En el caso Vialidad se estableció que Cristina Kirchner y Lázaro Báez mantuvieron “lazos promiscuos”, con un fin concreto: favorecer al contratista con la obra pública vial. Contratos viales plagados de irregularidades, sobrecostos, direccionamiento de los contratos y estructuras de pago realizadas a medida, permitieron que el dueño del Grupo Austral obtenga el 86% de las licitaciones realizadas en Santa Cruz. En simultáneo, existieron más de veinte acuerdos comerciales entre Cristina y Báez, a través de los cuales el dueño del grupo Austral «devolvía» parte de los millonarios fondos irregularidades de la obra pública. La vía más usada para ese circuito era la de negocios con las empresas de los Kirchner, Hotesur y Los Sauces. Esa relación permitió el incremento patrimonial de la exvice.

La sentencia condenatoria que encontró responsable a la ex vicepresidenta del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, y que confirmó la Cámara Federal de Casación, sostuvo en los fundamentos que ella mantuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones.

Los beneficios que recibió Cristina Kirchner por parte de la compañía posibilitaron “el incrementó de su patrimonio” gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces y a la empresa Hotesur.

Esas firmas familiares que fueron investigadas en dos expedientes -luego unificados- que por decisión de la Corte Suprema se discutirán en un juicio oral y público, tienen relación con la sentencia condenatoria del caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” entre Cristina y Báez tuvo como único origen las irregularidades en las obras viales.

Así se estableció el vínculo entre las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad y cómo en una segunda etapa una porción de esos fondos que obtenía Báez terminaban en operaciones comerciales simuladas a través de las empresas de la familia Kirchner.

En función de ese argumento se trazó un eje principal: Cristina y el dueño del Grupo Austral mantuvieron un estrecho vínculo comercial mientras él era proveedor del Estado a través de la obra pública vial. Un puente entre los hechos del caso Vialidad y lo investigado en Hotesur-Los Sauces.

“En 2007, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. En 2011 fue reelecta hasta el año 2015. Durante ese período temporal, junto con Lázaro Báez celebraron múltiples negocios privados que redundaron en constantes ganancias para la ex Presidenta”, indicaron los jueces que condenaron a la vice por administración fraudulenta. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones.

El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.

Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta».

La compraventas de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas, préstamos dinerarios, son parte de los acuerdos celebrados entre los Kirchner y Báez, y en el caso Vialidad se tuvo en cuenta “especialmente aquellos de más extensa duración”, como otro puente entre ese caso y Los Sauces.

Por ejemplo, hubo operaciones realizadas con otras constructoras del grupo Austral, como terreno cedido por Cristina a su inmobiliaria familiar Los Sauces (a título de aporte irrevocable), en el que firma Loscalzo y Del Curto construyó un edificio de cuatro departamentos que, posteriormente (el 30 de diciembre de 2008), se entregó en locación a Kank y Costilla SA. Todas esas eran empresas de Lázaro Báez.

“Recordemos que en virtud de ese concepto la sociedad familiar le facturó a Kank y Costilla 1.652.422,46 pesos sin IVA por el período que va desde enero de 2009 hasta octubre de 2015. Una relación de larga data y por demás fructífera para la sociedad conyugal de los ex Presidentes”, se explicó.

Además, se firmó un fideicomiso para la construcción de unos departamentos que se inscribieron a nombre de Los Sauces para después ser alquilado por dos empresas de Báez.

Otro complejo de departamentos de la inmobiliaria, construidos por Austral Construcciones, fueron alquilados a la firma.

Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.

Entre 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. En su alegato, el abogado de Cristina Carlos Beraldi había simplificado todo: “unos alquilaban y otros pagaban”. Pero los jueces desecharon esa explicación.

Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos”. Esto, añadieron, “no sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”.

Por ejemplo, en diciembre de 2007 Austral le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, propiedad de Báez.

Pero la vicepresidenta señaló que es «falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones recíprocas».

Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.

El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja. Abonó más 6.829.240 pesos hasta 2013, después pagó 2.937.672 pesos.

A esos acuerdos, que para la defensa sólo fueron negocios del ámbito privado, se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.

¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas «emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner», sostuvo la fiscalía. Hubo créditos internos de la constructora por 71 millones de pesos, y Kank y Costilla -otra firma del Grupo Báez- también aportó 1.8 millón de pesos.