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POLITICA

Jujuy: Denunciaron que una comuna tiro basura en la Feria Mayorista de Perico

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El conflicto entre los comerciantes de la Feria Mayorista de Perico y la Municipalidad sigue escalando. En los últimos días, los vendedores han presentado graves denuncias en las que aseguran que camiones municipales arrojan basura en los alrededores del predio con el objetivo de perjudicar su funcionamiento y poner en riesgo las habilitaciones necesarias para seguir operando.

Los comerciantes, indignados, apuntaron directamente al funcionario municipal Rolando Ficoseco, acusándolo de ser responsable de las acciones. «Esa es la basura que traen acá para tirar», denunciaron los feriantes, quienes aseguraron que el objetivo de esta acción es que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) no les otorgue las habilitaciones para vender. Los videos que circulan por las redes sociales muestran a los camiones municipales dejando residuos en las inmediaciones de la feria en horas de la noche, cuando no se pueden identificar claramente a los responsables.

En uno de los registros, un comerciante señala que la municipalidad se aprovecha de la oscuridad de la noche para cometer estos actos: «Trabajan a esta hora porque de día se ve todo». En otro momento, se puede escuchar a un individuo pidiendo que no filmen a una persona presente en el lugar, a lo que esta responde: «Soy el secretario de obras públicas. Saldremos a desmentir todo lo que usted dice», lo que sugiere que el enfrentamiento continuará intensificándose.

Las denuncias van más allá de los actos de vandalismo. José María Albizo Cazón, uno de los referentes de los feriantes, acusó a la municipalidad de obstruir el suministro de agua, destruir los baños, decomisar mercadería y hasta demandar a los vendedores por 676 millones de pesos. «Nos tratan de usurpadores y nos hostigan. Solo pedimos elecciones y el debido proceso», expresó Cazón, quien también instó a que se respeten los derechos de los comerciantes.

Este conflicto refleja una creciente tensión entre los feriantes y las autoridades locales, y promete seguir siendo un tema de debate y controversia en los próximos días. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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«Una decisión del Presidente»: el detrás de escena de cómo el Gobierno avanzó con la baja de la jubilación de privilegio a Cristina

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Antes de que Manuel Adorni subiera al segundo piso de la Casa Rosada para anunciar la quita de la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner, en el Gobierno sabían que cambiaría el eje de la agenda pública. «Va a ser un día muy divertido«, se jactaban de antemano, aunque sin dar demasiados detalles de la medida que se había gestado. Eran conscientes también que los videos de algunos meses atrás en los que Javier Milei admitía que los haberes de los ex mandatarios eran «derechos adquiridos», y que por lo tanto no podían ser quitados, se viralizarían y serían utilizados por el kirchnerismo para exponer la contradicción y cuestionar al Ejecutivo. Por eso, desde el primer momento se asumió que fue «una decisión política del Presidente» y una «señal para los argentinos» de que «no da todo lo mismo».

Cuentan en Balcarce 50 que en la previa al fallo de Casación Penal, cuando todos los trascendidos coincidían en anticipar que el tribunal confirmaría la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Milei empezó a analizar la idea de avanzar con «una medida ejemplar«, incluso contra los propios argumentos que había dado en el pasado. Lo evaluó con su asesor estrella Santiago Caputo y le pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que le presentara una propuesta para disponer de la baja inmediata de la jubilación que Cristina recibe por haber sido Presidenta.

A instancias del director ejecutivo de la ANSeS, Mariano De los Heros, Pettovello le llevó la propuesta, con el agregado de la quita de la pensión que percibe como viuda de Néstor Kirchner. Lejos de entender que eran erróneos los argumentos jurídicos a los que en mayo apelaba Milei para defender por qué el Gobierno no se metía con los haberes de privilegio de Cristina, en el Gabinete admiten que la decisión «es más política que técnica» y que eventualmente para la judicialización del tema la ex mandataria tiene cómo sostener su derecho.

«Teníamos que darles a los argentinos de bien una señal de que no da todo lo mismo. Puede judicializarlo y ganarlo, pero para eso va a tener que explicar que quiere ganar más que cualquier otro jubilado y encontrar jueces que quieran darles la espalda a la sociedad», explicó una fuente inobjetable al tanto de la decisión del Presidente.

El cálculo que hacen en Casa Rosada asume que al jefe de Estado no lo perjudicará haber sostenido en mayo que no podía quitarle la jubilación a Cristina por tratarse de “un derecho adquirido”. “Se está poniendo del lado de la gente, diciendo que no da todo igual”, afirman. Y suman otro condimento que condicionará a la Justicia y a la ex mandataria: «¿Cómo le van a explicar que el juicio de Cristina lo resuelven rápido cuando hay jubilados que cuando gobernó el kirchnerismo esperaron hasta diez años y la ANSeS apeló en todas las instancias por orden suya, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia?»

Durante la jornada del miércoles, con el menú sobre la mesa, Milei hizo un último repaso con Caputo para evaluar la conveniencia de esta medida. Es que, como contó Clarín, la estrategia era no agitar las aguas con la expectativa de que el fallo de Casación empujara a los K a negociar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte.

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En el Gobierno saben que esta decisión puede ser un punto de no retorno con los K y que ese costo político ya está asumido: cuentan que Caputo abrió el juego al radicalismo y confía en poder conseguir voluntades en el bloque de Unión por la Patria a partir de una gestión con los senadores peronistas que responden más a los gobernadores que a Cristina.

Por las dudas, en caso de que esa negociación no prospere, el Gobierno descuenta que tiene un plan B para volver a negociar: el proyecto de “ficha limpia” que impulsa el PRO y que de aprobarse le impediría a Cristina ser candidata el próximo año.

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