En una operación coordinada entre la justicia de Paraguay e Interpol, el exsenador argentino Edgardo Kueider fue detenido en Asunción junto a Iara Guinsel. Ambos cumplían arresto domiciliario en Paraguay y fueron trasladados a la Argentina. La detención se produjo un día antes de una audiencia preliminar en la causa que los investiga por contrabando de divisas y posible lavado de activos. El juez Rolando Duarte estuvo a cargo del operativo en la capital paraguaya.

La extradición de Kueider fue solicitada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa Securitas. Esta investigación judicial se centra en una red de coimas que involucraría a funcionarios y exfuncionarios acusados de recibir pagos de la empresa de seguridad privada Securitas para facilitar contrataciones públicas. Si bien Kueider no formó parte de la causa originalmente, fue incorporado posteriormente ante la sospecha de que el dinero de los cohechos podría haber sido el origen de sus inversiones inmobiliarias.

La conexión de Kueider con esta causa surge de la sospecha de que parte del dinero obtenido de manera ilícita podría haber sido utilizado para financiar sus inversiones.

El juez paraguayo Rolando Duarte explicó el proceso tras la detención de Kueider y su acompañante. “Una vez detenidos o puestos a disposición del juzgado, se realiza lo que se denomina la audiencia identificatoria. En esa audiencia se le consulta si se quieren someter al proceso de extradición. Si se someten al este proceso, se inicia el procedimiento de entrega. Si no se someten, empieza lo que formalmente se conoce como un proceso de extradición”, detalló Duarte a ABC Color. El magistrado agregó que se les garantiza el derecho a la defensa l Código Procesal Penal y el Tratado de Extradición entre Paraguay y Argentina.

El pedido de extradición llegó a Paraguay en enero de 2025 Inicialmente, el Ministerio Público paraguayo solicitó que se complementara la información proporcionada por la justicia argentina, ya que existían cuestiones formales que debían respetarse según los tratados internacionales. Una vez subsanadas estas cuestiones, la Fiscalía General del Estado paraguaya solicitó formalmente el inicio del proceso de extradición y la orden de detención preventiva de los ciudadanos.

En su última entrevista con , Kueider insistió en que no existen pruebas en la causa de Arroyo Salgado y cuestionó el accionar de la jueza. “Si la justicia de Arroyo Salgado continúa con esta acusación, ya permítame dudar si realmente quiere llegar a la verdad, porque a esta altura del partido tiene que estar recontra probado que no tengo nada con la causa de Securitas”, afirmó.

Sobre el regreso del exfuncionario a la Argentina, Kueider expresó su anhelo de ver a sus hijos, algo que no pudo concretar debido a la prohibición de salir del país impuesta por la jueza Arroyo Salgado.

Kueider enfrentará el proceso judicial sin fueros, debido a su expulsión del Senado. Esto implica que podría quedar detenido, en un penal o en prisión domiciliaria, una vez que ingrese a la Argentina.

El exsenador criticó duramente el proceso de desafuero en el Senado, y argumentó que no se respetó su derecho a la defensa y que no se le permitió presentar pruebas. “En el Senado no se respetó el derecho de defensa, no se cumplió el reglamento, no se me dio oportunidad de ir y dar mi descargo, no hubo presentación de prueba. Fue una decisión política demagógica”, declaró Kueider.

Kueider también apuntó contra algunos senadores, como Luis Juez, y contra la presidenta del Senado, a quienes acusó de facilitar su expulsión. “La jueza Arroyo Salgado pide minutos antes del inicio de la sesión el desafuero sin ninguna condena ni procesamiento. No es el hecho de que me hayan expulsado, sino la manera en la que me expulsaron”, concluyó.

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Desde fines de abril, en el juzgado federal de Ariel Lijo tramita en silencio una causa que investiga el presunto cobro de coimas por parte del Consejo Federal Pesquero, un órgano integrado por funcionarios nacionales y provinciales que, entre otras funciones, reparte entre empresas y provincias las cuotas de pesca de las distintas especies argentinas.

La denuncia fue realizada por Prodesur S.A, una controvertida empresa pesquera radicada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Su dueño, Liu Zhijiang, sostiene que a través de un proceso de adjudicación fraudulento, que incluyó el pago de sobornos a funcionarios, su compañía fue ilegalmente apartada en el nuevo esquema de distribución, que regirá hasta 2039.

Asegura que el Consejo Federal Pesquero -integrado por cinco miembros del Gobierno y otros tantos de las provincias con litoral marítimo- le negó una cuota para pescar Merluza Negra, una especie patagónica de aguas profundas, muy escasa, por cuya tonelada se paga cerca de 30 mil dólares.

En el Consejo desestiman la denuncia. Consideran que es una “extorsión” y la asocian a las “malas prácticas” de Zhijiang, un empresario con múltiples intereses y ocupaciones, que lleva la marca de haber pescado ilegalmente en el pasado la especie que ahora reclama.

