POLITICA
Javier Milei profundizó el recorte de fondos a las provincias y Santa Fe ya alertó que irá a la Justicia
El gobierno de Javier Milei eliminó esta semana los anticipos de pagos a las cajas jubilatorias de 13 provincias, lo cual afecta directamente a la liquidación de los haberes de los beneficiarios. Además, eliminó de manera total el fondo de incentivo docente. Lo hizo en el DNU 280 y a días de que la Casa Rosada reciba nuevamente a los mandatarios provinciales para avanzar en el llamado Pacto de Mayo.
Con esas decisiones, suma un nuevo conflicto en la relación con los mandatarios. Una de las primeras en reaccionar fue la provincia de Santa Fe, que gobierna Maximiliano Pullaro. En ese sentido, el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso, expresó su rechazo al recorte de fondos para los jubilados provinciales y remarcó a que se trata de “otro golpe al interior”. Afirmó que la medida es un incumplimiento de acuerdos y pactos que fueron aprobados de manera legal en su momento.
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El conflicto inició con el decreto 28 por la derogación de la prórroga de los recursos que iban destinados a las cajas jubilatorias de las provincias, la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y del Fonid.
“Las cajas de jubilaciones no son casta. Las cajas de jubilaciones es el ahorro de aportes de los trabajadores durante toda una vida para que llegados al límite de la edad y requisitos puedan vivir dignamente el resto de sus vidas”, sostuvo Boasso en declaraciones a Cadena 3, quien remarcó que Nación le debe a Santa Fe aproximadamente $700.000 millones.
En su momento, Pullaro advirtió que una de las condiciones para contar con su firma en el Pacto de Mayo era que se pagaran esas obligaciones. “Se debe aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir, que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”, agregó el secretario.
“Aquí se siguieron pagando las jubilaciones y las pensiones con buenas tasas de sustitución y ahora con este decreto deja sin efecto incluso acuerdos pasados. Y a partir de ahora, si no hay otras modificaciones, no se van a afrontar. La verdad que es un peligro enorme”, continuó el funcionario de Pullaro, quien calificó el accionar del presidente como “otra trastada” y una “apropiación indebida de fondos”.
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De acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilados y 23.931 pensionados. En ese entonces, el haber promedio alcanzaba los $571.503.
Además de Santa FE, trece provincias se ven directamente impactadas por la medida. Entre ellas se encuentran Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
Con el renovado conflicto por fondos, los gobernadores de JxC se reúnen con Francos
En un intento por recomponer el vínculo con el Gobierno nacional, los gobernadores de Juntos por el Cambio se muestran dispuestos a acercar posiciones y garantizar los votos para la nueva Ley Ómnibus y el mega DNU del presidente Javier Milei. El encuentro será este jueves 4 de abril en Casa Rosada.
Originalmente, el encuentro había sido pautado para este lunes y solo incluía a los gobernadores del PRO y de fuerzas provinciales, pero por “problemas de agenda” debió reprogramarse para después del fin de semana extra largo y la convocatoria abarcará a todos los de JxC, incluidos los radicales.
Fueron convocados el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Luis, Claudio Poggi; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La mayoría ya confirmó asistencia.
Javier Milei, Maximiliano Pullaro
POLITICA
La secretaria de Edgardo Kueider pagó más de USD 460 mil en efectivo por seis departamentos en Paraguay
En el marco de la investigación que lleva adelante la justicia de Paraguay contra el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Consta, quienes fueron detenidos cuando intentaban cruzar la frontera con más de 200 mil dólares en efectivo, se descubrió que la mujer intentó comprar seis departamentos en el país vecino.
Se trata de una operación que Guinsel Costa inició en el mes de abril del 2024, días antes de que se trate la Ley Bases en el Congreso, lo que desencadenó que el exlegislador que pertenecía al bloque de Unión por la Patria (UP), repentinamente se pasara al oficialismo y votara en favor de la controvertida medida que impulsó el presídete Javier Milei.
Por el reclamo de los vecinos, Edgardo Kueider debió mudarse de casa en Paraguay
La maniobra aparece en los informes oficiales de la justicia paraguaya, que reprodujo el medio Análisis, de Entre Ríos, provincia de la que son oriundos ambos imputados. Guinsel Costa pagó más de 460 mil dólares en efectivo por la compra de seis departamentos en Paraguay, pero finalmente el dinero le fue reintegrado porque la operación no se concretó, informó el portal.
De acuerdo con el registro de movimientos detallados en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), tanto de entidades bancarias como inmobiliarias detectadas por las autoridades del vecino país, el primer desembolso de más de 120 mil dólares fue realizado en abril de 2024, ocho meses antes de la detención de la pareja en la frontera.
La jueza Arroyo Salgado le negó la eximición de prisión del exsenador Edgardo Kueider
Los informes muestran un segundo pago, de 250 mil dólares, efectivizado en junio de 2024, pocos días después de la aprobación de la Ley Bases que se concretó el 28 de ese mismo mes. Las operaciones se hicieron bajo la firma Golsur SA, donde Guinsel Costa figurara como apoderada.
Esa misma empresa es la que investiga la justicia de Entre Ríos, por la adquisición de al menos, tres propiedades en la ciudad de Paraná, algo que no concuerda con el patrimonio declarado del exsenador y su secretaria. Además, existe una causa en la justicia federal que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado, por delitos de evasión y lavado de dinero contra la pareja.
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