POLITICA
Israel, el aliado secreto de la Argentina en la guerra de Malvinas

Israel fue uno de los principales proveedores de equipamientos bélicos de la Argentina durante la guerra de las Malvinas debido a los bloqueos de armas que le impusieron los Estados Unidos, Gran Bretaña, el Commonwealth y la Comunidad Económica Europea (CEE) al gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri tras la recuperación de las islas el 2 de abril de 1982.
Junto con Perú, Venezuela, Ecuador, Libia y, en menor medida, Brasil, el Estado judío se transformó en una de las pocas ayudas que tuvo el país para reabastecerse y, así, poder enfrentar al Reino Unido, en un conflicto para el que no estaba preparado.
Así, llegaron armamentos desde Jerusalén por un total de 87,43 millones de dólares, equivalentes a 287,60 millones de la actualidad, sin tener en cuenta los 86 millones (282 millones) de los McDonnell Douglas A-4E Skyhawk que nunca arribaron a Buenos Aires, tal como lo detalla el libro “Operación Israel: El rearme argentino durante la dictadura (1976-1983)” que este autor acaba de reeditar.
La relación entre los militares e Israel se había aceitado desde 1978, cuando el Estado judío se convirtió en la salvación del sector castrense, a pesar de su antisemitismo, cuando lo abasteció en tiempos en los que se estaba desatando una posible guerra con Chile por la posesión de las islas Picton, Lenox y Nueva en el canal de Beagle.
Esto le permitió al gobierno de Galtieri poder recurrir nuevamente a Jerusalén como fuente de aprovisionamiento y que la administración de Menajem Beguin se mostrara dispuesta a prestarle ayuda apenas se lo plantearon, una actitud que sorprendió a la mayoría de los militares.
“Beguin odiaba a los ingleses más que a cualquier otra cosa, porque habían ahorcado a su íntimo amigo, Dov Gruner, en la cárcel de Akko. Todos se habían olvidado, pero él no. La decisión superaba incluso a [N del A: el ministro de Relaciones Exteriores; Itzhak] Shamir, y la tenía que tomar el gabinete en pleno. Entonces, Hitron y [N del A: Aaron] Dovrat (el capo de Clal) [N del A: uno de los principales conglomerados israelíes, controlante de Isrex] se pasaron ahí como tres horas esperando tener una entrevista con él – recuerda uno de los vendedores de Isrex Argentina, la representante en Buenos Aires de las empresas de armamentos israelíes, Israel Lotersztain -. Finalmente, Shamir los hizo entrar. Estos dos le empezaron a explicar que las Malvinas son argentinas y que los ingleses y qué sé yo. Beguin los interrumpió y les dijo: ‘A mí me vienen a hablar mal de los ingleses ustedes. ¿Esto se va a usar para matar ingleses? Kadima (adelante). Dov desde arriba va a estar satisfecho de esta decisión que tomé. Eso sí, por supuesto, me lo hacen todo bien’. Era específicamente por su amigo. Le saldó la cuenta”.
Lo primero que hizo Jerusalén fue cumplir con todos los contratos firmados antes del inicio del conflicto, cosa que sus proveedores europeos, canadienses y estadounidenses se negaron a realizar. Así, llegaron al país 10.000 gabanes (dubones), que habían sido adquiridos en 1980 y que tenían entregas pautadas para años posteriores, repuestos para la Fuerza Aérea, cifradores, minas y tres turbinas para los cazabombarderos Dagger. Todo esto se embarcó en vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas entre el 6 y el 12 de abril.
Para el resto de las operaciones, tuvieron que cambiar el método ya que a Israel le era imposible justificar ante los ingleses nuevos envíos que carecían de documentación respaldatoria rubricada antes de la fecha del inicio de la guerra, como en los casos anteriores. Su propio servicio secreto, el Mossad, les solicitó que utilizaran otra forma que pasara desapercibida, tal como lo había pedido Beguin.
