Sopa de calabaza, arroz con proteínas y peras de postre, regados con abunda vino, a $50 mil el cubierto. Ese fue el menú de la tertulia privada que el miércoles por la noche reunió a una docena de comensales en Casa Moema, un ámbito de conversación distendido que nació en la post pandemia de la mano del anfitrión, el brasileño Murilo Targalia, ex candidato a concejal de Río de Janeiro por el comunismo, y su socia Valentina Caputo, escritora y la encargada de la selección de los oradores y del reclutamiento de los asistentes.

La del miércoles, sin embargo, no fue una cena más, no por la intimidad, que se respetó a rajatabla, si no porque el invitado estrella fue el ex presidente Alberto Fernández, que dejó por unas horas su departamento de la torre River View, en Puerto Madero, del que sale poco desde que su ex pareja lo denunció en la Justicia, para compartir con un grupo de comensales sus vivencias en la Presidencia y, especialmente, su gestión durante la pandemia de COVID-19.

Muy distendido, en el corazón de Palermo, de camisa y suéter con cierre, Fernández acaparó la atención del resto de los invitados hasta bien entrada la noche. Hacia el final algunos de los comensales le pidieron fotos, y hasta a alguien se le ocurrió incluso en algún momento de la velada pedir un aplauso para el ex presidente. Un momento de sosiego para un Fernández acostumbrado desde hace rato a tiempos de zozobra.

Entre Buenos Aires a Ginebra. Épocas de zozobra también para el sindicalismo argentino, que aportará la semana próxima una nutrida comitiva en Ginebra, en el marco de la 113 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en la sede de la OIT, un ámbito de discusión sobre las reglas del mundo del trabajo que suele convocar a los jefes del gremialismo local, inquietos en estos meses por la avanzada del Gobierno sobre los gremios y por la renovación de la cúpula de la CGT.

El constructor Gerardo Martínez suele ser uno de los habitués de esas delegaciones, también Héctor Daer, que el año pasado hizo un repaso en Suiza de las políticas de ajuste de Javier Milei, un discurso encendido que tuvo mucha más repercusión en la OIT que en Buenos Aires, donde el sindicalismo vernáculo atraviesa tiempos de incertidumbre. En esta edición, durante la presentación argentina que tendrá lugar a mediados de semana, se espera en particular una exposición caliente a cargo del sindicato de los empleados de la ex AFIP, que viajan a Ginebra después de que la Justicia hiciera lugar a la medida cautelar presentada por su gremio contra la ARCA por la decisión de esa agencia de incluir en el sistema interno de liquidación y recibos de sueldos una pestaña en la que los empleados tenían la oportunidad de desafiliarse al gremio con un solo click, con una leyenda que detallaba cuánto se destina de los sueldos al sindicato. En los hechos, tuvo escasa repercusión, y puertas adentro aseguran que no se trató de ninguna idea novedosa: Ricardo Echegaray ya lo había implementado en sus tiempos de administrador federal. El ex jefe de la AFIP K, investigado en la Justicia por múltiples causas, pasa ahora sus días como trabajador de Aduana en una empresa de navegación privada que une al Tigre con Uruguay.

Sin embargo, en el mundillo sindical hay versiones que dan cuenta de que esa iniciativa del Gobierno en la agencia de recaudación es parte de una prueba testigo que podría extenderse hacia otros gremios y organismos, y de las modificaciones en las leyes laborales y sindicales con las que el Ejecutivo planea avanzar, y que tienen a Federico Sturzenegger como punta de lanza.

El ministro tiene luz verde para ir a fondo. En su entorno resaltaron que hace algunas semanas que está especialmente enconado con un jefe sindical: Armando Cavalieri, de Comercio, un gremio muy numeroso, por la pauta salarial que “El Gitano” firmó con las cámaras del sector por encima del límite permitido por el Ejecutivo, un ancla inflacionaria. Julio Cordero, el secretario de Trabajo, no lo homologó, y Sturzenegger se fijó como objetivo una reprimenda aleccionadora. Algo de eso mencionó el ministro, según sus colaboradores, en una visita que hizo el miércoles pasado a un histórico jefe gremial, que lo invitó a tomar café a su sindicato, no muy lejos de Casa Rosada. Hubo fotos, pero no se ventilaron. Al menos por ahora.

Entre Ginebra y Buenos Aires, operadores del universo sindical empiezan a deshojar la flor frente al recambio de autoridades de noviembre. La salida de Daer es un hecho. El clan Moyano, por su parte, retrocedió en influencia desde que Pablo se alejó momentáneamente de ese rubro y se recluyó en el club de fútbol de Camioneros, y Hugo avisó que hay peleas que ya no está para dar. Entre la renovación se menciona a Cristian Jerónimo, en ascenso, del sindicato de empleados del vidrio, y a Jorge Sola, de Seguros, muy vinculado con un sector del círculo rojo, aunque en algunas mesas se habla, de todos modos, de un “tapado” que está en condiciones de sorprender.

