El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó el inicio del proceso formal para enviar al Senado los primeros 62 pliegos destinados a cubrir vacantes de jueces, fiscales, defensores y conjueces. La medida abarca los fueros penal, civil, comercial, contencioso administrativo y de seguridad social, buscando normalizar cargos que hace años se encuentran sin titular.

Según el funcionario, “con la decisión política del presidente Milei, cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”, en un contexto donde existen 364 cargos vacantes sobre un total de 1002 en la justicia federal y nacional.

Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Se…

— Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026

A pesar de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado que los documentos serían remitidos “hoy mismo”, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que las candidaturas siguen bajo análisis.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que “la definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, lo que explica las diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los expedientes. La revisión final de los nombres está a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica, que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, antes de la firma de Javier Milei.

La demora en los nombramientos se intensificó luego de que, en diciembre de 2023, el Gobierno retirara del Senado todos los pliegos enviados por la gestión anterior, lo que provocó que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones y renuncias.

Mahiques, quien asumió recientemente en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, se encuentra “terminando de ordenar el universo de ternas disponibles” para definir el orden de los envíos. El ministro se reunió este martes con el Presidente en la quinta de Olivos para avanzar en este esquema y en la reforma del Código Penal.

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El texto aprobado por la Asamblea General de la ONU incluyó una solicitud explícita para la devolución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que tengan valor para los países de origen africanos. Esta medida responde a una demanda sostenida de naciones africanas y afrodescendientes que buscan el retorno de objetos significativos que fueron extraídos durante siglos de dominación, y surge en el contexto de la conmemoración del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.

Tal como precisó Europa Press, la resolución fue promovida por Ghana y aprobada con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra. El texto reconoce la trata y esclavitud de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave”, subrayando dimensiones como la magnitud, la duración, el carácter sistémico y las profundas consecuencias de estos crímenes a lo largo de los siglos. El documento ratifica la persistencia de la discriminación, el trauma y la explotación económica que continúan afectando a africanos y afrodescendientes en distintos continentes.

La resolución hace hincapié en que los efectos de la esclavitud y la trata transatlántica persisten actualmente en formas estructurales de racismo, desigualdades raciales, situaciones de subdesarrollo, exclusión y disparidades socioeconómicas. Esto implica que, pese al paso del tiempo, millones de personas siguen afrontando las ramificaciones históricas de los regímenes esclavistas y coloniales. El texto también destaca la falta de un marco de reparación integral para las personas africanas esclavizadas y sus descendientes, a pesar de existir antecedentes en los que se concedieron reparaciones a otros grupos afectados por violaciones graves de derechos humanos.

La resolución aprobada también refleja el análisis de los regímenes legales que institucionalizaron la esclavitud. Entre los ejemplos históricos citados, se menciona el llamado “asiento de negros”, formalizado por la Corona española el 18 de agosto de 1518. Este instrumento convertía a las personas africanas en una mercancía sujeta a fiscalización y se integraba en un sistema de monopolio comercial organizado por el Estado. Adicionalmente, la resolución refiere al concepto “pieza de indias” portugués, un mecanismo legal que cuantificaba a mujeres, niños y ancianos africanos como fracciones de un esclavo varón adulto, fijando así parámetros para la acumulación y el tráfico de seres humanos.

También figura en el texto la Carta de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, fechada el 3 de junio de 1621. Esta legislación aplicaba principios del derecho romano-neerlandés para clasificar a los africanos como “res mobiles”, es decir, bienes muebles comercializables. Estas referencias subrayan cómo diferentes sistemas coloniales crearon estructuras legales que permitieron, durante siglos, la explotación sistemática de comunidades africanas y afrodescendientes.

El documento ratifica igualmente el “reconocimiento colectivo de las repercusiones profundas y duraderas de los abominables regímenes de la esclavitud y el colonialismo”, así como la persistencia del neocolonialismo, en la vida de africanos y sus descendientes. La resolución señala que esa herencia histórica se ha traducido en sufrimiento, alteración cultural, trauma emocional y discriminación permanente, efectos constatados a lo largo de la historia y en el presente.

El gobierno de Ghana afirmó, a través de sus redes sociales, que la propuesta busca “hacer avanzar el diálogo global más allá del reconocimiento simbólico hacia la responsabilidad jurídica”. El presidente John Dramani Mahama figura como principal impulsor de la iniciativa. Ghana remarca la importancia de avanzar hacia una responsabilidad legal internacional, que implique acciones concretas más allá de las declaraciones de condena y la memoria simbólica.

En cuanto a los apoyos y rechazos, los tres votos en contra provinieron de Israel, Estados Unidos y Argentina. Por otra parte, algunos países europeos, incluidos España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, optaron por la abstención durante la votación. Estas posturas reflejan la diversidad de posiciones sobre el modo de abordar las consecuencias históricas de la trata y la esclavitud, así como las implicancias legales y políticas de avanzar hacia demandas de restitución y reparación.

La resolución subraya que a pesar de que en otros contextos históricos se han dispuesto indemnizaciones y reparaciones para víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, no existe aún un marco comparable para quienes sufrieron la trata de africanos esclavizados. Esta distinción resulta central, ya que apunta a una deuda pendiente en la agenda internacional de derechos humanos y justicia histórica.

Por otra parte, el documento recoge la necesidad de devolver objetos y archivos culturales, incluidas piezas de museo, monumentos y manuscritos, que poseen no solo valor artístico e histórico, sino también espiritual y social para los países africanos de donde fueron extraídos. Esta petición apunta al reconocimiento del saqueo cultural asociado a la esclavitud y el colonialismo y apoya las demandas contemporáneas de restitución que han cobrado fuerza en distintos foros internacionales.

El texto aprobado considera la codificación progresiva de la esclavitud racializada de los africanos como un fenómeno global. Se reconoce cómo diferentes imperios y potencias coloniales legitimaron y regularon el tráfico de personas, reflejando la dimensión internacional y sistémica de estos crímenes. Además, se establece la relación directa entre esos sistemas históricos y las persistentes desigualdades que enfrentan actualmente las personas de ascendencia africana.

La resolución pone de manifiesto la continuidad de prácticas discriminatorias, atribuibles tanto a los legados coloniales como a políticas actuales que perpetúan la marginación y el subdesarrollo. Se establece así un vínculo entre pasado y presente, reafirmando la necesidad de medidas tanto simbólicas como jurídicas para abordar los agravios históricos y sus efectos actuales.

El texto final, auspiciado por Ghana, enfatiza que la magnitud de la trata y la esclavitud de africanos, así como sus consecuencias estructurales, exige respuestas integrales a nivel internacional, acompañadas de mecanismos de restitución y reparación que aún no se han implementado. La resolución invita a los Estados miembros de Naciones Unidas a reconocer la especificidad y gravedad de estos crímenes, y a considerar medidas concretas que contribuyan a la justicia histórica y la superación de los efectos del racismo y la discriminación.