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POLITICA

Juicio a Cristina Kirchner por la obra pública: la UIF informó que va a alegar y deberá hacerlo el 11 de julio

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Después de la decisión unánime de la Corte Suprema de rechazar los recursos con los que Cristina Kirchner buscaba dejar sin efecto el juicio en su contra por la presunta corrupción en la obra pública, este lunes comenzó la última audiencia previa al inicio de los alegatos. La Unidad de Información Financiera (UIF), único organismo que se mantiene como querellante en la causa, finalmente informó que va a alegar. Para hacerlo había pedido una postergación, pero el Tribunal lo negó y reiteró que el 11 de julio iniciarán los planteos de las partes acusadoras. Los jueces esperan poder leer su veredicto antes de fin de año.

La semana pasada, una docena de planteos de Cristina y otros acusados en el caso fueron rechazados por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Eran recursos extraordinarios vinculados al juicio por el presunto direccionamiento de 51 contratos viales a favor de Lázaro Báez.

El planteo del máximo tribunal despejó el camino para que el juicio siga su curso hacia la próxima instancia. Este lunes se realiza la última de las audiencias de cara al inicio de los alegatos que será el 11 de julio.

Esa fecha estaba prevista para que inicie con sus planteos la Oficina Anticorrupción (OA), pero hace dos semanas el organismo renunció al juicio. Le sigue en la lista la Unidad de Información Financiera (UIF), que en la audiencia de este lunes informó que participará de dicha instancia.

El abogado de la UIF pidió, sin embargo, una postergación de su alegato hasta el 11 de agosto. Sin embargo, los jueces del TOF 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron su pedido y reiteraron el cronograma fijado.  Señalaron que las fechas del debate oral «se informaron hace un mes», y consideraron que era un «tiempo más que suficiente para que las partes» evalúen sus planteos.

Después de la UIF se escucharán las palabras del Ministerio Público Fiscal representado por Diego Luciani y Sergio Mola. La fiscalía ante el TOF 2 sostiene la acusación con la que el caso llegó a juicio oral: que se montó una estructura desde organismos del Estado para beneficiar a Lázaro Báez quien, en simultáneo, mantenía diversos negocios con el matrimonio Kirchner: 18 compraventas de propiedades, fideicomisos, un terreno en condominio con la vice, alquiler de hoteles, explotación de los mismos, contrataciones cruzadas, entre otras.

En otras palabras, se referirán a la estructura de beneficios a favor de Báez, que le permitió que ganara licitaciones «direccionadas, contratos con sobreprecios promedio del 65%» y que la mitad de los caminos hayan quedado sin terminar.

La lectura de su alegato demandará varias audiencias, algo que el Tribunal tiene fijado en el calendario judicial, para después darle tiempo a las palabras finales de los 16 imputados del expediente. El primero será Lázaro Báez, y Cristina Kirchner será la sexta en poder dirigirse a los jueces.

En esta causa, que tiene 16 imputados, la principal acusación recae sobre la vicepresidenta: se la procesó como jefa de una asociación ilícita, que “junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado y a Lázaro Báez”, se dedicaron entre 2003 y 2015, “a cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.

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POLITICA

Impuesto a las gananacias: Castagneto confirmó un pago extraordinario y pidió a las empresas que sean “solidarias”

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En junio de 2021 Carolina Losada anunció que sería precandidata a senadora nacional por la provincia de Santa Fe. Si bien la decisión era firme, la maniobra escondía una confusa metodología. Losada era candidata por la provincia que la vio nacer, pero tenía domicilio en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires. Es decir, no podía votarse a ella misma.

Quien la convenció de sumarse a la política fue su hermana, Georgina Losada. Militante radical, crítica con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, es sin embargo funcionaria en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), donde cobra un salario de 179.986 pesos mensuales.

Las hermanas Losada cayeron en otro triste cliché de la política argentina: el de estar a ambos lados del mostrador. Mientras Carolina deambula por los canales de televisión explicando en detalle las barbaridades del gobierno, su hermana Georgina cobra como funcionaria de Alberto Fernández y utiliza su empresa Agrinet SA para cobrarle al estado kirchnerista grandes sumas de dinero.

 

Incluso, la propia Georgina Losada, a pesar de beneficiarse de la gestión kirchnerista, publica en sus redes sociales las actividades políticas de su hermana junto al jefe de Gobierno porteño y potencial candidato presidenciable de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, en sus visitas a empresas privadas.

El vínculo de la familia Losada con el Frente de Todos y el kirchnerismo en general nace en el año 2004, cuando en plena gestión de Néstor Kirchner fundan la empresa Agrinet SA, dedicada a la elaboración de mallas antigranizo. “Nadie que esté siquiera cuestionado puede ocupar un cargo político”, aseguró Georgina Losada durante una de sus pocas apariciones periodísticas, pocas semanas después de que su empresa proveedora del mismo estado en el que cobra ella y su hermana senadora, embolse otra suma sideral de dinero.

Al revés que en la fórmula gobernante, en Agrinet SA la Presidente es una mujer, María Eugenia Losada y el Vicepresidente un hombre, el joven Gonzalo Losada. La familia de la senadora nacional copó la dirigencia de la empresa que nació y se apuntaló durante la llamada “Década Robada K” desde sus inicios. Hoy por hoy, forman parte de su directorio Georgina LosadaFernando LosadaAntonio LosadaGuillermina Losada, y otros integrantes como Mónica Mabel GonzálezAna María DandeferAgustina Debernardi y Rodrigo López Fontana.

A pesar de declararse abiertamente antikirchneristas, la realidad de la familia Losada es paradójica. Georgina continúa de ambos lados del mostrador, cobrando su jugoso salario en el gobierno de Alberto Fernández y, a la vez, recibe notables beneficios a través de la empresa familiar.

En efecto, y de acuerdo a datos oficiales, el mayor crédito fiscal entregado por la gestión albertista hasta el momento fue, justamente, a Agrinet SA. La resolución 122/2021 del ministerio de Desarrollo Productivo benefició a la empresa de la familia Losada con 759.154 pesos.

La empresa declaró una facturación estimada de entre 70 y 350 millones de pesos anuales. Por supuesto, eso no impide que Agrinet SA registre no solo enormes deudas sino y sobre todo un extenso historial de no menos de diez ejecuciones fiscales por problemas de evasión. La situación de la empresa familiar de Losada, que ella misma supo integrar en el pasado no lejano, se ha agravado a tal punto de un escandaloso “embargo general de fondos y valores”.



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