El Estado argentino presentó una respuesta a la moción que hizo la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) para pedir que se revoque el fallo en su contra por la expropiación de YPF, en la que el país fue sentenciado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses. Cerca de la medianoche, la Procuración del Tesoro reiteró ante los tribunales internacionales “su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”, según dijeron fuentes oficiales.

“La respuesta expresa también la firme voluntad de este Gobierno en colaborar con su par de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”, agregaron.

La estrategia de la defensa argentina en este caso quedó a cargo Juan Ignacio Stampalija, nuevo subprocurador del Tesoro, designado a cargo de los temas internacionales, luego de reemplazar a Andrés De La Cruz, a quien se le aceptó la renuncia el viernes pasado. Stampalija ingresó junto con el nuevo Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien a su vez sucedió a Rodolfo Barra, echado del Gobierno un mes atrás.

Los beneficiarios del fallo de YPF, los fondos Burford y Eton Park, también presentaron sus escritos y dijeron que la ONG RAFA “no presenta ningún argumento que demuestre que tiene un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales, la reestatización de YPF o los activos relacionados que están en el centro de este caso”. En cambio, dijeron, la ONG “pretende actuar en defensa del interés público, quizás como un ‘querellante’, o fiscal privado, según el derecho argentino”, contó Sebastián Maril, director de Latam Advisors, quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.

“Además de estas deficiencias sustantivas, RAFA también ha incumplido los requisitos procesales básicos de la Regla 24. Quienes buscan intervenir deben notificar a todas las partes conforme a la Regla 24(c), pero en su lugar, RAFA envió sus documentos por correo directamente al Tribunal, sin notificar a las partes y sin ninguna justificación válida para un tratamiento ex parte”, agregaron los beneficiarios, representados por el estudio jurídico King & Spalding.

🔴Texto completo de la presentación de los beneficiarios del fallo YPF. Argentina aún no ha presentado su escrito siendo las 20:30 hs.

🔴YPF judgment creditors' full presentation. Argentina has yet to file its brief (6:30 p.m. Eastern). pic.twitter.com/IvjrUC55O9

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— Sebastian Maril (@SebastianMaril) February 25, 2025

La ONG se presentó la semana pasada en el juzgado de Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para pedir que se revoque el fallo y logró que la jueza emitiera una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. “Es de suma trascendencia que se avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”, había dicho a LA NACION Fernando Irazú, representante de RAFA.

Según el abogado, la sentencia es “un fraude procesal que consuma un fraude internacional en un esquema criminal por el cual se llevan el fruto de una corrupción gubernamental que ha afectado a YPF y a todos los argentinos”. Irazú se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuesta compra fraudulenta, en 2008, del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en connivencia con el matrimonio Kirchner.

De acuerdo con el letrado, no solo están afectados los intereses de los argentinos, sino también los norteamericanos, porque el fallo es un “policy making” terrible que abre el sistema judicial estadounidense “para que corruptos vayan a solicitar el fruto de la corrupción”.

Sin embargo, conocida la presentación, Maril señaló que el tema Eskenazi ya fue parte central del juicio y no formó parte del fallo final por falta de pruebas, ya que la misma jueza consideró que no había argumentos para anular el caso.

En el mismo sentido, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, dijo que el planteo de la ONG es un “remedio heroico que tiene la misma chance de progresar que enviar al arquero a cabecear en el último minuto del partido, y ese arquero es el Chapulín”. En su cuenta de X, agregó: “Ya en United States v. Beggerly, 524 U.S. 38 (1998), la Scotus [Corte Suprema] consideró que el alivio bajo la regla 60(b)(6) está disponible solo en casos extraordinarios y que las partes deben demostrar que no pudieron haber descubierto la evidencia de corrupción con anterioridad mediante una diligencia razonable. ¿Cuál sería el hecho de corrupción que le fue omitido al tribunal si se dice que se basó en una denuncia que tiene más de 15 años? Y vamos a suponer que, con posterioridad a la sentencia, se hubiera confirmado un hecho de corrupción en el país demandado. ¿En serio piensan que el tribunal americano está obligado a tomar nota? ¡Qué poco serio todo!”, cerró.

La historia del conflicto

El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una filial constituida en España, propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%. El 7 de mayo de ese año, entró en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino. En julio, Petersen se declaró en quiebra en España tras haber incumplido en mayo el pago de los préstamos que hizo un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.

En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.

El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de Burford Capital LLC, fondo que presentó los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó YPF.

Apenas un mes después, el 8 de abril, Petersen presentó una demanda contra el país e YPF por “incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio”. Y agregó: “Petersen alegó que YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones”.

En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.

El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.

En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.

En septiembre de 2024, se presentaron los últimos escritos finales de las tres partes (los demandantes, YPF y el Estado) ante la Corte de Apelaciones y ahora se está a la espera de que se designe un panel de tres miembros y se resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso.