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POLITICA

Investigador del CONICET advierte que “el gobierno está destruyendo la capacidad científica del país”

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Jorge Geffner explicó que la crisis no solo afecta a la ciencia, sino también a la salud pública y a las universidades nacionales, sectores que están siendo golpeados por «un ajuste infernal». Señaló que este ajuste está provocando un «éxodo de gente joven» que busca oportunidades en el exterior, ante la imposibilidad de seguir con sus carreras en el país. «Los científicos, médicos e investigadores jóvenes están yéndose», lamentó.

En cuanto al CONICET, Geffner detalló que la institución ha cerrado el ingreso a nuevos investigadores, y que el financiamiento estatal ha sido drásticamente reducido. «El 80 o 90 por ciento de los programas están paralizados. La agencia de promoción científica ha cortado casi todo», afirmó.

Además, criticó la falta de diálogo con las autoridades del sector: «Le hemos pedido entrevistas al licenciado Genoa, que dirige el sector científico, pero no hemos recibido ninguna respuesta. No nos dan ni bolilla», expresó con frustración.

El investigador también se refirió a los salarios de los científicos, que consideró extremadamente bajos, y los comparó con los de otros países de la región: «En Argentina, los salarios de los científicos son la tercera parte de lo que se paga en Brasil o Chile», y advirtió que, mientras esos países implementan programas de repatriación de científicos, Argentina expulsa a los suyos.

Geffner fue contundente al señalar que las políticas actuales están llevando a un deterioro profundo en el ámbito científico y educativo: «Si no revertimos esta situación, las pérdidas van a ser enormes en los próximos años», advirtió. Además, criticó las declaraciones del presidente sobre que Argentina podría alcanzar niveles de desarrollo similares a los de países como Francia o Alemania: «Eso no es cierto. Esos países invierten entre el 2,5 y el 4 por ciento de su producto bruto en ciencia y tecnología. Nosotros estamos yendo para atrás», afirmó.

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Finalmente, cuestionó la propuesta de presupuesto para 2025, que busca suspender asignaciones clave para educación y ciencia, dejando los recursos a discreción del gobierno según lo recaudado. «Están destruyendo nuestra capacidad científica y formativa. Vamos claramente para atrás», concluyó Geffner. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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