La causa iniciada por la inundación en la ciudad de La Plata no obtuvo en primera instancia más que fallos menores por su caratulación. Sin embargo, el abogado litigante que defiende a las víctimas sigue la lucha por obtener justicia y contó cómo transita el duro camino del proceso penal sin lograr aún una pena ejemplificadora para quienes no cumplieron con sus deberes como funcionarios públicos.

«La realidad es que hubo una sola investigación penal para descubrir la verdad de lo que pasó en la causa de inundados de aquel desafortunado 2 de abril», inició el letrado Federico Bojanovich. Y siguió: «Aquella investigación tendría que haber sido un juicio de la verdad, por los inundados, fallecidos y por los familiares de los fallecidos».

En este sentido, el abogado continuó: «Sin contar la cifra de pérdidas patrimoniales que hubo de por medio, también vimos un número disfrazado de fallecidos». Y sentenció: «En vez de dedicar la justicia para los vecinos, terminó siendo ni más ni menos que un monumento a la corrupción del poder político de turno y también rozando al poder judicial».

«Se abrió una investigación penal destinada a ver qué había sucedido aquel día, porque a quien primero se apunta por la circunstancia es al funcionario público», explicó Bojanovich. Y afirmó que «esa investigación fue dirigida a averiguar un delito muy menor, por ende, hablamos de una pena muy baja que ni siquiera es privativa de la libertad».

Desde este aspecto, detalló que «se investigó a los funcionarios por los incumplimientos de los deberes en el ejercicio de su función pública, pero nadie se animó o quiso investigar el verdadero delito que es el de estrago, donde hablamos de una pena privativa de la libertad que va de los ocho a veinte años».

«Cuando empezaron a asomarse elementos que indicaban la existencia de un delito muy grave fue que el Juzgado Correccional Nro. 4 divisó esos nuevos hechos y ordenó abrir una nueva investigación penal preparatoria para no entorpecer el primer delito que se estaba investigando», contó el entrevistado.

Finalmente, advirtió que «esa investigación lleva el mismo número que la originaria, es decir la 13.275 del año 2013, al que se le agregó un 01 para identificarla y que terminó completamente archivada». Sin embargo, aclaró: «Entre medio se abrieron una cantidad de juicios indemnizatorios contra el fisco de la provincia de Buenos Aires que nos llevó a indicar la no realización de las obras públicas correspondientes y los fondos para la ejecución de las mismas que desaparecieron». (www.REALPOLITIK.com.ar)

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