En el marco de una mezcla de comedia de enredos, espionaje y maniobras políticas, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), intentará el 13 de este mes abrir por tercera vez el celular de Fernando Sabag Montiell, el autor confeso del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Ante las presiones mediáticas y los pedidos de la querella de la ex presidenta de buscar supuestos “autores intelectuales” detrás de la banda de “los copitos” y a solicitud de la fiscal Gabriela Baigun, un equipo de expertos de la Gendarmería y de la Procuración General de la Nación de extraer los mensajes de Montiel. Todo tras los intentos fallidos de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El ex subjefe de la SIDE K y actual ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena advirtió hace unos días -en un mensaje que fue retuiteado por la ex presidenta- que “el contenido del celular del atacante se borró al otro día del atentado, ocultando información imprescindible y estando en poder de la jueza” María Eugenia Capuchetti.

En realidad, se bloqueó tras la intervención de un técnico de la Policía Federal y volvió al modo “estado de fábrica” cuando pasó por las manos de dos peritos de la PSA.

Además, Mena se olvidó de decir que el 1 de septiembre de 2022, horas después del fallido intento de magnicidio, estaba en el despacho de la magistrada cuando llegó el perito de la Policía Federal, Alejandro Heredia, a tratar de abrir el Samsung Galaxy de Sabag. Al igual que el jefe de la custodia de la entonces vicepresidenta, comisario Diego Carbone que esa noche estaba de franco y evitó así ser responsable de la negligencia de la custodia que no tapó con su cuerpo a Cristina del lugar, ni la retiró del lugar, como sí hicieron los guardaespaldas del ex presidente Donald Trump.

La presencia de Mena llamó la atención de la misma forma que la del ex secretario de Seguridad Sergio Berni en la escena del crimen del ex fiscal Alberto Nisman en el 2015.

También Mena omitió recordar que la Federal dependía del ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina, Aníbal Fernández y que la PSA la manejaba el actual diputado K José Glinski junto a dirigentes de La Cámpora.

«La Verdad de la Milanesa»

El mismo relato de Mena lo repitió en un video de Instagram La Liga, integrada por jóvenes militantes K, y que Cristina difundió por las redes bajo el título “la verdad de la milanesa”.

En esos días de convulsión tras el fallido ataque, un secretario de la jueza descubrió en los videos que circulaban por Internet que Sabag estaba acompañado de su novia Brenda Uliarte.

Como la policía no encontraba a la joven que -además de vender copitos se ganaba la vida con una cuenta en Only Fans-, por las señales de su celular captadas por la DAJUDECO la magistrada la descubrió en un tren en Retiro que ordenó parar y fue detenida en un operativo dirigido por su secretario.

Mientras que Nicolás Carrizo, el tercer acusado en el juicio oral, fue arrestado por orden de ella en la mesa de entradas de su juzgado después de entrar a los tribunales sin que ningún policía hiciera cumplir la orden de detención que pesaba sobre el dueño de la máquina de hacer copitos de azúcar.

Ante los ataques de Cristina, la jueza Capuchettii abrió una causa paralela para determinar si la manipulación del aparato fue hecha a propósito para esconder pruebas que quedó en manos de su colega María Servini y el fiscal Ramiro Gonzalez.

El fiscal Gonzalez realizó la investigación, hasta ahora, más detallada sobre la trazabilidad del celular de Sabag, cruzada por operaciones de inteligencia, negligencia y misterios.

El teléfono fue secuestrado el 2 de septiembre de 2022, a las 00:23 horas, luego de que militantes Ky no los custodios detuvieran a Sabag. El comisario principal Matías Fernández lo sacó del grupo de militantes que se movía como un “pongo”, lo metió en un garaje y Sabag le “mostró el aparato y parecía que efectivamente se encontraba apagado”.

Desconcierto en la esquina de Juncal y Uruguay

A Sabag le habían pegado un par de golpes en medio del desconcierto que reinaba en la esquina de Uruguay y Juncal frente al departamento de Cristina, según relató el subinspector Gonzalo Ezequiel Ruíz, integrante del Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA. Unos días antes la ex presidenta había hecho sacar las cámaras de seguridad y a la Policía de la Ciudad.

Ruiz testificó que vio que Sabag “sacó de entre sus ropas su teléfono” y afirmó que “se ocupó de resguardar el aparato de acuerdo con los protocolos existentes”. Dijo que “verificó que estuviera apagado, saco la tarjeta sim y de memoria, guardándolo en un sobre Faraday que bloquea señales, metiéndolo a su vez en un sobre de papel madera y completando el formulario de su cadena de custodia”.

