Finalmente, en la tarde de este jueves, la maniobra dilatoria de Martín Menem llegó a su fin y el presidente de la Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). De todos modos, el riojano habría logrado su cometido, que era el de evitar una sesión caliente en la Cámara alta y con probable resultado negativo para el Gobierno en los días previos a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto, y debido a que uno de sus artículos fue rechazado, el texto debía volver al Senado para que insista con la redacción original o acepte los cambios. Ese paso se demoró hasta esta tarde, lo que provocó en los últimos días las quejas de la oposición, que denunció a Menem de demorar el trámite adrede.

Según le confirmaron a Infobae, el proyecto ya fue girado. Ahora, irá a la Comisión de Asuntos institucionales, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, quien fue una de las impulsoras de la ley. Desde allí se deberá convocar para dictaminar, ya sea aceptando los cambios realizados en Diputados, o para insistir en la versión original del Senado.

El tema es que recién se tratará en Comisión, como temprano, la semana que viene, por lo que no llegaría a darse la sesión que el Gobierno deseaba evitar y la oposición esperaba para debilitar al oficialismo antes de los comicios legislativos nacionales.

Desde el peronismo en el Senado había trascendido que su objetivo era revisar el expediente en comisión este jueves para poder convocar a una sesión la semana que viene. Pero sin el dictamen de comisión necesitaría de una mayoría especial de dos tercios del recinto para poder debatir el proyecto, algo difícil de lograr en la recta final de la campaña electoral y especialmente tras el guiño que muchos gobernadores le hicieron al Gobierno al dejar caer el artículo 3.

El proyecto, que había sido aprobado en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Entre sus puntos más importantes se destaca que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad solo se necesita la aprobación de una Cámara). Por lo tanto, la oposición solo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.

No obstante, el artículo que fue rechazado establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie y, en caso de no hacerlo, los decretos perdían validez.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, había presentado una nota formal en la cual reclamaba la “inmediata comunicación” al Senado.

“Le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, planteó a través de sus redes sociales.

Y agregó: “Es increíble que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso. Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen”.

Por su parte, las autoridades de la Cámara de Diputados negaron que se tratara de una maniobra dilatoria y argumentaron que todavía se encontraban dentro de los plazos razonables. En ese sentido, señalaron que el viernes pasado no hubo actividad legislativa porque fue feriado y también que en la misma sesión se aprobaron varias interpelaciones -a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones- que debían realizarse ayer. A su vez, explicaron que no existe un plazo legal que deban respetar.

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El Gobierno trabaja sobre una hoja de ruta con cambios en el gabinete y prepara una serie de ofertas para acercar posiciones con los mandatarios provinciales luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El Ejecutivo busca dar muestras de gobernabilidad y reconoce que es una condición de los Estados Unidos para avanzar con la ayuda financiera por US$40.000 millones.

En los altos despachos de la Casa Rosada están dispuestos a sumar a los gobernadores a la gestión a través de áreas estratégicas para la producción, como las secretarías de Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura, entre otras. Buscan ampliar los lugares para segundas líneas sin ceder puestos en el gabinete.

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Se trata de un intento como el que realizó la mesa chica de Balcarce 50 luego de asumir el 10 de diciembre de 2023 con el peronismo cordobés, a través de Osvaldo Giordano en ANSES, Franco Mogetta en Transporte, Luis Giovine en Obras Públicas y Daniel Tilliard en Banco Nación, entre otros. Lo mismo aplica para Gustavo Sáenz con la exsecretaria de Minería, Flavia Royón.

En el oficialismo quieren reeditar acuerdos por esos espacios con más actores y descartan incluir carteras como Seguridad, Justicia y Defensa en las negociaciones con las provincias. Sostienen que no hubo pedidos por esas áreas y que están dispuestos a negociar un nuevo esquema de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “No les interesan esas sillas porque no les sirven. Lo que buscamos es mayor coordinación en lo que les importa”, expresan.

