CÓRDOBA.- Con una situación que definen como de “emergencia financiera”, por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei los 24 gobernadores coincidieron en impulsar un proyecto de ley para eliminar dos fondos fiduciarios que se sostienen con aportes del impuesto a los combustibles y, además, repartir entre Nación y las provincias el remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los mandatarios aseguran que se unieron porque son recursos que les corresponden a todos, que “no ponen en riesgo el superávit fiscal” y su llegada significaría un “alivio” para las provincias.

“Está la firma de los 24; ahora no se pueden sacar los pies del plato”, define ante un gobernador que viene acompañando a la Casa Rosada en la mayoría de los temas. La falta de definiciones de los funcionarios que rodean al presidente Milei aceleró los tiempos.

Hay un elemento más: las cuentas públicas suman todos los ingresos y todos los gastos. Si, por ejemplo, los ATN no se distribuyen o los fondos fiduciarios no se ejecutan, colaboran con el superávit. De ahí que la cuenta nacional que hace la administración libertaria es una carga para las provincias.

Así, gobernadores que venían practicando una política de cercanía o directamente de amistad con la Casa Rosada, como el macrista Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) o el radical Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros, terminaron firmando una declaración conjunta con colegas marcadamente opositores como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Sergio Ziliotto (La Pampa). En el medio se recorrió un largo camino de “promesas incumplidas”, advirtieron en las provincias.

Como los gobernadores venían siendo un apoyo clave para la administración libertaria en el Congreso, este principio de rebelión abre dudas sobre la gobernabilidad que tendrá el presidente Milei para la segunda mitad de su mandato. De ahí que los libertarios apuesten a aumentar su representación legislativa en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Entre los mandatarios circula un cálculo respecto a la pérdida de fondos de las provincias desde noviembre del 2023 -cuando ya Sergio Massa había dejado de cumplir- y mayo pasado: nada menos que $30 billones. La estimación es que por coparticipación recibieron $13,4 billones menos, $7,7 billones se restringieron las transferencias no automáticas y $9,3 billones los fondos no ejecutados.

La decisión de los mandatarios de avanzar llegó después de dos reuniones de todos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el medio, un grupo se encontró con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

conversó con ocho gobernadores, de diferentes partidos, que participaron del último encuentro. Todos coincidieron en que en el arranque había varias alternativas, algunas “más extremas” y que se consensuó avanzar por una que −insisten− “no tiene costo fiscal para la Nación y, para las provincias, es un alivio importante”.

Los no peronistas-kirchneristas consultados aclararon que las posiciones más duras no vinieron del bonaerense Axel Kicillof. Y en lo que pareciera ser un acuerdo tácito, prefirieron no detallar quiénes las hicieron.

La presentación de demandas ante la Corte Suprema de Justicia fue la posibilidad más de fondo que se conversó. En mayo del 2024, el pampeano Sergio Ziliotto interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad para que los recursos pertenecientes al 1% asignado al Fondo de ATN integren la masa de los fondos coparticipables que recibe el distrito de manera automática.

Por diferentes causas, la mayoría de las provincias tienen demandas contra Nación en la Corte Suprema, por distintos fondos que se cortaron, contra leyes que así lo disponían. Hasta ahora los gobernadores venían manteniendo las negociaciones con Nación de manera individual o en grupos chicos.

“Estamos con más obligaciones, con menos recursos no automáticos, con pérdida de coparticipación y con gestiones que hacen un recorrido larguísimo y terminan en Economía para que, después, Luis Caputo lo lleve a Milei», repasó el gobernador de una provincia grande.

La modalidad de la negociación individual y en tono componedor, reconocieron varios gobernadores consultados por este medio, no derivó en más cumplimientos por parte de Nación. “Estamos todos iguales, los que dialogamos y los que no”, resume un allegado.

Cuando los ánimos estaban más caldeados, hubo quien enfatizó que las provincias son “preexistentes a la Nación”, un punto que “debe ser tenido en cuenta” por la Rosada. “Sin provincias no hay país”, advirtió. Ese ítem tiene como antecedente la escalada de tensión que hubo a comienzos de 2024, cuando las provincias patagónicas anunciaron que blindarían sus recursos naturales si la Nación las seguía presionando.

Fue una respuesta en bloque a la decisión unilateral de retenerle más de un tercio de la coparticipación mensual a Chubut a raíz de una deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en lo que se leyó como una represalia a que los legisladores de Ignacio Torres no apoyaran la primera versión de la Ley Bases. La Justicia le dio la razón a Chubut y ordenó a la Nación que cesara la retención.

Ese momento fue, precisamente, uno de los de más tensión entre los gobernadores y Milei. Ignacio Torres recibió el apoyo de varios de sus pares y el Presidente contraatacó con una denuncia penal contra Torres por “chantaje y extorsión” y “abuso de autoridad”, además de maltratarlo en las redes sociales.

