POLITICA
Inversiones con sello del Ejecutivo: Figueroa busca blindar su plan de empleo y beneficios para empresas

Mientras la Legislatura neuquina se prepara para tratar dos proyectos clave del gobernador Rolando Figueroa, crece el debate sobre el verdadero alcance y control político detrás de las iniciativas Invierta Neuquén y Emplea Neuquén, ambas impulsadas desde el Ejecutivo y que ya obtuvieron despacho unánime en comisión.
El tratamiento está previsto para el próximo miércoles 23 de abril, aunque la confirmación final dependerá de lo que resuelva Labor Parlamentaria el martes anterior. Según adelantó un diputado del bloque oficialista Comunidad, los votos ya estarían garantizados y existe “conformidad” dentro del espacio político que encabeza el gobernador.
¿Herramientas para el desarrollo o discrecionalidad a medida?
Invierta Neuquén, presentado como una especie de RIGI provincial, plantea un régimen de beneficios fiscales y facilidades para atraer inversiones. Los sectores alcanzados van desde la industria turística y energética, hasta la minería, la salud y la infraestructura. Pero será el propio Poder Ejecutivo quien definirá los criterios para otorgar estos beneficios, lo cual abre interrogantes sobre la transparencia y el control ciudadano del proceso.
El proyecto contempla exenciones impositivas, subsidios, acceso a inmuebles del Estado y prioridad en licitaciones. Todo, bajo la condición de contratar un 70% de mano de obra local, un punto que, si bien suena positivo, podría volverse difícil de auditar con rigurosidad.
Por su parte, Emplea Neuquén propone articular la formación laboral con las necesidades del mercado, mediante capacitaciones y entrenamientos. Pero al tratarse de una política centralizada desde el Ejecutivo, surgen dudas sobre cómo se garantizará que los beneficios no queden concentrados en determinados sectores aliados o que no se utilicen con fines electorales.
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POLITICA
El ausentismo de extranjeros fue récord y tiró para abajo la participación en general en la elección porteña

El alto ausentismo, que quedó al borde de alcanzar a la mitad del padrón electoral, fue una de las conclusiones más contundentes que arrojó el resultado de los comicios legislativos realizados este domingo en la Ciudad, donde se impuso el candidato libertario Manuel Adorni. La caída de la participación en la elección porteña fue récord y replicó un fenómeno de apatía social que ya había sido patente en los comicios del fin de semana previo en las provincias de Chaco, Salta, Jujuy y San Luis.
En el territorio porteño, según los datos difundidos por el Tribunal Electoral de la Ciudad, la participación alcanzó el 53,35% de un total de 3.040.316 electores habilitados. Es decir que de cada 100 personas habilitadas para sufragar, casi 47 decidieron no concurrir a las urnas. Se trata del mayor ausentismo registrado en el distrito desde el retorno de la democracia.
En buena medida esa caída de la participación se debió a la muy baja concurrencia de los electores extranjeros. En ese caso solo el 14,26% del padrón de extranjeros residentes habilitados (unos 524.040 electores) emitió su voto en los comicios del último domingo. A su vez, la participación de los electores argentinos (2.516.276 personas) redondeó el 61,69%, de acuerdo con los datos del organismo electoral de la Ciudad. El reducido porcentaje de electores extranjeros afectó principalmente la participación en aquellas comunas donde vive la mayor cantidad de residentes no nativos.
Participación electoral
La mas baja en los últimos 20 años con 53,35%
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Uno de los casos fue la Comuna 1 (que agrupa a los barrios de Retiro, San Nicolás, San Telmo, Constitución, Monserrat y Puerto Madero), con una participación del 41%. Allí se impuso la lista de La Libertad Avanza que postuló a Adorni. Otras comunas con baja concurrencia de electores fueron la 8 (los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) con el 45,6% de participación; la 3 (barrios de Balvanera y San Cristóbal) con 46,43%; y la 4 (barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya) con el 48,08% de participación. En las tres comunas triunfó la candidatura de Leandro Santoro, que encabezó la oferta peronista en el distrito.
De acuerdo con los datos del tribunal electoral porteño, solo 8 comunas superaron el 53,35% que registró la participación promedio en la Ciudad. Fueron los casos de las comunas 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) que alcanzó el 62,17% de participación (el más alto de todo el distrito); la 11 (Villa Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Santa Rita) con el 62%; la 6 (Caballito) con el 61,38% de concurrencia; la 10 (Villa Real, Monte Castro, Floresta, Versalles, Villa Luro y Velez Sarsfield) con el 59,14%; la 13 (Nuñez, Belgrano, Colegiales) con el 57,14%; la 15 (Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas), con el 56,72%; la 5 (Almagro y Boedo) con el 56,09%; y la comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) con el 55,01% de participación. El resto estuvo por debajo del promedio de toda la Ciudad..
POLITICA
Boca de urna: qué dicen y a partir de qué hora empiezan a circular

