POLITICA
Juan Grabois pidió en la Justicia que acepten a sus clientes como querellantes y cruzó al fiscal
El abogado y dirigente social Juan Grabois, que representa a tres damnificados que piden ser querellantes en la causa $LIBRA, sostuvo ante la Cámara Federal porteña que lo de “[Javier] Milei fue una estafa a cielo abierto” y apuntó contra el fiscal que instruye el caso, Eduardo Taiano, por “demorarse 15 días en ordenar” las primeras medidas de prueba.
“Una banda de delincuentes que llega hasta el Presidente. El Presidente que se prende en un negocio privado y que lo promueve, y que esa promoción hace que nuestros clientes sean estafados y pierdan la… [plata]. Por lo menos, es un hecho provisorio”, justificó.
Lo hizo en la audiencia que fijó la Sala 2 de la Cámara Federal porteña para este martes con el objetivo de escuchar los argumentos que esgrimen él, Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg para que sus clientes, Alan Vega, Matías Paris y Juan Patricio Marchetto, los presuntos damnificados en la supuesta estafa, sean aceptados como querellantes, un pedido que fue rechazado por la jueza María Servini y luego apelado.
“Sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces”, dijo Grabois, poniendo en la mira el argumento con el que la jueza Servini rechazó el pedido de los presuntos damnificados. Una decisión que, en la apelación, tildaron de “arbitraria”.
“Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”, agregó. “Está claro que están promoviendo un negocio entre privados, del cual, además hay un hombre que tiene inside information”, sumó.
Para el líder de la Unión de los Trabadores de la Economía Popular (Utep) los imputados deben ser investigados por tráfico de influencias y estafa. Y, para el caso del presidente Milei y su hermana Karina, negocios incompatibles con la función pública.
Grabois aportó otro argumento frente a los jueces: aseguró que el fiscal Taiano mantiene un conflicto de intereses y no está impulsando la investigación.
“A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos borren las pruebas’”, afirmó ante los jueces del tribunal Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
“Yo sé que no les gusta mis formas, en general. Lo voy a decir en latín: hay un fumus colisionis. Hay conflicto de intereses entre el fiscal Taiano y su carrera. Tiene familiares directos trabajando en un área directamente involucrada en esto”, dijo, en referencia a su hijo Federico que, según trascendió, trabaja bajo la órbita del jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Durante el desarrollo de la audiencia los abogados exhibieron videos en los que los presuntos damnificados, Paris, Vega y Marchetto, contaban cómo habían comprado la moneda virtual.
La audiencia, celebrada en uno de las salas de la Cámara, estuvo precedida por cierto nerviosismo en quienes debían garantizar la seguridad en el segundo piso de los tribunales. Todavía está fresco el escándalo público que protagonizaron en la puerta de la misma sala el propio Grabois y la exfuncionaria de Capital Humano, Leila Gianni. En aquella audiencia, una persona portó un arma sin dar un anuncio previo. Luego se sabría que era la custodia de Gianni.
De hecho, antes de dar inicio, las autoridades de la Cámara pidieron no grabar el desarrollo de la audiencia, pero Juan Grabois, que se mostró molesto por la espera –la audiencia se demoró más de una hora–, se negó: “Es una audiencia pública. Al que no le gusta que se la banque. Ustedes graben”, le dijo a los suyos antes de ingresar a la sala de la Cámara. La lente de dos celulares y dos cámaras de fotos grabaron de principio a fin el desarrollo de la audiencia.
También estuvieron presentes los abogados representantes de las defensas: Ramiro Salaber y Karin Kozak por Sergio Morales, quienes no hicieron uso de la palabra, y Daniel Rabinovich que tampoco habló pero entregó un escrito ante la Cámara.
En la Casa Rosada aseguraron hoy que mañana el Poder Ejecutivo les descontará los haberes del día a los empleados estatales que adhieran al paro general de la CGT y que no asistan a sus lugares de trabajo. La medida, sin embargo, todavía no se oficializó. Ni la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) recibieron notificaciones formales sobre esta resolución.
“Por supuesto que se descontará el día”, dijo a una alta fuente oficial. La advertencia, en principio, busca actuar como un disuasivo. En mayo del año pasado, durante el último paro general de la central obrera, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado una medida similar en conferencia de prensa y calificó a los gremialistas de “fundamentalistas del atraso”.
Las fuentes gremiales difieren sobre lo que ocurrió aquella vez. En un sector señalan que la medida no se efectivizó completamente y que muchos empleados se encontraron con su sueldo completo en la siguiente liquidación. En otro, advierten que sí se registraron los descuentos.
La advertencia oficial a los estatales cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que tanto ATE, el gremio estatal más combativo, como UPCN participan activamente de la organización de la medida de fuerza, tanto de la movilización que tendrá lugar esta tarde en las inmediaciones del Congreso como del cese de actividades de este jueves. Parte de las consignas de la protesta son, justamente, contra el ajuste en el Estado. Reclaman por la reincorporación de trabajadores “despedidos de manera ilegal y rechazan la privatización de empresas públicas y el cierre de organismos estatales, que es parte de la columna vertebral del programa de Javier Milei.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo a : “Si dicen que nos van a descontar el día para disuadirnos, que ni lo intenten porque en las asambleas se ve que la adhesión va a ser casi total. Incluso el personal que depende de Adorni va a parar”.
