Tras el fuerte mensaje del expresidente Mauricio Macri en una recorrida en Mar del Plata sobre que “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados”, el mandatario Javier Milei le respondió en duros términos y avivó la tensión entre Pro y La Libertad Avanza que trunca un acuerdo electoral de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

En una entrevista televisiva, en la el mandatario irrumpió en el set de sorpresa, al Presidente le consultaron sobre la frase del extitular del Ejecutivo en la ciudad balnearia en referencia a los pases de dirigentes de Pro a La Libertad Avanza: “Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”.

En ese contexto, Milei fue tajante: “Entonces que traiga la factura y la muestre, ¿qué querés que te diga”. Sobre su visión de un posible acuerdo de cara a las elecciones legislativas, el Presidente consideró: “Puede ser que un grupo minúsculo de Pro no quiera el acuerdo, pero para la Provincia marcha muy fuerte. No tengo ninguna duda que entre Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli pueden armar una estructura súper competitiva para arrebatarle la provincia de Buenos Aires al soviético, comunista y bolchevique [en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof]”.

La fuerte respuesta del libertario llega luego de que ayer Macri realizara una recorrida por Mar del Plata junto al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenero, y Ritondo. Allí dio indicios de que todavía no hay definiciones para amalgamar un acuerdo “institucional” de las dos fuerzas de cara a las elecciones bonaerenses. Y es que mientras el oficialismo nacional insiste con una lista conjunta bajo el sello violeta, el partido amarillo pone reparos.

“Lo que queremos es un acuerdo institucional: poner lo mejor del PRO y lo mejor de La Libertad Avanza”, insistió Macri frente a casi 30 dirigentes. “Por algo será”, especuló sobre esa falta de concreciones y remarcó que la manera en que desde LLA se recibe esta intención de cooperar “excede lo que podemos hacer”. “Estamos abiertos a una conversación que esperamos que evolucione en la dirección concreta”, remarcó.

Algunas versiones indican además que la frase de Macri es un dardo directo a dirigentes de Pro que se pasaron al oficialismo, como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien en las últimas horas le respondió en LN+ y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La jugada que ejecutó Macri en Mar del Plata sacudió a Pro, que atraviesa una profunda crisis de identidad y representación desde que Milei se impuso en las urnas y puso un pie en la Casa Rosada, tal como publicó este miércoles. Algunos reproches se produjeron en el bloque de Diputados que conduce Ritondo, donde conviven macristas de pura cepa, bullrichistas que se mueven sin culpa como parte del oficialismo y amarillos que ansían lograr una alianza con LLA que les garantice conservar su parcela de poder en sus territorios o acceder a puestos codiciados en la administración libertaria.

En el círculo de confianza de Macri intentaron circunscribir el alcance de la ofensiva del expresidente. Aclararon que no se a los funcionarios que se sumaron al Gabinete de Milei, como Caputo o Sturzenegger, sino a aquellos dirigentes que fueron electos con el sello de Pro y ahora optan por “pasarse” a las “fuerzas del cielo”. Es decir, aseguran que se refería básicamente al caso de Valenzuela o Bullrich, a quien le pasan factura por sumarse a la campaña de LLA en la Capital, principal bastión de la estructura de Pro. Otro caso es el de Fernanda Astorino, la intendenta de Capitán Sarmiento, quien también se fue de Pro y recaló en LLA

La Cámara Federal porteña reabrió una causa por presunto abuso de menores y trata de personas contra el expresidente de Bolivia Evo Morales. Los hechos se habrían cometido mientras él estuvo exiliado en la Argentina.

La decisión la tomaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que revocaron el fallo del juez de primera instancia Sebastián Ramos.

Una de las denuncias contra Evo Morales fue realizada por el Gobierno (por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich) y otra, por la Fundación Apolo, del dirigente Yamil Santoro, que fue aceptado como querellante en la causa. Ambas se tramitan juntas.

Morales enfrenta además otras denuncias del mismo tenor en Bolivia, donde una fiscal pidió su prisión preventiva.

En 2016, cuando gobernaba el país, Morales supuestamente tuvo una hija con una adolescente de 15 años a cambio de favores políticos y económicos para los padres, quienes también se encuentran acusados, dice la denuncia de Bolivia, en un caso que había sido desestimado en 2019 y fue reabierto ahora.

En Buenos Aires, a Morales se lo acusa de haber convivido con cuatro adolescentes durante su asilo político en la Argentina. Según la denuncia local, Morales compartió la estadía “con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales”.

Angélica Ponce, exdirigente boliviana y allegada al expresidente de Bolivia, relató que durante sus visitas a Morales en Argentina vio a menores de edad en labores “serviles”. La mujer también declaró que ofrecían “niñas como obsequios” quienes deseaban obtener favores gubernamentales.

La denuncia fue presentada por Yamil Santoro, junto al jefe de asuntos legales de la Fundación Apolo, José Magioncalda, y el abogado Ignacio Falcón.

La Cámara Federal resolvió desestimar el archivo de la causa que fue dispuesto sin realizar ninguna media de prueba. El tribunal aceptó además a la Fundación Apolo como querellante en el caso.

“Al analizar los agravios planteados por esa parte acusadora, se advierte que el archivo dispuesto en estas actuaciones -cuya reapertura se reclama en este acto- resulta prematuro. Esto se concluye no sólo a partir de los datos consignados en la denuncia original y su ampliación, que aportan prima facie información concreta sobre el tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, sino también, y de forma central, por la gravedad y el tenor de los sucesos denunciados”, dijeron los camaristas que mandaron a investigar el caso.

“Se trata de hechos relacionados con los delitos de trata de personas y abuso de menores presuntamente cometidos por un exmandatario de Bolivia en territorio nacional, en el contexto de su asilo político, los cuales ameritan ser profundizados”, señalaron.