El juez federal Ariel Lijo levantó hoy el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ellos dos. El levantamiento había sido solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la investigación penal. El objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.

La medida también busca -afirmó el fiscal en su pedido- “verificar el origen” de los fondos que ellos manejaron, “contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas”, revisar sus compras y consumos, y “establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada”.

Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni.

El fiscal quiere saber si tenían la capacidad económica y financiera para asmuir esos roles. La lista de las personas cuyos movimientos será investigados incluye a Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

Pollicita informó que pedía las medidas que afectan a Adorni y a su esposa después de analizar “los elementos ya incorporados” en la causa; entre ellos, los informes registrales, escrituras, declaraciones juradas patrimoniales y declaraciones testimoniales. Ayer y hoy declaró la escribana Adriana Nechevenko; antes, había testificado el exfutbolista Hugo Morales, primer dueño del departamento de Caballito en el que viven los Adorni.

Pollicita pidió que se levante el secreto sobre el jefe de Gabinete y Angeletti desde el 1 de enero de 2022, para hacer “una correcta reconstrucción del patrimonio de los nombrados con anterioridad al ingreso de Manuel Adorni a la función pública, así como de examinar, con la amplitud temporal necesaria, las variaciones patrimoniales registradas antes y después de ese hito”.

Una vez levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: ya pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte -desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad- la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti, la firma MasBe [la consultora de coaching de Angeletti] con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado».

También, que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

La lista de los movimientos que el fiscal quiere que le informen es muy larga. Incluye, por ejemplo, “el detalle de ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación que pueda ser de importancia para la pesquisa, con identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto”.

En paralelo con lo derivado del levantamiento del secreto fiscal, Pollicita reclamó a ARCA que le remita la información que tenga de Adorni, Angeletti y MasBe, desde el 1 de enero de 2022, y “copia íntegra de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, con sus formularios completos, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación, aperturas patrimoniales y eventuales rectificativas”.

También cualquier información de índole laboral o previsional que tenga sobre ellos y lo que hubieran facturado.

En cuanto a las mujeres que aparecen como acreedoras de Adorni y su mujer, Pollicita pidió que, una vez levantado el secreto fiscal, ARCA le aporte la toda información patrimonial y económica “que resulte necesaria para establecer si contaban con capacidad económica compatible con los mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en autos». Enumeró, entre otras cuestiones, las declaraciones juradas impositivas presentadas, los ingresos declarados, los bienes y activos y “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones” relativas a los inmuebles de la calle Miró (el departamento que compró Adorni en Caballito), en la avenida Asamblea (su departamento anterior, que hipotecó el 15 de noviembre de 2025) y el lote 380 del barrio Indio Cua, donde está la casa que Angeletti compró ese mismo día.

En cuanto a ese country, Pollicita ordenó que se le requiera a la administración que informe “qué modo fue cancelada la tasa de ingreso por la suma de US$5000″ que, revela el fiscal en su presentación, fue abonada el 30 de noviembre de 2024, dos semanas después de la compra de la casa.

La fiscalía también solicitó que se informe si hubo reportes de operaciones sospechosas (ROS) respecto de los investigados en esta causa.

Pollicita investiga, además, los viajes de Adorni y su mujer, y tiene en su poder la información sobre el vuelo de regreso del jefe de Gabinete y Angeletti, de Estados Unidos a la Argentina, cuando ella lo acompañó a su viaje oficial.

Angeletti pagó US$5154,55, algo parecido a lo que había dicho Adorni cuando intentó justificar el viaje de su mujer. Los dos volaron por Delta y no lo hicieron en clase turista: él viajó en el asiento 1G y ella, en el 1C.

El vuelo de él figura como reservado por “Jefatura.gob.ar”, con la marca de “misión oficial”, informaron fuentes con acceso a la causa. Salió 4910,35 dólares.

Los dos habían viajado, a la ida, en el avión oficial con el presidente Javier Milei, que dejó Nueva York antes que el jefe de Gabinete y voló a Chile para la asunción de José Kast. Adorni se quedó en Estados Unidos, donde se desarrollaba la Argentina Week. Su esposa lo acompañó.