Compañeros y correligionarios. Sorpresa fue la que se llevó un mes atrás un muy conocido lobbista del círculo rojo que prestó su casa para una cena que pintaba muy amena y que tuvo algunos pasajes de tensión cuando dos diputados, Facundo Manes y Emilio Monzó, se trenzaron en una muy acalorada discusión propiciada por el neurocientífico que, según algunos de los presentes, sacó de su eje al ex presidente de la Cámara baja, que reaccionó tan desencajado que el propio dirigente radical volvió sobre sus pasos.

Es que la disputa en la provincia de Buenos Aires, el distrito en el que Manes vuelve a la carga con su nueva propuesta, “Para Adelante”, es un polvorín en todos los sectores, desde el PRO y LLA hasta el peronismo y la UCR, atravesados todos por un denominador común: una pelea facciosa inherente a todos los espacios.

Manes se lanzó hace dos viernes desde una isla de Tigre después de una reunión que mantuvo con el anfitrión, el intendente peronista Julio Zamora, un dirigente que se enfrentó al massismo y que coquetea con el diputado por si tiene que apelar a un plan de urgencia si el gobernador Axel Kicillof no rompe definitivamente con el kirchnerismo, como pretenden un grupo de intendentes y dirigentes del PJ provincial que quieren corroer el liderazgo de Cristina Kirchner y enfrentarse en el territorio con La Cámpora. Manes lanzó un primer spot de campaña con consignas centristas que incluyó una imagen fugaz y crítica de Sergio Massa, que motivo que desde el Frente Renovador llamaran al neurocientífico para que borre, en vano, ese extracto.

Apuntalado por consultores como Federico Zapata y Pablo Touzon, y dirigentes como Lucas Delfino, un ex PRO que acerca colegas de JxC; el legislador Guillermo “Cuca” Suárez -su mano derecha- y con un rol relevante para el diputado Pablo Juliano, con aceitados vínculos con la Iglesia y empresarios, Manes quiere capitalizar la dispersión de la oferta electoral que, en el radicalismo, se reparte entre las dos facciones provinciales: los impulsores de un acuerdo con La Libertad Avanza y los promotores de una diagonal por fuera de la órbita del gobierno. Fue la disyuntiva que se debatió en la reunión de los 27 intendentes de la UCR que se congregaron a mediados de semana en La Plata, sin ninguna convocatoria concreta por parte de la Casa Rosada más que algunas reuniones de hace varias semanas y algunas versiones mediáticas que, por el momento, no tienen ningún tipo de asidero.

A ese complejísimo entramado de acuerdos políticos que involucran a la UCR, al PRO y a LLA de cara a la elección bonaerense se suma la guerra sin cuartel en el peronismo entre Kicillof, Cristina Kirchner y la agrupación liderada por su hijo Máximo, que en las próximas horas sumará un nuevo capítulo con el estreno oficial en pleno pleito de Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del gobernador que se reunió ayer en el camping de UPCN en La Plata, y la respuesta prevista para este lunes de la ex presidenta en la señal C5N, justo cuando el canal acaba de modificar a su cúpula con un explosivo recambio de autoridades muy bien recibido por la jefa del PJ nacional, que presta atención a todos los mostradores.

En medio de esa pelea provincial, la Legislatura alcanzó al menos en los últimos días un consenso para la aprobación de 131 pliegos judiciales que el Senado convalidó tras los reclamos de la Corte Suprema bonaerense, que pedía por esas vacantes. El ministro de Justicia, Juan Martín Mena, un alfil de la ex presidenta, siguió la sesión desde uno de los palcos.

No se precisó si fue por esa gestión, pero el funcionario se bajó de la comitiva que viajó a México para seguir de cerca la primera elección por voto popular de más de un millar de cargos judiciales -entre ellos los jueces de la Corte- en ese país, una reforma inédita para la región que impulsó el año pasado Andrés Manuel López Obrador y que despertó una enorme curiosidad en el Instituto Patria. Por eso tenía previsto viajar Mena. Al final, solo aterrizaron en México, por parte del peronismo K, las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Lucía Corpacci, y los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

alberto fernández:balcón

Javier Milei,presupuesto nacional

No es un secreto que los pedidos de los intendentes pueden pesar más que un currículum intachable y una buena nota de examen a la hora de designar jueces y fiscales. Pero el proceso que acaba de concluir en el Senado bonaerense, con el acuerdo para 131 funcionarios judiciales, parece fuera de toda escala.

A fin del año pasado, Axel Kicillof había enviado más de 200 pliegos al Senado, un cuerpo que tiene que prestar acuerdo para este tipo de designaciones. Eran nombres de aspirantes a cargos de jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces, indispensables para cubrir vacantes en distintos fueros y jurisdicciones. El gobernador los elige a partir de ternas con orden de mérito que le eleva el Consejo de la Magistratura y los manda al Senado.

