Mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene que decidir en octubre si pasa a la Argentina a la lista gris de los países de la lucha contra el lavado de dinero, el candidato del gobierno a la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Santiago Gonzalez Rodríguez fue impugnado y su propuesta denunciada penalmente por no reunir, supuestamente, las condiciones para el cargo.

La UIF es importante, además, porque se aprobó la ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un blanqueo que deberán ser controlados para que no se infiltren, por ejemplo, capitales del narcotráfico.

El GAFI votará el 24 de octubre, en una reunión a realizarse en París, la revisión de la lucha contra el lavado de dinero durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la que, por ejemplo, hubo pocas condenas y se usó la UIF para perseguir opositores y periodistas.

Argentina ya estuvo en la lista gris del AFI, que implica una baja calificación que perjudica el pedido de créditos del país sancionado a organismos como el FMI y el Banco Mundial, entre el 2010 y el 2014 por la presidencia de Cristina.

En caso de no aprobar el examen, el GAFI pondrá a la Argentina en una lista de 22 ya sancionados como Albania, Barbados, Burkina Faso, Cameroon, Islas Cayman, Croacia, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Malí, Mozambique, Nigeria, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Arabes Unidos, Vietnam y Yemen.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, llamó para este viernes a evaluar las observaciones presentadas, entre ellas, una de la fundación Apolo.

Por otra parte, la ex vicepresidenta de la UIF y dirigente del partido Republicanos Unidos, María Eugenia Talerico, presentó una denuncia ante la Justicia penal porque a su criterio se pretende nombrar a un abogado “

“No reúne los requerimientos de idoneidad técnica exigidos por la ley 25.246 así como por las misiones y funciones que dicho organismo especializado está llamado a cumplir en el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo conforme dicha ley y el Estándar Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, agregó Talerico en su escrito.

La especialista sostuvo que “si bien la convocatoria a la audiencia fue publicada en el Boletín Oficial, si uno intenta acceder por TAD a las constancias que permitan evaluar al candidato, es imposible”.

“Todo se ha desarrollado de un modo muy silencioso y en un proceso de difícil acceso. La audiencia será seguramente una puesta en escena, que culminará con la designación por decreto Presidencial, de una persona que no se encuentra apta para el cargo y cuya propuesta puede intuirse que responde a la necesidad de interferir políticamente la gestión” de la UIF, agregó.

Luego afirmó que “mas allá de varias inconsistencias que señala la Impugnación de la Fundación Apolo con relación al cumplimiento de los requerimientos parte del candidato, lo que resulta evidente de su Currículum Vitae, es la inexistencia total de conocimiento e idoneidad sobre la materia”.

Si bien en el currículum de Gonzalez Rodríguez “se advierte fácilmente una inclinación del postulante por el Derecho Civil y Comercial, particularmente, en el ejercicio de la docencia, al mismo tiempo es evidente que ni siquiera en ese campo hay trayectoria digna de mención o reconocimiento”, sostuvo Talerico.

Del CV del candidato “no hay en los pobres antecedentes que presenta el candidato ninguno vinculado con la actividad que desarrolla la Unidad de Información Financiera, ni el aspirante ha tenido vinculación alguna con la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo o asuntos vinculados con los delitos precedentes”, sostuvo.

“Esperábamos de esta nueva gestión del Gobierno de Javier Milei, comportamientos que no se asemejen al kirchnerismo que coptó políticamente a los Organismos de Investigación y Control con el fin de usar la información confidencial que obra en los mismos para encubrir los actos de corrupción de aliados y para la persecución de sus adversarios políticos”, agregó. El ex titular de la UIF K Juan Carlos Otero -vinculado a Máximo Kirchner- se retiró como querellante en causas por corrupción y persiguió a opositores y periodistas.

«Es increíble que la propuesta de un persona sin antecedentes, pueda superar etapas en los servicios jurídicos dictaminantes y varios funcionarios participen de un esquema de designación ilegitima para cubrir un cargo estratégico en un organismo de importancia vital en las lucha contra el crimen organizado y las graves amenazas de lavado de dinero que enfrenta nuestro país”, finalizó Talerico.