Los alcanzados por la denuncia son el subsecretario de Pesca y presidente del organismo, Juan Antonio López Cazorla; los representantes del Ejecutivo, Miguel Schmukler y Martín Fernández; la representante de la Cancillería, Paola Gucioni; la representante de la Jefatura de Gabinete, Julia Mantinian; y los representantes provinciales Andrés Arbeletche (Chubut); Edgardo Sergio Paleo (Río Negro); Carla Estafanía Seain (Provincia de Buenos Aires) y Gustavo Ernesto Martinez (Santa Cruz).

La única provincia que quedó al margen de la denuncia por cohecho es Tierra del Fuego, representada por Carlos Cantú.

El inicio de las actuaciones, sin embargo, no se dio con Liu Zhijiang, sino en Mar del Plata, con la denuncia realizada por el diputado bonaerense y exintendente de General Pueyrredón Gustavo Pulti.

Fue sobre la base de trascendidos periodísticos que hablaban de presuntas coimas por parte del Consejo en la antesala a la actualización del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), como se llama al mecanismo que distribuye entre empresas y provincias la cantidad disponible de cada especie para la pesca.

La acción contra el Consejo Pesquero tomó otra dimensión cuando, a la de Pulti, se sumó la denuncia de Zhijiang y, tras un dictamen del fiscal Santiago Eyherabide, el caso pasó de la Justicia federal de Mar del Plata a la de Comodoro Py, donde tramita actualmente.

El régimen de cuotificación se creó con la Ley Federal de Pesca en 1997, pero se implementó recién en 2009. Esa primera distribución venció el pasado 31 de diciembre, no sin antes abrirse un nuevo proceso de reparto. Las cuotas se renovaron hasta 2039 y Prodesur quedó disconforme.

La denuncia penal es solo uno de los frentes judiciales que Liu Zhijiang abrió contra el Consejo. El otro expediente tramita en la Justicia Contencioso Administrativa, siempre con el patrocinio letrado de Fernando Burlando y Juan Tiberio.

Allí, Prodesur sostiene que el procedimiento de adjudicación no se hizo mediante una “licitación” y que fue excluido de un reparto que se digitó a través de coimas. Por eso, pide que se haga uno nuevo, en el que le asignen a su buque 800 toneladas anuales de Merluza Negra. Es decir, ingresos por más o menos 20 millones de dólares por año.

Como medida cautelar, solicitó ante la Justicia que se declare la nulidad de la resolución que el Consejo emitió el 5 de septiembre de 2024 por la que se asignó a tres empresas las cuotas correspondientes a la Merluza Negra: Estremar S.A, Argenova S.A y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antartida S.A.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4 rechazó la cautelar, pero el caso sigue su curso, en paralelo a la denuncia penal que tramita en Comodoro Py.

Los criterios por los cuales el Consejo Pesquero reparte las capturas varían según la especie, pero según lo establecido son sensibles a la mano de obra empleada, las inversiones a realizar y la performance de la empresa en el pasado. Por eso, quienes conocen el sistema no dudan en calificarlo de “conservador”, por tender a favorecer a quienes ya cuentan con recorrido en el rubro y cuotas asignadas.

Estas cantidades que asigna el Consejo son transferibles e, incluso, dado que son una concesión estatal, pueden cederse de manera gratuita, si su dueño considera que no se podrá cumplir con la captura mínima exigida.

En el Consejo Federal Pesquero sostienen que Prodesur se desprendió voluntariamente de su cuota de Merluza Negra en 2020, cuando la vendió a San Arawa, otra empresa pesquera. Afirman que así perdió su derecho sobre la especie, aunque, eventualmente, podría volver a comprar cuota, remarcan, si alguna empresa decidiera vender la suya.

Dentro del Consejo hay quienes interpretan que la denuncia es un “vuelto” por las sanciones impuestas al Tai-Ian, el buque de Prodesur, marcado por haber pescado ilegalmente más de 170 toneladas de merluza negra, justamente la especie que le fue negada.

Los pescados fueron decomisados, el buque debió permanecer varado en el puerto más de un mes, y la firma debió afrontar el pago de una multa de casi 3 millones de dólares.

Además, señalan que la queja de Liu Zhijiang es parcial o selectiva, puesto que no impugna otras resoluciones del Consejo por las que se le otorgó a su empresa cuotas para la pesca de Polaca y Merluza de Cola, dos especies de menor valor, pero de las que Prodesur se lleva un 45% y 15%, respectivamente.

“No puede dejar de señalarse -dijo el Consejo en uno de los escritos presentados en la Justicia- que los supuestos vicios que los actores [Prodesur] le achacan a la Resolución CFP N° 4/2024 serían -en caso de existir- idénticos a los de las Resoluciones CFP N° 3/2024 y N° 5/2024, por las que se asignaron CITC de otras especies (merluza de cola y polaca) para el mismo período (2025-2039), y que PRODESUR S.A. fue una de las beneficiarias de dicha asignación”.

Un informe técnico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) -el organismo que establece la cantidad que luego puede distribuir el Consejo- precisa que el buque Tai-An pescó sin cuota y en una zona vedada un total de 175 toneladas de merluza negra, un proceso plagado de irregularidades que evidenciaban que la captura no fue “incidental”, como dijo Prodesur.