A modo de provocación, en un comunicado oficial, ATE advirtió que habrá un alto nivel de adhesión al paro “incluso en áreas sensibles del Gobierno como la Vocería Presidencial y la Secretaría General de la Presidencia”, que comanda Karina Milei.
“Toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse a partir del viernes”, señala el comunicado de ATE, que advierte que áreas como PAMI y Anses atenderán únicamente casos de emergencia.
El Gobierno viene señalando que el paro anunciado por la CGT es “político” y que “forma parte de la campaña”. No hubo gestiones para neutralizar la medida, más allá de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó sostener un diálogo con la cúpula de la CGT, en particular con el titular del gremio de la construcción, Gerardo Martínez (Uocra).
POLITICA
Milei, el segundo presidente en enfrentar más rápido un tercer paro general desde la vuelta de la democracia
El presidente Javier Milei enfrenta este jueves un nuevo paro general en contra de su gestión de gobierno. A 487 días de asumir su primer mandato, se convirtió así en el segundo mandatario desde el regreso de la democracia en afrontar más rápido una tercera huelga nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Solo lo supera Fernando De la Rúa, al que las centrales sindicales le hicieron tres paros generales en apenas seis meses de mandato. En el tercer lugar se ubica Ricardo Alfonsín, que tuvo su tercera huelga nacional a los 628 días de comenzada su gestión.
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En contraposición, Milei es también el presidente con el mayor plazo entre el segundo y el tercer paro general. A partir de la segunda huelga, la impaciencia sindical suele acelerarse, excepto con el mandatario actual, que tuvo un intervalo de 334 días entre ambas fechas.
Los datos corresponden a un informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. “Los tres mandatarios no peronistas son los únicos que recibieron un tercer paro general en el transcurso de su segundo año de gobierno”, señaló Marcelo Bermolén, autor del estudio.
La conflictividad, según el signo político de Gobierno
Una de las cuestiones que resalta el informe es que en la conflictividad gremial, “la diferencia es abismal” entre los gobiernos peronistas y los de otro signo político. En ese sentido, menciona que ni Eduardo Duhalde ni Néstor Kirchner enfrentaron un tercer paro general en sus gestiones y que Alberto Fernández fue el único presidente desde el regreso de la democracia que finalizó su gestión sin afrontar ninguna medida de fuerza.
“Con esta medida (contra Milei), la CGT ratifica el comportamiento del sindicalismo argentino de mostrar una mayor beligerancia contra las administraciones no peronistas, mientras exhibe tolerancia -y en algunos casos complicidad- con los gobiernos de ese color político”, indicó Bermolén.
Fue precisamente esa una de las críticas que el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo este miércoles. “La CGT insulta la inteligencia de buena parte de los argentinos, son irrespetuosos con la inteligencia de la gente. Si hablan de poder adquisitivo, nadie lo destrozó tanto como Alberto Fernández, al que no le hicieron un solo paro, ni siquiera con el encierro de un año y medio con la cuarentena por coronavirus, que fundió a miles de comercios”, dijo en Radio El Observador.
Del total de 45 paros nacionales contabilizados desde el regreso de la democracia, 29 se dirigieron contra cuatro presidentes no peronistas (Alfonsín, De la Rúa, Mauricio Macri y Milei), en un lapso de 13 años; mientras que 16 afectaron a cinco mandatarios de extracción peronistas, en 28 años de gestión.
En los siete mandatos peronistas enfrentaron a razón de 2,29 paros generales por gestión; mientras que en los cuatro no peronistas afrontaron un promedio de 7,25 huelgas nacionales por mandato.
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En términos porcentuales, el 64,5% de los paros tuvieron como destinatarios a gobiernos no peronistas, frente al 35,5% dirigidos a administraciones que llegaron al poder en alianzas políticas encabezadas por el PJ.
De los datos analizados se puede concluir que los presidentes no peronistas recibieron casi el doble de paros generales que los peronistas, en menos de la mitad de tiempo.
Si se toma en cuenta el tiempo que duraron las gestiones, en 28 años de gobiernos peronistas, se realizaron menos de un paro por año; mientras que en los 13 años no peronistas, la CGT llevó adelante 2,23 huelgas nacionales por cada 12 meses de mandato.
Esto significa que a los presidentes peronistas -en promedio- el sindicalismo le realizó un paro general cada dos años; mientras que los de otros signos políticos les hizo algo más de cuatro huelgas generales por bienio.
Los datos se alinean con la definición histórica de la CGT de encuadrarse dentro del Partido Justicialista, incluso de negociar lugares en las listas para distintas elecciones. Varios diputados de extracción sindical llegaron a sus bancas como parte de boletas peronistas.
