El reloj del futuro empieza a correr este viernes en la Argentina de Javier Milei. En apenas dos días, el Gobierno espera, casi con certeza, la sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad de los menores, por un lado y por el otro, la confirmación de la ley de reforma laboral. Detrás de esas leyes, hay implícitas promesas mileístas fundacionales. Por eso el éxito en el Senado implicará una primera consolidación de la visión de país que tiene Milei: una victoria remarcable de su esquema de gobernabilidad en minoría. Pero también significará la desaparición de obstáculos para el cumplimiento de esa visión: es decir, desde este viernes, el Gobierno empezará a quedarse con menos argumentos, o excusas, en el caso de no lograr avanzar en el camino hacia los objetivos prometidos. Al contrario, habrá puesto sobre la mesa una nueva vara contra la que será juzgado: un aumento contante y sonante del empleo formal y una baja efectiva del delito.

¿Qué pasa si no lo logra? El Gobierno no sólo necesita de la aprobación de esas leyes. También necesita de su impacto real. La exigencia de la ciudadanía va in crescendo. Ayer se conoció el nuevo Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que publica la Universidad Di Tella. Este mes, alcanza los 6,38 puntos. Representa una caída de 0,6 por ciento respecto del primer mes de 2026, cuando fue de 2,40, una tendencia a la baja gradual que se registra desde diciembre. Pero lo más relevante es que muestra una caída de 6,8 por ciento respecto de febrero de 2025, cuando alcanzó los 2,56 puntos.

El tiempo “reformista” del Gobierno es parte de su plan económico. “Las reformas laboral y tributaria apuntan a formalizar más la economía y a generar mayor crecimiento”, decía Luis Caputo en noviembre del año pasado. Con la “modernización” laboral, el Gobierno avanza con la formalización legal de una idea de libertad, o flexibilidad, laboral como respuesta al estancamiento, o caída, del empleo privado y al aumento de la informalidad. Con el nuevo Régimen Penal Juvenil, llega la institucionalización de una idea de orden y seguridad a contrapelo del “garantismo” kirchnerista para responder a la preocupación por la inseguridad. Los tres temas, incertidumbre económica y la falta de crecimiento, además de inseguridad, están entre las preocupaciones más altas y persistentes de los argentinos.

La última encuesta de D’Alessio-Irol-Berensztein sobre las principales preocupaciones de los argentinos lo deja ver. En el primer puesto, la inseguridad: es el tema que preocupa a un 64 por ciento. En el segundo puesto, está la incertidumbre económica con un 61 por ciento. En tercer lugar llega la falta de propuestas para el crecimiento, que inquieta a un 57 por ciento, una preocupación que aumentó 5 puntos respecto de diciembre de 2025, cuando alcanzó al 53 por ciento.

Las dos leyes que podrían sancionarse entre jueves y viernes le permiten al Gobierno construir una narrativa exitosa frente a esas demandas. Si se trata de leyes reformistas prometidas y finalmente aprobadas, el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias de este año, Milei podrá agitar la bandera de esos dos logros.

Pero la traducción de la letra de la ley a los hechos del día a día no es tan obvia ni sucede a tanta velocidad. Desde hace meses el debate está planteado: ¿la creación de empleo formal llega de la mano del crecimiento? Eso cree el kirchnerismo. ¿O puede haber crecimiento sin creación de empleo formal? En este último caso, entra el factor “reforma laboral” como un factor necesario para aprovechar ese viento de cola de una economía en expansión y convertirla en una oportunidad para generar trabajo registrado.

En el Gobierno hay preocupaciones de corto plazo: 2026. Una figura central del ministerio de Economía lo deja claro. El foco de su preocupación no es la actividad económica: cita a su favor subas intermensuales a fines de 2025. Sí señala contundente otros tres temas. Primero, el riesgo país que, según el funcionario, debería estar en torno a los 400 puntos para poder atraer más inversiones y dinamizar el crecimiento; por el momento, el riesgo país está instalado por encima de los 500 puntos. Segundo, el salario real, que reconoce atrasado. Y finalmente, la morosidad de las familias. La inflación no le quita el sueño: “Este año va a ser del 25 por ciento”, asegura.

Para el funcionario de Economía, está claro el mecanismo de la inflación anual: “El año pasado la base monetaria creció un 31 por ciento y por eso la inflación aumentó en esa escala”. La emisión monetaria vía inyección de pesos para comprar dólares estuvo detrás de ese aumento. Para 2026, la meta diaria de compra de dólares para reservas del Banco Central fijada por el Gobierno le permite hacer el mismo cálculo: “Si se sostiene la demanda de dinero y compramos 30 millones de dólares por día, eso da 25 por ciento de inflación”, explica.

¿Pero porqué la inflación volvió a crecer mes a mes si hay superávit? “Es una buena pregunta. No lo sabemos”, concede. Una de las hipótesis que plantea apunta a la hiper cobertura que hicieron los argentinos el año pasado comprando dólares en niveles récord ante la incertidumbre electoral y a remarcaciones de precios preventivas, también como respuesta a esa falta de paz económica. Pero en ese punto, se perciben más dudas que certeza en esa voz oficial.

