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POLITICA

Juan Román Riquelme y la intención de renovar el contrato de Edinson Cavani

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En medio de un mal momento institucional y futbolístico en Boca Juniors, el elenco de la Ribera busca empezar a dar vuelta la página tras lo que sucedió en el Superclásico e intentar enderezar el rumbo especialmente para llegar mejor parado al duelo de Copa Argentina en lo que es la última esperanza de acá a fin de año. En ese sentido, después de definir que Diego Martínez seguirá al mando del plantel al menos hasta el sábado frente a Belgrano hay otra novedad importante en el Mundo Xeneize.

Esto sucede porque Juan Román Riquelme se encuentra en el inicio de tratativas para renovar el contrato de Edinson Cavani, que finaliza en diciembre de este año. El presidente azul y oro comenzó a charlar con el delantero uruguayo para intentar extender el vínculo un año más pero la duda principal radica en el estado físico del ex Valencia. A sus 37 años (en febrero cumple 38), este 2024 le costó mucho al charrúa porque se perdió varios partidos por diferentes lesiones.

Por eso mismo, esto es lo que se evaluará en los próximos días para ver si esta negociación avanza firme o mismo si el propio Cavani tiene la intención de seguir o no. El incentivo del Mundial de Clubes el año que viene y la posibilidad de volver a competir en la Copa Libertadores podrían inclinar la balanza para esta extensión del contrato pero de acá a fin de año se tomará la decisión final del futbolista para ver que hace de su futuro.

Diego Martínez sigue como técnico de Boca y dirigirá contra Belgrano

Números de Cavani en el 2024:

  • Partidos disputados: 26
  • Goles convertidos: 17
  • Partidos no jugados: 17

POLITICA

Otra pelea por Lijo: si Milei lo nombra por decreto, el juez piensa tomarse licencia, pero en la Corte lo rechazan

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El Ministerio de Justicia transita la cuenta regresiva para resolver si designa por decreto a los dos candidatos de Javier Milei, para que integren la Corte Suprema de Justicia. Si esto ocurriese, Ariel Lijo hizo trascender que se tomará licencia en su juzgado federal cuando el esa designación por decreto sea admitida en el Senado. En tanto, en el máximo tribunal insisten en que debe renunciar al cargo que ostenta desde hace más de veinte años.

«No está todo dicho», fue una frase que el magistrado y candidato del Jefe de Estado deslizó ante personas de su confianza cuando naufragó la sesión de la semana pasada en la que se iba a tratar su pliego para que, finalmente, pueda integrar la Corte.

Pese a que Lijo logró el dictamen de la Comisión de Acuerdo que respalda su candidatura con firmas de kirchneristas, libertarios, peronistas y radicales, el gobierno no logró que ese dictamen sea votado el viernes en el Senado.

La Constitución Nacional exige que los postulantes para integrar el máximo tribunal cosechen los dos tercios de los senadores presentes en la sesión del Senado en que sean tratados sus pliegos, una mayoría especial. Si los 74 senadores están en sus bancas, son 48 los votos que requiere el juez de Comodoro Py y para obtener ese número. Para lograrlos, el Gobierno necesita el acompañamiento del kirchnerismo.

En medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, el espacio que responde a Cristina Kirchner pidió el juicio político del Jefe de Estado, que comenzó a ser investigado por la justicia federal desde el viernes pasado. Con las negociaciones en absoluta tensión, el Gobierno espera designar a sus dos candidatos por decreto: a Lijo y el académico Manuel García-Mansilla.

El decreto debería firmarse antes del inicio de las sesiones ordinarias que se inauguran el sábado próximo. Desde el Ministerio de Justicia aguardaban el regreso del presidente Milei de su viaje a Estados Unidos para ultimar detalles del trámite, que según fuentes del oficialismo sería inminente.

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Esa posibilidad abre otra discusión. El presidente de la Corte Suprema será la responsable de tomar juramento a Lijo y García-Mansilla.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, durante el fin de semana el juez federal no recibió ninguna comunicación oficial sobre los próximos pasos a seguir. De hecho relataron personas de su entorno que Lijo dudaba de que se avance con la vía del Decreto para su nombramiento.

Con la expectativa colocada en la sesión del jueves pasado donde el oficialismo logró, únicamente, la suspensión de las PASO, el magistrado había solicitado una licencia en su cargo, pero sólo por una semana.

Este lunes, el juez se reincorporó al juzgado federal 3, del que es titular desde hace más de dos décadas.

Lo cierto es que durante todo el proceso de debate sobre el pliego del magistrado, hubo un mensaje sostenido desde su entorno, algo que él mismo deslizó ante personas de extrema confianza: no iba a aceptar ser designado por decreto. Consideraba que integrando el Poder Judicial, la posibilidad de llegar a la Corte, el máximo escalafón al que un miembro de la justicia puede aspirar, debía ser mediante los mecanismos institucionales habituales, con la votación en el Senado de su pliego.

Pero como esa instancia no se logró en el período de sesiones extraordinarias, tal como pretendía el gobierno, se volvió a poner en marcha la opción de remitir las designaciones vía decreto presidencial.

Esa medida modificó -en principio- el criterio del juez Lijo quien, ahora sí aceptaría una designación por decreto. “No es lo ideal, ni lo que hubiese elegido”, deslizaron desde su entorno, pero observan que el Poder Ejecutivo no quiere ceder, por el momento, en la designación de sus candidatos iniciales.

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Pero ese escenario es hoy el más probable. Y Lijo hizo saber que si Milei firma el decreto de designación, recién entonces pedirá una licencia por cargo de mayor jerarquía. “No antes de eso”, explicaron a Clarín personas allegadas al magistrado.

Esta determinación abre en la Corte otra discusión que en el Ministerio de Justicia no desconocen.

Dentro del máximo tribunal están quienes consideran que para tomarle juramento a Lijo con una designación por Decreto, él debe renunciar a la titularidad de su despacho en el tercer piso de Comodoro Py.

Para sustentar este criterio, acudieron a una extensa lista de antecedentes que convalidan esta línea de pensamiento.

Como dato central se habla del caso “Daffis” de 1975, en el que la Corte Suprema sostuvo que cuando un juez acepta un cargo en comisión “implícitamente renuncia a su cargo anterior. La razón es que nadie puede ser juez con acuerdo del Senado y ser -al mismo tiempo- juez designado por decreto”.

Este criterio plantea otro concepto: “los jueces por decreto no son jueces estables”. Sobre este punto las voces en los pasillos de la Corte no son unánimes.

Otro ejemplo: el caso José Francisco Bidau, quien en 1955 asumió como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, en la Sala Civil y Comercial. Desempeñó ese cargo hasta que el presidente José María Guido lo nombró juez de la Corte por medio del decreto 9753, de septiembre de 1962.

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La designación fue en comisión, al encontrarse disuelto el Congreso, y expiraba al finalizar el primer período de sesiones parlamentarias posterior a ella, hecho que se produjo el 30 de septiembre de 1964. Tras no obtener el acuerdo, Bidau dimitió el 1 de octubre de 1964.

Este último ejemplo no es menor: se señala un antecedente en el que un juez dejó su cargo después de ser nombrado en comisión en la Corte, pero renunció al cargo anterior. Como no obtuvo el acuerdo del Senado, se quedó sin ningún puesto dentro del Poder Judicial.

Ese escenario es el que evitará bajo cualquier circunstancia Ariel Lijo. No dejará el despacho de Comodoro Py hasta que esté garantizado el acuerdo correspondiente para asumir como Ministros de la Corte, y por el momento sólo habla de tomar una licencia, no de presentar su renuncia.

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