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La reciente autorización del Gobierno nacional para la privatización total de AySA generó la reacción de la oposición en el Senado. El bloque de Unión por la Patria avanzó con dos iniciativas legislativas firmadas por el senador Eduardo “Wado” de Pedro que buscan frenar cualquier intento de transferencia de la empresa al sector privado. La preocupación en torno a la protección del acceso al agua como un derecho humano y la preservación del modelo público de gestión aparecen entre los argumentos principales de los proyectos.

El proyecto S‑1287/25, presentado por De Pedro, propone declarar el servicio a cargo de AySA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en línea con el artículo 75 de la Constitución Nacional, y prohíbe de manera explícita cualquier modalidad de privatización, concesión, cesión de capital o tercerización de la gestión de la firma. El texto exige además que cualquier modificación en el objetivo de la empresa, su composición accionaria o la enajenación de activos esenciales requiera aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios, reforzando barreras jurídicas frente a embates privatizadores.

Paralelamente, el proyecto de declaración S‑1288/25 manifiesta “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” ante los decretos presidenciales de privatización, al tiempo que remarca que tales medidas implican “un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal”. En la misma línea, condena tanto el eventual traspaso al sector privado como la interrupción del servicio por falta de pago. Los documentos llevan las firmas de otros legisladores del espacio, entre los que figuran María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Cristina López y José Emilio Neder.

Ambas iniciativas surgen como respuesta al anuncio oficial de la Casa Rosada, a través de los decretos 493 y 494/25, que permiten la enajenación de AySA a fin de avanzar en un cambio de rumbo en la administración del recurso hídrico. Ante ello, gran parte de la oposición expresó alarma sobre el impacto en la tarifa, la calidad de los servicios y el alcance de la red, que actualmente llega a una cobertura del 85% en agua potable y 70% en cloacas, según datos oficiales difundidos por el equipo del senador.

Al fundamentar la presentación de sus iniciativas, Wado de Pedro destacó la naturaleza esencial y estratégica de los servicios de AySA. “El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”, afirmó. Asimismo, el senador subrayó la función de la compañía estatal como “salud pública y desarrollo para millones de familias” y recordó los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de acceso universal al agua y saneamiento. “Esta ley es una herramienta para cumplir con esos compromisos y para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico”, sostuvo De Pedro.

Las estadísticas esgrimidas durante la presentación de los proyectos subrayan el contraste observado durante los períodos de gestión privada y estatal. Desde la estatización, la inversión ejecutada en obras para ampliar la cobertura fue veinte veces superior a la registrada durante la administración privada, con la construcción de nueve plantas depuradoras, la gran potabilizadora de Tigre y cientos de expansiones de la red, resaltó de Pedro. Según datos de AySA divulgados por los legisladores, más de 4,5 millones de personas accedieron de manera inédita al agua potable y 3,6 millones a la red cloacal. En materia de calidad de servicio, los cortes se redujeron en un 57% y su duración bajó en un 72% desde la intervención del Estado.

El núcleo del debate está puesto en el control accionario de la compañía, que de acuerdo a los proyectos presentados por el kirchnerismo deberá mantenerse en un 90% en poder del Estado nacional, con el 10% restante reservado a los trabajadores de la empresa. Para evitar proyectos de tercerización futura, el texto introduce la obligación de una mayoría calificada en el Congreso para cualquier modificación sustancial.

El Gobierno nacional, días atrás, dispuso la venta total de AySA con la condición de que el 51% quede en manos de un único grupo privado.

Actualmente, AySA presta servicios de agua potable y saneamiento cloacal a veintisiete partidos de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cubriendo a más de 14 millones de habitantes.

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