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POLITICA

Javier Milei afirmó que avanzará sobre una ley de ética pública

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En medio de un escándalo mediático-judicial en la que varias figuras del espectáculo argentino se enfrentaron con la conductora Viviana Canosa por sus dichos sobre una red de trata de menores, el especialista en rescate de niños abusados que sería la base de la denuncia de Canosa -que habría señalado la pistas que tiene el exagente norteamericano sobre la desaparición de Loan- emitió un comunicado de prensa.

Timothy Ballard es exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dedicado a combatir la trata de menores a través del desarrollo de software y de investigaciones en Internet para infiltrarse en redes de intercambio de archivos donde los traficantes comparten material de abuso sexual infantil (MASI).

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los salarios reales del sector privado registrado están en su máximo nivel desde 2018. Sin embargo, un informe de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) indica que ello no se debe a una suba del salario normal y permanente, sino a un incremento de las horas trabajadas. La afirmación del funcionario también fue refutada por expertos, como el abogado Luis Campos, uno de los referentes del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que advirtió sobre una caída en las paritarias en el primer trimestre de 2025.

“El salario real privado registrado está en el máximo nivel desde ago-18”, posteó Caputo, en la red social X, compartiendo un dato difundido sobre un informe elaborado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A esta afirmación de Caputo también se sumó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Entre febrero de 2024 y enero de 2025, todas las categorías de trabajadores registraron, en promedio, incrementos salariales por encima de la inflación”, dijo el funcionario, que omitió cualquier referencia a la estraegia oficial de limitar los aumentos entre 1 y 1,5% por mes.

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Por Federico González del Solar

Junto al artículo que elimina la facultad para querellar de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno introdujo, vía decreto simple, una amplia serie de modificaciones en la ley que regula el funcionamiento del organismo antilavado. Los cambios pusieron en alerta a la oposición.

Más allá de la validez legal de la iniciativa –hay quienes consideran que debería haber sido instrumentada a través de un DNU–, se alzaron voces contra los puntos del decreto que tienden a flexibilizar el flujo de información entre la UIF y otros “organismos de inteligencia” y “entidades públicas”, según la letra del texto. Otras, en cambio, destacan este aspecto como un “paso necesario” en la vida del organismo.

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Es que, además de contar con acceso a la información patrimonial y financiera de las personas, el organismo antilavado forma parte de un extensa red internacional a partir de la cual puede echar mano del mismo tipo de información en más de 170 países miembros. Por eso, cualquier nuevo juego de llaves a esa vasta red de información enciende las alarmas.

Tras años de restricciones cambiarias, lo que impedía conocer cuál era la oferta y la demanda genuina del mercado de cambios, esta semana los dólares empezaron a descubrir cuál será su precio de equilibrio. Tras un sacudón inicial, que llevó al tipo de cambio mayorista a pegar un salto del 11% en un solo día y terminó por provocar remarcaciones en la lista de precios que reciben los comerciantes, finalmente las principales cotizaciones cerraron la semana a la baja.

Uno de los valores que estuvo en la mira del mercado fue el tipo de cambio mayorista, que desde diciembre de 2023 se regía por un esquema de devaluaciones controladas del 2% mensual, y que se redujo al 1% mensual desde febrero último. Sin embargo, el viernes pasado el Gobierno anunció que a partir de ahora habrá un sistema de bandas, que irá de los $1000 a los $1400, con una actualización del 1% cada mes (hacia abajo y hacia arriba, respectivamente).

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El dirigente Juan Grabois denunció que difundieron datos falsos sobre su salud y lo enmarcó en la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, donde busca encabezar una lista de candidatos a diputados.

En las redes sociales había circulado la información de que Grabois había sido internado en el sanatorio Cemic, del barrio de Saavedra.

El referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) expresó este viernes que “el diagnóstico coronario que gente inescrupulosa y sin límites éticos filtró y difundió preocupando a mis familiares, amigos y compañeros es completamente falso”.

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Grabois confirmó que fue atendido por “un dolor en el pecho” y que “todos los estudios” le dieron “bien”.

El nuevo retuit de MileiCaptura

Este viernes se iniciaron las clases para 2025 en la sede del Barrio Mujica (31) que tiene la UBA para el Ciclo Básico Común (CBC) junto a Scholas Occurrentes, organización fundada por el papa Francisco.

En la sede del CBC-Scholas Ocurrentes se dictan materias del CBC de 27 carreras y tecnicaturas, y más de 1000 estudiantes universitarios pasaron por ella desde su creación.

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Participaron del acto el director del CBC, Felipe Vega Terra; el director mundial de Scholas Occurrentes, José María del Corral; y la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Priscila Vitale.

