POLITICA
¿Indulto a Cristina?: qué dice la Constitución, qué opinan los juristas y qué propone la Coalición Cívica
La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner reactivó una vieja discusión: ¿puede ser indultada? ¿Es posible perdonar un caso de corrupción con sentencia firme? La respuesta sobre el indulto no es unánime y se ancla en una zona gris de la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 36.
El primero en poner el tema sobre la mesa con fuerza fue el exjefe de Gabinete Agustín Rossi. “En 2027, ¿qué tiene que decir el candidato peronista? ‘No pasará un minuto de mi mandato sin devolverle la libertad a Cristina’”, declaró en AM 530. También propuso reformar la Constitución para modificar el sistema de elección de jueces y reestructurar el Poder Judicial. Aunque no habló expresamente de un indulto, su declaración dejó entrever esa posibilidad.
Más cauto fue Axel Kicillof, quien aspira a liderar la renovación del peronismo con proyección presidencial. Consultado por Cenital sobre si indultaría a la exvicepresidenta, el gobernador bonaerense esquivó una definición tajante: “Creo que también el que recibe el indulto… hubo discusiones de todo tipo”, deslizó, sin cerrar ninguna puerta.
La propuesta no quedó solo del lado del peronismo. El diputado nacional José Glinski, de Unión por la Patria, fue un paso más allá y desafió directamente al Presidente: “Si [Javier] Milei quiere ganarle a @CFKArgentina en las urnas, que use la facultad del indulto”, escribió en redes sociales. La frase, provocadora, apuntó a poner en tensión la legitimidad política de la condena.
La Constitución Nacional introduce una ambigüedad en su artículo 36. Allí establece que los responsables de actos de fuerza contra el orden institucional -como los golpes de Estado- no pueden recibir el beneficio del indulto ni de la conmutación de penas. Sin embargo, más adelante en el mismo artículo, se considera que también atentan contra el sistema democrático quienes cometan “grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. En este segundo párrafo no se menciona el indulto, lo que abre el debate: ¿la prohibición del perdón presidencial alcanza también a los delitos de corrupción?
Para el abogado constitucionalista Pablo Manili, el punto es debatible. “El artículo 36 establece expresamente que no pueden ser indultados quienes cometan atentados contra el orden institucional. Luego, en un párrafo distinto, dice que también atentan contra la democracia quienes incurren en delitos de corrupción con enriquecimiento ilícito. La duda es si la prohibición de indulto del primer párrafo también rige para el segundo. Yo entiendo que sí, pero es un tema opinable”, sostuvo. Y agregó un dato revelador sobre el contexto en el que se redactó esa norma: “Fue el primero que se votó en la Convención Constituyente de 1994, y se aprobó por unanimidad de todos los bloques. Eso muestra la importancia que se le dio”.
De aquella convención participaron dos protagonistas centrales de la escena política actual: Horacio Rosatti, hoy presidente de la Corte Suprema, y Cristina Kirchner, entonces senadora nacional y convencional por el peronismo.
Más categórico es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, autor del libro Defensa del sistema democrático y corrupción (2019). “Las condenas por delitos de corrupción no son indultables, ni conmutables, ni amnistiables. Son atentados graves contra el sistema democrático”, afirma. Para él, el término “asimismo”, incluido en el artículo 36, es determinante: “Quiere decir que esos delitos también quedan excluidos del beneficio del indulto”. En una columna publicada en en 2021, reforzó su posición: “Aceptar que los delitos de corrupción sí pueden ser indultados implicaría considerarlos menos graves que un golpe de Estado. Los constituyentes de 1994 pusieron ambas situaciones en un mismo plano, sin establecer diferencias en cuanto al daño institucional que generan”.
En sintonía se expresa Christian Cao, abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la UBA. Sostiene que la reforma de 1994 equiparó explícitamente los delitos de corrupción con los atentados contra el orden democrático. Por eso -subraya- no pueden ser objeto de perdón presidencial.
Cao y Gil Domínguez coinciden además en destacar un antecedente judicial que respalda esta interpretación. En 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, al entender que constituyen una forma grave de ataque al sistema democrático. La sentencia -basada también en el artículo 36- fue dictada en una causa contra el exjuez federal Julio César Miralles, y estuvo firmada por los magistrados Leopoldo Schiffrin, Olga Calitri y César Álvarez. Como amicus curiae participó Elisa Carrió, quien ya en la campaña presidencial de 2015 había propuesto declarar imprescriptibles estos delitos.
