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POLITICA

Inversión millonaria en el Luna Park: quiénes son los nuevos gerenciadores del “Palacio de los Deportes”

El estadio tendrá una inversión de 34 millones de dólares y se hará una remodelación para ampliar su capacidad.

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Con el fin de competirle al Movistar Arena como principal estadio cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, el Luna Park realizó una subasta para ampliar la capacidad de sus instalaciones. El “Palacio de los Deportes” tendrá una inversión de 34 millones de dólares a partir de enero de 2025.

Las productoras DF Entertainment y Live Nation ganaron la subasta y gerenciarán el Luna Park por los próximos 40 años. El contrato firmado con el Arzobispado de la Ciudad y la Asociación Civil Salesiana, dueños del estadio, establece la ampliación de la capacidad de 8.400 a 13.000 personas.

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El proyecto estaría listo en 90 días y los gerenciadores le pagarán a los dueños del Luna Park un millón de dólares de prima, y garantizarán un mínimo de un millón de dólares anuales de ganancia, según informó el sitio La Política Online. Además de dicho mínimo, los titulares del establecimiento recibirán un canon por cada espectáculo.

Actualmente, el Movistar Arena es el estadio cerrado con más capacidad de la Ciudad de Buenos Aires con un aforo de 15.000 personas. Sus dueños son La Nación y Anschutz Entertainment Group, quienes también estaban interesados en la subasta del Luna Park que finalmente se quedaron DF y Live Nation.

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Más del 30% de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral no se presentó a las auditorías

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El Gobierno nacional inició la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de revisar más de un millón de subsidios en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI son un cargo del operativo, que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. Durante enero, se realizó un muestreo en la Ciudad de Buenos Aires que reveló diversas irregularidades, entre ellas que el 31,6% de los convocados no se presentó a la evaluación.

El relevamiento, realizado sobre 1.108 beneficiarios, también evidencia que el 16,6% de los casos no cumple con los requisitos para percibir la pensión, mientras que se detectan 20 bajas por fallecimiento o renuncia voluntaria. La auditoría se enmarca en el plan del Gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales. En un operativo previo realizado en 2024, se revisó 22.417 pensiones y se encontró que el 80% de ellas no cumplía con los criterios establecidos. Además, se dieron de baja 212 beneficios que eran cobrados desde cárceles y otros 150 correspondientes a personas fallecidas.

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Para mejorar la transparencia en la asignación de las pensiones, el Gobierno identificó la falta de digitalización de los registros como un problema clave. Como parte del proceso de auditoría, se está implementando la digitalización de documentos y la revalidación de cada caso mediante evaluaciones médicas presenciales y controles documentales. “La normativa está nutrida de los baremos confeccionados por expertos en medicina legal-laboral”, indicaron fuentes oficiales sobre los criterios de evaluación.

El proceso de auditoría se desarrollará de manera progresiva durante todo el 2025 y contará con cuatro etapas principales: verificación documental, evaluación médica en territorio, análisis de datos por parte de ANDIS y resolución de cada caso. Se espera que en marzo el Gobierno presente un informe con los resultados nacionales, lo que permitirá determinar cuántas pensiones se mantendrán y cuántas serán suspendidas por incumplimiento de los requisitos.

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