El río De las Perlas, en China; el Misisipi, en Estados Unidos y el Paraná, en la Argentina. ¿Qué tienen en común? Las tres vías fluviales exigen los sistemas de dragado más extensos del mundo. La consecuencia es obvia: son también las cuencas más apetecibles para un puñado de empresas que compiten constantemente en licitaciones en distintos países, que ahora se encuentran ante la posibilidad de quedarse con el negocio en la Argentina por 30 años.

El Gobierno comenzó el proceso de licitación por la Hidrovía y, con ello, abrió una fuerte puja entre seis compañías y sus lobistas, pero también ahondó las diferencias entre el Gobierno y el macrismo, con acusaciones cruzadas. En medio de esa tormenta de intereses, el Gobierno aceleró la disolución de la controvertida Administración General de Puertos y su reemplazo por una nueva agencia. El cambio se anunciará este lunes.

La definición del negocio de la hidrovía se juega una recaudación de cerca de US$300 millones anuales, y unos US$9000 millones a lo largo de lo que dura el contrato, que incluye una posible renovación por el doble del tiempo. Algunos estiman que, en total, sería cerca de US$20.000 millones

La estructura comercial del negocio no implica un peso de desembolso por parte del Estado, que será el intermediario para seleccionar una concesión a riesgo empresario. Esto significa que la ganadora se encargará del cobro de las tasas y servicios para los 4000 barcos que transitan anualmente, que representan un 80% de la exportación nacional. En el sector se sabe que el margen de ganancias es de entre un 15% y 20%, por lo que puede quedarle a la concesionaria entre unos US$45.000.000 y US$60.000.000 en utilidades.

Solo siete empresas en el mundo tienen, a priori, la capacidad operativa para presentarse en esta licitación. Una china, una estadounidense, dos belgas, dos neerlandesas y una danesa. Las primeras dos, China Communications Construction Company (CCCC) y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ya quedaron afuera por el octavo inciso del artículo 16 de las cláusulas particulares: “Toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”. Al tener en parte o completamente gestión estatal, no podrán pasar la primera barrera para tratar de acceder al negocio. Afuera.

Por ahora se presentaron tres impugnaciones. Probablemente no serán las últimas. Una de ellas fue planteada por la compañía china, que adujo arbitrariedad en la exclusión que le produce esa cláusula.

Siguen en carrera cinco compañías, todas originarias de países con experiencia en desafíos en la gestión del agua (Dinamarca, Países Bajos y Bélgica) con acusaciones cruzadas de que los pliegos las benefician. La más apuntada es Jan de Nul, justamente la que controla el negocio desde la época de Carlos Menem. En sus inicios, la belga era socia del empresario Gabriel Romero. Desde múltiples sectores el oficialismo recibe acusaciones de que los pliegos están armados para esta compañía.

En rigor, ninguno de los dos debería competir ya que la sociedad, grupo Emepa, reconoció en la causa de los Cuadernos de las Coimas haber pagado un soborno de US$600.000 al gobierno de Cristina Kirchner para que le prorroguen el contrato. El empresario se sumó al “club de los arrepentidos” en agosto de 2018 y admitió el pago. Entonces, le dijo al fiscal Carlos Stornelli que realizó dos pagos de US$300.000, cada uno para que el kirchnerismo firmara el decreto para extender la concesión de sus negocios.

Conocedores del rubro advierten que Romero ya no aboga por Jan de Nul, que es la única competidora que tiene efectivamente representación local y que conoce la idiosincracia de la rosca política argentina. Varias fuentes sostienen que ahora acompaña a Rohde Nielsen, de Dinamarca. Esta también presentó una impugnación, por motivos similares a la tercera y, por ahora, última participante de la licitación: Deme Group, de Bélgica. En una presentación hecha el 9 de diciembre, ambas compañías denunciaron que “resulta claro y manifiesto que nos encontramos ante una licitación ilegítimamente direccionada”. Creen que los pliegos están hechos a medida de Jan de Nul por los requisitos técnicos que se le demandan a las competidoras.