La foto que compartió Milei para criticar a Pro

Por Florencia Donovan

Sábado por la mañana. En el Ministerio de Economía, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el viceministro José Luis Daza, se encargaron de explicar la denominada “Fase 3” del programa económico ante un centenar de representantes de bancos y ALlyCs. Fue el comienzo de un raid que duró toda la semana: almuerzos con hombres de mercado, charlas privadas y participaciones en los canales de noticias. Después de tiempo de ostracismo, el equipo económico volvió a levantar vuelo. Fue, probablemente, una de las mejores semanas que tuvo el gobierno libertario hasta la fecha. Sin embargo, también fue una de gran virulencia discursiva: atacó a periodistas, escrachó a empresas de consumo masivo, provocó al campo y castigó a laboratorios extranjeros. A diferencia de los leones, que suelen pelear cuando se sienten amenazados, los leones libertarios acostumbran rugir con más fuerza cuando mejor les va.

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Este Viernes Santo, el presidente Javier Milei compartió un mensaje en medio de la disputa entre los supermercados y los proveedores por las listas de precios de la mercadería remarcadas, tras la salida del cepo y los movimientos del dólar.

En su cuenta de Instagram, el mandatario envió una recomendación directa a los consumidores, a través de un dibujo que hizo el humorista libertario Nik.

La imagen decía así “Si te aumentan el precio, no compres”, junto a una caricatura de Gaturro con la seña de “pará”.

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El mensaje de Nik que compartió MileiCaptura

Javier Milei aparecerá en los próximos días por las calles la ciudad de Buenos Aires para participar de la campaña para las elecciones legislativas, en una contienda directa entre los candidatos de La Libertad Avanza y los de PRO que buscan retener su principal bastión.

La participación del presidente será la primera de carácter presencial, pero no la única. Antes del cierre de campaña, en mayo próximo, se espera un nuevo apoyo directo de Milei.

No nos dejan otra opción”, dice Federico Angeleri, director del grupo empresario Marechiare, sobre la decisión de cierre de empresa industrial que tiene más de 50 años de historia. La situación que atraviesan refleja el estado de toda la industria del atún y enlatados, que está trastocada por la crisis generada por la caída del consumo, los altos costos de producción y el avance de las importaciones de las compañías líderes del mercado. De las 35 plantas conserveras que había en Mar del Plata, solo han sobrevivido cinco, y advierten que para paliar este presente, intentarán llevar adelante una reconversión forzada.

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Para contener la situación y evitar salir del circuito, están analizando darle una vuelta de tuerca a la firma y apuntar a otro modelo de negocio. “Vemos que no hay acompañamiento del Gobierno. Seguramente migremos hacia un modelo basado en la comercialización de productos importados. ¡No nos dejan otra opción! Los precios de venta de la caballa están congelados desde diciembre de 2023; han aumentado menos de un 10%. En paralelo, hemos tenido una caída de ventas superior al 60%. ¡Esto no es un caso aislado!”, puntualizó. Las compañías más grandes y referentes del negocio del atún y las sardinas atraviesan el mismo escenario, con una fuerte caída en el consumo a nivel nacional.

Hoy, la industria tiene un costo de producción de una lata de caballa de 180 gramos de $1800 + IVA, mientras que la venta es de $1400, con lo cual no llegan a cubrir los costos productivos. El precio internacional de una lata de atún ronda los US$0,90, sin embargo, en la Argentina el costo productivo transformado en dólares es de US$1,60 sin impuestos y a pie de fábrica. El precio en las góndolas ronda los $1600.

Ante recientes declaraciones del ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reafirma que la eliminación de la facultad de querellar por parte de la UIF constituye una medida de fortalecimiento institucional, en línea con los más altos estándares internacionales.

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El ministro de Justicia respondió que “la confusión y la mentira son herramientas cada vez más comunes en algunos espacios políticos” y aclaró que la decisión se enmarca en la necesidad de despolitizar la UIF, un organismo que durante los gobiernos del kirchnerismo y de Mauricio Macri, incluyendo la gestión de Federici, fue utilizado para perseguir opositores políticos.

“Quitamos la facultad de querellar a la UIF, como ocurre en todos los países del mundo salvo en dos casos excepcionales”, explicó el ministro. Además, subrayó que esta reforma responde a una recomendación directa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que supervisa la labor de las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial.

El viernes pasado, después del paro general de la CGT, el Gobierno, en su rol de empleador, les propuso a los dos gremios estatales un incremento salarial de 1,3% mensual para marzo, abril y mayo, más un bono de $45.000 a liquidar con los sueldos de mayo. La negociación paritaria se dio antes del anuncio oficial sobre la salida del cepo cambiario, que derivó en remarcaciones de precios, y previo a conocerse el dato de inflación de marzo, que registró 3,7%.

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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta de los enviados de Javier Mieli y firmó en disidencia, mientras que UPCN, que es el mayoritario, la aceptó. Sin embargo, UPCN, que está a cargo de Andrés Rodríguez, una suerte de número tres en el escalafón jerárquico de la CGT, objetó el acuerdo cinco días después y reclamó la reapertura de la negociación.

“Frente a este escenario, resulta indispensable y urgente revisar y actualizar los salarios acordados, para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Estado”, sostuvo UPCN en un comunicado difundido ayer.

En su mensaje, UPCN advirtió también sobre las consecuencias de la devaluación de la moneda nacional y señaló que las recientes medidas económicas requieren una revisión “urgente” de la política salarial vigente para evitar una pérdida irreversible del poder adquisitivo.

