POLITICA
Ignacio Torres denunció a un juez por ordenar a la obra social de Chubut a cubrir una cirugía de cambio de sexo

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este jueves por la tarde que el Estado provincial denunciará al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por exigir que la obra social provincial, Seros, cubra el 100% de una cirugía de cambio de sexo “que no tiene por qué brindar”.
A través de un posteo en X, el mandatario calificó al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante” y afirmó que su fallo “pone en riesgo al sistema de salud”. Torres detalló que la intervención ordenada por la Justicia involucra “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”.
En esa línea, aseguró que su administración no permitirá que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”. El gobernador de la provincia patagónica recordó que al asumir la gestión, Seros tenía un déficit de más de $6.000 millones y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus cuentas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, sostuvo.
NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN JUEZ DEMAGOGO FUNDA NUESTRA OBRA SOCIAL
Desde el primer día que asumimos, afrontamos el desafío de sanear nuestra obra social SEROS. Con esfuerzo, transparencia en las compras, y mucha inteligencia financiera, logramos poner en orden el Instituto y… pic.twitter.com/YVkeUcerK2
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 3, 2025
Torres adelantó que el Ejecutivo chubutense analizará todos los amparos y fallos judiciales que obliguen a la obra social provincial a cubrir prestaciones que no corresponden. “Dijimos que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar pelea”, enfatizó.
Como detalla en la publicación, el fallo de Huaiquil obliga a la obra social a cubrir una cirugía estética de cambio de sexo que incluye, entre otras cosas, feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones. No vamos a permitir que ningún juez intente fundir la obra social que volvimos a poner al servicio de todos”, cerró.
Antecedente
No es la primera vez que un juez ordena a Seros cubrir una intervención de este tipo. En septiembre de 2021, el juez de Familia de la localidad de Trelew, Daniel Manse, hizo lugar a un amparo presentado por el abogado de una adolescente trans y ordenó a la obra social a brindarle cobertura en una cirugía de readecuación corporal.
El recurso se presentó luego de que la obra social provincial, a través de sus asesores legales, requiriera al joven de 17 años presentar una autorización judicial previa para luego solicitar la intervención quirúrgica. Para Manse, el menor de edad no necesitaba de un permiso para “avanzar en su sentir más íntimo”.
Cambios en la normativa
Los tratamientos de adecuación de género están amparados por la Ley 26.743 (Identidad de Género). Entre otras cosas, la norma ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza su cobertura tanto tanto en el sistema público como privado.
En ese sentido, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció la prohibición de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores. En una conferencia de prensa, Adorni dijo que el Ejecutivo derogaba el artículo que permitía a los menores registrar su nuevo nombre y sexo.
“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. A la vez, al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, detallaron desde Salud.
Estas intervenciones quirúrgicas incluyen, por ejemplo, aumento mamario, mastectomía, aumento de glúteos, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastía y faloplastia con prótesis peneana.
POLITICA
En Casa Rosada aseguran saber quién realizó la filmación a Adorni antes de tomar el vuelo privado