La solución fue triangular las armas a través del Perú. El gobierno de Fernando Belaunde Therry, en seguida, se mostró dispuesto a colaborar en todo lo que necesitaran los militares para adquirir armamentos. “Había órdenes del señor presidente de colaborar en todo lo que fuera posible”, afirma el teniente general José Zlatar Stambuk, por ese entonces comandante de Material de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
A tal punto llegó la ayuda que su Aeronáutica firmó órdenes de compra en blanco y certificados de destino final en su país que fueron enviados a la Argentina para que pudieran concretarse las triangulaciones. “El Perú se prestó a cualquier tipo de triangulación y firmó órdenes en blanco. Cada una era diferente y las firmaba el ministro de cada Arma”, detalla el ex secretario de la Presidencia del Perú en ese entonces y sobrino del primer mandatario, Víctor García Belaunde.
Las negociaciones las realizaron el agregado militar argentino, comodoro Andrés Dubós y el brigadier general Basilio Lami Dozo. “Luego, [N del A: el vendedor de Isrex Argentina] Luis Guterson viajó a Lima para recoger los papeles. Yo llenaba las órdenes de compra en blanco que nos habían dado firmadas y selladas por la Fuerza Aérea peruana y certificados de destino final, junto con el informe del agregado militar israelí en Perú. Hay que tener bolas para firmar órdenes de compra en blanco, tenés que ser macho”, destaca Lotersztain.
Así, las Fuerzas Armadas pudieron comprar lo que precisaban en nombre del Perú, hacer los envíos directos al Aeropuerto del Callao y, desde allí, transportarlos al país. Las FAP, en tanto, pusieron a disposición sus dos aviones DC-8 para trasladar los equipamientos desde Tel Aviv a Lima.
Los cinco vuelos fueron realizados entre el 10 y el 30 de mayo por los pilotos Jaime Manrique Alcazar, Caceda Benvenuto, Octavio Arbulu Rivadeneira, Luis Arroyo Jaime, Carlos García Fernández y José Antonio Díaz Valverde en los que llevaron veinte misiles Shafrir, entre otros materiales, camuflados como si formaran parte de contratos previos al conflicto. Para eso, hicieron escalas en Milán (Italia), Guyana Francesa e Islas Canarias.
Una vez que los cargamentos llegaban al aeropuerto de Lima, los esperaban los Boeing 707 de Aerolíneas Argentina y se traspasaban los equipos. Desde allí, viajaban directo hacia El Palomar donde hacían escala rumbo a las distintas bases en el sur del país, donde estaban desplegadas las fuerzas.
Luego, como se necesitaban traer cargas mayores, se decidió alquilar otros aviones más grandes, a la firma Carglolux. En estos vuelos, se transportaron uno de los equipamientos más controvertidos que Israel le suministró a la Argentina: los tanques suplementarios de combustible de 1.700 litros. Sin ellos, hubiera caído sustancialmente la capacidad de ataque a la flota británica.
La Fuerza Aérea contaba con 40 de ellos, pero de 1.300 litros cada uno, que en muchos casos debieron ser eyectados para que las aeronaves pudieran volver a salvo al continente tras realizar los bombardeos. Entonces, recurrieron a Isrex Argentina para que les consiguieran más con urgencia ya que si no tenían que dejar de volar. Para su sorpresa, los israelíes les ofrecieron unos más grandes, con lo que ganaban más tiempo en el aire.
El problema fue que Jerusalén demoraba la autorización por las presiones que recibía de los británicos. Ésta era una decisión meramente política que implicaba tomar partido por Buenos Aires porque obligaba a los ingleses a mover su flota más lejos para evitar los ataques. Finalmente, se enviaron cuarenta más, pero de 1.700 litros entre el 23 y el 26 de mayo.
El negocio se planteó como una venta a Perú, ya que contaban con Mirage y podía justificar la necesidad de adquirirlos en ese momento. Igualmente, esto provocó malestar en Londres, cuando fotografiaron cómo los traspasaban de un avión a otro en Lima.
“Apareció una fotografía en el diario en el que se veía cómo se transfería la carga de un avión con bandera de Luxemburgo a otro que decía arriba Aerolíneas Argentinas, a un carguero que había volado al Callao. El problema fue que eso hacía quedar para la miércoles a Israel, porque para ellos era un compromiso. Era una grosería total que alguien se diera cuenta”, destaca el comodoro (R) Juan Carlos Luscher, agregado aeronáutico en Tel Aviv, en ese entonces.
