POLITICA
Javier Milei y su discurso sobre Malvinas: un error que se corre de la posición histórica
Con un discurso de tono más doméstico que global, Javier Milei tuvo este 2 de abril un giro importante frente a la posición histórica de la Argentina ante el reclamo al Reino Unido.
El Presidente leyó en el acto frente al monumento a los caídos en la guerra que se levanta en Plaza San Martín: “Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.
Fue tan disruptivo el contenido del discurso para los entendidos en la causa que tal vez por eso Milei no cosechó aplausos entre muchos de los invitados a la Plaza San Martín, salvo lo de los ministros y funcionarios civiles que integran el Gobierno. Entre los veteranos, en cambio, hubo disgusto a pesar de que los destacó todo el tiempo, en parte por el contenido y en parte por la ausencia de Victoria Villarruel, una parte importante de la línea más nacionalista y malvinera que la del resto de los libertarios.
De la frase de Milei se pueden desprenden varias cuestiones.
En primer lugar, la negociación y el reclamo de soberanía argentino es bilateral con el Reino Unido, donde los intereses de los isleños son tenidos en cuenta, pero no son parte del diálogo de resolución del conflicto. En eso hubo una fuerte diferencia entre el discurso de Milei y el Victoria Villarruel, en Ushuaia. «El conflicto por las Islas Malvinas admite dos tipos de consideraciones. Las políticas destinadas a su recuperación y el recuerdo de sus héroes. Respecto de la primera cuestión, sabemos y ratificamos que la única solución al conflicto que mantenemos con el Reino Unido es el diálogo bilateral por soberanía. Pero ellos se niegan.”, señaló entre muchas otras diferencias de concepto, empezando por el hecho de que el Presidente no aludió a los británicos. Y se refirió a Malvinas como la «la única prenda de unidad de nuestra nación”.
En segundo lugar, con respecto a los dichos de Milei en el acto oficial, los isleños son argentinos para la ley y la Constitución argentina. No tiene que elegir si quieren o no serlo, porque simplemente lo son. Es cierto que los isleños rechazan cualquier tipo de jurisdicción argentina y que en 2013 tuvo lugar un referéndum local por el que el 99% de ellos decidió seguir siendo británico. Clarín cubrió ese acto. Pero ese referéndum no fue vinculante ni reconocido por organismos internacionales.
En tercer lugar, lo que siempre dijo la Argentina es que a los isleños se les va a respetar sus intereses, su cultura, pero no se los disuade. Son argentinos por la Constitución nacional y como tales, pueden venir al continente y pedir su DNI como cualquier ciudadano.
Luego, hay otras consideraciones no menores al respecto. Consultado por Clarín, Marcelo Kohen, profesor en Ginebra muy ligado a litigios internacionales en La Haya y Hamburgo se refirió a lo que Gran Bretaña antepone siempre para defender su control unilateral del archipiélago y es el llamado “derecho de autodeterminación” de los pueblos, que no le reconocen a los malvinenses ni Argentina ni las Naciones Unidas, al menos por ahora. Este argumento se debate cada año en las sesiones del Comité de Descolonización de la ONU, que llama al diálogo pacífico entre las partes -Buenos Aires y Londres para resolver su disputa de soberanía, lo que no quiere decir que que a los isleños no se los escuche.
“La Corte de La Haya, en un caso de descolonización con semejanzas al de Malvinas, reconoció que no todos los habitantes de un territorio tienen derecho de libre determinación”, comenzó diciendo Kohen ante la consulta de Clarín. Y es el caso que decidió que los habitantes de Chagos, expulsados por los británicos, deben ser re localizados allí, «pero que el territorio pertenece a Mauricio, del cual fue desmembrado por el Reino Unido.”
Con el corrimiento de las consultas a los diplomáticos argentinos y la disminución de la presencia de la Cancillería en los discursos presidenciales externos y en las decisiones internacionales que se adoptan, son demás curiosas y disruptivas las usinas de las que se alimenta el discurso presidencial. No deja de ser curioso que esta vez, la convocatoria para el acto en Plaza San Martín la hiciera el Ministerio de Defensa -como un hecho reivindicatorio del desembarco del 2 de abril- y no el de Relaciones Exteriores.