Poco antes, en represalia a otros gobernadores cuyos legisladores no apoyaron en el Congreso el proyecto original de la Ley Bases, les había pedido la renuncia al titular de Anses, el cordobés Osvaldo Giordano, y a la salteña Flavia Royón, que estaba a cargo de Minería.

El lunes pasado, en el CFI, la mayoría de los gobernadores se inclinó por no ir a fondo y terminaron de estructurar la propuesta de ley que ya venían conversado y que se presentará en los próximos días. Hace meses que vienen reclamando por obras como el mantenimiento de rutas nacionales, con foco en que Vialidad no recibe la totalidad de recursos derivados del impuesto a los combustibles que ordena la ley.

Esta vez fueron más allá: directamente impulsan eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, que este año recibieron alrededor de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos. Lo que plantean es que esos recursos vayan a la coparticipación y que tanto Nación como provincias los usen “según las prioridades que cada una defina”.

Desde el arranque de su gestión, Milei consideró a los fiduciarios como una “caja de la política” que había que eliminar. Hasta ahora, su administración terminó con 26 de ellos. El razonamiento lógico de los mandatarios es que la Rosada no tiene forma de rechazar su propuesta porque se ajusta a lo que el mismo Presidente argumentó.

El pedido de reparto del remanente de los ATNs viene de larga data y se reactualiza periódicamente. Las provincias quieren que lo que no se distribuye del fondo se haga “de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria”, teniendo en cuenta el «marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del gobierno nacional como de las provincias“.

En los contactos con este diario, los gobernadores rechazaron que le estén pidiendo “más plata” a la Casa Rosada, como insisten los funcionarios nacionales. Un opositor dialoguista apuntó: “Absolutamente no es así. Acompañamos, apoyamos y la reacción siempre es la misma, que ellos ajustan y nosotros no. Si no quieren eliminar los fondos fiduciarios será por algo, lo tendrán que explicar”.

Los mandatarios del radicalismo y Pro −en general más cercanos al Presidente− remarcan que no hubieran acompañado “ninguna decisión que hubiera puesto en jaque el superávit fiscal”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que habrá “una contrapropuesta” bajo la premisa de preservar el equilibrio fiscal. Desde Economía ya habían dejado trascender que “la plata correspondiente al impuesto a los combustibles es para obras viales”, pese a que Milei y Caputo paralizaron esas obras. “Si las provincias se llevan las rutas, también la plata. Pero no podemos darles la plata y mantener nosotros las rutas”, insistían en Economía, pese a que las provincias reclaman ambas. Amén de lo anterior, en Economía aprovecharon para presionar: “Si quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.

El planteo de los gobernadores no abarca todo el dinero que Nación debe, por ley, destinar a mantenimiento y obras viales. De hecho, números oficiales muestran que a Vialidad, el año pasado, le llegó un tercio de lo que correspondía a partir del impuesto a los combustibles.

El fondo de los ATN se constituye de manera automática a partir del 1% de la masa coparticipable bruta. Es decir, son recursos que les corresponden a las provincias, pero su distribución la hace desde siempre de manera discrecional el gobierno central. Según Politikon Chaco, entre 2017 y 2024, se distribuyó 32% del fondo ATN; el piso fue con el macrismo y el techo en medio de la pandemia.

Los remantes del fondo sin ejecutar en ese período alcanzan los $4,3 billones, medidos a precios constantes de mayo; de la actual gestión son $1,2 billones.

Si se aplicara la fórmula propuesta por los gobernadores, entre enero y mayo se deberían haber repartido $214.949 millones a precios corrientes en lugar de los $80.500 millones que se distribuyeron efectivamente. Ocho distritos nunca recibieron ATN desde la asunción de Milei: CABA, Córdoba, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja, Formosa y La Pampa.

“No entendemos por qué no salieron a agradecer. Estamos repartiendo algo que podría quedar solo para las provincias y reclamando solo lo de este año, nada de lo anterior”, ironiza un gobernador de los de mejor vínculo con Nación.

Desde un partido provincial, un mandatario puntualiza que la Nación “va eliminando asistencias, no solo algunos fondos destinados directamente a las provincias, sino que hay carencias que estamos cubriendo nosotros y eso presiona sobre nuestras cuentas”.

Si bien las provincias en su conjunto pasaron de déficit fiscal de 0,3% del PBI en 2023 a un superávit fiscal de 0,1% del PBI el año pasado, los consultores que siguen esos números creen que este 2025 podría haber una reversión porque hay más presión sobre el gasto, incluso porque en la mayoría de los casos deben atender cuestiones que antes atendía Nación y que dejó de hacerlo.