Israelíes en las Malvinas
La seguridad de las comunicaciones fue el punto más frágil dentro del Ejército, ya que disponía de codificadores Datotek DV-505 que están pinchados por la Central Intelligence Agency (CIA) de los Estados Unidos y el Bundesnachrichtendienst (Servicio Federal de Inteligencia de República Federal de Alemania), quienes eran los dueños de la empresa Crypto AG, que los fabricaba y le pasaba a los británicos todo lo que se transmitía entre Puerto Argentino y el continente.
Al notar esto, salieron a buscar sustitutos. Los únicos que le brindaron una alternativa fueron los de Isrex Argentina, pero se negaron vendérselos. Sólo aceptaron dejarles a préstamo tres Sec-23 de la firma Tadiran, los mismos que utilizaba en ese momento las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés). Los envíos se realizaron el país el 9 de abril al país junto a un equipo de radio de 400 W de la línea de GRC-142 y una tanda de dubones en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.
Como los técnicos argentinos desconocían su funcionamiento, los cifradores fueron instalados y calibrados por dos ingenieros de la empresa, Yehoram Guilor e Ika Orgad, en el Estado Mayor General del Ejército, en Buenos Aires, y en el Comando de la Brigada de Infantería IX, en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia.
El problema era que el tercero debía colocarse en Puerto Argentino. Para eso, le pidieron a Isrex Argentina si también podían hacerlo en las islas. “Cuando me preguntaron qué opinaba sobre que la gente de Tadiran viniera a instalarlo, les dije que sí, ya que era una forma de que se involucraran. Vinieron ellos mismos y lo instalaron en el Centro de Comunicaciones Fijo en Malvinas”, afirma el coronel (R) Abelardo Acevedo.
Los dos ingenieros llegaron con identidad falsa junto a los equipos en un vuelo desde Comodoro Rivadavia para evitar problemas diplomáticos. “Los dos oficiales, uno de ellos flaco y alto, viajaron en un Hércules a Malvinas para instalar un equipo con encriptamiento de comunicación de alta confidencialidad. Fueron a ponerlo en servicio porque nadie sabía instalarlo. Fueron de incógnito, acreditados como periodistas”, recuerda el coronel (R) Carlos Stricker.
El problema fue que la guerra avanzaba y los técnicos no regresaban a Buenos Aires. Finalmente, Orgad volvió promediando el conflicto, pero Guilor siguió allí por decisión propia. “Yehoram Guilor era un loco de mierda. Estaba bien que peleara una guerra que fuera suya, pero ésta no lo era. Yo estaba desesperado para que volviera y lo hizo diez días antes de que la pista de Puerto Argentino dejara de operar. Si se hubiera quedado ahí, los ingleses lo hubieran agarrado. Era mi desesperación. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si agarraban como prisionero de guerra a un israelí”, destaca Lotersztain.
El día de la rendición, el 14 de junio, los oficiales argentinos recibieron la orden de destruir todos los equipos para que no cayeran en manos inglesas. Sin embargo, no lograron hacerlo con el Sec-23, por lo que los británicos se lo llevaron a la firma Racal en Londres para que estudiara su tecnología e intentara descubrir la clave del cifrado.
Más aviones para la guerra
Los combates con los británicos fueron devastadores ya que la Argentina sufrió la destrucción de 35 aviones, por lo que vio reducido su poder de fuego y de defensa. Por eso, sobre el final de la guerra la Fuerza Aérea salió a buscar otros que le permitiera tener poder de fuego por si Chile aprovechaba su debilidad para intentar quedarse con las islas del canal de Beagle, pues aún no estaba resuelto el diferendo entre ambos países.
Luego de analizar las alternativas, concluyeron que el único proveedor posible era Jerusalén y salieron a comprar unos Mirage IIIC que había descartado en 1980 porque eran obsoletos y estaban en mal estado. La orden la dio directamente el brigadier general Lami Dozo.
La primera reacción de Isrex Argentina fue advertirles de que se trataba de una adquisición desacertada ya que eran aparatos viejos que no les iban a servir de mucho. Pero la necesidad superó cualquier análisis racional y la negociación siguió adelante.
