Este viernes por la mañana se reunió en la Legislatura la Comisión de Juicio Político para tratar la situación del denunciado Miguel Chaibén Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia. Los legisladores desestimaron el pedido, pese a las múltiples denuncias que pesaban sobre el funcionario de origen radical.

La acusación es por la presunta comisión del delito de “mal cumplimiento de deberes de funcionario público”. El abogado Marcos Aníbal Rougés lo había denunciado por irregularidades en 24 operaciones de venta con el Estado Provincial durante los períodos 2022/2024.

En la reunión, estuvieron presentes los legisladores Sergio Mansilla (presidente), Aldo Salomón, Tulio Caponio, Francisco Serra, Sara Assán, Mario Leito, José Orellana, Paula Galván, Leopoldo Rodríguez, Carlos Verón Guerra, Rodolfo Ocaranza y Claudio Viña.

El abogado Marcos Aníbal Rougés había ratificado a inicios de esta semana ante la Cámara una denuncia que salpicaba a Terraf, alegando que ha incumplido sus deberes como funcionario público en varias ocasiones. En un documento de 47 páginas, Rougés argumentó que existían razones de peso para que Terraf no continuara en su rol de máxima autoridad en el organismo encargado de supervisar la ejecución del presupuesto provincial.

Entre las razones que lo empujaron a realizar el pedido de Juicio Político, el abogado incluyó sobreprecios no denunciados por el Tribunal de Cuentas de Terraf; inconsistencias en el control contable durante los años de José Alperovich; y favores al club de rugby Natación y Gimnasia.

Sin embargo, uno de los desmanejos que más expuesto dejó al funcionario fueron los contratos con Luis Eduardo González, yerno del propio Terraf. Según pudo confirmar NEXOFIN a valores de hoy, el familiar de Terraf se hizo de contratos por $ 300.000.000.

“En esos casos, el funcionario tiene que excusarse y no ser el firmante que aprueba los pagos a su propio yerno”, comentó una fuente al tanto de las maniobras de Terraf.

Las mismas fuentes comentaron a este medio que incluso “se utilizaron fondos para pagar a empleados inexistentes”, además de haberse utilizado a trabajadores de esa dependencia para trabajar en dos comercios que el yerno de Terraf tiene en el microcentro tucumano.

Pese a la denuncia en su contra, este viernes los legisladores decidieron archivar el juicio político contra el titular del Tribunal de Cuentas.