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Por Cecilia Devanna

El presidente Javier Milei desembarcará el próximo martes en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza (LLA) enfrentará su mayor desafío frente al kirchnerismo en las elecciones de medio término, previstas para el 7 de septiembre, en el caso de los comicios para cargos bonaerenses.

Milei protagonizará el cierre de un congreso partidario “puro”, solo con dirigentes libertarios, en la ciudad de La Plata. En el Gobierno esperan que asistan unas 1200 personas, entre ellas al menos tres ministros del Gabinete nacional.

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No fueron invitados miembros de Pro. “No está previsto, será puro La Libertad Avanza”, dicen en las filas oficialistas, pese a las fotos de los últimos días, que ratificaron los acercamientos en la provincia entre dirigentes de ambos partidos.

Los encuentros enfocados en una confluencia bonaerense reunieron a a secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargada del armado electoral de la fuerza; su mano derecha, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el armador provincial y subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, que compartieron con dirigentes de PRO, como el diputado Cristian Ritondo; el legislador, Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

El titular de ATE, gremio que representa a parte de los trabajadores públicos, Rodolfo Aguiar, arremetió contra el Gobierno este viernes por la mañana.

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Nos gobiernan CEOs fracasados que nos están costando muy caro a los argentinos. Atravesamos una nueva devaluación, nadie lo puede negar. Durante todo el fin de semana, y por estas horas, ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía, que golpea los deteriorados salarios y jubilaciones”, denunció, en Radio Splendid.

El exministro de Economía Hernán Lacunza respondió este jueves a los cuestionamientos recibidos por parte del presidente Javier Milei y de Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, quienes criticaron en duros términos sus dichos en LN+ respecto a que el Gobierno podría haber levantado antes el cepo cambiario. Lo que pareció ser un gesto conciliador por parte del exfuncionario no bastó y provocó una vez más la reacción del mandatario.

“Si querés debatir conmigo primero tenés que cumplir cinco condiciones: Superávit fiscal; Pagar la deuda; Levantar el cepo; no mentir; no operar para generar crisis”, planteó Milei en respuesta a un aporte de Lacunza, en donde recordó su experiencia en 2019 y alertó sobre riesgos a la hora de buscar estabilizar la economía.

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“Cuando el sábado comenzaron a levantar el cepo, me alegré”, dijo el exfuncionario, quien contó que tuvo la necesidad de compartir públicamente los dilemas que enfrentó su equipo económico en el final del gobierno de Mauricio Macri. Su objetivo, aclaró, no era polemizar sino aportar.

Lacunza recordó que en el período electoral de 2019, el país enfrentaba vencimientos de deuda en pesos equivalentes al 30% de la base monetaria, en un contexto de fuga del peso, inflación descontrolada y un clima político de alta incertidumbre. Frente a ese escenario, explicó que había dos caminos posibles: reperfilar los pagos o financiarse con emisión monetaria masiva.

Por Federico González del Solar

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A través del decreto 274/2025, el Gobierno formalizó su intención de que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de intervenir en causas judiciales como querellante, un rol que permite, entre otras acciones, contar con acceso al expediente, presentar pruebas y pedir que se ordenen medidas. El decreto echa por tierra otro, de 2008, que habilitaba al organismo antilavado a ejercer ese papel. Ahora, la UIF podría dar un paso al costado en casi 200 expedientes, algunos de los cuales son de alto impacto político y atraviesan instancias decisivas, como la causa por los Cuadernos de las coimas.

El decreto busca quebrar el hábito cada vez más arraigado en el organismo a involucrase activamente en causas judiciales, una tendencia que permaneció invariable incluso durante los cambios de Gobierno, pese a los abruptos giros en determinadas causas, como Hotesur-Los Sauces, donde, luego de impulsar durante años el caso, el organismo pidió por el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Entre el año 2000, cuando fue creada, y 2011, la UIF casi no incursionó en el terreno judicial, pero 2012 fue un punto de inflexión: en aquel año participó en 26 procesos judiciales y dio inicio a un larga y sostenida tendencia que alcanzó en 2024 la participación en más de 260 causas judiciales. En la mayoría de ellas (198) actuó como querellante, según se desprende de informes oficiales. Son las causas que podrían perder impulso.

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Después de que por la noche circularan rumores de su internación, el referente social contó en su cuenta de X que acudió por sus propios medios a una clínica, tras sentir un dolor en el pecho. “El diagnóstico coronario que gente inescrupulosa y sin límites éticos filtró y difundió preocupando a mis familiares, amigos y compañeros es completamente falso. Todos los estudios me dieron bien”, precisó.

“A los que se alegraron leyendo el falso diagnóstico, lamento decirles que acá estamos para seguir combatiéndolos un largo rato, hasta el último suspiro”, contraatacó.

Luego de que el Gobierno publicara el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) dejó de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos, Mariano Federici -titular del organismo entre 2016 y 2019- cuestionó la medida alegando que el Gobierno debilita organismos de control autónomos porque “persiguen proyectos de poder”. Desde el Ejecutivo, quien salió a refutar sus dichos, fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el cual sostuvo que lo que se busca es sanear “moralmente” las instituciones.