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El rol de los senadores es clave. Son el último filtro para, según la Constitución provincial, garantizar la “solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones y los derechos humanos” de los candidatos. Primero interviene la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos: analiza cada caso y entrevista, en persona, a cada candidato. Recién después de este minucioso proceso los pliegos llegan al recinto para ser sometidos a votación.

Todo eso, en la teoría. La realidad fue un poco distinta y tuvo más acting que el documental Justicia divina. Para empezar, los pliegos de Kicillof tardaron meses en llegar a la comisión. Uno de los motivos fue que faltaban en esa tanda ciertos pliegos que impulsaba la presidenta del Senado, Verónica Magario, exintendenta de La Matanza. Eran nombres para cargos estratégicos de ese mismo departamento judicial.

Una vez que se destrabó esa rosca y entraron los nombres de La Matanza, el proceso se retomó en la comisión de Asuntos y Acuerdos, que preside Emmanuel González Santalla, de La Cámpora. Pero lo que pasó ahí fue más desprolijo aún.

Según documentos oficiales que reveló TN el año pasado, esa comisión de 15 miembros entrevistó a 205 candidatos (y analizó sus pliegos) en apenas tres jornadas. Cada una duró unas cuatro horas, por lo que cada pliego se habría estudiado en un promedio de tres minutos y medio.

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Además de las entrevistas exprés -si es que las hicieron-, algunos senadores de esta comisión ni siquiera se involucraron. Sergio Berni -un duro crítico de los jueces cada vez que estalla un caso de inseguridad- se conectó por Zoom desde un auto para una de estas jornadas. Y otro de los días simuló estar conectado, pero era una participación fantasma: apagó la cámara para ocultar que, en realidad, a esa hora estaba en un acto con Kicillof, en Zárate.

Finalmente, el último miércoles 131 de esos 205 pliegos llegaron al recinto y se aprobaron. Irónicamente, fue en pleno escándalo internacional por el desempeño de una jueza bonaerense, Julieta Makintach, la que actuaba para la película Justicia divina mientras juzgaba la muerte de Diego Maradona.

Aunque ya estaba por terminar mayo, ese día el Senado tuvo su primera sesión ordinaria en todo año. Una vez concluida, con todo aprobado al estilo de una escribanía, Magario celebró el acuerdo para los pliegos con este mensaje en su cuenta de X: “Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el buen funcionamiento institucional del Poder Judicial y la defensa de los derechos de las y los bonaerenses”.

El paquete de 131 nombres aprobados esconde varios que son polémicos. Por ejemplo, el del juez Sebastián Carreira Ochoa, uno de los candidatos de Magario, que ahora asciende a la cámara penal de La Matanza a pesar de un detalle: ser hijo de la fiscal general de ese departamento judicial.

También ascendió a camarista un candidato impulsado por el massismo, el juez de Garantías de Tigre Diego Efraín Martínez, que tuvo allí como secretaria a la jueza Makintach. Hace unos años, Elisa Carrió había impugnado un ascenso de Martínez, al cuestionar procedimientos arbitrarios e injustificados que habría hecho su juzgado, y vínculos con fiscales de la misma zona que terminaron procesados: Julio Novo, hoy en juicio por presunto encubrimiento al narcotráfico, y Claudio Scapolán.

Scapolán enfrentó un jury que se sesionó en este mismo Senado y lo destituyó. Uno de los testigos a su favor fue el propio juez Diego Martínez. Scapolán enfrentaba denuncias graves, como el presunto uso de la estructura de su fiscalía para cometer delitos, y hasta la supuesta participación en cadenas de narcotráfico con otros funcionarios públicos. Lo removieron en 2023. Solo se opuso una senadora del Frente Renovador que sigue en la comisión que trata los pliegos: Sofía Vanelli.

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Otra consecuencia del paquete de pliegos aprobados es que quedan integradas sin ninguna mujer las cámaras penales de San Isidro, La Matanza, Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca. Así se está armando el Poder Judicial bonaerense de los próximos veinte años.

Y hay algo más. Si en el futuro alguno de estos 131 funcionarios se convirtiera en otro caso Makintach (o en otro caso Novo, o Scapolán) nadie podría saber quién avaló su designación y quién no. Porque en la Legislatura de los Chocolates, que ya se prepara para votar la reelección indefinida de legisladores, no queda registrado cómo votó cada legislador. Solo se registra si un proyecto se aprobó o se rechazó.

La única forma de identificar los votos es prestando atención desde el palco de prensa del recinto. Pero en esta sesión, Magario no dejó que los periodistas acreditados usaran esos palcos, y los mandó a cubrir la sesión por YouTube. ¿El argumento? Que hacen mucho ruido y distraen a los senadores.

La medida tiene un agravante: las sesiones donde se votan pliegos judiciales son de las pocas que tienen que tener carácter público sí o sí. Así lo ordenan el artículo 175 de la Constitución bonaerense y el reglamento de la cámara alta. Tampoco importó.

Verónica Magario, Axel Kicillof