El Gobierno ya decidió cuáles serán las primeras reformas que impulsará en este nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y en el temario hay un proyecto sobre propiedad privada que, entre otros puntos, facilita y agiliza los procesos de desalojo en caso de la ocupación ilegal de un inmueble, al mismo tiempo que modifica algunos aspectos del régimen de expropiaciones.

Si bien el texto ya se encuentra listo desde hace varios meses, las autoridades nacionales decidieron postergar el debate y no enviarlo durante el verano, cuando se trataron otros asuntos, como la modernización laboral y el régimen penal juvenil.

Ya con los legisladores nuevamente en actividad, la mesa política libertaria se reunió el martes en la Casa Rosada para terminar de definir la estrategia parlamentaria para esta primera etapa del 2026 y se acordó impulsar esta iniciativa.

Püntualmente, el oficialismo propone introducir cambios en la Ley de Expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial, y otras normas vinculadas al dominio y uso de inmuebles, con el objetivo de agilizar la restitución de bienes ocupados de forma irregular y fortalecer las garantías de los propietarios.

Uno de los puntos de la iniciatova es que establece que la acción de desalojo podrá ser promovida no solo por el titular registral, sino también por locadores, usufructuarios, poseedores y cualquier persona que acredite derecho legítimo de uso.

El proceso se tramitaría bajo la modalidad de juicio sumarísimo, lo que implica plazos y etapas mucho más breves que en la actualidad.

Entre las principales innovaciones, el artículo 680 bis del Código Procesal Civil y Comercial, según la versión propuesta, determina que en casos de desalojo contra tenedores precarios, intrusos o usurpadores, el juez deberá “disponer la inmediata entrega del inmueble con la presentación del título de propiedad por parte del accionante, previa caución juratoria” y “la entrega deberá hacerse efectiva dentro de los cinco días de efectuada la solicitud del actor”

Asimismo, se reincorpora un apartado específico sobre “intimación de pago y desalojo de viviendas” que marca que, si el lugar es para uso habitacional, ante el incumplimiento del alquiler, “el locador debe intimar fehacientemente al locatario” a que abone la cantidad debida, “otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a tres (3) días corridos”.

El proyecto también introduce cambios en las notificaciones procesales, autorizando que se realicen en el domicilio electrónico constituido y estableciendo que la ausencia de identificación numérica en la vivienda no impedirá la localización y notificación efectiva.

En materia de desalojos por falta de pago o vencimiento de contrato, la propuesta habilita la desocupación inmediata bajo caución juratoria y presentación del título de propiedad, replicando el procedimiento ágil previsto para tomas y ocupaciones irregulares.

La normativa también establece que se deberá autorizar expresamente el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras, incluso si no hay nadie en la propiedad, así como la designación de depositarios para los bienes muebles hallados en el lugar.

Por otra parte, en lo referido a la expropiación, uno de los cambios está en las indemnizaciones, que si se aprueba esta ley, se ordenará la actualización del monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se publicaría en plataformas oficiales, con la obligación de realizar al menos dos tasaciones independientes.

Además, se aclara que, “en caso de tratarse de una empresa que cotiza en bolsa, se deberá tomar el valor bursátil en una fecha previa a la noticia de expropiación”.

También se especifica que “no existirá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente” y que “la ocupación temporánea anormal, sólo podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo” -actualmente es cualquier autoridad administrativa- y sí “dará lugar a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”, algo que por ahora está expresamente rechazado.

Por último, también se incorporaría un artículo que indica que “en ningún caso podrá disponerse la ocupación temporánea anormal” respecto de empresas, sociedades u otras personas jurídicas; acciones o cuotas partes de sociedades; ni ningún bien sujeto a expropiación.

“Cuando sea necesario asegurar la continuidad operativa de sociedades industriales, comerciales o de servicios públicos durante el trámite expropiatorio, podrá solicitarse al juez la veeduría o intervención judicial en los términos de los artículos 113 y siguientes de la Ley General de Sociedades o aquellos que los modifiquen o reemplacen, si su procedencia fuera justificada”, se precisa.

La medida fue diseñada en el marco del Consejo de Mayo, el grupo interdisciplinario creado por el presidente Javier Milei para traducir en proyectos legislativos los puntos del pacto homómino que firmó junto a la mayoría de los gobernadores en el 2024.

El cuerpo estuvo liderado por el jefe de Gabinete –Guillermo Francos, primero, y Manuel Adorni, después- e integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos.

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El juez federal Adrián González Charvay ordenó este viernes nuevos allanamientos en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en búsqueda de información contable de la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni.

Los operativos se llevan adelante en las sedes de la AFA de la calle Viamonte, en Capital Federal, y en el predio ubicado en Ezeiza.

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Esta investigación comenzó a cargo del juez Luis Armella, a quién González Charvay le pidió el expediente días atrás, y la hipótesis principal es que la compañía administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas. La empresa fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.

Las maniobras se habrían canalizado por medio de contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.

Durante la investigación también se supo que la empresa de Faroni pagó el alquiler de un yate de lujo que usó Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024.

