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POLITICA

Juicio por YPF: el gobierno de Estados Unidos le pidió a la Justicia que postergue el fallo sobre la expropiación

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El gobierno de los Estados Unidos (EE.UU) intervino en la disputa legal entre la Argentina y el fondo de inversión Buford, por la expropiación de YPF en 2012, ya que le pidió al tribunal de Manhattan, que evite dictaminar un fallo definitorio hasta después de las elecciones presidenciales de ese país.

La intención de la gestión de Joe Biden, es evitar un conflicto diplomático con el gobierno de Javier Milei, en medio de la insistencia del fondo buitre por quedarse con las acciones de la petrolera estatal como parte de pago luego de que Argentina perdiera el juico.

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A través de una carta el Departamento de Justicia de EE.UU, solicitó a la titular del Tribunal de Distrito Manhattan de Nueva York, Loretta Preska, que se abstenga de emitir una definición sobre el caso en donde los accionistas de YPF acusan al Estado argentino de incumplimiento de contrato.

Entre los demandantes se encuentran Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, que buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido.

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Si bien, el pedido está actualmente en espera de la decisión del tribunal que lleva adelante el caso y que condenó a la Argentina por la impericia de la expropiación levada adelante por la presidenta de aquel entonces, Cristina Kirchner y quien era su ministro de Economía, el hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La sentencia es por 16 mil millones de dólares contra el país.

“El gobierno de los Estados Unidos está considerando activamente si presentar o no una Declaración de Interés respecto a la moción pendiente de orden judicial y entrega”, sostiene el texto enviado a Preska en las ultimas horas.

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POLITICA

La oposición se activa en Diputados y explora las opciones para investigar el escándalo cripto

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Diputados de los bloques de la oposición junto al kirchnerismo exploran las distintas alternativas que tiene el Congreso para investigar el escándalo de $LIBRA, que tiene a Javier Milei como el principal señalado por haber promocionado la criptomoneda. En principio, después del 1ro. de marzo, cuando el Presidente dejará inaugurado el período ordinario de sesiones, solicitarán una sesión especial para emplazar el tratamiento en comisión de distintos proyectos que ya fueron presentados para determinar la responsabilidad del líder de La Libertad Avanza.

Lo que está claro es que el Presidente no quedó blindado luego del bochorno que se dio este jueves en la Cámara Alta, donde a partir de una maniobra que dejó expuesta a la UCR se bloqueó el proyecto de creación de una comisión investigadora de la presunta estafa que era impulsado por el mismo bloque.

Incluso, el jefe de la bancada, el correntino Eduardo Vischi, junto a otros cinco senadores que responden a sus gobernadores, dio el voto para que se trate el tema sobre tablas pero a la hora de apoyar su propia propuesta terminó votando en contra.

Fuentes legislativas anticiparon a Clarín que después del feriado de Carnaval, la oposición apurará una sesión para emplazar al oficialismo a que se traten los proyectos vinculados con el caso de la memecoin. Los contactos entre los distintos bloques comenzaron esta semana tras estallar el escándalo, pero las acciones habían quedado a la espera de lo que podría ocurrir en el Senado, donde la presión de los gobernadores fue más fuerte que las intenciones de investigar el hecho que golpea a la Casa Rosada.

El bloque de Miguel Angel Pichetto busca las interpelaciones de distintos funcionarios por el criptogate.
Foto Federico López Claro.

Tres líneas de acción

En Diputados se manejan hasta el momento 3 líneas de acción. El kirchnerismo ya anticipó que va por el Juicio Político aún sin tener los dos tercios para avanzar en el recinto. La lectura que hacen en el bloque que conduce Germán Martínez es clara: la única comisión que tiene «potencia investigativa» es la de Juicio Político, independientemente de si al final del camino se consiguen los dos tercios en el recinto para avanzar con la destitución.

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Sin embargo, la cuestión de fondo es que Martín Menem desconoce la conformación de Juicio Político, que para la oposición es presidida por Marcela Pagano (LLA) por lo aprobado en una reunión de abril del año pasado.

Según pudo averiguar este diario, el presidente de la Cámara ya comenzó a operar para conseguir los apoyos y convocar a una reunión constitutiva de la comisión. Así busca desplazar a la periodista que es resistida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pagano, mientras tanto, no cede a las presiones.

Pero volviendo a las estrategias que se perfilan en Diputados, los radicales díscolos de Democracia para Siempre presentaron tres proyectos pidiendo la interpelación de Francos, un pedido de informes del Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora. Esta última opción es la que buscan apuntar en la negociación con el resto de la oposición.

Mientras que Encuentro Federal, el espacio que comanda Miguel Angel Pichetto, quiere avanzar con las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Karina Milei; al ministro de Justicia, Marinao Cúneo Libarona; y al vocero presidencial Manuel Adorni.

En el bloque de la UCR analizaron la situación Rodrigo De Loredo, Karina Banfi y Soledad Carrizo. En principio, la conclusión a la que llegaron es que no se van a prestar a «la cacería de brujas desestabilizante del kirchnerismo».

«Vamos a diferenciarnos del Senado, donde se fueron de boca y quedaron como unos ridículos», indicó un operador radical, quien no descartó la posibilidad de que un sector adhiera a la interpelación de Francos.

La Coalición Cívica, por su parte, se mantiene con los pedidos de informes al Ejecutivo y la presentación en la justicia penal, mientras que la izquierda ya presentó un proyecto pidiendo la interpelación de Milei.

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El PRO emitió este viernes un comunicado en el que rechaza toda intervención del Congreso y fundamenta que por tratarse de un delito debe ser investigado por la Justicia. El oficialismo, en tanto, busca evitar que avance estos temas y desde la última sesión, en la que se aprobó Ficha Limpia, transmitió a su tropa la intención de mantener inactivo el parlamento.

La oposición pedirá una sesión para emplazar al oficialismo

Con las cartas sobre la mesa, la oposición espera definir en los próximos días la fecha en la que solicitará una sesión especial con el objetivo de emplazar el tratamiento en comisión de los tres temas. Pero primero deberá juntar el quórum y entre los tres espacios llegan a 126 diputados. Hay que tener en cuenta que los gobernadores también van a jugar en esta partida. Por lo que deberán buscar apoyo en la izquierda y en Innovación Federal, que según lo ocurrido en el Senado estuvieron divididos.

En el PRO rechazan la intervención del Congreso y fundamentan que lo debe resolver la Justicia. Foto: Federico López Claro.En el PRO rechazan la intervención del Congreso y fundamentan que lo debe resolver la Justicia. Foto: Federico López Claro.

En el caso de reunir los 129 para el quórum y conseguir los apoyos, el cuerpo tendrá que emplazar, en el caso de las interpelaciones, a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz.

Mientras que por la comisión investigadora se debería hacer un plenario con la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que está a cargo de Silvia Lospennato. Y por la propuesta de Unión por la Patria sólo se emplaza a Juicio Político, que primero deberá resolver el conflicto de su integración.

En el caso de las interpelaciones y la comisión se podrá dictaminar con la mayoría simple, pero deberá pasar por el recinto para su aprobación, donde también pasarán con el voto de mitad más uno de los presentes.

Pero en el caso de Juicio Político, la investigación se inicia sólo con la aprobación de la admisibilidad, es decir, que el apoyo de la mayoría simple de la comisión y no necesita ser avalada por la totalidad del cuerpo. Sólo después de emitir el despacho acusatorio tendría chance de llegar al recinto, donde se requieren los dos tercios para solicitar al Senado que se convierta en tribunal para juzgar la acción del Presidente.

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