El mediano y más largo plazo también dejan abiertas preguntas difíciles de responder. Los últimos días pusieron a la Argentina frente al espejo de Perú y de México en asuntos que se entrelazan cada vez más en América Latina: del crecimiento con informalidad persistente a la consolidación del problema narco y la institucionalización del narco-Estado y un mercado laboral ilegal y paralelo.

La Argentina se diferencia de la inestabilidad política e institucional extrema de Perú: el reflejo que vuelve le juega a favor a la Argentina de los últimos cuarenta años, a pesar de sus crisis: en la balanza crisis política versus crisis macroeconómica, el peso de esta última es notorio. Perú, en cambio, muestra logros en la estabilidad macro: el “milagro peruano” muestra un crecimiento sostenido desde hace treinta años, con excepciones como el 2020 de pandemia o un 2023 de leve caída. En 2025, fue del 3,44 por ciento.

Sin embargo, Perú es también un anticipo de un problema difícil de destrabar: “una informalidad laboral obstinada”, según la define el economista peruano y exministro de la Producción de Perú Piero Ghezzi, a pesar de un crecimiento exitoso y sostenido. El nivel de informalidad es alto y constante desde por lo menos 2008. En 2025, alcanzó al 70,7 por ciento, una baja respecto del 80 por ciento que llegó a tener, pero altísimo todavía.

Pero hay excepciones según Ghezzi: la ley de promoción agraria que estuvo detrás del crecimiento exponencial del sector agroexportador de Perú incluyó aspectos de reforma laboral, como la estacionalidad, que fueron centrales para ese crecimiento. En ese punto, el crecimiento y reforma laboral se vuelve un par con lógicas complementarias. Falta ver si ése es el caso de la Argentina.

La tormenta de narcoterrorismo que atraviesa México en los últimos días también conectan con el futuro abierto de la Argentina. Como la Argentina, en México baja el desempleo pero crece el empleo formal, que en 2025 llegó al 54,6 por ciento, una suba respecto de 2023. En México, y también en Perú y la Argentina, la informalidad es mayor entre adolescentes y jóvenes. En 2025, en la Argentina se ubicó entre el 63 y el 67 por ciento en la franja de edad de entre 16 y 24 años. El mercado ilegal de “soldaditos” del narcotráfico conecta con esa realidad. En ese caso, México es el peor horizonte futuro para la Argentina.

¿Podrá una ley de baja de la edad de imputabilidad resolver ese tema? La cuestión es si efectivamente resulta un desincentivo para la participación de menores de edad en el mundo delictivo. El riesgo, en ese caso, es que el nuevo piso de edad sea un incentivo para que los delincuentes mayores incorporen al crimen a edades todavía menores. Otro interrogante gira en torno a su implementación: sin presupuesto para instituciones razonable y recursos humanos especializados, el riesgo es que el resultado sea la fabricación de una cantera de delincuentes cada vez más crueles.

La política argentina es mala para el cumplimiento y el seguimiento de las políticas de Estado. La educación es un caso testigo. En 2006, se aprobó por unanimidad la Ley de Educación Nacional que prometió mayor inclusión con calidad. Con todo el sistema de auditoría externa que representan las pruebas PISA y las propias pruebas Aprender, antes ONE, la educación argentina se estancó en niveles bajísimos de aprendizaje y una inclusión de poco alcance, con más años de escolaridad y más sectores sociales pero menos aprendizaje para todos. Los resultados se informan regularmente desde hace casi treinta años. Sin embargo, nada sirvió para hacer reaccionar a la política. Los slogans se impusieron sobre la evidencia. ¿Pasará lo mismo con el empleo o con la baja de la inseguridad? El futuro de la Argentina de Milei es, todavía, una pregunta sin respuesta.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada bonaerense Mayra Mendoza protagonizaron un tenso cruce en redes sociales con eje en las tasas municipales. Luego de que el exvocero presidencial informara sobre la posibilidad de reportar el cobro de impuestos comunales, Mendoza lo tildó de “caradura”. Adorni, por su parte, respondió a las acusaciones de la exintendenta de Quilmes: “La única que se cree viva sos vos”.

La discusión se inició cuando Adorni difundió el sitio para realizar reclamos. “Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el jefe de Gabinete, en línea con su estilo habitual. Mendoza reaccionó con dureza: “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”.

Ante esa respuesta, el funcionario replicó únicamente con dos signos de interrogación, lo que profundizó el enojo de la legisladora. “Te crees vivo pero Adorni, pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”, denunció Mendoza.

Y luego amplió luego sus cuestionamientos al rol del Gobierno: “Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia. Cerraron los dispositivos locales de prevención de adicciones, los de salud mental, no hay vacunas, ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo sería esta realidad, ya de por sí difícil, sin la organización de la comunidad junto a los municipios? ¿Cómo imaginan la prestación de servicios mínimos sin financiamiento?“.

“Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre“, completó.

La última palabra, hasta el momento, la tuvo el jefe de Gabinete, quien contraatacó: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”.

Y cerró: “Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder [Cristina Kirchner] presa”.