Así, las Israel Aerospace Industries (IAI) accedieron a enviarles 23 aviones Mirage IIIB/C (20 monoplaza y 3 biplaza) valuados en 78 millones dólares, menos que lo que le habían cotizado dos años antes.
La operación fue hecha en nombre del Perú, utilizando las órdenes de compra en blanco y certificados de destino final que les habían firmado las FAP. Para Jerusalén, esto tenía su lógica ya que Lima contaba con otros similares en su flota y podía aducir que quería ampliar la cantidad, en ese momento.
El pago se hizo por anticipado ya que ningún banco quería abrirles una carta de crédito y no podía utilizarse una entidad argentina porque los aviones eran supuestamente para las FAP. Por eso, el dinero se depositó en una cuenta en el Credit Suisse que tenía Isrex en Suiza en lugar de seguir los métodos tradicionales.
Los MIIIC llegaron en barco a Buenos Aires entre diciembre de 1982 y febrero de 1983, cuando ya había terminado la guerra, pintados con las insignias y la numeración de la Fuerza Aérea del Perú en tres viajes diferentes. El traslado entre la base en las que se encontraban en Israel hasta el puerto de Ashdod se realizó en secreto en medio de la noche, para evitar fueran captados por los radares.
El negociado de la Armada
Las operaciones que se llevaron a cabo entre Israel y la Argentina no siempre fueron exitosas, algunas por presiones de los Estados Unidos y otras porque estuvieron a cargo de estafadores que se aprovecharon de la premura que tenía el país para conseguir armamentos.
El caso más destacado fue el de los aviones A-4E Skyhawk que la Armada intentó adquirir para reponer los que había perdido durante los combates. Esto ya había intentado hacerlo desde comienzos de la década del ‘70, pero siempre se enfrentaba con el veto de Washington.
Pese a esto, envió a Jerusalén entre finales de mayo y los primeros días de junio al capitán de navío Horacio Pedro Estrada con un cheque de 86 millones de dólares en la mano para comprarlos, a sabiendas de que carecían de la autorización de los EE.UU. y de que Isrex Argentina les había advertido que la transacción era imposible de realizarse.
Allí, entró en contacto con Norman Skolnik, amigo personal del ministro de Defensa, Ariel Sharon, quien le aseguró que lograría que le firmasen la venta. Tras presionar a algunos funcionarios, obtuvo el documento, que dejaba en claro que la Argentina debía encargarse de conseguir el permiso de Washington, en medio de la guerra.
Con esto en mano, seleccionó 16 A-4E Skyhawk, un lote de repuestos y otro de armamentos, firmó el contrato en nombre de la empresa Sygma Sales International (Panamá) Inc, como pantalla de la Armada, y pagó la suma acordada, incluidas comisiones del 15%.
Finalmente, la transacción fue vetada por los Estados Unidos y los aviones quedaron estacionados en Israel. Así, comenzaría un calvario para la Argentina para recuperar el dinero de la estafa que habían tramado Estrada y Skolnik. Esto se prolongó hasta 1988 cuando el gobierno de Raúl Alfonsín logró que le reconocieran un crédito a su favor de 50 millones de dólares que se utilizó para montar un sistema de reabastecimiento en vuelo en dos aviones Electra, para traer repuestos de los A-4E y para realizar la turbinización de los Grumman S-2 Tracker.
“Todo lo que sucedió después de Malvinas, durante el proceso militar, se hizo de una manera tan desprolija: uno le dio una valijita a una persona para que se fuera con dólares a comprar cosas, de shopping. Fue una operación lamentable, desde el punto de vista de la realización. ¿Cómo se van a entregar cerca de U$S 80 millones en el aire?”, concluye el por entonces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena.
POLITICA
Examen de residencias: explican el sistema del nuevo ranking y apuntan a una universidad ecuatoriana

Este sábado desde el Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, brindaron más detalles del sistema que usarán para el nuevo ranking (orden de mérito) para las residencias médicas luego de que se definiera tomar a principios de agosto otro examen a aquellos aspirantes que hayan obtenido 86 puntos o más en el marco de las denuncias por un fraude masivo en la Villa Olímpica el 1 de julio. Así lo explicó el titular de la Secretaría de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, quien además apuntó contra una universidad ecuatoriana.