Clarín sabe que detrás de la cuestión Malvinas trabajó el equipo del asesor Santiago Caputo, donde hay militantes digitales y funcionarios influyentes, y en particular la joven libertaria Macarena Alifraco.
Por cierto, todo lo que digan y hagan los gobernantes tiene proyección legal, también el hecho de cómo se vota. Por eso, para todas las fuentes consultadas, llaman a seguir muy de cerca el giro argentino en los foros internacionales donde, para seguir la política de Donald Trump, el libertario tomó posiciones que hacen a la causa de Malvinas.
Al abstenerse en una votación que condenaba la invasión rusa de Ucrania, Argentina también se posición frente a las Malvinas y a su reclamo de integridad territorial.
Lo mismo ocurrió, pero en otro sentido respecto al voto favorable al levantamiento del embargo a Cuba que aprobó la ex canciller Diana Mondino, con la anuencia de un sector de la Casa Rosada, pero sin que lo supiera Milei. Eso le provocó el despido, pero la evaluación que hicieron los diplomáticos -ahora sumariados por su trabajo- es que Cuba, y varios países que apoyan dicha posición en la Asamblea General de la OEA, son los que apoyan a la Argentina ante el Reino Unido en el Comité de Descolonización cuando se discute la autodeterminación o no de la Malvinas y el llamado al diálogo de soberanía.
POLITICA
Diputados: bajo un clima hostil, el oficialismo busca sancionar la reforma a la ley de glaciares
El oficialismo abrió la Cámara de Diputados, donde espera sancionar definitivamente la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que busca acotar las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría convertirse en ley esta noche.
Los libertarios reunieron el quorum reglamentario junto con sus aliados de Pro y la UCR, además de los referentes de provincias mineras, como San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca, impulsores de los cambios ambientales.
Hubo, además, presencias claves: los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, aliados al gobernador Martín Llaryora; y los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos a Maximiliano Pullaro. Desde el PJ, se sentaron los tres tucumanos de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo y el puntano Jorge Fernández, aliado al exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
La sesión inició con el repudio de la Izquierda y el kirchnerismo a las últimas restricciones que impuso el Gobierno a la prensa en la Casa Rosada y el Congreso. Objetaron el retiro de acreditaciones a algunos medios de prensa tras las revelaciones periodísticas sobre su participación en una operación rusa contra el oficialismo. Pero sus pedidos para sumar proyectos al temario no reunieron los apoyos necesarios. Sumaron entre 125 y 122 avales, lejos de los tres cuartos que exige el reglamento para incorporar expedientes al orden del día.
Tampoco prosperó la solicitud de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para incorporar al debate tres expedientes sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA. Pidió citar a Karina Milei, secretaria General, y a Manuel Adorni, jefe de Gabinete. También un pedido de informes sobre el rol de Javier Milei antes, durante y después del lanzamiento del activo investigado por la Justicia como una presunta estafa. Su moción reunió 125 apoyos, 116 rechazos y 15 ausencias. Un resultado que quedó lejos de los 181 avales que requería para prosperar.
Este primer bloque estuvo contaminado, además, por las dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni desde que asumió como funcionario de Milei. El jefe de Gabinete está bajo la lupa judicial, que investiga si incurrió en enriquecimiento ilícito. Por caso, hoy testificó frente al fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, la escribana que intervino en la compra de propiedades por parte del matrimonio Adorni: Adriana Nevechenko. Tras su declaración, dijo que “no hubo un préstamo” al jefe de Gabinete para comprar el departamento en Caballito, sobre la calle Miró.
En ese contexto, la diputada Paula Penacca (Unión por la Patria) intentó incorporar al temario una interpelación seguida de una moción de censura contra Adorni, que finalmente fue rechazada.
“Adorni se tiene que esconder como vocero y ahora todos los funcionarios salen a hacer de voceros para intentar explicar lo inexplicable”, lanzó. Y agregó: “No hay manera de justificarlo: esto es corrupción. Una moción de censura es lo mínimo que merece alguien de esta naturaleza”.
No hubo réplicas libertarias. Ningún referente del oficialismo defendió al Presidente y sus funcionarios. En el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se acordó ayer que no responderán las críticas de la oposición y se limitarán a gestionar la sesión con un único objetivo: salir del recinto con una nueva ley de glaciares.
El debate de glaciares durará alrededor de 11 horas. Durante la reunión de labor parlamentaria donde participaron los jefes de los diferentes bloques políticos de la Cámara baja, se acordó que la discusión tendrá 50 oradores individuales con cinco minutos para exponer. Los homenajes y las cuestiones de privilegio serán acotadas y estarán repartidas a lo largo de la tarde. Para que haya acuerdo sobre la hoja de ruta de la sesión, el oficialismo cedió oradores a la oposición. “Ellos se llevan los discursos, nosotros la ley”, resumieron a .
De acuerdo con un sondeo informal realizado por este medio, el oficialismo reuniría más de 130 votos para sancionar la reforma que permitiría reducir áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras.
La disputa, no obstante, continuará fuera del Congreso. Organizaciones socioambientales anticipan que recurrirán a la Justicia para impugnar los cambios por considerarlos inconstitucionales. Sostienen que la reforma implica un retroceso en materia ambiental y que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección del ambiente.
no responderán las críticas de la oposición,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,“Todos callados”. La estrategia libertaria para esquivar el caso Adorni en la sesión por glaciares,,Casa Rosada. Adorni se reunió con Presti e intenta seguir con perfil de gestión mientras la Justicia investiga su patrimonio,,»Pregúntenle a él». La escribana de Adorni dijo que no sabe el origen del dinero con el que se compraron las propiedades,Cámara de Diputados,,Diputados. El oficialismo y sus aliados confían en aprobar la reforma de la ley de glaciares con una mayoría categórica,,»Es equivalente a poner a Yiya Murano». Encendido discurso de Grabois en el debate por la ley de glaciares: “Le van a poner cianuro a los pibes”,,Bloqueo de LLA. La oposición apuntó contra Adorni y solicitó su interpelación, pero el oficialismo lo rechazó
POLITICA
Cómo funciona el programa de Vouchers Educativos anunciado por el Gobierno y hasta cuando rige
A través de una publicación en el Boletín Oficial, quedó oficializada la apertura de la convocatoria para las personas que quieran inscribirse en el programa de Vouchers Educativos. Las familias interesadas podrán anotarse hasta el 30 de abril.
La medida, que involucra a estudiantes de hasta 18 años de edad que concurren a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal, fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano y establece una prestación temporaria destinada a hogares cuyos ingresos no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
El proceso de inscripción requiere que uno de los responsables parentales realice el registro. Según precisó la resolución publicada, este adulto debe inscribirse previamente en la plataforma Mi Argentina y, posteriormente, completar los datos solicitados en la plataforma específica de Vouchers hasta finalizar el trámite correspondiente.
La resolución, firmada por Carlos Torrendell, el Secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, responde a una serie de normativas vigentes, así como a modificaciones introducidas posteriormente.
De acuerdo con lo establecido, la Secretaría de Educación asume la responsabilidad de ejecutar el programa, dictar los actos administrativos necesarios para su reglamentación e implementación y sellar los convenios interinstitucionales pertinentes.
Este programa de asistencia fue originalmente creado por la Resolución N° 61 del 20 de marzo de 2024. Su objetivo central es brindar apoyo transitorio a familias con hijos o menores a cargo matriculados en escuelas privadas con amplia subvención estatal. El alcance de la política se encuentra limitado por el ingreso familiar: solo pueden aplicar quienes perciben hasta siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que implica una restricción que busca focalizar el beneficio en los sectores más vulnerables de la población escolar.
Como parte de la implementación, el Reglamento General del Programa fue aprobado por la Resolución N° 90 de la Secretaría de Educación, fechada el 4 de abril de 2024, y ha sido objeto de modificaciones para ajustar el marco normativo a la convocatoria de 2026, se indica en el Boletín Oficial.
