hacia el ámbito educativo. La auditoría deberá analizar su creación formal, la trazabilidad de los fondos utilizados, contrataciones realizadas y convenios firmados con terceros.
Uno de los aspectos más sensibles involucra las relaciones comerciales con empresas privadas. La IGJ examinó acuerdos con firmas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, así como la participación de intermediarios en la gestión de derechos y flujos financieros internacionales.
El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero, desde la generación de ingresos hasta su distribución y eventual remisión al exterior.
La disputa por la jurisdicción de control
Además de las cuestiones contables, un aspecto central del conflicto es la discusión sobre la competencia para fiscalizar a la AFA.
La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que la fiscalización debería corresponder a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
La IGJ rechaza ese argumento. Según el organismo, el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y la AFA continúa teniendo su sede real en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sigue bajo su órbita.
Este punto es crucial: si la AFA lograra consolidar el cambio de jurisdicción, el control estatal quedaría en manos de la provincia de Buenos Aires, lo que modificaría el equilibrio de poder en el sistema.
La disputa, además, posee un componente político. La postura de la AFA cuenta con el respaldo del gobierno bonaerense, mientras que la IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación, generando tensiones entre niveles de gobierno.
El rol del Ministerio de Justicia y la decisión política
La intervención en grado de veeduría no es una decisión automática de la IGJ. La normativa vigente establece que debe ser dispuesta por el Ministerio de Justicia, lo que introduce un componente político en el proceso.
En este caso, la resolución fue adoptada por el ministro Juan Bautista Mahiques, quien heredó el expediente de la gestión anterior y resolvió avanzar con la medida al inicio de su mandato.
El propio funcionario había anticipado que no buscaba “salvar ni perseguir a la AFA”, intentando desvincular la decisión de una lógica de confrontación política. No obstante, la intervención se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional y con impacto directo en uno de los espacios de mayor visibilidad pública del país.
Mahiques optó por mantener a los veedores propuestos por la gestión anterior, con el objetivo de preservar la continuidad del proceso y evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la auditoría.
La veeduría es, en principio, una medida intermedia. No implica sanciones ni intervención directa en la conducción de la AFA, pero puede derivar en decisiones más drásticas si se confirman irregularidades.
Según los resultados del informe final, la IGJ podría requerir nueva documentación, aplicar sanciones administrativas, impugnar actos de la entidad o solicitar una intervención más profunda.
Paralelamente, la AFA podría optar por judicializar la medida, cuestionando la competencia de la IGJ o la legalidad de la intervención.
Ese escenario trasladaría la disputa al ámbito judicial.
El trasfondo económico: el negocio del fútbol argentino
Detrás de la discusión jurídica subyace el control de los recursos del fútbol argentino.
En los últimos años, la AFA consolidó un crecimiento significativo de ingresos, impulsado por el éxito deportivo de la selección nacional y la expansión de contratos comerciales y derechos audiovisuales.
Ese volumen de recursos —incluidos acuerdos internacionales, sponsoreo, comercialización de imagen y derechos televisivos— posiciona a la entidad como un actor económico relevante en el país.
La IGJ procura determinar si ese crecimiento estuvo acompañado de mecanismos adecuados de control interno, transparencia y rendición de cuentas.
La investigación alcanza también la estructura institucional del fútbol argentino, donde conviven entidades como la AFA, la Liga Profesional y la residual Superliga, con funciones que en algunos casos se superponen.
Un conflicto con impacto político y proyección incierta
La intervención de la AFA se inscribe en un contexto político donde el Gobierno promueve controles institucionales en diversos frentes.
El fútbol, por su peso simbólico y económico, constituye un terreno de sensibilidad especial. La relación entre el Estado y la AFA ha sido históricamente compleja, atravesada por intereses políticos, económicos y sociales.
En la etapa inmediata, los veedores comenzarán el análisis documental y operativo de la AFA. Si el informe confirma irregularidades, el Gobierno podría profundizar el control; si la auditoría no detecta inconsistencias, la AFA podría fortalecer su posición institucional.
La intervención marca un punto de inflexión: por primera vez en años, el Estado implementa un control directo sobre la principal entidad del fútbol argentino, en un escenario donde el poder económico del sistema alcanza niveles inéditos.