“Aquellos que tengan congruencia entre el promedio de su carrera y el examen que dieron, van a tener que dar un oral. En el caso de alguien que está preparado (que no cometió fraude) va a ser un oral sencillo, no tiene por qué haber diferencia. Está previsto que la nota que recibieron el 1 de julio, aquellos que no tengan mas del 10% de diferencia con esa nota, la mantengan; es decir, van a entrar en el orden de mérito con ese mismo número”, indicó Vilches en diálogo con radio Mitre.
Sus aclaraciones llegan luego de que el viernes por la noche el Ministerio de Salud emitiera un comunicado para confirmar la nueva convocatoria en el corte que se había anunciado esta semana: los 86 puntos. El nuevo Examen Único será entre el 4 y 7 de agosto, y el proceso contará con expertos para analizar la coherencia de los 268 profesionales que deberán asistir.
En ese contexto, el funcionario continuó: “Esto no quiere decir que los 268 sean sospechosos. Hay muchos de ellos que seguro rindieron muy bien su examen. Si no, parece que todos están en sospecha y no es así. Lamentablemente hay que hacer un corte porque no puedo convocar a 15.000 residentes y ver cada caso en particular. Cuando ocurren estos problemas y hay sospechas de fraude, es verdad que pagan justos por pecadores, no lo voy a negar”.
Además, aseguró que esta cuestión “no se puede resolver de otra manera” y que quienes hayan estudiado “no van a tener ningún problema” en el examen. En contraste, indicó que “quien hizo las cosas mal no va a tener chances de hacer una especialidad en la Argentina”.
Fue tras ello que se refirió a las sospechas que apuntan contra alumnos ecuatorianos. Tal como expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en jueves, hay nueve alumnos de la Universidad Técnica de Manabí (ubicada en el oeste de Ecuador) que quedaron entre los 20 mejores en el Examen Único.
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POLITICA
El Gobierno le pone fin a las internas y asoma una nueva incertidumbre por las elecciones

“Entraríamos en un sendero desconocido”. Así de tajante respondía meses atrás un altísimo funcionario de la Casa Rosada ante la posibilidad de que el sector vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo mantuviera un enfrentamiento público con el que se referencia en Karina Milei.
Javier Milei comenzó a hablar de la existencia de un triángulo de hierro una vez que Nicolás Posse, jefe de Gabinete hasta mayo de 2024, fue echado de su cargo. Caputo heredó las áreas estratégicas y fue definido como el principal delegado del Presidente para la administración del Gobierno. Karina, en tanto, fue la encomendada a extender a La Libertad Avanza en todas las provincias del país de cara a las elecciones de medio término.
Así de simple fue que se generó el triángulo, una forma estilística de describir el círculo de extremísima confianza de Milei. Todos los funcionarios -salvo ellos- estaban a salvo en el proyecto libertario, o al menos así lo describió en ese entonces. El modelo funcionó bien para el Gobierno. La última ministra de irse de la gestión fue Diana Mondino, en octubre del año pasado.
Fue el acercamiento al clima electoral lo que catapultó los primeros dilemas. El entorno caputista se planteó a sí mismo un interrogante: “Si el armado y las alianzas para las elecciones no son óptimas, nos perjudican el panorama para impulsar la reforma laboral e impositiva en el Congreso en 2026 y, por consiguiente, la perspectiva de que el programa de gobierno marche adecuadamente”. A grandes rasgos, allí comenzaron las primeras diferencias.
Para los estrategas caputistas, la esfera partidaria no podía estar escindida de la gubernamental. “¿Quién te asegura que el día de mañana los tipos que te mandó en las listas no sean nuevos kikuchis?”, indica un referente de ese sector. En diciembre de 2023, pocos días después de asumir, los bloques libertarios de la Legislatura y el Senado bonaerense se terminaron partiendo: uno de los impulsores fue el exarmador echado por los Milei, Carlos Kikuchi.
Martín y Eduardo “Lule” Menem, así como el bonaerense Sebastián Pareja, cuentan con el apoyo total de Karina Milei. El jueves volvió a mostrarse con ellos en una reunión con los 24 armadores provinciales de LLA en todo el país, incluso con algunos que habían tenido serias acusaciones mediáticas, como el armador de Misiones, Adrián Núñez. “Hay que hacer unidad aunque duela”, afirma un funcionario que responde directamente a Milei. La regla se deduce por el tuit que Karina publicó el miércoles: “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera [a decir de los candidatos bonaerenses] no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.
Se trató de un mensaje al interior del Gobierno para advertir que quienes no se alineen con la política electoral corre peligro de permanencia en el Gobierno, aunque también de orden hacia afuera. Es el mismo mensaje de orden que quiso dar el Presidente después del cierre de listas al dar a conocer un nuevo esquema de poder y de confianza, el cual ya no sería un triángulo de hierro, sino una suerte de tetraedro:
- en el vértice superior, él mismo;
- y en los tres inferiores, Karina, Santiago; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Se trata de una novedad en doble sentido. Una, porque Milei se erigió a sí mismo por arriba de los dos integrantes anteriores del triángulo. Y la otra, por la inclusión de Francos, a quien consideró en los últimos discursos públicos como “el mejor jefe de Gabinete de la historia”.
Adentro del Gobierno no hay explicaciones certeras sobre el porqué del ascenso interno. Es decir, razones que lo ameriten más allá del extenuante trabajo de posicionarse como el principal funcionario dialoguista del Gobierno, siendo esta una administración con un Gabinete “talibanizado”. “Es el nexo fundamental entre los talibanes y la política”, lo reconoció Milei semanas atrás en un discurso.
Un libertario con despacho en Casa Rosada explica que, simplemente, el Presidente “se cansó de toda la interna de estas semanas”, aunque es posible identificar episodios de tensión hasta en noviembre del año pasado, cuando hubo episodios de tensión entre ambos bandos por sus agrupaciones universitarias.
“Javier es ante todo un gran estratega… y como gran estratega que es, deja jugar hasta que finalmente toma una decisión. Él no dice nada ni se mete, pero acciona cuando ya lo cree meritorio. Y creo que se cansó cuando comenzó a escalar en el cuestionamiento del liderazgo de su hermana en redes”, dice una fuente inobjetable que conoce lo que estuvo pasando en la Casa Rosada por los últimos días.
En el sector de los Menem son claros. “Nosotros no ponemos en duda quién tiene la lapicera en la gestión, pero ellos pusieron en duda el liderazgo de Sebastián y, por ende, de Karina”, afirman. En el armado provincial no quieren saber nada con una tábula rasa, con ese sector, pero sí con un aplacamiento del conflicto, al menos en términos públicos.
En el ala de Santiago Caputo guardaron las reservas correspondientes y el asesor siguió haciendo sus tareas de gestión como lo viene haciendo. Sus alfiles siguieron al pie de la letra la consigna que impuso “El Jefe” a partir del miércoles y afirman que nunca estuvo en duda su alineamiento con la hermana presidencial. Las cuentas anónimas de X son otro cantar. Algunos conocidos como @TraductorTeAma opinan contra Pareja, pero no responden a lo que puedan llegar a decirles los caputistas. “Son un monstruo aparte, es incontrolable”, explica un “cielista”. Este fenómeno de impulso propio que tienen estos usuarios digitales son -en parte- una explicación de la viralización que Milei consiguió en sus primeros años en la política.
En tanto, Milei y su nuevo triángulo aceleraron estos últimos días la campaña bonaerense con el enfoque en la seguridad a los fines de pasar de página a las noticias de la interna. “Es un asunto terminado”, afirma una fuente inobjetable.
“Javier no planea deshacerse de nadie”, afirma alguien que lo conoce muy bien. Además de la responsabilidad política sobre la rosca judicial, de los servicios de inteligencia, la Aduana, y en el Ministerio de Salud; Santiago Caputo es el funcionario de Milei que tiene el backchannel con la Casa Blanca. No es menor que Peter Lamelas, postulado por Donald Trump como embajador en Argentina, lo haya mencionado entre los funcionarios clave con los que debe relacionarse.
Hay una idea de Francos como integrante del nuevo esquema de poder para oficiar de garante de equilibrio interno. Esto es algo que ya se viene diciendo desde hace meses desde todos los sectores del Gobierno: que quitarlo de la Jefatura de Gabinete sería desbalancear el equilibrio del triángulo.