Con ese marco interpretativo, la Coalición Cívica promueve desde hace años un proyecto para cerrar cualquier margen de ambigüedad. La versión más reciente -presentada por el diputado Juan Manuel López y acompañada por Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y Victoria Borrego- propone modificar la ley 27.156 para extender de forma expresa la prohibición del indulto, la amnistía y la conmutación de penas a los delitos de corrupción previstos en el Código Penal.
“El artículo 36 establece -desde nuestra perspectiva- una prohibición del indulto y la conmutación de penas, tal como lo prevé su segundo párrafo”, afirma López. Y recuerda que la propia Cristina Kirchner, como convencional constituyente en 1994, avaló esa formulación.
Un dato jurídico relevante completa el panorama: el indulto no requiere la aceptación del beneficiado. Así lo demostró el caso de Graciela Daleo, sobreviviente del excentro clandestino de detención de la ESMA, quien rechazó públicamente el indulto que le concedió el entonces presidente Carlos Menem, sin que eso impidiera su aplicación.
En definitiva, mientras el peronismo explora salidas políticas para revertir lo que considera una injusticia judicial, un sector de la oposición busca blindar por ley la imposibilidad de perdonar delitos de corrupción. En un terreno neutral donde rige la letra constitucional, los juristas vuelven a mirar con lupa el artículo 36.
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POLITICA
Por qué Victoria Villarruel suspendió su visita de este miércoles a la Exposición Rural de Palermo
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, suspendió la visita que tenía prevista para la tarde de este miércoles a la Exposición Rural de Palermo. La recorrida, pautada para las 18, se canceló con menos de dos horas de antelación en un contexto de máxima tensión política con el presidente Javier Milei.
La suspensión de la visita responde directamente a una estrategia para descomprimir el conflicto interno en el Gobierno. Fuentes del entorno de la vicepresidenta confirmaron a que el objetivo principal fue evitar una imagen que pudiera “alimentar aún más la tensión” con el jefe de Estado. La decisión busca no generar más ruido en la disputa con el Presidente y su hermana, Karina Milei.
“Lo que se busca es no golpear más la línea de flotación”, resumieron desde su equipo. Consideran que una recorrida exitosa por la muestra, similar a la del año pasado, podría interpretarse como un desafío en el punto más alto de la pelea interna y, por lo tanto, agrandar el enfrentamiento.
El conflicto se agravó en los últimos días, especialmente tras las declaraciones de Milei durante un acto en Córdoba. Allí, sin mencionarla de forma directa, apuntó contra ella por una votación en el Senado: “¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30?”. Durante su discurso, parte del público la insultó sin que el mandatario interviniera para frenarlos.
Dos semanas antes, en un evento en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Presidente ya la había calificado de “traidora”. El origen de la acusación se remonta a una sesión en el Senado donde la oposición logró aprobar un paquete de leyes, que incluía un aumento para jubilados, una moratoria previsional y una emergencia en discapacidad. Aunque Villarruel no emitió voto, presidió parte del debate y habilitó su tratamiento, una acción que el Gobierno interpretó como una deslealtad.
La incertidumbre sobre la agenda de la vicepresidenta se extiende al próximo fin de semana. Aunque su presencia en la ceremonia de inauguración del sábado está confirmada, desde su entorno admiten que se evaluará hasta último momento si finalmente asiste. La decisión dependerá de la evolución del clima político interno.
Este miércoles por la tarde, su asesor agropecuario, Matías Lestani, recorrió el predio junto al equipo de seguridad para organizar el itinerario de la visita que luego se canceló. En ese momento, la confirmación definitiva de Villarruel aún no estaba cerrada, precisamente por el contexto de confrontación.
Desde su equipo reconocen que, si bien Villarruel “es una mujer de carácter” y “no le mueve el amperímetro si no la saludan”, la situación es compleja. El año pasado, la ceremonia inaugural también ocurrió en un clima de tensión, aunque menor, por un posteo de la vicepresidenta contra el gobierno francés. En esa ocasión, Milei y Villarruel se saludaron y compartieron el palco oficial, aunque la escalada del conflicto en las últimas semanas proyecta un escenario más incierto.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
La interna libertaria no afloja: mientras Santiago Caputo está bajo observación, Karina Milei solo escucha a su entorno
En la historia política argentina, las internas casi siempre terminan mal.
