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POLITICA

Javier Milei anunció que eliminaría los fideicomisos por decreto: qué son y para qué sirven

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El megaproyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei incluía un artículo centrado en una de las “cajas sin control” de la política que el Gobierno quiere dominar: los fondos fiduciarios. Tras la caída en Diputados, el Presidente aseguró que podría volver a la carga contra los fideicomisos por decreto.

Los fondos fiduciarios (conocidos como fideicomisos públicos) son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar con cada vez más fuerza, pero que expertos en anticorrupción y finanzas tienen en la mira por la falta de auditorías sobre el dinero que se les transfiere y la forma en que se utilizan los fondos.

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Su funcionamiento es simple: el Poder Ejecutivo Nacional, a través de ministerios u organismos del Estado (fiduciante), transfiere bienes o sumas millonarias de dinero a entidades, generalmente bancarias (fiduciarios), para que administren esos fondos en beneficio del primero. Estos contratos tienen una particularidad: el dinero se utiliza para un bien o fin determinado y no puede cambiarse ese destino, aunque hay “trampas” que generan interrogantes sobre esta regla.

Se trata de fondos sobre los que hay pocos controles: no siempre se conoce si el dinero va al objetivo para el que se creó el fondo.

Guillermo Francos le entregó la ley ómnibus a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Prensa Diputados)
Guillermo Francos le entregó la ley ómnibus a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Prensa Diputados)

El artículo que incluyó Javier Milei sobre los fondos fiduciarios

En el artículo 4 del proyecto original que La Libertad Avanza había mandado al Congreso establecía: “Crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisando su procedencia y destino a los efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos”.

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En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios que manejan un presupuesto de entre U$S 8 mil y U$S 10 mil millones. Y si bien el libertario podría eliminar algunos, también podría fortalecer otros: en el artículo 338 del proyecto se establece que “lo recaudado de las multas (…) será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana, conforme al artículo 14 de la Ley N° 27.453 correspondiente a la jurisdicción donde se realice la reunión o manifestación”.

La caja negra de la política: Milei busca más control sobre los fondos fiduciarios y no descarta crear más. Foto: Presupuesto Abierto 2023.
La caja negra de la política: Milei busca más control sobre los fondos fiduciarios y no descarta crear más. Foto: Presupuesto Abierto 2023.

A su vez, Milei pretendía recortar gastos en los fondos fiduciarios de energía: el artículo 318 facultaba al Poder Ejecutivo, “hasta el 31 de diciembre de 2025, a crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación”.

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Actualmente hay dos organismos de control facultados para investigar los fideicomisos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). El primero es un órgano interno del Poder Ejecutivo, y el segundo depende del Congreso de la Nación.

Según esta normativa, tanto la AGN como la SIGEN pueden auditar, por iniciativa propia y sin necesidad de un requerimiento especial, cualquier fondo fiduciario integrado total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional. El fiduciario no puede negarse a entregar sus balances o cualquier información requerida.

Ambas entidades no tienen precisamente un extenso historial de auditorías sobre fideicomisos: el control sobre estos instrumentos financieros es escaso, casi nulo. El problema radica en que la propia ley no alienta los controles preventivos sino que establece que las auditorías son posteriores a la ejecución del dinero. Así lo establece el artículo 102 en el caso de la SIGEN y el artículo 117 para la AGN.



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POLITICA

El Gobierno anunció que enviará un proyecto al Congreso para avanzar en una reforma electoral y eliminar las PASO

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El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno enviará un proyecto al Congreso para avanzar en una profunda reforma electoral y eliminar el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), entre otros cambios. En la iniciativa, el oficialismo quiere que no sean partidos nacionales las fuerzas que no saquen más del 3% de los votos en elecciones consecutivas.

En la propuesta el Estado no financiará las campañas electorales, los medios no deberán ceder espacio para publicidad y las encuestas se podrán publicar hasta tres días antes de la elección, entre otros cambios que ahora deberá discutir el Congreso, donde el oficialismo por ahora no cuenta con el apoyo para que la reforma pase íntegra.

«El Gobierno Nacional va a enviar al Congreso la ley de reforma para el fortalecimiento electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, más conocido como PASO, modificar la ley orgánica de partidos políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos», lanzó Adorni.

«Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos», remarcó el vocero presidencial. Y argumentó el proyecto de ley en el gasto público: «Solo en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores históricos, en términos reales esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces».

«Desde su introducción en 2011, hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de los cuales el 40% no logro siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para poder participar después de las elecciones generales», remarcó Adorni, que no respondió preguntas de la prensa.

Reforma a la ley de partidos políticos y chicana a la izquierda

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Por otro lado, el Gobierno también busca modificar la ley de partidos políticos, con un foco especial en los más chicos. «Se va a modificar la ley orgánica de partidos políticos con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma. Partidos políticos cuyo único objetivo es el recaudatorio», afirmó Adorni en conferencia de prensa.

En su enunciación, Adorni pareció referirse al Frente de Izquierda, sin nombrarlo .»Para ser considerado un partido, las agrupaciones van a tener que cumplir con los siguientes requisitos: contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral, antes era del 0,4%; tener un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivos, esto va a significar es un mayor esfuerzo para aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones que sacan siempre en orden al 2% de los votos».

Además, Adorni acotó: «En el caso de los partidos nacionales van a tener que tener presencia en al menos 10 distritos, en lugar de las cinco que se requieren hoy».

«También se va a presentar una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones. Las agrupaciones tendrán un plazo para hacerlo, para adecuarse a esta nueva normativa hasta el año 2026», afirmó , enumeró el vocero con rango de ministro.

Cambios en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas

En su discurso, Adorni también explicó que el proyecto oficialista contempla cambios en la financiación. «Se va a modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos para reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos», dijo el vocero.

Y enumeró: «Algunas de estas medidas van a ser: el aumento de topes de aportes privados; la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios; la eliminación del financiamiento público para las campañas; quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales; la prohibición de hacer encuestas se va a reducir de ocho días a los tres días antes de cada elección; y se va a crear la figura del Fiscal General ante la Cámara Nacional electoral».

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«La sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral, lo hemos sufrido todos en cada uno de los años electorales, esto, lejos de generar un mayor nivel de participación, lo único que ha provocado es cansancio y hastío por parte de los argentinos. Mientras los ciudadanos reclamaban una solución a los problemas cotidianos, la política dirimió sus propios problemas con dinero de los contribuyentes, como es habitual», criticó el vocero presidencial.

Se trata del segundo contacto consecutivo con la prensa. Este jueves el vocero presidencial fue el encargado de anunciar que el Estado le cortaba la jubilación de privilegio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir de la ratificación de la condena en su contra por la causa de Vialidad Nacional.

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