Tras meses de intentar conformar la comisión investigadora del caso $Libra —que busca analizar el comportamiento del presidente Javier Milei y demás funcionarios en el escándalo de la criptomoneda—, los diputados volvieron a reunirse, pero no lograron avanzar en la elección de autoridades. De igual forma, de la jornada participaron varios expositores y especialistas convocados por los legisladores.

La reunión estaba prevista para que comience a las 16 horas. Se trató del tercer encuentro y uno de los dos que ya estaban pactados con el objetivo de destrabar su conformación.

Ante los frenos que impuso el oficialismo para designar a un presidente de manera formal, la coordinación recayó en el secretario parlamentario, Adrián Pagán.

El relanzamiento de la comisión respondió a la presión de distintos bloques opositores, que solicitaron explicaciones sobre el escándalo derivado de la fallida criptomoneda que fue difundida desde sectores vinculados al oficialismo. Entre ellos, empresarios, funcionarios, abogados, periodistas y el propio presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Desde antes del inicio de la reunión, ya se sabía que los hermanos Milei no asistirían. Por esto mismo, la diputada Sabrina Selva, integrante de Unión por la Patria, solicitó que se informe oficialmente quiénes, en caso de ser citados, rechazan testimoniar.

En esta ocasión, el Congreso de la Nación citó a los organizadores del Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy. Sin embargo, ninguno de ellos se presentó.

En la lista de convocados también figuraron los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich, junto a otros especialistas.

La jornada estuvo cargada de cuestionamientos. Incluso, la Coalición Cívica se retiró de la reunión ante la falta de una conformación oficial del organismo y el retraso en la elección de las autoridades. “Desde la Coalición Cívica propusimos citar a declarar a algunos de los principales responsables del lanzamiento de la criptomoneda: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Ninguno de ellos asistió. Tampoco lo hicieron otras personas señaladas en el marco de esta causa”, escribió Maximiliano Ferraro en sus redes sociales.

En esa línea, continuó: “Pese a eso, se “acordó” continuar la reunión como si se tratara de una comisión ordinaria, escuchando a periodistas y especialistas, vaciando de contenido y desnaturalizando la función investigadora con la que fue creada». Además, cuestionó que no se “citó bajo apercibimiento” a los implicados.

La comisión investigadora fue creada el 8 de abril con la aprobación de la Cámara de Diputados. Se encuentra integrada por 28 legisladores de distintos bloques, que tienen el objetivo de reunir documentación, tomar declaraciones, solicitar informes y elaborar un dictamen sobre el caso $Libra.

De acuerdo con el reglamento, el plazo para completar la investigación es de 90 días, y el informe final debe presentarse dentro de los 30 días posteriores al cierre de ese período. En caso de que no fueran respetados los plazos, la comisión se daría por extinta.

Según fuentes de la oposición, el objetivo sería utilizar la comisión como ámbito para citar funcionarios y avanzar en investigaciones que consideran bloqueadas por La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados. “Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan, porque el objetivo es impedir que la comisión funcione”, denunció Fernando Carbajal antes de la reunión, anticipando cuál sería la estrategia a seguir por parte de los principales involucrados.

“Frente a esto nosotros vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes, que es lo que quieren el bloque oficialista y sus aliados”, apuntó el diputado en diálogo con Infobae.

La disputa en la comisión $Libra surge de la controversia por la Presidencia. En abril, el presidente del bloque MID, Oscar Zago, propuso a Marcela Pagano como presidenta, pero la conducción de la Cámara Baja, encabezada por Martín Menem, no la reconoce. Desde entonces, la comisión quedó en un limbo reglamentario.

Menem mantiene el bloqueo en la comisión, que tiene la potestad de iniciar procesos acusatorios contra el presidente, los ministros y los jueces de la Corte. La ruptura entre el titular de Diputados y la presidenta de la comisión de Juicio Político agravaría el estancamiento, ya que no hay contactos formales para resolver la interna libertaria.

Desde febrero, Unión por la Patria mantiene un pedido en la Comisión de Juicio Político que podría ser utilizado como base. Para avanzar, deberán emplazar a la comisión, una votación posible en la sesión prevista para el 2 de julio, si suman el apoyo de Encuentro Federal.

El Gobierno avanza por decreto con la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Forma parte de la reestructuración de organismos públicos que dependen del Ministerio de Economía, que preside Luis Caputo. Ambas estructuras se encuentran bajo la órbita de la secretaría de Energía, que coordina María Tettamanti.

Según pudo saber TN, la mesa técnica de la Casa Rosada publicará la medida en el Boletín Oficial en los próximos días. Lo hará antes del 8 de julio porque vencen las facultades delegadas del presidente. En Balcarce 50 reconocen que basan los cambios en el modelo de los Estados Unidos, que cuenta con la Comisión Federal Reguladora de Electricidad (FERC, por sus siglas en inglés) que abarca ambos recursos energéticos.

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La unificación de los entes reguladores formó parte de las reformas que Nación incluyó en la Ley Bases, que se sancionó en junio del 2024. El artículo 161 estableció la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, y la transferencia de atribuciones del ENTE y ENARGAS. Dispone además que el Ejecutivo dicte las normas y las extensiones del nuevo organismo.

La secretaría de Energía prorrogó en junio de 2025 la emergencia en el sector hasta el 9 de julio de 2026. El decreto expresa que “entre las acciones pendientes en el marco de la emergencia, se encuentra la referida constitución, la puesta en funcionamiento y la designación de los miembros del directorio del referido Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad».

El documento extiende también la intervención del ENRE y ENARGAS hasta que se oficialice la constitución del nuevo organismo junto con la designación de su directorio. Se prolongó además el esquema de subsidios a las tarifas de luz y de gas hasta julio de 2026. Nación avanzó con recortes parciales, pero dilató la quita total de las subvenciones a los precios de la energía.

El Ejecutivo eliminó la semana pasada el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (gas en garrafas), que en 2024 tuvo ingresos por $205.333 millones y gastos por $377.021 millones. El oficialismo busca aplicar un sistema que no financie el costo diferencial del gas envasado, sino que se aplique directo a los beneficiarios con dinero del Tesoro.

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El Ejecutivo ya le recortó los subsidios energéticos a más de 130.000 usuarios del régimen de Zona Fría tras detectar que contaban con dos o más medidores registrados en el esquema que otorga un descuento de 50% en la factura de gas. La secretaría de Energía también le quitó los beneficios energéticos a 15.500 usuarios de Puerto Madero y de barrios cerrados y planea extender la medida de exclusión de los subsidios a todas las zonas de altos ingresos del resto del país.

La reestructuración de organismos en el Ministerio de Economía abarca también cambios sobre los institutos nacionales de Tecnología Industrial (INTI), Tecnología Agropecuaria (INTA) y Propiedad Intelectual (INPI). El Gobierno prepara una decena de decretos que contemplan la eliminación de 24 organismos, la fusión de 15 y la transformación de otros 16.

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