El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, pidió ampliar las acusaciones contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y contra el resto de los miembros de la cúpula de la organización futbolística, que están acusados de evasión y retención indebida de aportes de la seguridad social.

El fiscal argumentó que, a la hora de procesar a Tapia, no se consideraron los ingresos por “patrocinio oficial” en los embargos trabados.

El fiscal presentó un recurso de apelación contra los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante el 30 de marzo pasado para agravar la acusación.

Si bien el juez de primera instancia dispuso el procesamiento y embargo de bienes de la AFA y de Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, el fiscal advirtió que el fallo calculó el perjuicio económico muy por debajo de la realidad.

El centro del reclamo de la fiscalía radica en lo que técnicamente se denomina el “subconcepto 551” del Impuesto 353. Allí aparecen los montos percibidos por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en concepto de “patrocinio oficial con fines publicitarios”.

Según la acusación, la AFA actuaba como agente de retención en el marco del Decreto 510/23, un régimen especial diseñado para el fútbol profesional.

La normativa establece que de esos ingresos brutos por sponsoreo se debe aplicar una alícuota del 7,5% destinada a cancelar las obligaciones de la seguridad social de los clubes (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares de futbolistas, médicos y empleados).

La Justicia investiga la omisión de depósito en tiempo y forma de estas sumas millonarias retenidas.

Sin embargo, al momento de dictar los procesamientos y fijar los embargos, el juez excluyó de la cuenta los fondos provenientes de estos sponsors, al argumentar interpretaciones técnicas sobre la figura de la “autorretención”.

Para el fiscal Navas Rial, esta decisión judicial representa una ofensa “grave, inminente e irreparable” y constituye un análisis fragmentado que beneficia a los acusados.

La fiscalía sostuvo que esta exclusión no se trata simplemente de “bajar el monto”, sino de una “reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”.

Navas Rial argumentó que los fondos retenidos por patrocinio nunca fueron patrimonio de la AFA, sino que pertenecían a los clubes afiliados para cumplir con sus cargas previsionales.

Con este recurso, el fiscal buscó que la Cámara de Apelaciones corrija esta situación.

El pedido solicitó que se amplíe el procesamiento y se adecuen los montos de los embargos ordenados contra Tapia, Toviggino, Blanco, Malaspina y Lorenzo para que reflejen la “totalidad del perjuicio irrogado a la Administración Pública”.

De avanzar esta apelación, las medidas cautelares sobre el patrimonio de los dirigentes podrían aumentar significativamente.

El fiscal advirtió que el concepto de los sponsors excluidos, en cada período investigado, el de “mayor volumen” económico.

En caso de un revés, el fiscal ya dejó planteada la reserva para llevar el caso hasta la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados y embargados por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales.

La decisión fue adoptada por el juez Amarante, que los procesó el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.

Esta agravante hace que la pena mínima prevista en caso de una condena no sea excarcelable y que, como máximo, pueda llegar hasta los 50 años de prisión.

Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19.000 millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.

Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

“No estoy en los cuadernos”. Con leves variaciones, la oración fue una pieza común en la defensa que ensayaron este jueves dos exfuncionarios del kirchnerismo y un empresario durante sus respectivas indagatorias en una nueva audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas.

Fueron Omar Periotti y Sergio Férgola, que cumplieron funciones dentro de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante todo el periodo investigado y están acusados como miembros de una asociación ilícita; y Rubén David Aranda, director de la constructora Chimen Aike S.A., señalado en una anotación por haber entregado 250.000 dólares.

Todos están acusados en el tramo conocido como la “Camarita”, el modo en que se aludía informalmente a las reuniones en las que distintos empresarios se repartían la obra pública durante el kirchnerismo, encuentros que transcurrían mayormente en la Cámara de Empresas Viales.

“No estoy mencionado en ninguno de los cuadernos”, se defendió Periotti hoy en una nueva audiencia del juicio, en la que primó nuevamente el silencio entre los indagados, que fueron ocho.

Entre 2003 y 2015, Periotti fue el máximo responsable de DNV, el organismo encargado de la planificación, la construcción y el mantenimiento de la red vial nacional. También responsable de los pagos a las empresas que se alzaban con los contratos que, según la acusación, se digitaban en la “camarita”.

Periotti negó los cargos y afirmó hoy que nunca recibió “instrucciones de Néstor o Cristina Kirchner” y que tampoco nunca realizó “actos que perjudicaran al Estado” o que fueran impropios del cargo que ocupaba.

“Señores jueces, mi nombre no figura en el texto de todos los cuadernos de que trata esta causa, yo no estoy en mencionado en ninguno de esos cuadernos”, sostuvo.

Por su parte, Férgola, exgerente de DNV, no declaró en su indagatoria, pero su defensa solicitó con éxito que se leyera un fragmento de un descargo suyo previo, anterior al juicio, en el que sostenía que su imputación no surgía de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y que su nombre tampoco fue mencionado entre los arrepentidos, el otro gran pilar del caso.

El “papelito”

Antes que él, prestó declaración el empresario Aranda. Según la acusación, basada en una anotación distinta a la de los Cuadernos, pero hallada en una agenda del chofer Centeno, Aranda hizo un pago de 250 mil dólares a Nelson Lazarte y mantuvo 45 comunicaciones con Roberto Baratta, ambos funcionarios que respondían al entonces ministro Julio de Vido.

Aranda se defendió hoy diciendo que ese manuscrito era un “papelito” que no podía valer alzarse en su contra como prueba. Reconoció que la patente mencionada en él era la de su vehículo, una Toyota Hilux, pero afirmó que el monto y la fecha fueron escritos por una persona distinta a Centeno.

“Yo no estoy en las causas cuadernos, no me citó nadie, no me nombra nadie”, afirmó.

En tanto, optaron por no prestar declaración indagatoria los empresarios Alberto Ángel Padoán, Miguel Ángel Marconi, Mario José Maxit y César Arturo de Goycoechea, y un exfuncionario de Vialidad, Sergio Hernán Pasacantando.