Un violento video filtrado desde el centro cerrado de menores de Virrey del Pino expone la brutalidad y el descontrol que imperan en el sistema del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), en medio de una grave crisis institucional.

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El gobierno porteño tiene previsto gastar $40.000 millones en las elecciones porteñas que tendrán lugar, exactamente, en un mes. La cifra surge del presupuesto elaborado por el Instituto de Gestión Electoral (IGE), el ente porteño encargado de organizar los comicios locales, que está a cargo de Adrián González. La suspensión de las PASO de este año en CABA, aprobada por la Legislatura a finales de febrero, implicó un ahorro de $20.000 millones respecto del monto original de $60.684 millones previsto por ese organismo. El 18 de mayo se elegirán 30 legisladores porteños por cuatro años, la mitad de la actual Legislatura.

El principal gasto se lo llevará la contratación de las máquinas de votación con la Boleta Única Electrónica (BUE), el sistema que ya se utilizó en elecciones porteñas de 2015 y 2023. La semana pasada, el IGE adjudicó la licitación de ese servicio – que incluye la realización del escrutinio provisorio a la firma Magic Software Argentina (MSA) por $23.563 millones (casi USD 22.000 millones). MSA fue la única oferente que se presentó. El monto está ligeramente por debajo del presupuesto oficial previsto en la licitación pública para el servicio integral de las elecciones, que era de $25.973 (USD 24.400 millones, al tipo de cambio oficial de ese momento).

Se trata de la misma empresa que tuvo a cargo el sistema de votación con la BUE en las Primarias de 2023, y que fue criticada por la jueza electoral de la Capital Federal María Servini por fallas en algunas máquinas. Por este motivo, no se usó este sistema en la generales de ese año en la que resultó electo Jorge Macri.

Por la simultaneidad con las PASO nacionales, que se llevaron adelante con la boleta partidaria, hubo demoras durante la jornada electoral y máquinas que fallaron, por lo que el entonces jefe de Gobiern porteño Horacio Rodríguez Larreta resolvió volver al sistema tradicional de papel para las generales.Desde el IGE defendieron la transparencia y del proceso, y señalaron que las que no funcionaron o tuvieron algún error, fueron muy pocas en relación a la cantidad de mesas.

En en el mercado reconocen que hay muy pocas empresas que tengan las máquinas disponibles para prestar el servicio en el país. Otras competidoras deberían importarlas, traerlas al país o tercerizar el negocio. MSA es la firma que también organizará los comicios provinciales de Salta una semana antes que los de la CABA.

Pero más allá de los montos requeridos para llevar adelante la elección porteña en forma desdoblada de la legislativa nacional, la atención de las distintas 17 alianzas que competirán el 18 de octubre está puesta en el diseño de la BUE y la ubicación de los candidatos en la pantalla táctil que se usará para votar.

El viernes pasado fue la audiencia de pantallas con los representantes de los distintos partidos, organizada por el IGE en la Legislatura de la Ciudad, en la que las distintas fuerzas políticas hicieron saber sus pretensiones para el diseño de la boleta y plantearon sus quejas. En un escenario en el que el PRO, el peronismo/kirchnerismo y los libertarios se disputarán el electorado porteño, el orden de aparición en la pantalla de la máquina, pude sumar o restar algunos votos. O al menos, eso piensan los apoderados de esas fuerzas políticas. Para ingresar un legislador porteño, se necesitan alrededor de 60.000 sufragios.

Por una resolución del IGE del lunes pasado, la Nro 29/2025, el orden de aparición en la pantalla será aleatorio, como en la última elección. O sea que, cada vez que alguien vaya a votar, los candidatos aparecerán en la pantalla en un orden diferente “para garantizar la igualdad” y “proteger el secreto del voto”, según explicaron en el organismo.

Cada votante podrá elegir en la pantalla entre los casilleros con las 17 listas de postulantes que competirán en los comicios, y tendrá abajo a la derecha una opción para el voto en blanco, que estará fija.

Esto generó que Horacio Rodríguez Larreta, que compite por fuera del PRO con una alianza llamada Volvamos Buenos Aires, decidiera ir a la Justicia electoral porteña. En su presentación, argumenta que la decisión de González de que el orden sea aleatorio en la BUE va en contra de dos artículos del Código Electoral de la Ciudad – el Nro 115 y Nro 116 inciso 5- que establecen que debe sortearse la ubicación de los candidatos en la boleta.