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La decisión, que fue publicada el 17 de abril, tiene como justificación que la Argentina es un caso aislado en el mundo en cuanto a la intervención de las unidades de información financiera en causas judiciales, según pudo saber . Y si bien jurídicamente no estaría prohibida su intervención, la intención del oficialismo es que deje de intervenir como parte actuante.

Sobre esto se expresó Federici, en un posteo en su cuenta de X titulado “La diferencia entre un proyecto de poder y un proyecto de Nación”, en el que no hizo alusión al tema ni mencionó a funcionarios del Gobierno. “Mientras el primero sirve a intereses particulares y promueve pactos conducentes a la conquista, el mantenimiento o la expansión del control político, el segundo se orienta hacia un horizonte de interés común, y promueve consensos duraderos sobre la base del respeto a la legalidad y la institucionalidad”, escribió al comienzo de la publicación.

03.00|Reforma previsional: los números más recientes de un sistema que está en revisión “exhaustiva”

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Por Silvia Stang

Por el plan de moratoria de aportes jubilatorios que rigió entre mediados de marzo de 2023 y el 23 del tercer mes de este año se otorgaron beneficios previsionales a 580.623 personas, de las cuales el 40% es de la provincia de Buenos Aires; además, seis de cada diez son mujeres y cuatro de cada diez, varones. El haber mensual promedio en esos casos es un 4,2% más alto que el mínimo y el 90% es equivalente a esa prestación básica, aunque en la práctica durante un lapso de tiempo se cobra menos, ya que se descuenta una cuota para saldar la obligación de pago que la persona contrajo con el Estado con la compra de aportes.

En el informe sobre la gestión gubernamental que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, envió a la Cámara de Diputados –donde expuso durante la tarde de ayer–, se defiende la decisión de no prorrogar la vigencia de ese mecanismo para personas en edad jubilatoria, y se confirma que sigue en pie un plan de compra de aportes para mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años, tal como dispone la ley 27.705 y tal como informó en varias notas.

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“La decisión de no renovar el régimen de moratoria previsional debe comprenderse dentro de un marco más amplio de revisión estructural del sistema de seguridad social”, consigna una de las respuestas del extenso informe oficial. Y respecto de una próxima reforma del régimen que gestiona la Anses, se sostiene que se está en una etapa de preparación de un diagnóstico, sin definiciones concretas sobre los pasos que se buscará seguir.

Por Mariano Spezzapria

“Cuando ella dice que es A, te puede gustar o no, pero es A”. Con esa frase, en el entorno más cercano a Cristina Kirchner ratificaron que mantiene en pie su idea de postularse como candidata a diputada provincial en las elecciones convocadas por el gobernador Axel Kicillof para el 7 de septiembre. Se trata, en rigor, de un compromiso que la expresidenta asumió ante intendentes que siguen reconociendo su liderazgo.

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Para el kirchnerismo, que Cristina haya anticipado que se postulará en la Tercera Sección Electoral -la más populosa del conurbano- no obedeció a una mera amenaza de guerra interna, el punto más álgido de la pelea con Kicillof, sino a una estrategia político-electoral más amplia: hacerse fuerte “donde tiene los votos” y encabezar el ansiado fortalecimiento del PJ para llegar “mejor armados” a las elecciones de octubre.

“Nosotros no queríamos las elecciones desdobladas, pero dado el escenario al que Cristina accedió por la unidad del campo popular, vamos a necesitar una victoria contundente en septiembre para ir mejor armados a octubre”, razonó ante una fuente del Instituto Patria, donde la expresidenta sigue teniendo su base política, pese a que es la jefa del PJ nacional y cuenta con la sede histórica de la calle Matheu.

Alejo Ramos Padilla, el juez kirchnerista que había dictado una medida cautelar que le impedía a Manuel García-Mansilla tomar decisiones en la Corte Suprema tras el rechazo del Senado a su pliego, declaró este jueves “inconstitucional” su nombramiento por decreto, al igual que la designación de Ariel Lijo.

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El magistrado hizo abrir el juzgado en pleno feriado para definir un fallo de significado político, ya que el camino de García-Mansilla y Lijo a la Corte fue frustrado semanas atrás por el Senado.

En el punto central de su definición, Ramos Padilla declara la “inconstitucionalidad” del decreto 137 de 2025, mediante el que se dispuso la designación en comisión como jueces de la Corte Suprema de Justicia de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.

A través del decreto 274/2025, el Gobierno formalizó su intención de que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de intervenir en causas judiciales como querellante, un rol que permite, entre otras acciones, contar con acceso al expediente, presentar pruebas y pedir que se ordenen medidas. El decreto echa por tierra otro, de 2008, que habilitaba al organismo antilavado a ejercer ese papel. Ahora, la UIF podría dar un paso al costado en casi 200 expedientes, algunos de los cuales son de alto impacto político y atraviesan instancias decisivas, como la causa por los Cuadernos de las coimas.

