WASHINGTON.- No es tan usual en esta capital –sede de los principales organismos internacionales de crédito– encontrar a intendentes del conurbano bonaerense en reuniones con autoridades. Hace solo un mes, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, que mostró su compromiso con el programa económico del Gobierno, había recibido al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y luego anunció financiamiento para proyectos en el país como complemento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Como estuvo con el equipo del ministro [de Economía, Luis] Caputo, que le dio una visión, yo vine y le di otra: no sobre la economía argentina y las planillas de Excel, sino sobre la realidad del territorio en el cual vivo”, se jacta el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que busca posicionarse como una “tercera posición” en la feroz interna de su propio Partido Justicialista (PJ) que enfrenta a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Gray, muy crítico de la gestión libertaria, mantuvo un encuentro de más de una hora con Goldfajn en la sede del BID, en su carácter de presidente de Mercociudades, una red internacional que agrupa a 400 gobiernos locales de 11 países de América Latina. Allí aprovechó para colar un reclamo local: que el organismo destrabe créditos pautados para obras paralizadas por el Gobierno en su municipio. No asoma como una gestión sencilla.

“Las máximas autoridades del BID tomaron nota, se comprometieron a estudiar y a interiorizarse del tema”, dijo a Gray, que enfocó el pedido en la finalización de un polideportivo municipal en el distrito de zona sur que tiene un 60% de avance.

En el caso de la Argentina, el BID, como el resto de los organismos de crédito, manejan sus líneas de financiamiento directamente con el gobierno nacional. Desde que asumió en diciembre de 2023, la actual gestión de Javier Milei dejó de financiar más de 2000 proyectos.

“Es un despropósito que se otorguen créditos para obras que luego no se terminan, que el Estado tenga que pagar intereses y multas”, señaló Gray, que en Washington estuvo acompañado por el alcalde de Niterói (Brasil), Rodrigo Neves.

En tanto, tras la suspensión de las PASO bonaerenses, Gray también anticipó que al regreso a su distrito elevará un pedido para que haya internas en el PJ. “En nuestro espacio hay sectores que pretenden hacer la lista o permitir que se haga una con la lapicera o el dedo de alguien. La lista de legisladores no se puede hacer así. Hay que hacerla en una interna, con padrones abiertos”, planteó, en alusión a Cristina Kirchner, presidenta dell PJ.

“Voy a agotar todas las instancias posibles, pero un partido político no se puede negar a que haya internas”, añadió el intendente, que no ocultó que su distanciamiento con Kicillof relegó a su distrito en la órbita del gobierno provincial. “Hace años que no viene a Esteban Echeverría”, disparó.

Esta mañana, la expresidenta hizo una publicación en sus redes sociales por el Día del Trabajador en la que envió un mensaje de unidad en medio del recrudecimiento de la interna peronista en la provincia de Buenos Aires. “En este contexto es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso”, expresó, luego de lanzar más dardos sobre la gestión de Milei.

El lunes pasado, una sesión en la Legislatura bonaerense había hecho recrudecer la pelea entre el sector alineado con Kicillof y La Cámpora, que responde a la presidenta del PJ.

“Acá hay dos vertientes dentro del peronismo, aunque indudablemente Axel fue puesto por Cristina Kirchner. Nosotros conformamos una tercera posición, y vamos a competir, estamos dispuestos a hacerlo en todas las instancias, porque no queremos aceptar la lapicera [para definir candidaturas] como ha sido hasta ahora”, cerró Gray.

Luego de tres fugas consecutivas, la gestión de Patricia “Chueca” Vázquez al frente del Centro Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatorio (CSPLA) -la parte cerrada del centro de menores Pablo Nogués- llegó a su fin. El cierre de ciclo incluye también responsabilidades compartidas con los coordinadores del dispositivo, aunque ya el ministro Andrés Larroque ya tendría en carpeta algunos nombres para suceder a la conducción local: Juan Storino y Diego “Colo” Rodríguez encabezan la lista.

Storino es actualmente director del centro abierto de Malvinas Argentinas. Sobre él pesan denuncias por violencia de género, además de señalamientos por las condiciones de precariedad en las que funciona la institución que dirige: un equipo técnico sin profesionales y un clima laboral tóxico que persiste desde hace años.

Por su parte, Diego Rodríguez, en comisión en la municipalidad de Moreno, realiza desde hace meses horas extras en el centro de Pablo Nogués, pese a que esto representa una clara incompatibilidad de funciones. La situación configura una ilegalidad que hasta ahora ha pasado sin consecuencias.

Sin embargo, más allá de los nombres, lo que expresa con mayor crudeza el fracaso institucional es el régimen horario de 12 x 36 horas, que colapsó desde su implementación. Tras permanecer cerrado casi dos años por refacciones millonarias que no fueron más allá de una mano de pintura y obras superficiales –con un costo que ascendió a 194 millones de pesos-, el centro reabrió con un estricto criterio de selección: se exigía a los aspirantes residir a menos de 5 kilómetros del lugar y pertenecer a una franja etaria reducida. Pero la política duró poco. La masiva cantidad de renuncias y el colapso del dispositivo obligaron a flexibilizar requisitos: hoy se acepta prácticamente a cualquier persona dispuesta a soportar las guardias en condiciones laborales deplorables.

Los trabajadores designados del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) sufren maltratos sistemáticos tanto por parte de los directivos -que amenazan con despidos si se revelan las irregularidades- como por parte de los jóvenes alojados. A estos últimos, el sistema busca abordar como si fueran niños en edad preescolar, pese a que en realidad son adolescentes judicializados comprendidos por el fuero penal juvenil.