En ese sentido, reclama que se respete el orden del sorteo realizado el 7 de abril para “la asignación de espacios de publicidad en la vía pública” y en el que “se determinó el orden de todas las formas de exhibición de la oferta electoral”. Según el ex jefe de Gobierno porteño, la decisión del IGE implica “un accionar administrativo que ignora abiertamente lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente, socavando los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y equidad que deben regir todo proceso electoral democrático”, según el escrito al que accedió Infobae.

El juez electoral en la ciudad es Roberto Carlos Requejo, un juez cercano al dirigente Daniel Angelici, designado en 2022, con el apoyo de PRO , la UCR y la Coalición Cívica.

Otro punto de discordia es la cantidad de candidatos que se verán con su foto en cada lista. Desde el PRO – espacio en el que buscan destacar la “marca” del partido surgido en la Ciudad y el concepto de “equipo” -, quieren que se vean las caras de los tres primeros. El argumento desde el búnker de campaña del oficialismo porteño es que se trata de una elección para legisladores, y que los votantes tienen que visualizar quiénes integran la lista.

Del lado de enfrente sostienen que ese pedido está motivado en el hecho de que Silvia Lospennato, la diputada nacional que encabeza la boleta del macrismo, no es conocida, y necesitan que se vean el segundo, Hernán Lombardi, y Laura Alonso (la tercera) cuyos rostros son más familiares para la gente.

En La Libertad Avanza (LLA), en cambio, apuestan a la tracción de la figura del actual vocero presidencial y hombre de confianza de Karina Milei, Manuel Adorni, mientras que quienes los acompañan son prácticamente ignotos para el electorado. En la boleta estará solo su foto. Lo mismo sucederá con el otro candidato libertario, Ramiro Marra, que se presenta por el espacio Libertad y Orden.

Lo mismo sucede con Leandro Santoro, el candidato con buen nivel de conocimiento e imagen que encabeza la boleta del PJ y sus distintos sectores, incluido el kirchnerismo, que compite con el nombre Es Ahora Buenos Aires. En esta alianza, creen que la aparición de más de una foto de candidatos en el casillero asignado a una fuerza política, podría “generar confusión” en el electorado y “contaminación visual”.

Desde el IGE le aclararon a Infobae que “todavía no hay un modelo definitivo de BUE”, ya que los partidos “están en el proceso de presentar las fotos, el logo y el diseño, dentro de las medidas estipuladas”, y que estará recién la semana próxima.

Respecto de cuántas fotos podrá tener cada alianza en la boleta que se verá en la pantalla, en el organismo explicaron que se resolvió que “cada partido aporte una imagen con ciertas características, de determinado tamaño ya estipulado, igual para todos, pero que esa imagen puede estar compuesta como ellos quieran. O sea, queda a discreción de cada partido si prefiere poner a la cabeza de la lista o a más de uno”. Incluirá el logo del frente electoral, que tendrá las mismas dimensiones que la imagen del o los candidato a mostrar. Así quedó expresado en la resolución 30 del IGE que establece que cada agrupación política tendrá “plena discrecionalidad para definir la cantidad de candidatos”.

Insistieron en que los diseños de la BUE que se mostró en la audiencia de pantallas fueron “modelos preliminares de trabajo, pero no tienen aún las fotos ni los logos definitivos”.

Tras la elección de los nombres y listas que aparecen en la oferta electoral electrónica, el votante pasará a una pantalla de confirmación de su voto previa a la emisión del sufragio, donde verá la opción seleccionada. En esa instancia previa a la emisión definitiva del sufragio, el ciudadano podrá visualizar la boleta completa, con los candidatos titulares y suplentes.

Los números de la elección

Para el 18 de mayo, el IGE prevé que hay 8.825 mesas de votación distribuidas en 1.121 escuelas y establecimientos para emitir el sufragio.

El padrón porteño es de aproximadamente 2,5 millones de electores, más otros 500.000 que votan en el extranjero.El Instituto tiene previsto convocar a 26.475 autoridades de mesas (el presidente, el suplente y el auxiliar), a las que se les pagará $120.000 por su tarea. El pago se conformará de $60.000 por concurrir a la capacitación y $60.000 por concurrir el día de la votación. En total, para este concepto, el gobierno porteño destinará $3.177 millones.