Este año electoral, en el que se celebran comicios legislativos nacionales y provinciales en distintos distritos del país, vuelven a circular sondeos durante la jornada de votación. Aunque muchas veces se difunden por redes sociales o medios informales, los boca de urna están prohibidos por ley hasta después del cierre de los comicios. Qué dicen las autoridades y qué riesgos implica su publicación anticipada.
Los boca de urna son encuestas electorales que se hacen durante el día de la votación, una vez que los ciudadanos ya emitieron su voto. Estas encuestas son realizadas por consultoras especializadas, medios de comunicación o espacios políticos, y su objetivo es ofrecer una estimación preliminar de los resultados antes de que se conozcan los datos oficiales. A diferencia de las encuestas previas a las elecciones, los boca de urna se basan en las declaraciones de quienes ya votaron. Se hacen a la salida de los centros de votación al preguntar por qué candidato o fuerza política optaron.
La difusión de los boca de urna en Argentina está prohibida por ley. Según el artículo 71, inciso H, del Código Electoral Nacional, está prohibido “publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección” durante toda la jornada electoral y hasta tres horas después de finalizada la votación.
Esto significa que los boca de urna no pueden publicarse antes de las 21:00 horas del día de los comicios. El objetivo de esta restricción es evitar que estas proyecciones influyan en la voluntad de los votantes o generen confusión antes de que estén disponibles los resultados oficiales.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) sostiene que la veda electoral cumple un rol fundamental en la transparencia del proceso. Publicar un boca de urna antes de tiempo puede generar un clima de presión, manipulación de la opinión pública o expectativas infundadas.
Además, muchos de estos estudios no reflejan con precisión el resultado real. La CNE ha advertido que incluso algunas encuestas pueden estar diseñadas para incidir en la percepción de los votantes, lo cual vulnera el principio de equidad del proceso democrático.
La difusión de boca de urna antes de lo permitido puede acarrear sanciones. Las autoridades pueden iniciar acciones legales contra los medios, consultoras o individuos que las compartan.
Durante 2025, varias provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tendrán elecciones legislativas y municipales, mientras que a nivel nacional se renovarán bancas del Congreso.
En muchos distritos, las elecciones se llevarán a cabo en distintas fechas, con votaciones programadas desde mayo. El calendario electoral contempla PASO, elecciones generales y eventualmente balotajes, en caso de ser necesarios.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los votantes utilizarán la Boleta Única Electrónica (BUE). Este sistema permite seleccionar la opción deseada en una pantalla táctil, imprimir la boleta y verificar la elección antes de depositarla.
La Boleta Única Electrónica busca simplificar el proceso y acelerar el escrutinio. Es clave que los votantes se familiaricen con su funcionamiento, especialmente quienes sufragan por primera vez.
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Senado: reaparece la disputa por el presupuesto universitario

La discusión para reforzar y blindar el presupuesto universitario dejó, en 2024, una ley sancionada por la oposición que luego fue vetada por Javier Milei, y que ni siquiera pudo ser salvada con la insistencia legislativa gracias a un puñado de diputados radicales con témpera libertaria, entre otros. Tras meses de siesta, la comisión de Educación del Senado se constituirá mañana, con la casi segura reelección del kirchnerista Eduardo de Pedro (Frente de Todos-Buenos Aires) en la presidencia, y buscará empujar de nuevo y en forma exprés el tema.
El debate en cuestión se asomará en una semana post elecciones porteñas que, por ahora, cuenta con algunas reuniones de comisiones para constituirse o avanzar con una agenda que no reviste mayores discordias. En paralelo, la lupa estará depositada en Diputados y en si se fuerza un emplazamiento para analizar lo mismo allí, donde no se pudo insistir post veto de Milei.
Durante el año pasado, como el kirchnerismo estaba disconforme con la repartija de integrantes en las comisiones, evitó conformar varias durante meses. Por caso, la de Educación comenzó a trabajar recién a fines de agosto último, con la titularidad de De Pedro. Como Diputados había acelerado el blindaje presupuestario para universidades, el principal bloque opositor aprovechó la ocasión y apuró un dictamen que llegó en septiembre al recinto del Senado y fue sancionado por dos tercios de los integrantes de la Cámara alta.
Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención. Dicho texto fue avalado por tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor y el domingo fue electa legisladora porteña, junto al ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta-; el entonces jefe de la bancada y amigote de Milei, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila -hoy titular de la jugosa comisión bicameral que controla la Biblioteca del Congreso-, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Martín Goerling (Misiones) y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos), hoy presidente del bloque macrista, que ayer tuvo una catastrófica elección local en la Ciudad de Buenos Aires.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley vetada por el Ejecutivo establecía una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, y estimaba para “el ejercicio vigente -2024- un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Por otra parte, el texto imponía actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especificaba que, si una paritaria mejoraba la normativa a sancionarse, la misma prevalecería sobre cualquier otra cosa.
Lo que se dijo en el recinto
“¿Qué hicieron cuando eran gobierno y no se les subió un peso a todas las instituciones?”, preguntó el libertario Bruno Olivera, que habló de revisiones que detectaron fondos que “no se canalizaron de manera eficiente”. El sanjuanino enfatizó que, al iniciarse la gestión Milei, se giraron de inmediato $14.000 millones que “se debían” -con 60 días de retraso- del último gobierno kirchnerista. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta bien clara de equilibrio fiscal y no se negocia”, concluyó.
En tanto, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) señaló: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.
Seguido a ello, aseveró que “del otro, un Presidente que ya decidió que vetará la ley”. Y precisó: “¿Se entiende la magnitud de semejante contraste? Una sociedad que pide recursos para la educación; un gobierno que se los niega. Por eso, el papel del Congreso es fundamental. Por eso no da lo mismo cómo nos posicionamos ante este tema. Más que nunca, tenemos representar fielmente a quienes, con su voto, nos dieron la responsabilidad de ocupar estas bancas”.
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