El Gobierno planea llenar los dos primeros lugares del gabinete con dirigentes propios y en Defensa evalúan designar a un jefe militar. Otro de los puntos que está dispuesto a ceder Nación es la disputa por las gobernaciones en 2027, con la intención de fortalecer las alianzas con los mandatarios. Aplica para acuerdos como realizó este año con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

En el Ejecutivo reconocen que prefieren sumar aliados para dar muestras de gobernabilidad en los próximos dos años antes que intentar disputar mayor poder en las provincias y tensar el vínculo. Quieren reeditar el Pacto de Mayo con la intención de trasladarlo al Congreso. “Como nos metimos en la pelea por el 2025, vamos a tener que hacer concesiones para el 2027″, agregan.

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La prioridad de la Casa Rosada es sumar adhesiones para avanzar con las reformas laboral y tributaria. Es por eso que busca conformar un interbloque con el PRO, un sector de la UCR y legisladores federales en la Cámara de Diputados después de las elecciones nacionales. Aplica para Innovación Federal (Salta, Misiones y Río Negro), Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan).

Es una de las señales que intentará darle al mercado y a los Estados Unidos en el corto plazo junto con acercamientos a dirigentes aliados como el expresidente Mauricio Macri. Milei prepara también un llamado al consenso para los gobernadores de Provincias Unidas y exaliados del oficialismo para el lunes 27 de octubre. Los cercanos al Presidente aseguran que no está definido quiénes serán los interlocutores oficiales para negociar.

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Cuando todavía no terminó la campaña de cara a las elecciones legislativas, el oficialismo y el PRO comenzaron a impulsar la idea de una “nueva mayoría” parlamentaria que le permita al presidente Javier Milei avanzar con las reformas que considera prioritarias: la laboral y la tributaria. Pero mientras La Libertad Avanza busca sumar aliados, los eventuales socios reclaman gestos de apertura por parte de la Casa Rosada.

Las últimas derrotas del oficialismo en el Congreso —donde se rechazaron vetos y se cayeron decretos— encendieron alertas en Casa Blanca, que en medio de negociaciones financieras pidió a los funcionarios argentinos dar señales de gobernabilidad. Desde hace meses, el Gobierno negocia una asistencia económica y futuras inversiones millonarias, condicionadas a brindar seguridad jurídica.

En ese contexto, el primer mandatario abrió conversaciones políticas con el expresidente para coordinar una hoja de ruta entre ambos espacios. Se reunieron dos veces en Olivos tras las elecciones bonaerenses y coincidieron en que el próximo paso será ampliar el poder parlamentario para asegurar la aprobación de leyes clave.

Los gobernadores, en cambio, se mantienen más cautelosos. Aunque algunos estarían dispuestos a acompañar las reformas si son “razonables”, exigen que el Ejecutivo modifique su estilo de conducción y abra el diálogo institucional. Un grupo de mandatarios incluso conformó el espacio “Provincias Unidas” para fortalecer su poder de negociación frente a la Casa Rosada.

Macri, por su parte, volvió a respaldar públicamente al Gobierno. A través de redes sociales, señaló que “para dejar atrás el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento es fundamental construir una nueva mayoría que no se limite a una sola fuerza política”. El mensaje fue celebrado por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien remarcó que el país “necesita una mayoría reformista que empuje los cambios de fondo en el Congreso”.

El PRO también empezó a prepararse para ese escenario. El jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, reunió a dirigentes en La Plata para avanzar en una estrategia parlamentaria conjunta y advirtió sobre la “falta de mayoría” que condiciona al Gobierno. “Hay que pasar a la ofensiva”, dijo en declaraciones públicas.

En paralelo, Luis Caputo mantuvo reuniones con referentes opositores dialoguistas y con Barry Bennett —asesor de Donald Trump—, en las que también participaron Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto. El objetivo: tender puentes para garantizar el respaldo legislativo a las reformas que Milei quiere impulsar en 2026.

Mientras tanto, algunos gobernadores remarcan que no discutirán acuerdos antes del 26 de octubre. “Después de las elecciones veremos cómo queda todo y nos sentaremos a hablar, antes no”, afirmó un mandatario patagónico.

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