El presidente Javier Milei anunció ante la Asamblea Legislativa que va a enviar al Senado los pliegos de todos los cargos vacantes en la justicia federal, incluido el del Procurador General de la Nación; pidió apoyo para aprobar una ley que baje la edad de imputabilidad penal y dijo que va a reformar el Código agravando las de todos los delitos.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que estaba sentado junto a Luis “Toto” Caputo, apenas si fue nombrado por Milei cuando mencionó a todo el gabinete y no le dedicó un elogio especial, como sí lo hizo con el ministro de Economía, con Federico Sturzenegger, con Patricia Bullrich y hasta con el vocero Manuel Adorni.

Sí mencionó Milei que se puso en marcha “el sistema acusatorio en doce provincias, la mitad del país” y dijo que eso “permitió lograr condenar por narcotráfico en tan solo un mes, cuando antes tardaban más de tres años”.

Añadió que impulsa “el juicio por jurados”, una de las reformas que -dijo- se debe el país desde su “fundación” para “que la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos dependan en última instancia de la decisión de sus conciudadanos, y no de un juez, eliminando así el último vestigio de poder monárquico en la Justicia”.

Estas dos iniciativas son, al igual que el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, los pilares de la gestión de Cúneo Libarona. Lo mismo ocurre con la reforma del Código Penal.

Todos estos anuncios del capítulo judicial se dieron ante los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, a quien Milei nombró por decreto, en comisión hasta fin de año.

El juez federal Ariel Lijo, el otro elegido por el Gobierno para la Corte, que también fue designado por decreto pero no juró aún, no estuvo en el Congreso, pese a que había sido invitado por el Gobierno, dijeron a LA NACION allegados a él.

Lijo no acudió porque aún no es juez de la Corte, ya que debe discutirse si el dan licencia como juez federal o si esperará a que su pliego sea votado por el Senado y asegurarse su silla vitalicia en el máximo tribunal.

La cámara de televisión apenas si le dedicó una rápida barrida al lugar donde estaban sentados los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que se vieron por apenas segundos y nunca más fueron mostrados.

Milei no se refirió a las designaciones en la Corte específicamente en su discurso y solo lo hizo de pasada, cuando dijo: “Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a conformar la Corte Suprema”.

Allí cerca estaba también el procurador general interino, Eduardo Casal, pero no fue enfocado por las cámaras de la transmisión oficial por cadena nacional.

El anuncio de Milei sobre su intención de avanzar con el envío de los pliegos de los jueces federales implica el reconocimiento de una demora propia en esta tarea, ya que hay en el Poder Ejecutivo mas de 150 ternas de candidatos a jueces ya seleccionados por el Consejo de la Magistratura. Al Presidente le corresponde elegir a uno para cada vacante y enviar los pliegos al Senado.

Pero a pesar de que el vocero presidencial y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, anunciaron el año pasado que iban a enviar estos pliegos, nunca fueron elevados al Senado.

Ahora, Milei anunció su plan de nombrar: al “Procurador General de la Nación, el Defensor General, el Defensor del Pueblo, todos los juzgados federales [las vacantes de los cargos mas sensibles aún están en concurso en el Consejo de la Magistratura], todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy falta designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal”.

Desde 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó, el cargo de Procurador General, jefe de los fiscales, está vacante y es ocupado por Eduardo Casal, el procurador adjunto más antiguo. Su gestión permitió cubrir las vacantes de las fiscalías en las que se puso en marcha el nuevo Código Procesal en todo el país.

Ahora suenan los nombres del camarista Mariano Borinsky o del viceministro Amerio, incluso, para procurador, pero se trata de un cargo que requiere el acuerdo de los dos tercios del Senado, al igual que las designaciones de jueces de la Corte. Alberto Fernández envió el pliego del juez Daniel Rafecas para procurador, pero nunca fue tratado en el Senado.

Borinsky, de hecho, es quien está al frente de la comisión que reforma el Código Penal. “Necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. Emprendiendo así la reforma del Código Penal más importante de los últimos cien años, algo que tiene que ocurrir en carácter de urgente”, dijo Milei.

El Presidente insistió con leyes de mano dura para el delito y reclamó “elevar los costos para quienes delinquen”. Por eso, pidió al Congreso: “Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”.

Milei apuntó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien culpó por la inseguridad en la provincia. El Presidente aludió al asesinato de Kim Gómez, de siete años, y dijo que la reforma que él impulsa “lamentablemente, llegará tarde”.

“Hoy uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y goza de ser inimputable -dijo el Presidente-. No se lo puede juzgar. Y el otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo que significa que no hubiera estado libre con nuestra ley”.

Milei reclamó “una Justicia independiente, pero efectiva” y dijo que “no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”.

“Esto tiene que ser obvio para todos. Es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad”, afirmó, en alusión a los cargos vacantes.