Menem y Cavallo se destruyeron en los 90 peleando por el rédito político de la gobernabilidad. El economista terminó eyectado, pero el enfrentamiento dejó una herida brutal.
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En el 2000, Chacho Álvarez renunció al gobierno de Fernando de la Rúa denunciando coimas en el Senado. Con su salida, también se disolvió la Alianza. Cinco años después fue Roberto Lavagna quien decidió enfrentar al poder denunciando sobreprecios y corrupción en la obra pública, con nombre y apellido: Julio De Vido. ¿El resultado? Lavagna fue expulsado y la corrupción ganó.
En 2010, Amado Boudou quería usar las reservas del Banco Central para pagar deuda. Martín Redrado se resistió, se atrincheró, pero terminó afuera. Y ya en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, la interna entre Marcos Peña y Rogelio Frigerio desgastó al oficialismo como pocas cosas.
En 2021, medio gabinete que respondía a Cristina Kirchner le renunció en bloque a Alberto Fernández. Fue un golpe interno, casi palaciego. Alberto estuvo a punto de irse.
La moraleja parece clara: las internas hacen daño. Mucho daño. Pero increíblemente, los actores políticos siguen cayendo en el mismo error. No aprenden más.
Hoy, el gobierno de Javier Milei atraviesa su propia interna feroz. De un lado está la banda de Karina Milei y Sebastián Pareja. Del otro, el círculo de Santiago Caputo, la figura más influyente del gobierno detrás del propio Presidente.
La implosión comenzó por el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién las armó? Pareja, hombre de confianza de Karina. ¿Quiénes quedaron afuera? El grupo de jóvenes libertarios que responden a Caputo: figuras como El Gordo Dan, El Gordo Pablo y el ejército digital conocido como Las Fuerzas del Cielo.
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Esto, que algunos quieren hacer pasar como una discusión menor, es en realidad un problema grave. Porque el Gobierno, que enfrenta desafíos monumentales, está perdiendo tiempo, energía y recursos en una disputa estúpida, infantil, banal y caprichosa. Todo esto, mientras el verdadero enemigo está afuera, trabajando para que este proyecto caiga.
Un ejemplo concreto. Esta semana el gobernador Axel Kicillof echó a 24 policías bonaerenses por su presunta cercanía con un candidato libertario. ¿Qué pretende? ¿Una Policía militante, partidaria? ¿Una Policía al servicio del peronismo? Mientras ocurren estas cosas, el oficialismo se distrae en una pelea insignificante entre Pareja y Caputo.
Lo mismo sucede con el conflicto entre Milei y Victoria Villarruel. ¿Por qué explotó? Porque Villarruel, como presidenta del Senado, habilitó una sesión que podría generarle al Gobierno un costo de más de 2,5 puntos del PBI. Pero esa fue solo la chispa: lo que se rompió en realidad fue la relación de confianza entre el Presidente y su vice.
Mientras tanto, el kirchnerismo no descansa. Anoche, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió tres veces en menos de un minuto que el Presidente “se vaya ya”. ¿Quién es Quintela? Un dirigente votado por poco más de 100 mil personas. ¿Y Milei? Fue elegido por más de 14,5 millones de argentinos. Es surrealista: un gobernador con 100 mil votos quiere voltear a un Presidente con más de 14 millones. Solo en Argentina puede pasar algo así.
Por eso, insisto: las internas pueden ser parte de la dinámica política, pero el nivel de brutalidad de esta interna es inexplicable. No se puede romper un proyecto de cambio por aspiraciones personales. No ahora, cuando el país aún está en terapia intensiva.
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Hace apenas unos días, el propio Presidente pidió ser conscientes del monstruo que hay del otro lado. Ese monstruo —como bien lo señaló— es capaz incluso de usar a niños para bajar línea política. Ayer mismo, vimos al gobernador utilizar a una nena de nueve años en un acto para hacer campaña. ¿Qué clase de persona hace eso?
Cuando uno observa esta clase de maniobras, las peleas internas dentro del oficialismo parecen absurdas, inexplicables, suicidas. Como explicó Carlos Pagni esta semana, cuando Milei decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, le transfirió un poder inmenso a Santiago Caputo.
Caputo se quedó con zonas clave del Estado, como:
- Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Salud.
- Agencia Federal de Inteligencia.
- DGI.
- UIF.
- ARSAT.
- ENACOM.
- ENRE.
- Secretaría de Culto
- Sociedad Educ.ar.
