CÓRDOBA.- El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al gobernador riojano Ricardo Quintela por sus declaraciones acerca de que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″. Para el funcionario judicial podrían constituir el delito de “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional».

Stornelli cita los dichos de Quintela el lunes en el programa“Mañana Sylvestre”, conducido por el periodista Gustavo Sylvestre y emitido por Radio 10 (AM 710).

En su escrito el fiscal puntualiza la frase del Gobernador: “…Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo le planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: ‘Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 соmраñeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (…) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos asi llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda…”.

En la presentación, el fiscal subraya que los dichos adquieren “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador».

Plantea que, prima facie, las declaraciones podrían encuadrar en los delitos tipificados en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 (apología del crimen) y 226 bis (amenaza de sedición), del Código Penal.

Otra denuncia fue presentada por el referente de La Libertad Avanza (LLA) de La Rioja, el exconcejal Javier Ruiz. Para el dirigente las palabras del Gobernador constituyen una instigación pública a la alteración del orden constitucional. Plantea que Quintela utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.

Además, por el segmento en el que Quintela se refiere a las muertes del 2001 como «hay sacrificios que valen la pena», el denunciante dice que se puede inferir “la posible participación en una estructura u organización política que habría asumido como legítima la exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte, con pleno conocimiento de las consecuencias que de ello podían derivarse».

En esa línea, Ruiz pide a la Justicia que investigue si estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. Solicita que se llame a Quintela a declarar para que precise quiénes dieron las órdenes en 2001 y qué rol cumplió él en esa organización.

El juez federal Diego Amarante pospuso la declaración indagatoria del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que estaba prevista para el viernes 6 de marzo, y fijó una nueva fecha para el miércoles 11 del mismo mes, debido a que el dirigente cambió sus abogados y éstos necesitan interiorizarse del expediente.

No es un simple trámite administrativo, ya que la AFA decidió suspender el fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo como medida de fuerza por la citación a indagatoria al presidente de la entidad madre del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, prevista para el jueves 5 de marzo.

Se desconoce si con la postergación de la indagatoria de Toviggino para el 11 de marzo, los clubes decidirán otra medida de fuerza en esa semana.

Toviggino y Tapia fueron citados a declarar como sospechosos, junto a la AFA e integrantes de la comisión directiva de la entidad, por supuesta evasión fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) les reprocha haber retenido aportes patronales e impuestos en los períodos 2024 y 2025. La AFA dice que no pagó porque estaban suspendidas las ejecuciones para las organizaciones sin fines de lucro, pero luego, anoticiada de la denuncia, canceló la deuda.

ARCA dice que cuando se venció el pago no estaba realizado y por eso reclama $19.000 millones en impuestos, además de denunciar el supuesto uso de facturas apócrifas.

Amarante decidió cambiar la fecha de la declaración indagatoria a pedido del nuevo abogado de Toviggino, el doctor Marcelo Rochetti. El magistrado entendió que era razonable y pospuso el trámite para el 11 de marzo.

Rochetti era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cristian Ritondo (2015-2018), durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

En 2018 presentó su renuncia, tras denuncias de Elisa Carrió que lo vinculaban a negocios con Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, y supuesto operador judicial.

Toviggino, al igual que Tapia, está acusado de haber retenido aportes previsionales y de haber evadido el pago de impuestos. Además, se les prohibió la salida del país, aunque luego el juez levantó la medida con respecto a Tapia.

Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros: retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia, el monto incluido sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.

La sindicatura abarca a la AFA, como organización, a Claudio Fabián Tapia, a Pablo Ariel Toviggino y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez.

El organismo recaudador del Estado nacional evaluó que se trata de una apropiación indebida de tributos, porque la AFA actuó como “agente de retención” de la plata de jugadores, empleados o proveedores y no se los dio al fisco. “Al no depositarlos, la AFA abusó de la confianza depositada por la ley”, dijo.

Además de esta causa, la AFA es investigada por posible lavado de dinero, en jurisdicción de Lomas de Zamora, por una supuesta administración fraudulenta ante el desvío de fondos cobrados en los Estados Unidos, y por el presunto uso de testaferros, en un encubrimiento de lavado de dinero, en otro caso, contra su tesorero Toviggino.