Luego de convertir al Banco Nación en Sociedad Anónima, el Gobierno avanzó este domingo con un decreto que otorga el mismo estatus a la sociedad estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) que explota la mina de carbón de Santa Cruz.

A diferencia de la banca estatal que en 2024 tuvo ganancias por $3 billones, YCRT es deficitaria pero figura entre las 14 empresas públicas declaradas sujeto de privatización en la Ley Bases. Sin embargo, el artículo 8 de la ley ómnibus establece que la empresa -intervenida desde 2002- solo podrá ser privatizada parcialmente y obliga al Estado nacional a mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Este fin de semana vencía la prórroga del articulado del Mega-DNU 70/2023 que habilitaba al Gobierno a convertir por decreto a las sociedades del Estado en sociedades anónimas.

En la agencia transformadora de empresas públicas a cargo de Diego Chaher, que prepara el terreno para privatizar, cerrar o liquidar las 59 empresas públicas, consideran ese paso administrativo fundamental para avanzar con la venta de las empresas.

Sobre el caso de YCRT, los funcionarios nacionales destacaban que las cerca de 60 haciendas productivas que funcionaban alrededor del yacimiento también pasarán a constituirse como S.A.

En el Gobierno insistían que iban a poner al tanto al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que mantuvo una relación zigzagueante con el Ejecutivo nacional durante los primeros 14 meses de gestión de Javier Milei.

Cuando el Presidente anticipó sus planes de privatizar la empresa, en enero de 2024, el gobernador alertó sobre la importancia de la mina de carbón para la provincia y reclamó al Ejecutivo nacional una auditoría

En 2023, la empresa consumió más $ 20.000 millones; $ 18.000 millones se destinaron al pago de salarios. En marzo de 2022 la mina produjo 6.000 toneladas de carbón, lejos de las más de 112.000 toneladas que requiere la Usina Térmica licitada hace más de 16 años y que aún no se termina de construir.

El Presidente nombró como interventor de la empresa a Pablo Arriagada luego de desprenderse del ex funcionario del PRO Thierry Decoud, echado en septiembre pasado por sospechas de corrupción. La empresa estatal también había quedado en el medio de denuncias como las que le valieron el desafuero al ex ministro de Planificación Julio de Vido.

La compañía minera contaba con 2.766 trabajadores en enero de 2024. La administración libertaria despidió a cerca de 500 empleados. “La empresa depende de los aportes del Tesoro Nacional y eso debe revertirse”, había dicho el gobernador Vidal a Clarín el año pasado.

El Gobierno no descarta la posibilidad de ceder algunas de las empresas públicas a las provincias para saldar parte de las deudas cruzadas entre jurisdicciones. Si Santa Cruz se mostrara interesada podría avanzar en ese sentido. Por lo menos, en un porcentaje.

Vidal es uno de los 18 gobernadores que suscribió con el ministro de Economía, Luis Caputo, el plan para canjear deuda por rutas, tierras fiscales, obras y empresas públicas, el denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

El mandatario provincial santacruceño se reunió días atrás con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y gestionó la inscripción de YCRT en CAMMESA como generadora de energía para que pueda venderle a la provincia parte de la energía generada.

El Gobierno explora también la cesión parcial o total de la fábrica de aviones Fadea, ubicada en Córdoba. Hay contactos con funcionarios del gabinete de Martín Llaryora.

El nuevo status de S.A. obligará a YCRT a presentar balances y a someterse a la ley de concursos y quiebras, según detallan en el Ejecutivo. Tras hacer lo propio con el Banco Nación, el Ejecutivo habilitó el cierre de la primera sucursal de las 780 oficinas que tiene la banca pública y prometen más clausuras y despidos.