El dato surge de comprobantes bancarios que registran una transferencia realizada el 22 de julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America a la empresa West Nautical Limited, por un monto total de 142.893 dólares.

La fecha, el destinatario del pago y el modelo del barco coinciden con el yate en el que se vio a Tapia durante ese mes, en una imagen que se viralizó en redes sociales luego de los Juegos Olímpicos de París.

El circuito financiero bajo análisis habría administrado cerca de US$300 millones en el exterior, provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección argentina, canalizados a través de TourProdEnter LLC.

El mes pasado, Armella ordenó también investigar las cuentas bancarias de la empresa que administra los fondos de la AFA en el exterior y de cuatro sociedades fantasma que, según la investigación, recibieron dinero de parte TourProdEnter.

En concreto, el juez Armella ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos históricos) correspondientes a TourProdEnter LLC y a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

Para los investigadores, se trata de estructuras societarias sin actividad económica clara, utilizadas para recibir y mover fondos provenientes de la firma liderada por Faroni.

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Cuando comenzó la investigación, la AFA publicó un extenso comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que salió a responder las filtraciones y cuestionamientos sobre los pagos de comisiones a la empresa de Faroni.

En ese texto, la entidad justificó el pago de 30% de comisión por los contratos obtenidos fuera del país y sostuvo que, desde 2017, la actual conducción logró revertir acuerdos históricamente desfavorables para la AFA.

AFA, Justicia

El gobierno de Estados Unidos felicitó a Javier Milei y a la Argentina por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), luego de que se informó oficialmente el reconocimiento diplomático.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó al país por iniciar la gestión al frente del organismo internacional. “En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes”, señaló el alto funcionario del presidente norteamericano Donald Trump.

Hace semanas, Infobae informó que Argentina se convirtió en el primer Estado sudamericano en liderar esta organización intergubernamental, que reúne a gobiernos y expertos para promover la educación, la investigación y la preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio romaní, así como la lucha contra el antisemitismo a nivel global.

Cancillería comunicó la noticia este miércoles, y corroboró que la entidad estará presidida por el empresario Marcelo Mindlin, titular del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de Pampa Energía. “Por decisión del Presidente Javier Milei, la Presidencia será ejercida por Marcelo Mindlin, en coordinación con la Cancillería argentina, y tendrá entre sus principales ejes la proyección de la IHRA en América Latina y el fortalecimiento del acceso a los archivos vinculados al Holocausto”, consignó el comunicado oficial del ministerio que encabeza Pablo Quirno.

“La Presidencia argentina, que se desarrollará bajo el lema “Expandiendo las fronteras de la memoria”, constituye un hito para la IHRA, al tratarse de la primera vez que un país de América del Sur ejerce esta responsabilidad», señala el mensaje oficial.

Y completa: “La República Argentina reafirma su compromiso con la memoria, la educación y la investigación sobre el Holocausto y el genocidio de los Romá, así como con la lucha contra el antisemitismo, con el propósito de que sus enseñanzas perduren a través de las generaciones y trasciendan fronteras”.

La IHRA es una organización intergubernamental que agrupa a 35 Estados miembros y ocho países observadores, además de instituciones asociadas y expertos internacionales. Su misión principal es garantizar que el recuerdo del Holocausto y el genocidio de los Romá se conserve y transmita, promoviendo políticas educativas y de investigación.

La reacción del gobierno de Trump se enmarca en el estrecho vínculo bilateral con la gestión libertaria, en la que el presidente Donald Trump ha manifestado públicamente su apoyo a la administración de Javier Milei en distintos temas de cooperación internacional.

En una conversación con este medio, durante el mes de febrero, Marcelo Midlin consideró que asumir al frente de IHRA «representa un enorme desafío y una oportunidad histórica para acercar a América Latina con la Alianza”. El empresario asumió con el compromiso de convertir el recuerdo de la Shoá en una temática central no solo del sistema educativo nacional, sino en una auténtica política de Estado.

Entre las actividades previstas, se incluyen conferencias, plenarias y seminarios internacionales en Buenos Aires, con dos encuentros públicos fijados para el 31 de mayo y el 1 de noviembre, y sesiones plenarias del 1 al 4 de junio y del 2 al 5 de noviembre. El país apunta a facilitar el acceso digital público a documentos históricos que guarda Cancillería sobre la temática, con la meta de contribuir a la investigación y la transmisión histórica.

Midlin recibió el respaldo transversal de diferentes sectores. Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, recordó que la candidatura de Argentina recibió apoyo tras consultas con los principales candidatos presidenciales: “Hablé con los candidatos presidenciales y los tres más importantes -Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich- dijeron que apoyarían esa nominación”.

La conformación de esta presidencia estuvo impulsada también por factores internacionales contemporáneos, como el rebrote del antisemitismo en el Viejo Continente. “Organizar hoy en Europa algo que tenga que ver con la lucha contra el antisemitismo lo encontraban complejo. Austria tenía intenciones, Francia también, pero era difícil sesionar allí”, apuntó Gelblung.

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