Mientras la Justicia busca información para dar con el autor del video que muestra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rumbo al avión privado que lo llevó a Punta del Este, el pasado feriado de carnaval, en Casa Rosada aseguran saber quién lo filmó.
Según aseguró una importante voz de Balcarce 50 a se trata de una mujer que es “delegada sindical”, “empleada de planta” y “comunista”, según la definición que dieron para referirse a su vínculo con un sector de la izquierda local.
Aseguraron que se llama Victoria Correa, que milita en las filas de Nicolás del Caño, en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Trabajaría en Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o uno de los organismos de control.
Agregaron que cumple funciones laborales en el lugar. Y que no fue difícil identificarla porque “trabajan unas 70 personas en el lugar” y fue vista en el lugar.
El domingo, frente a la difusión de las imágenes del momento en que abordaba en el aeropuerto de San Fernando el jet privado que habría alquilado para viajar a Uruguay, Adorni había denunciado un complot interno. “Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, dijo el domingo en LN+. Dijo que el video fue filmado “desde adentro” y prometió una investigación interna.
Ayer hubo un pedido de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a las empresas que operan en el Aeropuerto de San Fernando, que envíen el material fílmico que tengan del día de partida y retorno de Adorni, en febrero pasado.
Fue, según consta en el escrito, en el marco de la causa caratulada como “Adorni, Manuel sobre Malversación de caudales públicos y cohecho”, en la que el denunciante es el diputado Esteban Paulón y que es investigada por Lijo.
En el texto circulado por la fuerza a las firmas que operan en el lugar se consignó: “En cumplimiento del oficio judicial recibido en esta fuerza de seguridad en el día de la fecha, que guarda relación el expediente mencionado en el epígrafe, solicito quiera tener a bien efectuar la conducente de manera inmediata, a los fines de llevar a cabo las gestiones necesarias para resguardar todo tipo de registro fílmico obrante en el sistema de circuito cerrado del hangar e instalaciones que usted representa, correspondiente a los días 12 y 17 de febrero de 2026″.
Lijo avanza con la investigación y de acuerdo a la información que recibió respecto del pago del avión en el que voló Adorni ya sabe que: el tramo de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. Y el de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.
Así lo informaron a fuentes judiciales, que dijeron que quien está registrado como comprador de los 10 vuelos no sería una figura pública. Se llama Agustín Issin Hansen y en la factura aparece con un domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático con un pedido de información.
Desde hace casi dos semanas, Adorni quedó en el epicentro de una sucesión de polémicas y denuncias que comenzaron luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, viajó en el avión presidencial a Nueva York. Poco después llegó la difusión del video en el que se lo ve a Adorni junto a ella y su amigo Marcelo Grandío, rumbo a Punta del Este por subirse al avión privado en el aeropuerto de San Fernando.
Tras lo que en las últimas horas surgió que Angeletti figura como la responsable de comprar una casa de descanso en un country, en noviembre de 2024 y que no figura en la declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La adquisición de la propiedad trascendió por medio de una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.
Según documentación catastral, obtenida por en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con el jefe de Gabinete.
Tal como contó este diario, aún no se sabe si la casa en el country figura en el anexo reservado con los bienes de Angeletti. Los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero ese archivo no se puede consultar en línea; es facultad del Ministerio de Justicia decidir si lo da a publicidad o no ante el pedido de un particular o una entidad interesada.
En cambio, sí debe entregarlo a pedido de una autoridad judicial. Esto es así desde 2013, cuando el kirchnerismo impulsó una reforma de la Ley de Ética Pública que fue muy cuestionada por restringir el acceso a datos patrimoniales de los funcionarios.
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Designación y marcha atrás: un ministro de Kicillof echó a un ex concejal involucrado en un escándalo por alcoholemia

Jonatan Arce, el ex concejal de Bahía Blanca que renunció a su cargo por evadir un control de alcoholemia a fines del año pasado, estaba listo para cumplir su penitencia. Ayer fue designado formalmente como funcionario del gobierno bonaerense, pero el nombramiento duró poco. Luego de que varios medios provinciales replicaran la noticia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, decidió echarlo.
Así lo confirmaron desde la cartera bonaerense a Infobae. Al parecer, el revuelo con Arce por su inconducta vial había pasado debajo del radar del ministro Alonso, quien había firmado su nombramiento. La novedad salió a la luz al publicarse ayer su designación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
La resolución 453/2026 reflejaba que la incorporación se firmó el 11 de marzo, pero con vigencia con carácter retroactivo desde el 26 de diciembre de 2025. Es decir, empezó a trabajar en la cartera de Seguridad apenas un mes después del incidente vial que tuvo en Bahía Blanca.
Sin embargo, el fichaje finalizó de manera abrupta. Luego que medios locales difundieron la incorporación del ex concejal al equipo de gobierno kicillofista en La Plata, Alonso lo desplazó del cargo. “Apenas se enteró, lo cesó en las funciones inmediatamente”, señalaron a este medio desde el entorno del ministro.
Fuentes de esa oficina ministerial argumentaron que el problema estuvo en que el ex funcionario de 38 años “no contó de su falta ética grave” en Bahía Blanca, si bien fue una noticia de conocimiento público. Es decir, se ocultó aquel incidente durante el proceso burocrático de incorporación al gabinete.

