A pesar del fallo de la Justicia Federal que ordenó la restitución de la cancha expropiada por el gobierno jujeño durante la gestión de Gerardo Morales, la comunidad de Caspalá denuncia que las obras no se están realizando correctamente. La abogada de la comunidad, Silvana Llanes, advirtió sobre irregularidades en los trabajos y anunció una reunión clave con funcionarios provinciales el próximo lunes.

Una restitución incompleta y sin supervisión adecuada

El conflicto por la expropiación de la cancha y la finca de Caspalá parecía haber encontrado una solución a finales de 2024, cuando la Justicia Federal ordenó al Estado provincial devolver los terrenos. Sin embargo, la comunidad denuncia que la restitución se está llevando a cabo sin el cumplimiento de los términos acordados.

Según Llanes, el gobierno solo envió una Vialidad para realizar los trabajos, cuando el fallo establecía que la supervisión debía estar a cargo de la Fiscalía Federal, Gendarmería y la querella. Además, la abogada advirtió que la restitución no puede limitarse a rellenar con tierra, ya que la cancha fue construida y mantenida por la comunidad, y sufrió daños significativos con la intervención estatal.

“Cuando subieron todas esas columnas y máquinas, al estar en altura, el muro de contención se dañó. Eso tendría que haber sido analizado para devolver la cancha en su estado original”, señaló Llanes en diálogo con Radio 2.

Denuncias por daños patrimoniales

La abogada también reveló que el gobierno causó daños irreparables en Finca Santa Rosa, un sitio patrimonial donde se pretendía asentar la restitución. “No tomó las precauciones pertinentes y volvieron a dañar el patrimonio”, advirtió.

Ante esta situación, la comunidad exige un plan concreto de remediación con un equipo multidisciplinario. La reunión del lunes 24 a las 11:00 en Casa de Gobierno será clave para determinar si el Estado provincial cumple con sus obligaciones o si se profundiza el conflicto.

Imputaciones a exfuncionarios y posibles ampliaciones

En el marco de la investigación penal, ya fueron imputados la exministra de Educación, María Teresa Bovi, y el excomisionado municipal, Natividad Apaza. No obstante, Llanes adelantó que podrían sumar nuevas imputaciones antes de abril, incluido el exgobernador Morales.

“Estamos trabajando fuertemente porque vamos a la cabeza de todo esto. Morales no podía desconocer lo que estaba sucediendo”, afirmó.

Mientras la comunidad de Caspalá espera respuestas concretas, el gobierno provincial enfrenta la presión de cumplir con la orden judicial y evitar nuevas denuncias por incumplimiento. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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