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El decreto busca quebrar el hábito cada vez más arraigado en el organismo a involucrase activamente en causas judiciales, una tendencia que permaneció invariable incluso durante los cambios de Gobierno, pese a los abruptos giros en determinadas causas, como Hotesur-Los Sauces, donde, luego de impulsar durante años el caso, el organismo pidió por el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Entre el año 2000, cuando fue creada, y 2011, la UIF casi no incursionó en el terreno judicial, pero 2012 fue un punto de inflexión: en aquel año participó en 26 procesos judiciales y dio inicio a un larga y sostenida tendencia que alcanzó en 2024 la participación en más de 260 causas judiciales. En la mayoría de ellas (198) actuó como querellante, según se desprende de informes oficiales. Son las causas que podrían perder impulso.

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La trama detrás del cierre del Instituto Juan Domingo Perón y la polémica cooperativa que gestionaba el restaurante

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La toma del edificio donde funcionó el Instituto Juan Domingo Perón que lideró el dirigente Juan Grabois, quien estuvo varias horas detenido acusado de usurpación, daños y lesiones, volvió a poner en el foco de atención la decisión del Gobierno de cerrar esa dependencia y la polémica en torno a la cooperativa que estaba a cargo del restaurante, que es investigada por diversas irregularidades.

El Gobierno anunció el mes pasado el cierre del instituto y el traspaso del edificio y los bienes del lugar a la órbita del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según se explicó, la decisión se tomó en el marco de las políticas de austeridad y despolitización del uso de bienes del Estado. Se dispuso la desvinculación de 24 empleados, que demandaban unos $ 400 millones por año.

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La Casa Rosada explicó que la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se realiza en múltiples universidades, centros académicos, fundaciones e instituciones especializadas, que garantizan un estudio libre y “sin condicionamientos estatales”. ”En el último año, el instituto no entregó ni presentó documentos ni estudio alguno», indicaron.

Este sábado a la tarde, Grabois y unos 50 militantes del Frente Patria Grande y Argentina Humana ingresaron por la fuerza al inmueble de la calle Austria al 2500, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Para entrar, rompieron una puerta de vidrio reforzado, en medio de forcejeos con efectivos de la Policía Federal que estaban de custodia.

El ingreso lo hicieron desde “Café con Perón” –explotado por la Cooperativa de Trabajo Lo de Néstor– un restaurante que funcionaba como un apéndice y que no contaba con las habilitaciones correspondientes para continuar abierto, de acuerdo a la información y actuación oficiales a las que tuvo acceso Infobae.

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Lo cierto es que, luego de ordenado el cierre del Instituto, el edificio quedó vacío, con el objetivo de ser reutilizado por el Ministerio. Todo el acervo histórico y los bienes fueron trasladados para su custodia a organismos estatales, como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Archivo General de la Nación, para su preservación. “Se hizo un inventario y está abierta la posibilidad de que una persona humana o jurídica, como puede ser el PJ, se presente a reclamar”, precisaron las fuentes.

Pero más allá de la cuestión histórica y política, se abrió una controversia por el destino del edificio y el funcionamiento de “Un Café con Perón”, cuyos responsables, en medio de las tensiones por la toma de Grabois y su posterior detención, reclamaron seguir funcionando.

Sobre el destino del inmueble, fuentes del Gobierno anticiparon a Infobae que la propiedad no está en venta y tampoco podría enajenarse, debido a que tiene la condición de Patrimonio Histórico. En principio, lo que están analizando en el Ejecutivo es convertir el lugar en una biblioteca pública enfocada en niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva y visual y ceder el restaurante a un emprendimiento gastronómico para personas neurodivergentes.

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Cooperativa investigada

El cierre del Instituto y la toma de Grabois de este sábado puso bajo la lupa la situación de la cooperativa “Lo de Néstor”, que ya fue denunciada por un diputado de la Coalición Cívica y que tenía el permiso de funcionamiento revocado y la “obligación de restituir el inmueble y los bienes”. Es que, junto al local, que fue cedido por un canon irrisorio, también se le cedió toda la vajilla, mesas, sillas y máquinas, de propiedad pública.

El documento de la suspensión de la cooperativa

El 5 de septiembre de 2024, el organismo a cargo del control de la actividad, el INAES, le suspendió la operatoria a la cooperativa y le inició un sumario. Se notificó a ARCA (ex AFIP) la suspensión de la operatoria, y se suspendió el CUIT.

Como consecuencia de ese sumario, el 15 de febrero pasado, el INAES le retiró la autorización para funcionar. Contra esa medida, la cooperativa interpuso un recurso de reconsideración, que fue rechazado en abril pasado. “La cooperativa no puede operar, porque carece de autorización para funcionar y, además, la CUIT se encuentra inactiva por parte de ARCA”, indicaron.

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Además, según otro documento al que accedió este medio, se detectó “fraude cooperativo y obstrucción a la fiscalización pública por parte del INAES”.

El informe de la inspección al Café con Perón

En concreto, durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión en el Ministerio de Cultura, de Tristán Bauer, se le otorgó la concesión a la cooperativa, cuyo presidente es Leonardo Duva, amigo del ex mandatario. Según informó el Gobierno, se le fijó un canon inicial de $117.000, calificado como “irrisorio, para la cantidad de metros concesionados y la zona en la que se encuentra”.