La documentación que presentó Arce estaba en regla y carecía de antecedentes penales a nivel nacional y en la Provincia. Su CV tampoco reflejaba inconveniente alguno, según pudo corroborar este medio. “En la carpeta que él presenta (por Arce), solo menciona que fue concejal entre 2023 y 2025. No menciona nada de esto ni de cómo fue su renuncia, que nos excede, y él lo oculta. Pero desde un punto de vista legal, no tenía nada”, señalaron desde la oficina ministerial.
El ex concejal había asumido como director de Coordinación Municipal y Control Rural Región Interior. Hasta ayer, trabajaba bajo las órdenes de Federico Sebastián Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior, un funcionario considerado por el intendente Federico Susbielles como uno de los “mejores hombres” y referentes del municipio. Montero es bahiense e integró la gestión del jefe comunal.
A pesar del traspié político, lo cierto es que el revuelo con Arce era conocido públicamente. Arce renunció el año pasado a su banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, tras el revuelo que generó haberse negado a realizar un test de alcoholemia durante un control vial el 21 de noviembre de 2025.
El ex edil no pudo hacer frente a la presión social tras conocerse el escándalo. La infracción se viralizó, luego que el referente de Estrellas Amarillas de Argentina, Santiago Saccoccia, pidió en ese momento la renuncia de Arce, ante la “presunción por negarse a prueba de alcoholemia”, una conducta que, según establece la normativa vigente, es equivalente al haber dado positivo al test. Saccoccia es padre de Facundo, un joven de 17 años fallecido en 2018 tras ser atropellado por un conductor alcoholizado.

La sanción que recayó sobre Arce entonces fue por partida doble. Tuvo que dejar su puesto político y afrontar una multa de $1.412.800, de acuerdo a lo definido por el Tribunal de Faltas bonaerense. Paradójicamente, el entonces edil integraba la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante local.
Ante lo ocurrido, el exconcejal reconoció que “actuó de manera incorrecta” y difundió una carta pública de arrepentimiento. “Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad”, decía el mensaje, al explicar su renuncia. Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas. Entregué toda la documentación solicitada, se labró el acta correspondiente y acepté la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano” Y concluyó: “La coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores”.
En un nuevo capítulo de esta saga de tropiezos, la infracción de tránsito volvió a dejar afuera a Arce de otro puesto político.
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Qué pasó con Adorni: las denuncias y pedidos de informe que hay sobre el jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei ratificó ayer a Manuel Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político después del revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.
En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.
En las últimas horas, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).
Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.
En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso. Por un lado, los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) hicieron una denuncia contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje que hizo el jefe de Gabinete en un chárter privado en el feriado de Carnaval junto a su mujer, sus hijos y su amigo Grandio.
El expediente recayó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.
Lijo y Pollicita ya verificaron que el viaje de ida fue costeado por Imhouse SA, de Grandio, amigo del ministro coordinador. El misterio gira en torno a quién pagó el tramo de vuelta.
Es que fuentes judiciales confirmaron a que ese viaje forma parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona: Agustín Issin Hansen, quien tiene domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático para pedir información al vecino país.
En simultáneo, Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la OA.
La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito recayó en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini.
La exlibertaria también radicó una presentación judicial contra el jefe de Gabinete en la que reclamó que se investigaran los contratos de la consultora de Angeletti, +BE, que se dedica al “coaching ontológico” y que fue creada en 2024 poco después de que Adorni juró como vocero presidencial. Entre los clientes está confirmado que tuvo a la naviera National Shipping.
Anteriormente, Pagano había denunciado a Adorni por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz del viaje de su esposa a Nueva York. Esa presentación está en manos del juez Daniel Rafecas.
Entre tanto, el abogado Gregorio Dalbón, que supo representar a Cristina Kirchner y la AFA, denunció a Adorni por haber subido a su esposa al avión presidencial durante el viaje de Estado de Milei por el Argentina Week. Según Dalbón, ese hecho “podría configurar la comisión del delito de malversación de caudales públicos y/o utilización indebida de bienes del Estado por parte de un funcionario público nacional”. Ese expediente recayó en el juzgado que subroga Lijo.
“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, justificó Adorni, quien también enmarcó las acusaciones en una maniobra para desprestigiar el encuentro empresario en Nueva York.
En ese marco, Adorni también enfrenta pedidos de informes y de interpelación en el Congreso que fueron impulsado por integrantes de la oposición.
Las presentaciones fueron realizadas por Paulón y el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez.
“El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, señala la solicitud impulsada por el kirchnerismo.
Desde la bancada opositora reclamaron que se informen el “traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York”. A su vez, pidió datos del viaje de Adorni a Uruguay “en una aeronave privada […] debiendo acreditar fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento”.
reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024,denuncia penal,Conforme a
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