La localidad de Suncho Corral, en la provincia de Santiago del Estero, se encuentra conmocionada tras un escándalo que involucra al concejal y dirigente sindical Ricardo Lovaglio. Según denunció el propio funcionario, fue víctima de un violento desalojo por parte de los propietarios de la vivienda que alquilaba, quienes, aprovechando su ausencia, ingresaron por la fuerza y le sustrajeron una importante suma de dinero: 6 mil dólares y 300 mil pesos.

El hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre, mientras Lovaglio regresaba de Buenos Aires, adonde había viajado debido a una cirugía de su esposa, Antonella López. Según consta en la denuncia, irrumpieron en el domicilio, rompiendo cerraduras y sustrayendo el dinero en efectivo que Lovaglio guardaba en una mesa de luz y en un ropero. Además, habrían desconectado las cámaras de seguridad y reseteado el disco rígido para eliminar cualquier evidencia del hecho.

Sin embargo, más allá del robo, lo que ha despertado mayor controversia en la comunidad no es el crimen en sí, sino el origen del dinero sustraído. ¿Cómo un concejal y dirigente sindical tenía en su poder semejante suma en efectivo? Esta pregunta ha puesto nuevamente bajo la lupa a Lovaglio y a su esposa, quienes ya habían sido denunciados anteriormente por presuntas irregularidades vinculadas a la administración de planes sociales.

Denuncias previas: abuso de poder y extorsión

No es la primera vez que Ricardo Lovaglio y Antonella López se ven envueltos en denuncias por prácticas irregulares. Según testimonios de beneficiarios de planes sociales, la pareja habría obligado a mujeres en situación de vulnerabilidad a realizar trabajos personales a cambio de no perder el beneficio estatal. Según denunció Carla González, una de las damnificadas, López la forzaba a lavar su auto, barrer su casa e incluso limpiar la vivienda de su padre, bajo amenaza de quitarle el plan social que recibía.

Además, en plena campaña presidencial, Lovaglio y López habrían obligado a los beneficiarios de planes sociales a participar en actos políticos en apoyo al entonces candidato Sergio Massa. Tras la derrota electoral, la actitud de la pareja habría cambiado, responsabilizando a los propios beneficiarios por el resultado de los comicios y recrudeciendo las presiones sobre ellos.

Un dirigente con antecedentes de violencia

El historial de Lovaglio no solo está marcado por estas denuncias, sino también por episodios de violencia. En 2021, durante una movilización en Buenos Aires contra el vacunatorio VIP, el concejal fue identificado como uno de los agresores de manifestantes que protestaban frente a la Quinta de Olivos. Testigos aseguraron que participó activamente en los enfrentamientos, llegando incluso a golpear a jubilados que se encontraban en el lugar.

Pese a la gravedad de las acusaciones en su contra, hasta el momento no ha habido consecuencias judiciales significativas para Lovaglio y su esposa, lo que genera sospechas sobre su presunta protección política. Se los vincula con el hijo de la exvicepresidenta, Máximo Kirchner, y con el expresidente Alberto Fernández, lo que podría explicar la impunidad con la que se manejan.

El dinero bajo la lupa

El robo denunciado por Lovaglio no solo dejó al descubierto su conflicto con los propietarios de la vivienda, sino que reavivó las sospechas sobre su patrimonio. En una localidad pequeña como Suncho Corral, donde los ingresos de los funcionarios son de conocimiento público, la posesión de semejante cantidad de dinero en efectivo resulta, como mínimo, llamativa. ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Por qué lo tenía en su casa y no en una cuenta bancaria?

Mientras la investigación avanza, la comunidad sigue esperando respuestas. En un contexto de crisis económica y ajuste en el gasto público, el caso de Lovaglio pone en evidencia las irregularidades que persisten en la administración de recursos del estado y el uso político de los planes sociales. Suncho Corral observa con atención, mientras las sombras sobre su concejal no dejan de crecer. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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