Aunque Duva manifestó públicamente que estaba en regla, el Ministerio de Capital Humano dispuso la revocación del contrato del bar temático “Un Café con Perón” el 26 de mayo y notificó la decisión el día siguiente. “La revocación se enmarca en el Decreto N.º 346/2025, que dispuso la disolución de varios organismos estatales, entre ellos el Instituto Perón, para optimizar el Estado y reducir el gasto público”, indicaron las fuentes.

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El presidente de la Cooperativa ya está siendo investigado en el marco de una denuncia penal previa realizada por el diputado porteño Facundo Del Gaiso por haber recibido 36 millones de pesos en subsidios estatales sin ofrecer ninguna contraprestación social, como lo exigía la normativa vigente. Se lo acusa por “defraudación por administración fraudulenta, defraudación y malversación de caudales públicos”.

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Milei quiere darle más poder a Bullrich sobre la Policía Federal: preparan un DNU y hay polémica

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Circula entre funcionarios vinculados a la seguridad publica y altos oficiales de fuerzas de seguridad federales el proyecto de un Decreto de Necesidad y Urgencia que el Presidente firmaría a su regreso de su gira internacional, la semana que viene.

Según ese texto, por DNU se modificará la Ley Orgánica de la Policía Federal y se ratifican facultades que generan polémica, como la habilitación a realizar detenciones por hasta 10 horas a quien no pueda acreditar su identidad y la de hacer requisas sin aval judicial.

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Tiene otro costado controversial: según juristas, se estaría modificando el código penal por decreto, lo que es inconstitucional.

La Casa Rosada tiene apuro con el decreto, según las fuentes consultadas. Sucede que el 8 de julio se vencen las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo consiguió a través de la ley bases, aprobada el año pasado por el Congreso.

Javier Milei tiene hasta esa fecha tope para declarar en «situación de emergencia» -el borrador del DNU estipula hacerlo por un plazo de 2 años- a la Policía Federal.

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Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Marcelo Carroll.

Se habilitaría, así por ejemplo, a contrataciones directas sin llamados a licitación y a la reorganización de la fuerza.

Clarín se comunicó con el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero se limitaron a decir que Patricia Bullrich no hará declaraciones y que en los próximos días «se hará una presentación de esa ley con el Presidente».

El texto al que accedió este diario lleva la firma digital de la ministra Bullrich. Fuentes oficiales dijeron que el proyecto podría sufrir aún alguna modificación.

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La ley Orgánica de la Policía Federal que se busca modificar por decreto es de 1958. El proyecto sostiene que se apunta a una reforma y modernización de esa fuerza de seguridad.

«El surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales y tecnológicos ocurridos desde 1958 a la actualidad, tornan necesario actualizar sus misiones, modificar la estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades», fundamenta.

Y agrega que «resulta necesario que la Policía Federal Argentina tenga como principal misión la investigación de delitos federales y complejos». El proyecto de decreto también plantea la necesidad de crear un programa de ingreso y formación específico para universitarios ya graduados dentro de la Policía Federal; para ese proceso de modernización se mencionan los casos del FBI y de la Policía Federal de Brasil.

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En el inciso 7 del artículo 6to se establece:

«Fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislación vigente, (la Policía Federal) no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad. Ese tiempo en ningún caso podrá exceder de diez (10) horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones».

Ese inciso es casi igual a la de la ley orgánica de la Policía Federal que se encuentra vigente. También la ley Lázara de 1991 habla de hasta 10 horas para quien no pudiera acreditar su identidad.

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«Ese tipo de detenciones están mal en cualquier contexto, es volver al concepto de ‘detención por averiguación de antecedentes’», observa a Clarín Fernando Carbajal, ex juez Federal de Formosa y actual diputado nacional de la UCR por esa provincia.

El ex juez federal y actual diputado Fernando Carbajal.El ex juez federal y actual diputado Fernando Carbajal.

«Una reforma así no se puede hacer por DNU, darle esa atribución a la Policía no tiene nada que ver con la reorganización de la fuerza. Es completamente inconstitucional. Es volver al viejo paradigma policial de detención por averiguación de antecedentes Están metiéndose con la violación de derechos ciudadanos con el argumento de reorganizar a la Policía», agregó el legislador radical Carbajal, quien además integra la comisión bicameral de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.

Un ex camarista penal federal de prestigio que pidió no ser identificado coincidió con Carbajal: «El Código Procesal Federal no permite detener, salvo en fragancia o por orden de la Justicia. Es polémico además que este cambio se haga por DNU, cuando no hay motivo de urgencia. De salir el decreto, posiblemente se va a judicializar, aunque puede ser complicada la legitimación. ¿Quién se sentiría afectado? Puede que alguna ONG que trabaja en derechos y garantías o violencia institucional», aventuró.