41 años de democracia y 45 paros generales
Otro enfoque del estudio pone el eje en la cantidad de paros generales que se realizaron en la Argentina desde el regreso de la democracia, el 10 de marzo de 1983. En los 41 años, poca más de la mitad de ellos (21) se vieron atravesados por “conflictos, reclamos y movilizaciones, que culminaron en medidas de fuerzas finalmente expresadas en paros de carácter general nacional”, señala el informe en su contextualización histórica.
En total, fueron 45 los paros generales en algo más de cuatro décadas de democracia, a razón de poco más de un paro (1,12) por cada año de gobierno.
El estudio también resalta que a lo largo de los años, abril se consolidó como un mes récord para la realización de paros generales en la Argentina, con seis medidas de fuerza llevadas a cabo contra seis presidentes diferentes: Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y Milei.
A diferencia de la cantidad total de medidas de fuerza, abril presenta una “mayor equidad” en cuanto al signo político de los gobiernos contra los que son dirigidas las huelgas generales, con tres paros a presidentes peronistas y tres a no peronistas.
La CGT dialoguista, presionada por el ala dura
De acuerdo con los datos de la universidad Austral, De la Rúa experimentó solo 35 días entre su segundo y tercer paro; Alfonsín, 98 días; Cristina Kirchner, 140 días; Mauricio Macri, 189 días, y Carlos Menem, 262 días. Para Milei, el plazo fue de 334 días, el más extenso en comparación con otros presidentes que también enfrentaron tres medidas de fuerza.
A poco de haber llegado Milei al sillón de Rivadavia, el primer texto de la Ley Bases -que luego fue retirado por el Ejecutivo- provocó que el libertario se convirtiera en el presidente al que la CGT le hizo un paro general en el menor plazo desde haber asumido la gestión.
Habían pasado solo 45 días de mandato cuando la central obrera -que lideraban Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano- organizó a la primera huelga general contra Milei.
El ala dura ganó la pulseada con el sector dialoguista y, aunque el segundo paro nacional se realizó 106 días después del primero, la CGT inició una etapa de contacto con la Administración libertaria, preocupada ante el avance de varias medidas, entre ellas, la reforma sindical.
Sin embargo, los tiempos para el anuncio de la tercera medida de fuerza comenzaron a acelerarse tras los primeros incidentes en la puerta del Congreso, durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo.
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Esa disposición a sentarse a negociar fue la que terminó alejando a Pablo Moyano de la conducción de la CGT. No obstante, desde la central obrera lo desmienten.
“Nunca hubo diálogo con el Gobierno, una cosa es sentarse. No es que hay una tregua que se acaba, no existió. Los buenos modales no resuelven los temas de fondo. Este gobierno cree que el Estado no tiene que intervenir, pero no interviene para regular los precios, pero sí interviene para bajar los salarios”, dijo Daer en A dos Voces, por TN.
Poco antes, Daer había aclarado que “la medida de fuerza (de este jueves) fue aclamada por los 50 gremios que componen la CGT”. “Lo advertimos a tiempo y la realidad lo confirmó: el costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos, mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias”, señalaron en la central obrera.
paro general, Javier Milei, Peronismo, CGT
POLITICA
Jujuy: Concejales exigen explicaciones a Agua Potable por el colapso del servicio en Palpalá
La crisis hídrica en Palpalá alcanzó un punto de quiebre. Tras semanas de reclamos vecinales por cortes constantes, baja presión y agua turbia, el Concejo Deliberante decidió avanzar con un pedido formal de informes a la empresa estatal Agua Potable de Jujuy. El reclamo, impulsado por el Frente de Izquierda, ingresó en la sesión de este miércoles y será tratado en comisión con la expectativa de ser debatido en el recinto la próxima semana.
Los barrios más afectados durante los meses de febrero y marzo fueron Paso de Jama, 18 de Noviembre, San José, Constitución, Santa Bárbara y Savio, entre otros. En algunos sectores, la falta de agua se prolongó durante semanas, lo que llevó incluso a que usuarios exigieran descuentos por los días sin servicio. “El agua que sale de la canilla es intomable, completamente turbia”, señalaron vecinos con evidente frustración.
El concejal Elías Ortega, uno de los impulsores del pedido, fue contundente: “Esto no es un servicio, es una burla a la población trabajadora de Palpalá. Es grave porque incluso el hospital Wenceslao Gallardo —nuestro hospital público de cabecera— estuvo funcionando sin agua en febrero”.
Ortega explicó que la iniciativa busca que Agua Potable rinda cuentas sobre las medidas paliativas aplicadas en su momento y, sobre todo, que detalle si existe un plan integral para resolver la emergencia estructural que afecta a decenas de barrios. “Estamos ante una crisis de infraestructura hidráulica y vial que no se resuelve con parches. No basta con declarar la emergencia y disponer recursos que después no llegan a donde tienen que llegar. Lo que pedimos es claridad y voluntad política para solucionar de raíz este problema”.
El edil también dejó en claro que la situación no es exclusiva de Palpalá: “Hay barrios populares en toda la provincia, como en Alto Comedero, que atraviesan la misma falta de agua. Esto demuestra que el problema es estructural y provincial, y no se resuelve con parches sino con inversión real y planificación”.
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