Tras la aprobación de Ley Bases y el paquete fiscal, Victoria Villarruel comenzó a pivotear otro tema que puede poner contra las cuerdas el objetivo de déficit cero del Gobierno de Javier Milei y que tiene que ver con la nueva fórmula jubilatoria. La vicepresidenta mantiene frenado el tratamiento de este proyecto, que tiene la media sanción de Diputados, con el objetivo de sumar acuerdos en la búsqueda de una reforma integral del sistema previsional.

Por ahora, Villarruel no dio giro a las comisiones del proyecto aprobado a principios de mes por la Cámara baja, aunque fuentes del oficialismo coincidieron en que es posible que se convoque para la próxima semana a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, que son presididas por Carmen Álvarez Rivero (PRO-Córdoba) y Ezequiel Atauche (LLA-Jujuy), para arrancar con el debate.

Desde la presidencia del Senado prefieren aún no dar un cronograma de tratamiento del tema jubilatorio, pero anticipan que demandará varias semanas. Mientras tanto, los bloques de la oposición prefieren enfriar el clima luego de los días de tensión que se vivieron durante el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal.

En rigor, en ambas cámaras del Congreso hay coincidencia en postergar aquellos temas que puedan generar conflicto por lo menos durante julio -mes de receso invernal- para darle al Gobierno tiempo a la aplicación de las normas aprobadas recientemente por Diputados y que significaron el primer triunfo legislativo de Javier Milei. Pero principalmente porque en la oposición ven que las variables económicas «se vienen en picada» y aventuran «meses difíciles para el segundo semestre».

La tregua parece decretada porque hasta el momento ni el bloque de Unión por la Patria, ni el radicalismo salieron a reclamar formalmente el tratamiento de la nueva fórmula jubilatoria, que vendría a reemplazar el DNU 274/2024 del Presidente, quien ya amenazó con vetar la norma que salga del Congreso, aún sabiendo que la oposición reunió los dos tercios en Diputados y tendría el mismo número en el Senado para voltear el veto, lo que derivaría en un conflicto de poderes.

En el despacho de Villarruel, en tanto, buscan junto a los aliados más cercanos reducir los daños políticos y plantean la intención de avanzar en «una reforma integral» del sistema previsional. Así, el secretario parlamentario Agustín Giustinian comenzó a trabajar en ese plan que podría terminar modificando la media sanción de Diputados.

Desde el Senado se pidieron informes al Gobierno y a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que precisen el impacto fiscal que tendrá la fórmula que tiene la media sanción. Si bien aún no se conocieron los detalles de estas variables, en el oficialismo ya anticiparon que el gasto no sería del 0,4 % del Producto Bruto Interno (PBI) como se aseguró en Diputados, sino que «sería bastante más alto», lo que puede convencer a un sector del radicalismo a retroceder con el plan e ir por un camino alternativo.

En el bloque de Unión por la Patria (UxP) que comanda José Mayans ratificaron que la decisión es avanzar con el despacho de comisión y que no tienen intención de hacerle modificaciones a la media sanción para que salga lo antes posible sin que tenga que volver a la Cámara de origen.

En Diputados, la nueva fórmula jubilatoria fue aprobada con 160 votos por un apoyo transversal que incluyó a Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, Innovación Federal y algunos diputados provinciales. De mantenerse esa tendencia, en el Senado la propuesta podría sumar más de 50 votos con el apoyo de los mismos sectores, superando los dos tercios de la Cámara.

El nuevo esquema de movilidad jubilatoria aprobado en Diputados también se basa en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, al igual que el decreto presidencial, aunque la principal diferencia está en un empalme de 8 % que incorporaron por la diferencia entre la recomposición de 12,5% que otorgó el Gobierno, y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta.

Además fija una actualización anual -en marzo de cada año- sobre la base del incremento de los salarios. Será del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la inflación. En tanto, el piso de los haberes quedó en 1,09 veces de la canasta básica total por adulto.

En cuanto al pago de las deudas con las cajas previsionales que no fueron transferidas por las provincias se acordó que serán financiadas por los recursos tributarios que tienen asignaciones específicas a la ANSES, como impuestos al cheque, País e IVA. De ser necesario se apelará al Tesoro pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.