Y un funcionario del área de seguridad de una provincia del interior al que le llegó hace unos días el texto que firmaría Milei agrega: «10 horas es un montón, no se encuentra justificativo para esa demora en consultar con la autoridad judicial, más cuando en la actualidad uno está a un click de poder comunicarse».

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Carlos Ñamandú.Carlos Ñamandú.

Sin embargo, hay especialistas que tienen otra mirada. Carlos Ñamandu, CEO de Fidelem Security Advisors y reconocido especialista en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el cibercrimen,opinó: «Lejos de inaugurar un estado policial, la reforma ratifica una facultad legal preexistente, estableciendo garantías: comunicación inmediata a un familiar o persona de confianza, separación de los demorados de los detenidos por delitos, y estricta sujeción a plazos máximos»

Sigue Ñamandú: «Esta medida, bien aplicada, es una herramienta para prevenir delitos inminentes (por ejemplo, detectar a un sospechoso con un arma antes de que la use) sin vulnerar derechos, ya que la persona recupera su libertad una vez esclarecida su identidad o descartada la sospecha en pocas horas.

Otro eje controvertido es la facultad de requisas que se le otorgaría a la Policía Federal. El inciso 13 del artículo 6to dice:

«Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los siguientes supuestos:

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A. Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito.

B. Que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar.

Allanamiento de la Policía Federal.Allanamiento de la Policía Federal.

C. Que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención».

Para algunos especialistas lo de «permitan presumir» es un pase libre a lo que siempre se justificó como «olfato policial» y que habitualmente fue desechado por la Justicia.

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«Este punto es polémico, genera sospechas. En ningún caso hay fundamentos, salvo para un delito en curso, que justifique la no consulta con la autoridad judicial y es una de las causas que origina nulidades múltiples», señala un experto en materia de seguridad. Y completa: «La política de prevención de delitos restringe derechos. Para avanzar, la Policía necesita siempre autorización judicial. Están eliminando controles y suspendiendo derechos».

El diputado Carbajal agrega: «La Policía no puede realizar requisas, tiene que pedir la orden al fiscal. No se puede autonomizar la Policía de la Fiscalía».

Pero el especialista Námandú difiere: «Esto no es un ‘cheque en blanco’ sino la formalización de prácticas amparadas por el Código Procesal Penal en casos de flagrancia o peligro en la demora. En situaciones normales seguirá siendo indispensable la orden de un juez para allanar o requisar propiedad privada, pero ante la inmediatez de ciertos escenarios, pensemos en un control de ruta donde un conductor sospechoso intenta descartar droga al ser detenido,, la ley faculta a actuar de inmediato».

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El otro punto que puede generar algún grado de sospecha es la habilitación a la Policía Federal de realizar tareas de patrullaje en las redes sociales.

El inciso 11 del artículo 6to del borrador dice que la Policía Federal podrá «realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente».

Pero según las fuentes consultadas, se trata de algo que ya realiza la Policía Federal y que fue habilitado por Aníbal Fernández cuando era ministro de Seguridad de Alberto Fernández. El ciberpatrullaje se usa para la prevención del delito. De la redacción del inciso no surge que la Policía pueda acceder a cuentas abiertas sin orden de la Justicia.

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«El nuevo reglamento en estudio permite que la Policía Federal realice tareas de vigilancia preventiva en espacios públicos digitales, como redes sociales abierta y sitios web públicos, sin necesidad de autorización judicial previa».apunta Carlos Ñamandú.

Y considera: «Lejos de ser ‘espionaje ilegal’, esto equivale a las clásicas vigilancias en plazas o rutas, pero trasladas al siglo XXI: monitorear lo que delincuentes y terroristas puedan estar tramando en la web abierta, siempre respetando la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos honestos. Estas actividades de inteligencia previa ya se venían realizando de facto; ahora se les da un marco normativo claro, acorde a estándares democráticos y de protección de datos personales».

Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal de la Ciudad.Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal de la Ciudad.

Para Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Gobierno de la Ciudad, cualquier modificación de este tipo debería «alcanzarse con acuerdos parlamentarios. La vía del decreto genera incertidumbre para la Policía y para los resultados de sus investigaciones porque puede ser declarado inconstitucional. No se puede modificar el Código Penal por decreto. Es un tema para tratarse en el Congreso. ¿Quién podría oponerse a la que la Policía Federal esté mejor capacitada?».

Patricia Bullrich,DNU,Policía Federal

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POLITICA

El nuevo paso de Javier Milei por Israel, una apuesta política más allá de la economía

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Este lunes, el presidente Javier Milei llegará desde Europa, y por segunda vez en lo que va de su mandato, a Israel, un país considerado por la administración libertaria como uno de sus principales aliados geopolíticos.

La visita presidencial, que será de tres días, combinará visitas a lugares emblemáticos para la religión judía como el Muro de los Lamentos y la ciudad vieja de Jerusalén, con encuentros de neto corte político, como el cara a cara con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la recepción del premio Génesis (el “Nobel Judío”) y la firma del Memorándum “por la democracia y la libertad”.

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Tendrá como único punto vinculado a la economía el anuncio de la apertura de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, anuncio que tiene como antecedente un acuerdo similar firmado en 2017 y nunca concretado con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, meses antes de la visita de Netanyahu a la Argentina.