Sin embargo, Juan Ramón Meza, que fue testigo presencial de la detención de Sabag, explicó que los efectivos que intervinieron en el secuestro del celular “lo probaron a ver si prendían y figuraba como bloqueado, que la pantalla se ponía en azul no tenía patrón de seguridad”. Como el aparato “no reaccionaba”, agregó, “lo desarmaron, le sacaron el chip y la memoria, lo pusieron en un sobre bien cerrado, sellado y firmado”.

Por su parte, el cabo primero y perito Alejandro Heredia, del Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA llegó al juzgado de Capuchetti alrededor de las 02:00 de la madrugada y en presencia de dos testigos abrió el sobre y verificó que “el teléfono celular se encontraba apagado”.

Se cortó la luz en el juzgado

Pero antes de ponerlo a cargar para poder iniciar su trabajo, “logró encenderlo y pudieron ver que la pantalla mostraba el patrón de seguridad y con 0% de batería”. Pero luego se cortó la luz por unos minutos.

El técnico conectó luego el celular a un enchufe de pared del Juzgado y comenzó con la extracción de datos de las tarjetas SIM y de memoria e intentó hacer la extracción de datos a través de un dispositivo “UFED” (Universal Forensic Device) de la marca israelí Cellebrite.

Pero en la pantalla de su computadora le aparecía un cartel de “error de extracción” por lo que trató de repetir “ese mismo procedimiento 2 o 3 veces más, pero le arrojó la misma sentencia de “error de extracción”, optando por cancelar la operación”.

Desenchufó el teléfono, y lo entregó al secretario de la jueza Capuchetti, Federico Clerc, quien lo puso en un sobre cerrado con tres ganchos de abrochadora, lo guardó en la caja fuerte del juzgado y conservó la llave.

La información que sí pudo ser extraída de la tarjeta SIM y de la memoria se puso en un disco rígido que también quedó reservado. De allí se sacaron, por ejemplo, las fotos en que se ve a Sabag y a Brenda Uliarte mostrando la pistola Bersa con que se intentó matar a Cristina.

A la mañana siguiente, Clerc junto a Capuchetti y el Fiscal Carlos Rivolo –quien había llegado a las 6 AM de un curso en Río Grande, Tierra del Fuego- fueron a recibirle declaración testimonial a Cristina Elisabet Fernández. Esa noche, Clerc concurrió a la sede de la Alcaldía Cavia de la Policía Federal a recibirle declaración indagatoria a Sabag Montiel, también con la llave de la caja fuerte en su poder. Luego supo que la PSA tenía un programa más actualizado del Sistema UFED para la extracción de datos.

Entonces, abrió la caja fuerte y extrajo el sobre cuando una empleada del Juzgado advirtió que se encontraba encendido con la leyenda «Samsung Galaxy A50» y confeccionó el oficio correspondiente para mandarlo a la PSA.

Luego mandó el celular a la PSA con uno de los custodios de la jueza. En el camino, el chofer lo dejó en su casa y días después el diario Página 12 consignó ese detalle por lo que en Comodoro Py se sospecha de que estaban siendo seguidos por espías.

El equipo “llegó encendido” a las manos de los especialistas de la PSA Camila Seren, que licenciada en criminalística y especialista en seguridad de telefonía móvil, y Pablo “Gaucho” Kaplan, subdirector del Área Criminalística, quienes vieron que en la pantalla se observaba la leyenda “Samsung Galaxy A50Warning: CMDLINE Parameter” (congelada) y no iniciaba de manera correcta.

Luego, al intentar salir de esa leyenda los peritos procedieron a utilizar distintas herramientas forenses pero todo culminó con el reinicio a estado de fábrica. Los técnicos observaron que el pin de carga que es por donde se conecta el teléfono a los 220 voltios “se encontraba deteriorado y sucio”.

Ante estas contradicciones, el fiscal Gonzalez solicitó un peritaje de los peritajes a expertos de la Gendarmería que dijeron que “el informe técnico practicado por personal de la Policía Federal carece de explicaciones en torno a la operatividad y resultados ejecutados con el software forense utilizado”. Esto dificultó la posibilidad de interpretar el motivo por el cual el equipo se encontraba en el estado de bucle o “Warning: CMDLINE Parameter”.

«El perito no es el Sargento García del Zorro»

En Comodoro Py dicen que Heredia no tenía experiencia para un trabajo tan delicado, pero en la Federal sostienen que “intervino en decenas de peritajes, no es el Sargento García del Zorro”, aunque justamente no certificó el curso para el programa Cellebrite.