Cuando se conoció el viaje de su mujer y las críticas de la oposición se multiplicaban, Adorni intentó justificar la presencia de ella. Dio una entrevista a A24 diciendo que él se estaba “deslomando” en Nueva York y que quería tener a su lado a su “compañera de vida”. Alegó que eso no le costó nada al Estado y confirmó que compartía con él el hotel -de lujo- en el que se instaló la comitiva presidencial. Dijo además que ella lo ayudaba en el viaje (no precisó si se trató de una ayuda profesional) y que tenía una “actividad” a desarrollar en Nueva York, aunque no dijo cuál. Angeletti se presenta a sí misma como “coach ontológica y de vida”.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348″, dijo Adorni en aquella entrevista. “Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, afirmó entonces.

El regreso del matrimonio de los Estados Unidos fue el 14 de marzo pasado, en el vuelo DL 115, que salió a las 22:25 y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. Fue un vuelo directo, sin escalas.

El boleto de Adorni fue emitido el 24 de febrero. Él no despachó valijas. En cuanto a Angeletti, el ticket se emitió el 25 de febrero y ella despachó dos valijas.

El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, pidió ampliar las acusaciones contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y contra el resto de los miembros de la cúpula de la organización futbolística, que están acusados de evasión y retención indebida de aportes de la seguridad social.

El fiscal argumentó que, a la hora de procesar a Tapia, no se consideraron los ingresos por “patrocinio oficial” en los embargos trabados.

El fiscal presentó un recurso de apelación contra los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante el 30 de marzo pasado para agravar la acusación.

Si bien el juez de primera instancia dispuso el procesamiento y embargo de bienes de la AFA y de Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, el fiscal advirtió que el fallo calculó el perjuicio económico muy por debajo de la realidad.

El centro del reclamo de la fiscalía radica en lo que técnicamente se denomina el “subconcepto 551” del Impuesto 353. Allí aparecen los montos percibidos por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en concepto de “patrocinio oficial con fines publicitarios”.

Según la acusación, la AFA actuaba como agente de retención en el marco del Decreto 510/23, un régimen especial diseñado para el fútbol profesional.

La normativa establece que de esos ingresos brutos por sponsoreo se debe aplicar una alícuota del 7,5% destinada a cancelar las obligaciones de la seguridad social de los clubes (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares de futbolistas, médicos y empleados).

La Justicia investiga la omisión de depósito en tiempo y forma de estas sumas millonarias retenidas.

Sin embargo, al momento de dictar los procesamientos y fijar los embargos, el juez excluyó de la cuenta los fondos provenientes de estos sponsors, al argumentar interpretaciones técnicas sobre la figura de la “autorretención”.

Para el fiscal Navas Rial, esta decisión judicial representa una ofensa “grave, inminente e irreparable” y constituye un análisis fragmentado que beneficia a los acusados.

La fiscalía sostuvo que esta exclusión no se trata simplemente de “bajar el monto”, sino de una “reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”.

Navas Rial argumentó que los fondos retenidos por patrocinio nunca fueron patrimonio de la AFA, sino que pertenecían a los clubes afiliados para cumplir con sus cargas previsionales.

Con este recurso, el fiscal buscó que la Cámara de Apelaciones corrija esta situación.

El pedido solicitó que se amplíe el procesamiento y se adecuen los montos de los embargos ordenados contra Tapia, Toviggino, Blanco, Malaspina y Lorenzo para que reflejen la “totalidad del perjuicio irrogado a la Administración Pública”.

De avanzar esta apelación, las medidas cautelares sobre el patrimonio de los dirigentes podrían aumentar significativamente.

El fiscal advirtió que el concepto de los sponsors excluidos, en cada período investigado, el de “mayor volumen” económico.

En caso de un revés, el fiscal ya dejó planteada la reserva para llevar el caso hasta la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados y embargados por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales.

La decisión fue adoptada por el juez Amarante, que los procesó el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.

Esta agravante hace que la pena mínima prevista en caso de una condena no sea excarcelable y que, como máximo, pueda llegar hasta los 50 años de prisión.

Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19.000 millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.

Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.