El diseño de la agenda presidencial va a tono con la sintonía política, que en Israel califican de “inmejorable”, y se corresponde con los discretos números del intercambio comercial entre ambos países, que va en aumento en lo que va del mandato de La Libertad Avanza, pero que está aún muy lejos de otros países y bloques, como Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil o España. Se trata, por cierto, de un vínculo “más político que económico”, en un contexto de serias dificultades políticas para el gobierno de Netanyahu, criticado por la escalada militar del ejército israelí en la franja de Gaza que siguió al ataque del grupo terrorista Hamas contra el sur del Estado hebreo, el 7 de octubre de 2023.

Eyal Sela, embajador de Israel, y Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, con el presidente Javier Milei

Según datos de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, en 2024 (primer año completo de gestión de Milei), las exportaciones argentinas totales hacia Israel alcanzaron los US$377 millones, registrando un crecimiento del 23 por ciento con respecto al año anterior. “Este desempeño consolida una tendencia positiva cercana al récord histórico de 400 millones registrados en 2022”, afirmaron desde la cámara, que preside el empresario Mario Montoto. Las principales exportaciones corresponden al sector agroindustrial, siendo los principales productos exportados la carne bovina congelada, carne bovina fresca, pasta de maní y harina de soja.

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Según datos de la consultora DNI, de Marcelo Elizondo, en base al Indec, las exportaciones a Israel fueron de US$105 millones entre enero y marzo de 2024, contra US$141 millones en el mismo período de este año. En relación a las importaciones, también hubo una suba dentro de un volumen muy bajo: US$44 millones en el primer trimestre de este año, contra US$26 millones del mismo período del año pasado.

Datos extraoficiales hablan, de todos modos, de una proyección de crecimiento interanual de aproximadamente un 118,16%, “evidenciando una recuperación o expansión significativa en el comercio bilateral en ese período”, agregan las fuentes en relación con el intercambio comercial bilateral.

Los números con Israel quedan muy atrás del vínculo argentino con Estados Unidos, de US$1546 millones en exportaciones sólo en el primer trimestre de este año; o con la Unión Europea, con US$1545 millones de exportaciones hacia el conglomerado de 27 países que componen el bloque europeo, también según datos de la consultora DNI.

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Hay por cierto, algunos proyectos en marcha, como el de los vuelos directos, a cargo de la compañía israelí El Al, o gestiones aún embrionarias, como la del delegado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Juan Carlos Chagas, ante el embajador argentino en Israel, el rabino Axel Wahnish, para viabilizar un ambicioso proyecto de sistematización y distribución de agua para riego en la región del Mandisoví Chico, al norte de Entre Ríos.

El embajador de la Argentina en Israel, Axel Wahnish junto al presidente israelí Isaac Herzog, durante el Día de la Independencia de IsraelX

Pero la clave, coinciden fuentes políticas y comerciales, está en el apoyo de Milei a Israel en su ya larga pelea contra Hamas y el terrorismo, dentro y fuera de la franja de Gaza. Un apoyo que, en el caso del Mercosur (que tiene vigente un acuerdo de libre comercio con Israel) encuentra como único aliado a Paraguay, mientras Brasil y Uruguay sostienen una postura de condena a la política militar israelí en relación a los palestinos.

“Creo que a esta altura ya hemos demostrado no sólo la afinidad natural que este gobierno tiene con el pueblo de Israel, sino también la convicción imperturbable de acompañar, asistir y trabajar en conjunto con el estado de Israel, allí donde podamos, ya que para nosotros Israel y Estados Unidos son nuestros socios geopolíticos más importantes”, dijo Milei en noviembre pasado, en la entrega de los Israel Innovation Awards. Allí, anticipó que en su próximo viaje firmaría un memorándum con Israel, “opuesto” al Memorándum de Entendimiento de Argentina con Irán, suscripto en 2013 por el segundo gobierno de Cristina Kirchner con el declarado objetivo de ayudar a esclarecer la verdad sobre el atentado contra la AMIA, en julio de 1994, atentado que la Justicia argentina adjudica al grupo terrorista proiraní Hezbollah.

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“Es nuestro deseo que esta alianza entre Argentina e Israel se convierta en un modelo para que otras naciones del mundo libre también elijan la vida y la libertad, condenando firme y abiertamente al terrorismo”, agregó entonces el primer mandatario, luego de condenar “los atentados inhumanos con los que el terrorismo castigó al pueblo argentino hace 30 años” y “la barbarie cometida por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre” en territorio israelí.

Con la designación del rabino Wahnish, su líder espiritual, como embajador “político” en Tel Aviv, y su proceso de acercamiento al judaísmo vigente en su vida cotidiana, Milei deja en claro en cada ocasión su apuesta por un vínculo privilegiado con el Estado judío. La mudanza de la sede de la embajada, desde Hertzlia a Jerusalén es otro eventual y polémico paso que Milei prometió en su momento y que Israel espera con ansias, en tiempos de crisis interna y externa, y un estado de guerra casi permanente.



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