De golpe, en la visión de buena parte de los gobernadores, un par de decisiones en materia impositiva alteraron los nervios de las provincias y agregaron un condimento político inesperado. No se trata de una cuestión teórica sobre la economía, sino de medidas concretas que afectan los rubros centrales de la coparticipación federal. El clima de malestar se refleja en los contactos entre jefes provinciales más allá de los colores partidarios, bastante diluidos en esta etapa y hasta ahora sin peso nacional determinante en la relación con Olivos. Y las proyecciones sobre pérdidas de fondos -después de ajustes propios- dibujan una nueva línea de tensión cuando el año electoral comienza a recorrer meses densos y decisivos.

El foco de las inquietudes está colocado en recientes cambios a impuestos gravitantes: Ganancias e IVA. En charlas por ahora formalmente reservadas, los gobernadores destacan de entrada que el impacto negativo de tales medidas es generalizado. No se dividen entre perjudicados y beneficiados, a diferencia de lo que ocurre con los fondos discrecionales, que favorecen o no según el grado de relación con el poder central. Dicho de otra forma: supera la diferenciación lineal entre amigos -o acuerdistas- y enemigos. Les pegaría a todos.

Está claro que pesa el calendario de comicios, que para la mitad de los distritos son locales en primer término y luego, para todos, nacionales en octubre. Pero no es ese el único factor político. Asoman otros dos. El primero, afirman, es que no hubo conversaciones previas, ni siquiera un anticipo sobre lo que venía en impuestos coparticipables. Y el segundo, que el problema se extiende a los municipios. Junto a eso, es recreada la molestia originada en la falta de interlocutores claros por parte de Olivos -algo que no se ajusta a la jerarquía de cargos- y en la ausencia de un mecanismo de negociación que supere las ideas y vueltas a las apuradas, en especial cuando las necesidades apremian al Gobierno en el Congreso.

El malestar fue creciendo apenas conocidas las decisiones de Economía que modificaron el régimen de anticipos de Ganancias y el IVA para operaciones aduaneras. Algunas fuentes vinculadas con gobernadores traducen con palabras medidas el rechazo de los jefes provinciales a la falta de discusión y negociación, al mismo tiempo que el criterio “unitario” para resolver iniciativas que, en la presentación pública, solo destacan -también ya en tono de campaña- el efecto de cierta reducción de la presión impositiva, limitada a determinados sectores de la economía.

El planteo es sencillo: “Lo único que tocan son impuestos coparticipables y no hacen nada con los impuestos que son sólo plata para ellos”. Le apuntan al Gobierno nacional por el juego político en materia impositiva. Se sabe: IVA y Ganancias son primeros renglones en el sistema de coparticipación federal. En cambio -destacan como reacción-, resultan intocables los impuestos al cheque o los combustibles y otras cargas como las retenciones, que volverían en julio, según la advertencia oficial para forzar liquidaciones. Esa recaudación, en algún caso con asignación específica, no entra en el reparto con las provincias.

En la cuenta más amplia, jefes provinciales aliados o al menos de buena relación con el círculo presidencial destacan haber hecho ajustes propios significativos y, últimamente, señalan cierto deterioro de fondos coparticipables desde antes de las medidas referidas. El punto, sobre todo en momentos de tensión, es el modo de relacionarse con el Gobierno. Guillermo Francos se muestra convocante en algunas circunstancias, especialmente cuando el oficialismo sufre en el Congreso. Sin embargo, el papel del jefe de Gabinete es considerado parcial o por debajo del nivel de decisión de Santiago Caputo. Se agrega el juego de Luis Caputo y, según el caso, de funcionarios de otros escalones de Economía. Les suelen reprochar falta de claridad en los papeles o incumplimiento de los compromisos.

En ese contexto, para agregar pinceladas, se suman especulaciones sobre el sentido de probables encuentros regionales de jefes de provincias. Pero no todo tiene el mismo sentido. La agenda cercana anota una cita programada por el CFI, que no es general y que está prevista en Paraná. Allí estará el anfitrión, Rogelio Frigerio, y se espera la presencia de colegas de diferente origen partidario y de distinta relación con el Gobierno: Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Sergio Ziliotto. Se trata de exposiciones y paneles que los organizadores desvinculan del clima por los cambios impositivos. El Gobierno espera las señales. El matiz podría estar dado por alguna declaración individual, si el humor empeora.

Por supuesto, los jefes provinciales no se mueven como unidad y por eso mismo, conviven comentarios realmente reservados y señales más abiertas. Y aparecen entonces señalamientos sobre otras expresiones del grado de relación real entre Olivos y gobiernos que jugaron fuerte en el ámbito legislativo, al menos en casos graves para el oficialismo.

Hay datos lo suficientemente difundidos como para quedar fuera del radar del equipo presidencial. Por ejemplo, circula información sobre contactos entre gobernadores de diferentes espacios políticos, que suelen existir pero que se dejan trascender según las necesidades del momento. Y del mismo modo, es contrarrestada alguna versión oficial sobre un quiebre específico en la relación con las provincias.

El último capítulo es escrito por la salida del secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el reemplazo por Luis Pierrini. El funcionario que suma su nombre a la larga lista de bajas en la estructura de ministerios siempre fue considerado un hombre vinculado a Juan Schiaretti, más allá de que ahora se lo señale con aspiraciones propias en el espectro de la LLA. Los crujidos con el peronismo cordobés, especialmente en la relación del Congreso, es señalada como desencadenante desde filas opositoras. Y el sucesor es asociado por vínculos diferentes -desde la política, a los negocios y el deporte- a Luis Caputo y también, a Santiago Caputo.

En ese tablero cada vez más afectado por los tiempos electorales, reaparecen los movimientos del oficialismo para tratar de retomar iniciativa en el Congreso. En esa línea, volvería a la carga la semana próxima para motorizar el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, con foco en la edad de imputabilidad. Pero quedó abierto en Diputados, para mitad de mes, el tema de la criptomoneda. Y sigue el interrogante sobre la voluntad de tratar Ficha Limpia en el Senado. En cualquier caso legislativo, siempre parte del juego pasa por la relación con los gobernadores. Es un punto que incluye y supera el pleno de comicios locales previsto para este mayo intenso.

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