Francos hizo de su dialoguismo uno de sus principales activos para la dinámica dentro del Gobierno. En rigor, los despachos de la Jefatura es donde se acercan diariamente a los integrantes de ambos sectores. Esta semana no fue la excepción: Francos recibió en su despacho a Karina y a Santiago -por separado- para hablar sobre la gestión. Varios ven a Francos como una especie de árbitro para los próximos meses. Aun así, el tetraedro podría ser provisorio.
Hasta el día de hoy parece bastante claro quién está a cargo de qué áreas o sobre quién pesa la responsabilidad política de determinado funcionario. La volatilidad que puede generar la salida y entrada de integrantes producto de las elecciones genera esa duda en algunos integrantes del Gabinete.
Hay integrantes del denominado Salón Parravicini -donde se ubican los caputistas- que creen que los Menem están muy interesados en hacer pie en algunas secretarías o unidades del Ejecutivo. Del otro lado lo niegan rotundamente. “No nos sobra nada. Cada uno tiene su puesto y por ahora está todo bien”, afirman.
En más de un despacho de la Casa Rosada aseguran que, de cualquier forma, “se van a venir cambios” en la disposición del Gabinete. “No es ningún misterio que algún referente del PRO puede llegar a caer en la gestión. También va a haber funcionarios que se candidateen”, dicen en un despacho. Quién ocupe o deje de ocupar un área gubernamental cambia la ecuación del poder al interior del Ejecutivo.
Tres funcionarios del Gobierno ya dejan de usar el potencial y afirman que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, será la candidata a senadora nacional por la Ciudad. A pesar de que es la principal figura medida en las encuestas, en el entorno del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, desmienten que vaya a ser candidato por Tucumán, donde preside el partido libertario provincial. El funcionario es, ante todo, mano derecha de Francos, siendo prácticamente un insustituible. “Catalán y Francos se mueven a la par”, afirman en el Ejecutivo.
Aunque hubo una bajada de línea de no hacer candidaturas testimoniales, en el entorno del Presidente afirman que todavía no se comenzaron a discutir quienes pueden ser los que encabecen las listas a lo largo del país, pero que “si resulta beneficioso para el proyecto que una persona vaya de candidato, se va a tener que hacer”.
Es lo que sucedió en su momento con Manuel Adorni, que debió postularse como legislador porteño. El éxito del resultado electoral de mayo y la importancia que tiene para la secretaria general de la Presidencia hace que sea muy probable que pueda volver a la gestión un tiempo después de asumir en la Legislatura. ¿Será verdad que le prometieron un premio más grande que la Secretaría de Comunicación y Medios, que a partir de diciembre quedará en manos de Javier Lanari?
Son suposiciones que circulan mientras sigue sin comenzar la campaña. Lo cierto es que en el Gobierno ven que la lógica en la que funciona el poder al interior del Ejecutivo deberá readecuarse a los desafíos que tiene la Casa Rosada para la segunda parte de su mandato: “El día después de las elecciones generales va a comenzar una etapa distinta para la gestión… en todo sentido”.
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POLITICA
Exámenes de residentes: el Gobierno inició una auditoría, presentará una denuncia y apunta contra CABA

En la polémica de los médicos recién recibidos que supuestamente compraron exámenes para ingresar a las residencias, el Gobierno eligió, primero, tomar medidas paliativas para descubrir a los estudiantes infractores, pero finalmente decidió iniciar, también, una investigación interna para detectar responsabilidades en el Estado por la presunta filtración de las preguntas. También presentarán una denuncia penal, con el mismo objetivo. En paralelo, apuntaron contra la Ciudad de Buenos Aires por la toma del examen, pero en la sede de Uspallata se deslindaron de cualquier culpa.
Hasta ayer, como era de esperarse, el Gobierno no había hecho un mea culpa por la venta de los exámenes, ni había iniciado una búsqueda de responsables en las filas propias. En cambio, desde que se conocieron las denuncias por medio de información periodística, el martes, el ministro Mario Lugones ordenó anunciar que los estudiantes con las mejores notas tendrían que rendir nuevamente.