La medida, explica el Gobierno, impulsa una transformación profunda en la política social marcada por un giro decisivo: la eliminación final del programa “Volver al Trabajo”. Este plan, sucesor del “Potenciar Trabajo” del kirchnerismo, beneficiaba a cerca de 900 mil personas con un aporte de $78 mil. Durante años, esta iniciativa operó como pilar fundamental de la asistencia directa, pero será sustituida por un sistema que integra transferencia específica para la infancia, capacitación laboral con vouchers, fortalecimiento del rol estatal en educación para sectores vulnerables y una nueva modalidad de abordaje para consumos problemáticos. En el proceso de transición, destaca que apenas 138 mil beneficiarios se anotaron para acceder a la capacitación.
Esta decisión forma parte de una política más amplia del gobierno de Javier Milei, que apunta a desmontar los mecanismos de intermediación que predominaron en la política social de las últimas décadas y asignar los recursos hacia grupos considerados prioritarios. Dentro de ese rediseño, el Ministerio de Capital Humano asumió un rol clave, con una estrategia que combina reducción del gasto, focalización y cambios institucionales.
“La política social de este gobierno va hacia niños y adolescentes y capacitar a la gente que tiene dos piernas y dos brazos para ir a trabajar y busca reinsertarse en el mundo del trabajo”, afirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano.
Esta visión, que Pettovello transmitió a sus funcionarios y enfatizó en diversas reuniones, cobró impulso en las últimas semanas tras la decisión de finalizar el programa que sucedía al “Potenciar Trabajo”, una política implementada por el kirchnerismo.
En el entorno de la Casa Rosada sostienen que el programa terminó convirtiéndose en un instrumento de financiamiento indirecto para organizaciones sociales y estructuras piqueteras, que usaban la asignación de planes como herramienta de control en los territorios y de movilización política.
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POLITICA
Cierran la investigación a la jueza Capuchetti por su actuación en la causa del atentado contra Cristina Kirchner
La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la manera en que llevó adelante la investigación del atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, por el que finalmente fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a 10 y 8 años de cárcel, respectivamente.
El kirchnerismo cuestionó a Capuchetti por la manera en que se resguardó el teléfono de Sabag Montiel, cuyos datos no pudieron recuperarse luego de que fue manipulado por la Policía Federal.
Tras una pulseada con el kirchnerismo y en una votación intensa y dividida, la denuncia disciplinaria contra Capuchetti fue desestimada. Y ahora el asunto deberá ser ratificado en el plenario del Consejo de la Magistratura.
Asimismo, el cuerpo llamó a declarar por el artículo 20 del reglamento del cuerpo (una suerte de declaración indagatoria) al juez en lo comercial Hernán Diego Papa, denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El gremio lo acusó de maltrato laboral.
Además, la Comisión de Disciplina envió a la comisión de Acusación -que decide si corresponde o no iniciar juicio político al magistrado- un nuevo expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cohecho, por haber mentido en su curriculum vitae.
Fue la primera reunión del año de la comisión que preside el abogado kirchnerista César Grau. Allí estuvieron los consejeros jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones y Agustina Díaz Cordero; los consejeros senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; y el consejero académico Hugo Galderisi.
Además, participaron los diputados del kirchnerismo y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y la académica Fernanda Vázquez.
Con un temario de más de una veintena de expedientes, la comisión de Disciplina decidió en primer lugar aprobar por unanimidad la citación al juez Papa, denunciado por presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral cotidiano por el gremio judicial.
El artículo 20 implica la notificación y citación al magistrado denunciado para que haga su descargo frente a las pruebas reunidas. Y luego, con la abstención de Recalde, se aprobó remitir a la comisión de Acusación el expediente que investiga a Salmain por no haber declarado que había sido cesanteado del Poder Judicial por un sumario donde se lo acusó de haber ofrecido una coima a una empleada de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que una denuncia fuera remitida al juzgado donde trabajaba como empleado.
Se trata de la denuncia que impulsó en julio de 2025 Horacio Rosatti, doble presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia.
