Donald Trump quiere terminar con la ley santuario de California y amenaza con retener fondos federales para lograrlo. La orden ejecutiva que firmó en su regreso a la Casa Blanca busca impedir que la policía local limite su cooperación con las autoridades migratorias. La medida genera incertidumbre sobre el impacto financiero que tendría en el estado, que depende en gran medida del dinero federal.

Trump insiste en bloquear la ley santuario en California

Desde su primer mandato, Trump intentó sin éxito revocar la ley santuario de California en los tribunales. Ahora, busca presionar con una nueva orden ejecutiva, titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, que amenaza con retener fondos federales a las ciudades y estados que mantengan políticas de protección a inmigrantes.

Aún no se especificó qué programas se verían afectados. Sin embargo, de acuerdo a Cal Matters, California depende de los fondos federales para programas sociales y la recuperación de incendios forestales e inundaciones. Por lo tanto, un recorte podría generar una crisis financiera en la región y una gran disyuntiva para el gobernador Gavin Newsom, uno de los principales opositores del presidente republicano.

La ley santuario y su impacto en California

La Ley de Valores de California, aprobada en 2017, prohíbe que la policía estatal y local actúe como brazo de inmigración federal. Según su redactor, el exsenador Kevin De León, su propósito es impedir que las fuerzas del orden sean parte del “aparato de deportación de Trump”.

Esta norma permite algunas excepciones:

• La policía puede informar a las autoridades migratorias sobre la liberación de personas condenadas por delitos graves, como homicidio, violación o robo.
• Sin embargo, limita la retención de inmigrantes sin órdenes judiciales y restringe interrogatorios sobre estatus migratorio.

¿Qué dice la ley federal sobre inmigración?

El gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de hacer cumplir las leyes migratorias en cualquier estado. Sin embargo, según explicó el fiscal general de California, Rob Bonta, durante una conferencia de prensa en San Diego: “El gobierno federal no puede reclutar ni obligar a las entidades policiales de la ciudad, el condado o el estado a hacer su trabajo por ellos”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sigue operando en California y puede arrestar y deportar inmigrantes sin importar las leyes estatales. Aunque depende de ellos presentarse a recoger a las personas que son liberadas.

De acuerdo con Cal Matters, entre 2018 y 2023, las cárceles de California transfirieron a más de 4000 personas a las autoridades de inmigración. No obstante, la crítica desde el lado republicano es la falta de colaboración y de comunicación cuando las autoridades locales liberan detenidos deportables.

¿Quiénes están protegidos por la ley santuario?

• La ley protege principalmente a inmigrantes sin historial delictivo grave. Los más beneficiados son quienes enfrentan cargos menores, como infracciones de tránsito o conducir sin licencia.
• Aun así, ICE puede rastrear a personas a través de bases de datos policiales y proceder con su detención si lo considera necesario.
• Los opositores de la ley argumentaron que protege a delincuentes peligrosos, pero hay datos que indican lo contrario.
• Un análisis de la ley de California, realizado en 2020 por investigadores de la Universidad de California en Irvine, examinó las tasas de delitos violentos y contra la propiedad del estado en 2018.
• El estudio concluyó en que la normativa no tuvo un impacto significativo ni en los delitos violentos ni en los delitos contra la propiedad.

La postura de los tribunales sobre las leyes santuario

La Administración Trump intentó anular la ley santuario en 2018, pero los tribunales fallaron a favor de California. En 2019, el Noveno Circuito dictaminó que la norma no interfería con la ley federal de inmigración. La Corte Suprema de Justicia rechazó revisar el caso y dejó en firme la decisión.

El Departamento de Justicia había argumentado que la ley impedía el trabajo de ICE. Sin embargo, los arrestos de inmigrantes indocumentados en California se mantuvieron en niveles similares antes y después de la aprobación de la ley.

El 7 de febrero, de acuerdo a Reuters, San Francisco y el condado de Santa Clara afirmaron en una demanda ante un tribunal federal de California que el presidente intentaba forzar ilegalmente a los funcionarios locales a cooperar.

Nuevamente, quedará en los tribunales decidir el futuro de las leyes santuario. Ahora, con un nuevo mandato más poderoso en cuanto a la conformación del Congreso y de la Corte Suprema, la historia podría ser distinta.