Desde la Jefatura de Gabinete, que supervisa de cerca el proceso, argumentan que es lógico que sucedan estos reclamos. Lo que plantean las compañías es que la cantidad de dragas que se exigen los pliegos, los metros cúbicos y otros antecedentes son más cómodos de cumplir para Jan de Nul porque se solicitan en función al promedio de la operación de los últimos años, justamente, la tarea realizada por esta empresa. “En estas cláusulas no hay un beneficio; cuando tenés una empresa durante 30 años a cargo de una concesión, hay muchas cosas que se piden porque ya se vienen haciendo; para sacar al que tiene un monopolio tenés que ir y romper el mercado con mejores condiciones”, confío una fuente entendedora del proceso.

Terminan de integrar la competencia las empresas neerlandesas: Van Oord y Boskalis. La segunda es la empresa que, desde el oficialismo, aseguran que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri. El macrismo lo niega. Otros lo relacionan a las relaciones del expresidente con la corona holandesa y, particularmente, con la argentina Máxima Zorreguieta. Desde la fuerza política de Macri la respuesta es directa: “es un disparate”, contestaron a LA NACION

A principios de este mes, Guillermo Dietrich, exministro de Transporte, viajó a Santa Fe a una jornada organizada por la Fundación Pensar, del Pro, sobre el tema. Dijo allí que había “falencias en materia de transparencia” y que “se advierte que el pliego genera sobrecostos para los productores argentinos y que sus pedidos y necesidades no fueron considerados”. Hubo presión para que asista Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, que había hecho gestiones con el gobierno nacional para que este incluya en la licitación una porción sur del río que pasa por la provincia. No asistió. “No sé que interés tiene, pero actúa como si lo tuviera”, dijo un conocedor del proceso.

El planteo del macrismo tiene acepciones en los pliegos y en la comparación entre este y el proceso de 1993 en el que resultó ganadora justamente Jan de Nul. En ese entonces se estableció un plazo de 10 años, lo cual resulta más lógico para una parte del sector ya que no se conocen las necesidades de dragado que habrá en tres décadas. Otra crítica radica en la falta de “road show” y participación de las empresas en el proceso de armado de pliegos. Adicionalmente, plantean que los precios de referencia del pliego son un 40% superiores por los aumentos aplicados este año, teóricamente para pagarle una deuda a Jan de Nul. Por eso, Dietrich menciona que se le generará un sobrecosto al sector productivo, de unos US$7500 millones en 30 años.

El embajador de Países Bajos se reunió con Guillermo Francos y le transmitió su preocupación por el potencial direccionamiento de la licitación. Una fuente conocedora de la intención de las neerlandesas planteó que posiblemente no se presenten.

La sospecha que arrojan sobre la relación del Gobierno con Jan de Nul se potencia por quienes están al frente de uno de los organismos más involucrados en el asunto, la Administración General de Puertos. Apuntan a los hermanos Salom, Leonardo y Diego, fotografiados múltiples veces con Sergio Massa, sobrinos de Alberto Salom, sindicalista de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (fallecido). En esta trama de tiras y aflojes en la se desdibujan los límites de la política y el empresariado, aparece también el Turco Elías, cercano a Salom, que estaría haciendo lobby a favor de Jan de Nul.

La etapa más caliente del proceso comenzará en febrero. La licitación tiene tres partes, con apertura de sobres independientes. La primera será la presentación de antecedentes. Superada esa, se continuará con la parte técnica, estudios de impacto, evaluación de maquinaria y otros procedimientos. La última será la económica.

También hubo un intercambio por la cuestión entre Macri y Milei. Este último le pidió el proyecto de pliegos que habían armado ante la posibilidad de abrir la licitación en 2021 (si volvían a ganar la presidencia), cuando se vencía el contrato.