Gendarmería determinó que el reinicio a estado de fábrica “se originó el 3 de septiembre de 2022 a las 00:19:26 horas; y que existía un restablecimiento a estado de fábrica similar realizado el 10/11/2020”. Este antecedente, indicaría que el aparato presentaba “configuraciones avanzadas de un usuario con conocimiento, lo que hacía al teléfono vulnerable y/o sensible ante su manipulación”.

Más adelante, el fiscal Gonzalez convocó al perito civil Francisco Augusto Pardo quien explicó que el equipo en el año 2020 había sido reiniciado “y ello hacía que presente vulnerabilidades y que ante una manipulación el teléfono se podía reiniciar a estado de fábrica”.

Por otro lado, explicó que existía la posibilidad de que un teléfono como el de Sabag “pueda ser restablecido a fábrica de manera remota requiriendo una conexión a internet”. Pero que “no era posible determinar si tuvo o no conexiones dado el mal estado en que hoy se encuentra el teléfono”. Se presume que Sabag compró su celular en algún local de las galerías de Florida que venden aparatos usados.

En conclusión, el fiscal Ramiro Gonzalez dictaminó que de los testimonios y peritajes realizados “no surgen irregularidades en la cadena de custodia del mismo” desde la Federal al juzgado y luego a la PSA.

Pero “no se estableció qué fue lo que sucedió con el teléfono celular de Sabag Montiel mientras estuvo en su poder desde que sucedió el atentado y hasta que finalmente fue secuestrado”, es decir unas tres horas.

Una fuente policial consultada por Clarín sostuvo que “es casi imposible que Mena o un tercero haya manipulado el celular durante las tres horas que estuvo en el escena del hecho. Primero, por la presencia de testigos y segundo porque deberían haber llevado maletas con los equipos necesarios”.

Como “así tampoco pudo acreditarse si al momento de ser incautado se intentó desbloquearlo o no; ni cuántos intentos de desbloqueo se hicieron en la sede del Juzgado Federal nro. 5, a través de la intervención que le cupo a personal policial de la PFA o posteriormente cuando fue remitido para su análisis a la PSA”, agregó el fiscal.

Sí se probó que el teléfono “fue reseteado a valores de fábrica, el 3 de septiembre de 2022, a las 00:19:26 horas, mientras estaba en poder de personal de la PSA, sin que esto haya sido indicativo de la responsabilidad de los peritos intervinientes hasta ese momento”.

Entonces, como no se comprobó la comisión de delito alguno en la cadena de custodia del teléfono celular marca Samsung, modelo SM-A50 5G – con memoria Micro SD marca Sandisk de 64 GB de capacidad y SIM de Movistar, el fiscal pidió a Servini archivar la causa.

Sin embargo en marzo pasado, la jueza Servini no aceptó el pedido de archivo y llamó a indagatoria tres peritos de la Policía Federal y de la PSA por supuestas irregularidades en la cadena de custodia. Pero días después la magistrada suspendió sin fecha la indagatoria por razones que se desconocen.

El caso del celular Samsung del brasileño así sumó más peleas entre jueces, fiscales y policías y a una semana de que la ex presidenta declare el 14 de agosto en el juicio oral y amplíe su denuncia según la cual “los copitos” fueron parte de una “conspiración política”.

Ante este cuadro de situación, el fiscal Carlos Rívolo –que tiene la parte de la causa central que no fue elevada a juicio oral- trató de abrir el teléfono con técnicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIT) de la Procuración General de la Nación y Gendarmería, pero la querella de Cristina se opuso.

Sin embargo, las partes se pusieron de acuerdo en hacer el intento el 13 de agosto en el juicio oral pese a que los expertos advirtieron que “implica elevados riesgos que podrían dejar inutilizado en forma permanente el dispositivo original”.

Al día siguiente, Cristina declarará como testigo y se espera que vuelva con su teoría según la cual detrás de la banda de lúmpenes de los copitos hay un autor intelectual de la política.

Mena adelantó, en aquel mensaje, otros ejes de la denuncia de CFK. Dijo que “salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento”.

Y preguntó por la investigación de los supuestos dichos del asesor del diputado K Marcos Cleri, Jorge Abello que “oyó decir a Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, dos días antes del atentado: «Cuando la maten voy a estar camino a la Costa” en el restaurante Casablanca.

Sin embargo, Mena omitió decir que los dichos de Abello no fueron confirmados por su cuñado y otro testigo que estaban a su lado en Casablanca. También, que Abello habría ido primero a hablar con el ex director de Contrainteligencia de la SIDE K y actual diputado nacional Rodolfo Tailhade antes de hacer la denuncia y que el juez Julián Ercolini allanó la casa de Abello. Y ahora aduce una grave enfermedad para no presentarse en el juzgado a defenderse de la acusación de falso testimonio.