Crime,Law Enforcement,Crime,South America / Central America
POLITICA
El Gobierno designó por 180 días a los veedores en la AFA: deberán revisar balances y contratos
El Ministerio de Justicia dispuso la designación de dos veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para supervisar su funcionamiento administrativo y financiero durante un plazo de 180 días. La decisión fue adoptada a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que busca revisar la documentación contable y los contratos de la entidad.
De acuerdo a la resolución, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, los veedores tendrán acceso a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la institución que conduce Claudio Tapia, con el objetivo de elaborar un informe sobre el manejo institucional y económico.
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Los veedores son el contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz De Marco.
La medida no implica una intervención ni el desplazamiento de las autoridades actuales, pero habilita un proceso de control y seguimiento sobre la gestión.
Según se indicó, los veedores deberán analizar la documentación contable, las decisiones administrativas y los contratos vigentes de la entidad, y elevar un informe a las autoridades correspondientes una vez finalizado el período de supervisión. Ese documento podría derivar en nuevas medidas si se detectan irregularidades.
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Durante los 180 días que durará la veeduría, los especialistas designados podrán requerir información y analizar documentación vinculada a la gestión institucional.
El informe final que elaboren Pappacena y Ortíz De Marco será remitido a la Inspección General de Justicia. A partir de esas conclusiones, el organismo evaluará si corresponde adoptar nuevas medidas administrativas o realizar observaciones sobre la gestión de la institución.
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La AFA es la entidad encargada de organizar las competiciones del fútbol argentino y de representar al país ante la FIFA y la Conmebol. Debido a esto, cualquier decisión vinculada a su funcionamiento institucional suele tener impacto en el desarrollo de los torneos y en la estructura del fútbol profesional.
AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Claudio Tapia
POLITICA
Adorni se disculpó por el viaje de su esposa: “Fue una pésima decisión, más allá de que no generó gasto para el Estado”
El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, se disculpó por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos y aseguró que no fue un delito sino “un error”. “Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, explicó.
El funcionario mileísta repitió la palabra “error” una decena de veces en el transcurso de la entrevista con LN+. A su vez, dejó en claro que la presencia de esposa “no generó ni un dólar de gasto para el Estado” y dijo que el Gobierno puso “una vara altísima”, ya que la administración de Javier Milei, subrayó, es “la más austera de la historia”.
En esta misma línea, Adorni volvió a arrepentirse de haber utilizado la palabra “deslomarse” para referirse a su trabajo en la Argentina Week. “Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado, me ganó la pasión por explicar todo lo que estábamos logrando”, concedió.
En otro tramo de la entrevista de cuarenta minutos con Luis Majul, el jefe de Gabinete hizo alusión al video en el que aparece a punto de abordar un vuelo privado a Punta del Este tiempo atrás junto a su esposa, que también se volvió viral y generó controversia.
Realizado en el feriado de Carnaval, fue tajante al explicar que la difusión del video fue “desde adentro” del Gobierno, aunque evitó dar nombres. No defendió, ante una pregunta concreta, al asesor presidencial Santiago Caputo, de influencia directa sobre la SIDE, y se limitó a englobar las críticas a ambos viajes en “un golpe para desestabilizar” al Gobierno.
“El video está claro que es nuestro, puertas adentro del Gobierno”, enfatizó el jefe de Gabinete. Aunque dijo que es “de mal gusto» hablar de internas, ahondó: “Está claro que tenemos un problema interno, el video fue tomado de un acto privado, divulgado un mes después del episodio. Obviamente el video fue grabado desde dentro de los edificios públicos”.
Allí fue cuando deslizó sospechas, además, sobre la procedencia del video que grabó cuando él, su mujer y sus dos hijos subían al avión. “Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, remarcó.
Y remarcó: “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”. Hacia el final de la entrevista, prometió mostrar las facturas de sus gastos en la ciudad balnearia uruguaya si se lo requieren, aunque no precisó cuándo ni ante quiénes lo haría. “No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, sostuvo sobre el pago de aproximadamente US$4000, abonados por él mismo, en un vuelo privado entre San Fernando y Punta del Este.
Adorni también minimizó que la controversia generada en torno a ambos viajes lo afecte en su posible carrera como candidato a jefe de Gobierno porteño. “Esto no cambia nada de nada”, aseguró, aunque afirmó que será candidato en 2027 “si el Presidente se lo pide”.
“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, destacó el ministro coordinador y hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
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