El Gobierno dispuso este jueves que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos con el argumento de que se “superpone la actividad” con la del Ministerio Público Fiscal, “con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar”.

La decisión, plasmada en el Decreto 274/2025, generó controversias por quitarle esa facultad a la UIF y los riesgos que podría representar.

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“Quitarle a la UIF la facultad de querellar es desarmar uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el Estado para llevar a los corruptos y lavadores de dinero ante la Justicia», analizó en diálogo con TN María Eugenia Talerico, extitular de la UIF durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Lo que Milei intenta hacer con la UIF no es una reforma técnica ni una simple reorganización administrativa. Es un paso más —quizás el más grave hasta ahora— en la consolidación de un proyecto de poder que desprecia las instituciones y pone en riesgo el Estado de derecho”, expresó. Y completó: “Es abrirles la puerta de la UIF a los servicios de inteligencia. Es permitir que el espionaje ilegal se infiltre en el corazón del sistema antilavado. Es usar la inteligencia financiera no para proteger a los ciudadanos, sino para vigilarlos, disciplinarlos o extorsionarlos”, agregó Talerico.

Por su lado, Pedro Caminos, abogado y profesor de Derecho Constitucional, explicó a TN: “Que la UIF querelle facilita la investigación de causas complejas porque ellos tienen la información y el conocimiento especializado que permite una gestión más adecuada de esas causas. Además, en temas que involucran mucho dinero, que haya más ojos en en el juicio puede mejorar la transparencia”.

Sin embargo, Caminos aclaró: “La UIF no tiene resguardos institucionales para ser completamente independiente del Poder Ejecutivo y eso podría lugar a decisiones arbitrarias con respecto a quién se querella y a quién no, además de que la mera posibilidad de ese manejo arbitrario podría ya de por sí mellar la confianza en el organismo”.

“Por otra parte, para querellar tenés que tener abogados especializados en litigio y equipos de trabajo que los asistan, lo cual implica destinar parte de los recursos del organismo a ese fin”, destacó el abogado.

Sobre la repercusión que puede tener esta medida, Caminos consideró: “Depende de la cantidad de querellas que haya promovido la UIF, la relevancia que tengan esas querellas, cuan avanzadas estén esas causas y, sobre todo, qué protagonismo tuvo la UIF en las causas y cuánto de su avance dependió de la actividad de la UIF en contraste con la de los fiscales”.

Otro punto importante para destacar es que la medida del oficial deroga al decreto 2226/2008 que era el que había autorizado a la UIF a constituirse como parte querellante y, en los considerandos, se destaca que esa facultad de la UIF es anómala en relación con los organismos similares de otros países.

Eso implica que la UIF debería desistir de las querellas en curso.

Los motivos de la decisión del Gobierno

La medida se dispuso a través del decreto 274/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El texto menciona que “el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos conexos son fenómenos de criminalidad compleja que afectan la integridad del orden económico-financiero, tanto nacional como internacional”.

El decreto advirtió que estos delitos “evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y por los actores involucrados que en ellos participan”.

Fuentes oficiales le dijeron a TN que pese a que a futuro la UIF no será más querellante, no se retirará de ese rol en los expedientes Hotesur, Los Sauces y Cuadernos de las Coimas. Allí tendrá una postura “pasiva”, es decir, no impulsará medidas de prueba.

En esta nueva etapa, la UIF respetará las instancias de prueba ya solicitadas en su condición de querellante en estos expedientes que investigan a Cristina Kirchner, entre otros, aunque no impulsará nuevas medidas. “Para eso están los fiscales”, suelen repetir quienes en el Gobierno rechazan este rol del organismo. Con esta decisión, la Casa Rosada intenta alejar los fantasmas de un supuesto pacto de impunidad con el kirchnerismo.

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El texto mencionó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representan “un sistema completo y consistente que los países miembros deben implementar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Por último, el gobierno subrayó la competencia de la UIF “para poner a disposición del MPF y para el ejercicio de las acciones pertinentes los elementos de convicción obtenidos en el marco de su actuación, como así también para colaborar con los órganos judiciales y ese Ministerio Público en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente”.

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