- Área de comunicación de YPF.
Se trata de una estructura de poder gigantesca. Hoy, esa “delegación de facultades” está siendo discutida. Caputo está bajo observación. Y sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni insiste en que todo está bien, que no hay nada raro.
Ahora bien, es cierto que el peronismo también se despedaza por un cargo. No lo voy a negar. En estos días hubo peleas por listas, cortes de luz intencionales, insultos y hasta casi piñas entre dirigentes. Carlos Bianco y Juan Pablo de Jesús estuvieron a punto de agarrarse a trompadas. Máximo Kirchner y Gabriel Katopodis también. Cristina Kirchner llamó para acusar a Alberto Fernández de prestarle el Partido del Trabajo y la Equidad a Kicillof para romper desde adentro.
Sí: el peronismo da vergüenza ajena. Pero si los libertarios llegaron al poder para ser distintos, entonces tienen que ser distintos.
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Mi mensaje, entonces, es claro: sean maduros, inteligentes, sensatos, prudentes, racionales. Recuperen el aplomo. Porque del otro lado hay una banda de forajidos dispuestos a todo para volver al poder. Y si el Gobierno se sigue enredando en peleas internas, puede terminar autodestruyéndose sin necesidad de que la oposición mueva un dedo.
Por ahora la interna avanza. Y eso, para todos los argentinos que apostaron por un cambio real, es una pésima noticia.
Opiniones libres; hechos sagrados.
Karina Milei, Santiago Caputo
POLITICA
El Gobierno bonaerense denunció en la Justicia un complot de 24 policías cercanos al candidato de LLA
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires denunció ante la Justicia un complot policial protagonizado por un grupo de policías bonaerenses que dijo que trabajaban para la campaña electoral del comisario Maximiliano Bondarenko, cabeza de lista de la alianza de libertarios y PRO en la tercera sección electoral.
La presentación recayó en el fiscal de turno subrogante Álvaro Garganta, que por estas horas analiza la prestación y espera que le aporten la documentación que respalda lo afirmado en la denuncia,
En ese escrito -dijeron fuentes oficiales a – la provincia denunció que al menos 24 uniformados conspiraron con Bondarenko para colaborar con su campaña y desestabilizar la gestión de Axel Kicillof.
Así, por ejemplo, la denuncia menciona que los uniformados habían preparado proyectos de ley en materia de seguridad para la Libertad Avanza que iban a ser presentados en la Legislatura en caso de que Bondarenko ganara las elecciones.
Asimismo, se menciona que se detectó documentación conspirativa, por ejemplo, una lista de lugares con algunos integrantes de la fuerza policial que podrían colaborar en caso de que se iniciara un clima de descontento por reclamos salariales, dijeron las fuentes.
Mencionaron que hay nombres y lugares de donde podrían iniciarse estas actividades de agitación policial.
El fiscal Garganta está a la espera de la evidencia para determinar si impulsa está acción o no.
En tanto, fuentes del Gobierno bonaerense dieron a más detalles de cómo se detectó esta supuesta conspiración policial.
Dijeron que todo comenzó con una denuncia anónima que llegó a las autoridades policiales que le dieron intervención a asuntos internos de la Policía bonaerense.
Allí comenzó una auditoría para investigar esta denuncia que incluyo el análisis de las computadoras de los denunciados y una reconstrucción de sus movimientos.
Las fuentes del gobierno bonaerense explicaron que se detectó que había reuniones de policías, en dependencias policiales, no comisarías, sino oficinas de mandos altos y medios de la Policía bonaerense.
Allí, en dependencias policiales y en el horario laboral, se trabajaba -dijeron las fuentes- “en función de las necesidades del candidato”.
“La auditoría interna comprobó que la denuncia anónima era real. Se encontró material en las computadoras e impresiones en papel con planes de trabajo de cara a las elecciones y a las de 2027″, dijo una alta fuente bonaerense a .
Se escribía allí sobre cómo trabajar el tema seguridad, que cambios había que hacer, a quién promover y a quién pasar a retiro.
“La policía no puede hacer actividad política partidaria en dependencias policiales. Es apartidaria y no pude sindicalizarse”, dijo un funcionario del gabinete del gobernador Kicillof.
Los 24 uniformados bajo investigación fueron suspendidos de sus cargos, no exonerados. Se espera ahora el resultado de la investigación administrativa y judicial para definir su futuro.
Hernán Cappiello,Conforme a
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