El tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei convocado por la CGT para este jueves 10 de abril sufrió una importante baja: la Unión de Tranviarios Argentinos (UTA) resolvió no adherirse en la práctica a la medida de fuerza tras acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo, la cual tendrá un alcance de 15 días en relación al reclamo de mejoras salariales de los choferes. Por lo tanto, este jueves, día del paro, habrá colectivos.

En la CGT sospechan de un movimiento coordinado entre el secretario general de la UTA, y el Gobierno nacional para debilitar la medida de fuerza que tendrá lugar este jueves. Es que, en gran medida, el hecho de que haya o no haya colectivos es determinante para medir la eficacia del paro.

El Gobierno realizó una auditoría sorpresa en la UTA y presiona para que no se sume al paro de la CGT

Desde la Secretaría de Trabajo afirmaron que la UTA tiene que acatar la conciliación obligatoria por ley. Desde la central sindical dejaron trascender que no se trata de una movida ingenua ya que Fernández convocó a un paro de choferes en la previa al paro general y dejó servido al Gobierno el dictado de la conciliación para que se extienda por dos semanas y garantice el funcionamiento de los colectivos.

El paro del transporte público se iba a realizar el 28 de marzo pasado, pero la conciliación obligatoria llegó un día antes y sigue vigente. El llamado fue hecho por el Ejecutivo tras una solicitud presentada por las cámaras patronales del sector. A esta acción se le suma una auditoría a las cuentas del sindicato efectuada por el Gobierno.

La CGT suma adhesiones al paro general del 10 de abril y no habrá trenes, subtes, ni taxis

Más allá de que los colectivos van a funcionar el 10 de abril, desde la UTA se apresuraron a informar que adhieren de todos modos al paro general de la CGT. Por consejo de lo abogados del gremio, el transporte público funcionará, ya que de no acatar la conciliación obligatoria, se enfrentarían a sanciones económicas, despidos y recortes de subsidios.

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La oposición pidió una sesión especial para el martes 8 de abril en la Cámara de Diputados para tratar tres proyectos relacionados con el escándalo de la cripto $Libra, pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre el avance de obras públicas y casi una veintena de iniciativas que abordan la problemática del sistema jubilatorio.

La convocatoria lleva las firmas de los presidentes de los bloques de Unión por la Patria (Germán Martínez), Democracia para Siempre (Pablo Juliano); Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto); y la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro). El apoyo mayoritario de estas fuerzas deja a la oposición cerca del quórum, aunque deberán convencer también a algunos representantes de la UCR y los espacios provinciales.

Según pudo saber Infobae, todavía no existe un acuerdo definitivo sobre los pasos a seguir para investigar el caso $Libra, la criptomoneda que el presidente Javier Milei difundió a través de las redes sociales cuyo precio escaló para luego derrumbarse y lo dejó envuelto en una presunta estafa.

Mientras que el dictamen de mayoría, impulsado por Unión por la Patria y la izquierda, propone citar a una amplia lista de funcionarios (que incluye Javier Milei, a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y al titular de la Comisión Nacional de Valores), el despacho firmado por los radicales disidentes de Democracia para Siempre solo apunta a interpelar al vocero Manuel Adorni, al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y a Guillermo Francos.

En tanto, la Coalición Cívica y algunos miembros de Encuentro Federal firmaron otro dictamen reclamando únicamente la presencia del jefe de Gabinete. Curiosamente, otros integrantes de Encuentro Federal (Nicolás Massot y Margarita Stolbizer) firmaron un dictamen propio con la interpelación de Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Cúneo Libarona. Muy similar al proyecto del peronismo pero excluyendo a Milei y a Caputo.

Las diferencias radican en cuestiones políticas y prácticas. Por ejemplo, algunos consideran que funcionarios como Adorni o Luis Caputo no tienen nada que ver con el caso $Libra. En la misma línea, la Coalición Cívica argumenta que no se debe citar a Karina Milei porque ya fue denunciada penalmente y esto le serviría como excusa para no contestar ninguna pregunta ya que hay una investigación en curso en la Justicia federal.

Fuentes de distintos bloques dialoguistas adelantaron a Infobae que este viernes participarán de un Zoom para intentar llegar a un acuerdo sobre los funcionarios que deben ser interpelados. En cambio, ya existe consenso para avanzar con la conformación de una comisión investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados y diferentes pedidos de informes al Poder Ejecutivo.

Como el jefe de Gabinete Guillermo Francos es el único funcionario que se repite en todos los proyectos, algunos especularon con que sería el punto mínimo de consenso. Justamente por eso, desde el oficialismo se apuraron a confirmar que Francos se presentará a hacer su informe de gestión probablemente el miércoles 23 y aclararon que contestará preguntas sobre el caso $Libra. Una maniobra que buscaba darle una excusa a los sectores dialoguistas, especialmente a la UCR, para dar por terminada la cuestión.

Por otro lado, se incluyeron en el temario diferentes pedidos de informe al Gobierno sobre el estado de ejecución de obras financiadas por el gobierno nacional en “cada una de las 24 jurisdicciones del país”.

Sin embargo, probablemente el tema más incómodo para el Gobierno es el de los jubilados. Las recientes movilizaciones que terminaron con violentos incidentes y el fin de la moratoria previsional que permitía jubilarse a las personas que no llegan a los 30 años de aportes, le dieron pie a la oposición para reflotar diversos proyectos relacionados con el sistema previsional.

No es la primera vez que la oposición impulsa el tema. En septiembre de 2024 el Gobierno terminó vetando una nueva ley de movilidad jubilatoria que mantenía el esquema de actualización por inflación implementado por Javier Milei, pero sumaba una suba adicional para compensar la inflación del 20,6% de enero y tenía en cuenta la evolución de los salarios. El argumento utilizado en esa oportunidad por el oficialismo fue el equilibrio fiscal, ya que consideraban que la ley tenía un impacto presupuestario que ponía en jaque el plan económico.

Entre los proyectos que se debatirán se destacan varias iniciativas para restaurar la moratoria previsional, el pago de un bono extraordinario, la aplicación de un aumento excepcional de emergencia y diferentes reformas que apuntan a implementar sistemas proporcionales que tengan en cuenta la cantidad de años de aporte.

En la sesión la oposición buscará aprobar diferentes emplazamientos para obligar a la comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, a tratar y dictaminar los proyectos. También se le impondrá un límite al debate en la comisión de Previsión Social que controla la radical Gabriela Brouwer de Koning.

Desde las filas del oficialismo adelantaron que mantendrán la posición del año pasado: rechazarán cualquier proyecto que ponga en juego el equilibrio fiscal y adelantaron que el Poder Ejecutivo los volverá a vetar si no logran frenarlos en el Congreso.

Manuel García-Mansilla,Corte Suprema de Justicia