La Comisión de Acuerdos del Senado le dio luz verde al ascenso al grado mayor de sus respectivos escalafones a los jefes de las Fuerzas Armadas designados por Javier Milei a fin del año pasado. Se trata del contraalmirante Carlos María Allievi (Armada), el general de brigada Carlos Alberto Presti (Ejército) y el brigadier mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea), cuyos pliegos serán tratados en la próxima sesión de la Cámara alta.

En la misma reunión, en la que no se mencionaron ni siquiera de manera tangencial los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, también se avanzó con la firma de los dictámenes al ascenso de 120 diplomáticos enviados por la Cancillería que conduce Diana Mondino.

La reunión no estuvo exenta de polémica, aunque sin intervenciones estridentes, por las quejas del kirchnerismo ante la decisión de la cartera de Relaciones Exteriores de excluir de la lista a varios diplomáticos cuyos ascensos habían sido pedidos por la administración de Alberto Fernández, a pesar de que su tratamiento fue pospuesto por el propio oficialismo de aquel entonces, y por el pliego de promoción de un oficial médico de la Fuerza Aérea acusado por acoso sexual y laboral.

Los pliegos de la nueva cúpula militar designada por Milei fueron tratados sin que ningún bloque pusieran algún tipo de reparo. Presti, Mengo y Allievi fueron designados al frente de sus respectivas fuerzas el pasado 29 de diciembre y sus decretos publicados el primer día hábil de este año, el 2 de enero último.

Además de los jefes de las tres fuerzas también recibieron dictamen los ascensos de más de 300 militares propuestos por el Gobierno, entre los que se encontraban una decena de efectivos cuyas promociones habían sido congeladas por el kirchnerismo en los últimos dos años.

La única excepción fue el brigadier Pablo Francisco de Palo. Según informó la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), su ascenso quedará en suspenso a la espera de la resolución de la causa judicial que se abrió por el incidente registrado durante un ritual iniciático con una promoción de paracaidistas.

El caso se conoció en los últimos días y conmocionó a la provincia de Córdoba cuando se filtró un video que muestra la práctica perpetrada contra un grupo de efectivos del Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército Córdoba, que festejaban la conclusión del curso de instrucción y fueron “iniciados” arrojándoles cal viva en sus rostros. Producto de esta práctica, varios efectivos terminaron con quemaduras en ojos y vías respiratorias.

La única polémica de los pliegos militares se registró con el oficial médico vicecomodoro RDA, que fue impugnado ante la Comisión de Acuerdos en 2022, cuando era presidida por la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que lo acusó de acoso sexual y laboral.

Según informó Tagliaferri, en el expediente consta una nota del entonces subjefe de la Fuerza Aérea en la cual se informaba que no existía ningún tipo de denuncia formal contra RDA. “Pasaron tres años sin que se adjunte la denuncia efectiva de la situación de parte de la misma organización que hizo la impugnación”, explicó la presidenta de la comisión.

Sin embargo, Fernández Sagasti, que ahora ocupa la vicepresidencia de la comisión de Acuerdos, aseguró que la respuesta nunca entró formalmente al Senado e insistió con que sea el Ministerio de Defensa el que aclare la situación de RDA. “No hay razón para apartarlo, podemos dictaminar y hasta la sesión tenemos tiempo para sacarnos la duda de si hubo o no denuncia”, intentó saldar la discusión Ezequiel Atauche (Jujuy), presidente del bloque libertario en el Senado.

El kirchnerismo también planteó sus objeciones a los 120 ascensos diplomáticos enviados por la Cancillería al Senado por la exclusión de las promociones de un número no determinado de embajadores que habían sido propuestos en 2022 y 2023 y que no fueron incluidos en el pliego enviado por la nueva junta calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores nombrada en la gestión de Mondino.

“Esto es algo que nunca había pasado en los ascensos del cuerpo diplomático, que una nueva junta calificadora, que no estaba en funciones en 2022 y 2023 haga de nuevo las listas de esos años”, se quejó Fernández Sagasti. “Se va a dejar un pésimo antecedente”, advirtió.

“Esto es una trivialidad enorme”, replicó la queja el peronista antikirchnerista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta), antes de recordarle a Fernández Sagasti que si la junta evaluadora se vio obligada a revisar los pedidos de ascensos de los dos años anteriores fue porque “la mayoría del kirchnerismo impidió que esta gente ascendiera” al cajonear el pliego en la Comisión de Acuerdos. “No es ninguna irregularidad; lo que sí fue una irregularidad es que por diferencias internas entre la Casa Rosada y el Senado en los años anteriores no se trataron los pliegos”, concluyó.

FORMOSA (De una enviada especial). “No vas a encontrar una foto con Gildo”, advierte Atilio Basualdo desde su despacho en la municipalidad de Las Lomitas. En su lugar, luce la boleta violeta con la que compite como candidato a convencional constituyente por La Libertad Avanza (LLA). Es un caso único: de los 27 intendentes de la provincia de Formosa, solo él se declara opositor al gobernador Gildo Insfrán.

No siempre fue así. Basualdo llegó al poder en 2015 de la mano del Partido Justicialista (PJ), cuya hegemonía en la provincia se extiende desde hace más de tres décadas. Pero tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, tomó distancia del mandatario formoseño y comenzó una conversión política progresiva. “Yo no lo voté, pero me convenció”, reconoce ahora. Y dispara: “Está haciendo todo lo que el peronismo no hizo”.

Su acercamiento a LLA empezó a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Tenemos terrenos de Gendarmería que se fueron poblando. Por eso me reuní con ella”, relata. La gestión derivó en política. El nexo lo completó Eduardo “Lule” Menem, armador libertario en todo el país y mano derecha de Karina Milei. Desde entonces, Basualdo milita la boleta violeta como propia. “Ahí empezó todo”, recuerda.

También su etapa más difícil en la provincia de Formosa. En octubre pasado denunció un intento de asesinato en un viaje a Asunción, Paraguay, y poco después sufrió un ataque a tiros contra un camión cisterna de su propiedad. Desde entonces, tres gendarmes lo custodian. “Nosotros no tenemos democracia. Esto es una dictadura”, sentencia. Y sobre Insfrán remata: “Ya no encanta más. Es un tipo que cansó”.

La fractura definitiva ocurrió, según él, cuando en 2024 se instaló en su distrito una “municipalidad paralela” a cargo del vicegobernador, Eber Solís. “Acá la autonomía municipal es aparente”, lanza. Denuncia que de los fondos de coparticipación enviados por Nación, Insfrán reparte solo un 10%, y que el resto se compensa con obras públicas discrecionales. “Gildo no me da obras”, se queja. Inició una demanda para recuperar recursos: asegura que le retienen $250 millones mensuales.

A 300 kilómetros de la capital provincial, Las Lomitas es una ciudad de 24.000 habitantes donde la ganadería es la principal actividad, junto con la incipiente producción de maní. Algunos empresarios exploran el cultivo de soja. El municipio recauda unos $30 millones mensuales y, gracias a la estabilidad de precios, dice Basualdo, pudo comprar maquinaria para enripiar calles y encarar arreglos urbanos con fondos propios. “La Nación no me dio nada. Primero hay que mostrar números”, señala. Se ilusiona con que el domingo las urnas le den el empujón definitivo.

El quiebre con Insfrán parece haber calado hondo en su electorado. Yamila, una empleada de comercio de 27 años, lo resume así: “Las Lomitas cambió un montón con Basualdo. No había plazoletas verdes, no había limpieza. Le cambió la cara al pueblo”. Estudia Radiología a distancia, en la Universidad Siglo XXI, porque las opciones presenciales son escasas. Y aunque no le interesa el partido del intendente, sí su gestión: “Mientras haga, está bien”. De Milei, valora que hizo “cambios drásticos que se tenían que hacer, aunque la gente no los entiende”. La baja de precios, dice, se siente.

Juan Carlos Palavecino, ganadero de 46 años y exmilitante de Juntos por el Cambio en Rosario, fue fiscal de Milei en 2023. Está conforme con el rumbo nacional: “Sorprendió porque hizo todo lo que prometió”. Sobre Las Lomitas, reconoce avances: “El pueblo mejoró, creció muchísimo”, aunque reclama obras pendientes: “La mayoría de las calles siguen siendo de tierra”. Sobre el gobernador no duda: “No veo la hora de que se termine este gobierno”.

Luis Díaz, taxista con veinte años en el oficio, habla con entusiasmo del giro político del pueblo. “La gente valora que Basualdo se haya animado a romper con Gildo”, asegura. Recuerda que otros municipios, como Laguna Yema, coquetearon con el espacio libertario pero volvieron al oficialismo. “No sé qué les hicieron”, desliza. Su voto está decidido: “Lo voté a Milei y lo voy a volver a votar”.

La ruptura con el poder provincial también resuena en las comunidades indígenas. Vicente Domínguez, referente de la comunidad Pilagá, dice que Basualdo “es buena persona”, pero que el verdadero problema sigue en la cima: “Nuestra realidad debe cambiar. No podemos vivir con un dictador. Nos duele”. Denuncia que, en la zona cercana al Bañado La Estrella, las aguas amenazan con romper la barrera y que el gobierno provincial no autoriza la apertura de compuertas. “Llevamos el reclamo y solo recibimos balas de goma”.

Basualdo transita su tercer mandato y afirma que será el último. “Cumplimos una etapa. Hay que darle paso a la nueva generación”, dice. Su hijo, el concejal Pablo Basualdo, buscará renovar su banca como cabeza de lista. Enfrentará a 20 sublemas del PJ en una elección marcada por la tensión.

El actual intendente también compite por una banca en la constituyente. Se muestra como un crítico frontal de la reelección indefinida. Asegura que el artículo 132 de la Constitución provincial -el que habilita a Insfrán a perpetuarse en el poder- “degeneró completamente la democracia”. Y sentencia: “La Corte ya habló”.