Salmain ya está siendo investigado por la Comisión de Acusación y fue procesado con prisión preventiva por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato. Está sospechado de haber llevado adelante una maniobra judicial para beneficiar a un grupo financiero mediante el dictado de medidas cautelares irregulares para la compra de dólares. Un empresario arrepentido denunció que le pidió a cambio, junto a un escribano que actuó de intermediario, 200 mil dólares de coima.
Pero al debate que más se abocó la comisión, durante unas dos horas, fue al pedido del juez consejero Barroetaveña para cerrar la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que impulsaron diputados kirchneristas.
La acusaron de haber sido deficiente en la conservación del teléfono de Sabag Montiel, momentos después de haber sido detenido por intentar matar a Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022.
El planteo se generó cuando la comisión ya había impulsado medidas de prueba y luego de que tanto la defensa de Capuchetti como los diputados del Frente de Todos pidieran, coincidentemente, incorporar al sumario un informe técnico de la Gendarmería Nacional sobre la supuesta activación del celular luego del arresto de Sabag Montiel.
Ese estudio señalaba que el aparato estaba en el shopping Abasto cuando debía estar secuestrado en poder de la Policía. Barroetaveña aseguró que esas medidas no eran necesarias porque no había motivos para mantener abierto el expediente.
“Señores consejeros y consejeras, estas prácticas de ampliar denuncias derivan de hechos supuestamente nuevos pero que en realidad no son nuevos. Más que un efecto procesal lo que se busca es un efecto político fuera del ámbito que es un expediente disciplinario. Se repiten varias cosas en esta denuncia, pero estos supuestos hechos nuevos son parte de los hechos denunciados e investigados. Están disconformes con el contenido de esta resolución y dicen que ahora son nuevos hechos, pero se trata de los mismos hechos”, dijo Barroetaveña, cerrando filas con su colega.
Abundó: “Este expediente ya está sumamente demorado, varias veces nos reunimos acá y siempre apareció alguna excusa. O no hubo quórum, o no se trató o se pidió una ampliación como ahora. Seguir el curso de esta ampliación de denuncia, señores y señoras, es prestarse a la maniobra de dilación. Es evidente lo que se busca: hacer un tema de sanción permanente a la jueza Capuchetti que se vale de declaración de dudosa procedencia y nulo valor epistémico cuya recepción se pretende convertir en una regla procesal”.
Lo cruzó el kirchnerista Tailhade y aseguró que era la propia jueza la que estaba pidiendo incorporar al expediente el nuevo peritaje, pero Barroetaveña lo intimó: “Pato o gallareta, se vota hoy”. Y agregó que cuando se postuló para ser consejero, llegó con la idea de que no haya “jueces corruptos”, pero tampoco “jueces perseguidos injustamente” en el tiempo.
“Hay que tener carita, hay que tener exceso de calcio en la carita, para decir que estamos persiguiendo una jueza. ¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impune… Por eso están acá tirando la desestimación como si se tratara de que le negaron la excarcelación a alguien cuando estamos hablando del intento de asesinato de la máxime dirigente política de este país. Si estamos averiguando qué pasó con el teléfono, hay que aprobar lo que pide la defensa y pedir una actualización de la causa sobre qué pasó con ese peritaje”, insistió Tahilade.
Los jueces Provítola y Lugones, junto a Díaz Cordero, insistieron en que la investigación tenía que cerrarse. Y los kirchneristas Siley, Fernández Sagasti y Recalde insistieron en cuestionar a la jueza y en subrayar la gravedad del atentado sufrido contra Cristina Kirchner.
El senador Luis Juez se sumó a rechazar la desestimación tras subrayar que detestaba las actitudes corporativas y asegurar que debería ser la propia Capuchetti la que debería estar queriendo completar la investigación para limpiar su buen nombre y honor.
Con el voto de los consejeros jueces, el senador radical Eduardo Vischi y el académico Galderisi, se aprobó finalmente rechazar la postergación del tema y la desestimación de la denuncia. Tanto este como el resto de los temas resueltos serán elevados al plenario del cuerpo para ser analizados y votados allí.
se resguardó el teléfono,Hernán Cappiello,Conforme a
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