En un principio no se inició una investigación interna para detectar el origen de las irregularidades, y la oposición empezó a reaccionar. Por caso, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, le pidió al Ejecutivo que presente evidencias sobre estos incumplimientos.
Anoche, fuentes oficiales informaron a este medio que ayer se inició una auditoría para encontrar a los trasgresores, sean de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o del propio ministerio. También, que presentarán una denuncia pena la semana que viene, cuyos detalles se preparan pero todavía no se informaron.
El objetivo de la auditoría será detectar si hubo una filtración del examen, es decir, de las preguntas. “El sumario interno es para ver si la filtración salió desde acá”, dijeron fuentes oficiales. Eso mismo le pedirán que investigue a la Justicia. “La UBA nos envió la carta que recibieron los médicos que rindieron, donde hablaban de supuesta compra de preguntas. Necesitamos que la Justicia determine eso”, agregaron.
No investigarán el proceso de la toma del examen, a pesar de que también fue cuestionado. De hecho, en la Nación se deslindaron de cualquier culpa en ese terreno, y dijeron que esa instancia le correspondía a la Ciudad.
“Si no se hizo lo suficiente, o se miró para otro lado, no nos corresponde. No sabemos si la Ciudad tenía camaras, y no se sabe si se puede hacer algo, porque quizá se pueda ver que una persona fue cinco veces al baño, pero eso no constituye un delito”, dijeron. En la sede del gobierno porteño negaron rotundamente el señalamiento: “CABA sólo presta el Parque Roca, el resto le corresponde a la Nación”, sostuvieron.
Por ahora, mientras se inicia la investigación, tomaron medidas para detectar a los responsables entre los estudiantes de las supuestas compras de exámenes. El Gobierno ordenó que 268 médicos -es decir, todos aquellos que sacaron entre 86 y 100 puntos- se van a tener que presentar a dar un nuevo examen. Y el día que lo hagan, tendrán que justificar la nota promedio que obtuvieron al final de su carrera, que se comparará con la del examen de residencias.
Las medidas inmediatas de Lugones generaron una fuerte reacción de rechazo de los estudiantes que sacaron notas dentro de ese rango, al punto de que un grupo, indignado, se reunió para protestar en la puerta de la Facultad de Medicina, ayer por la mañana, contra la obligación de repetir el examen nuevamente. Eran principalmente aspirantes de la UBA que obtuvieron los mayores puntajes – varios, con diploma de honor- y expresaron su rechazo a rendir nuevamente. El Gobierno se vio obligado a salir a explicar.
Lo hizo a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que usó la segunda transmisión de su programa oficial “fake,7, 8″: adelantó cómo será la evaluación y aseguró que el objetivo es “hacer justicia” frente a posibles fraudes. Según dijo, para calmar las aguas en una relación complicada contra los médicos, el nuevo examen de residencias será oral y se respetará la nota original a quienes aprueben. Pero hasta anoche los profesionales seguían manifestando su indignación.
Por lo pronto, sin denuncias formales, ni de oficio, ante la Justicia, desde la oposición, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, le pidió al Ejecutivo que presente evidencias sobre estas irregularidades.
Por lo pronto, el Gobierno unificó posiciones en torno al caso. Después de meses de tensiones y días de cruces y silencios sugestivos, las partes del oficialismo se encolumnaron detrás de un enemigo en común designado: los estudiantes extranjeros.
Milei marcó el rumbo al replicar, con los habituales insultos, el video de un debate en la señal TN entre un médico argentino y uno ecuatoriano. “Estallido dentro de los pobres cerebros wokes domésticos. La situación de los exámenes que se sospechan adulterados son parte del parásito mental “equidad, diversidad e inclusión” y es divertido ver cómo les dinamita al nacionalismo berreta de cotillón… Fin”, tuiteó el Presidente de la Nación.
Después se sumaron los libertarios de Las Fuerzas del Cielo, también en redes. Muchos de ellos se habían mantenido casi sin opinar desde el sábado de cierre de listas, o se habían dedicado a la interna. Intervinieron de lleno y con la habitual virulencia en el tema controversial que calza con sus premisas sobre los estudiantes extranjeros en el país.
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