POLITICA
Kristalina Georgieva dijo que le parece “razonable” un desembolso inicial del 40% del nuevo programa del FMI

WASHINGTON.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, abrió la puerta este lunes a la posibilidad de que la Argentina reciba un desembolso inicial por alrededor de US$8000 millones una vez que el Directorio Ejecutivo apruebe el nuevo programa que está terminando de negociar el gobierno de Javier Milei.
Georgieva dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que una solicitud de la Argentina de recibir un desembolso inicial del 40% del total del nuevo programa, que sería por un monto total de US$20.000 millones, es “razonable” a partir de los resultados que arrojó el programa económico de Milei.
“Es una petición razonable. Se la han ganado, dado su desempeño”, dijo Georgieva, citando los esfuerzos de la Argentina por implementar reformas económicas.
Georgieva dijo además que espera tener cerrado el nuevo acuerdo antes de las próximas reuniones de primavera del Fondo y el Banco Mundial, que se realizarán en Washington entre el 21 y el 26 de abril.
Es la primera vez que Georgieva menciona, aun de manera indirecta, cuál podría llegar a ser el monto del primer desembolso del nuevo acuerdo con el gobierno de Milei. Es una práctica habitual en los programas del Fondo con sus países miembros que el primer giro sea más alto que los siguientes para reforzar las reservas del país.
El gobierno de Alberto Fernández recibió, a principios de 2022, un desembolso inicial por casi US$10.000 millones. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri logró fortalecer las reservas del Banco Central en medio de una fuerte corrida cambiaria en unos US$15.000 millones gracias al primer giro del acuerdo Stand-By firmado ese año. Ambos desembolsos fueron menores en relación con el monto total del préstamo que el giro que recibiría el gobierno de Milei si se confirma la cifra que mencionó Georgieva.
La declaración de la jefa del Fondo llega en medio de un nuevo sacudón en los mercados internacionales que volvió a tocar a los activos argentinos, sometidos en los últimos días a una ola de volatilidad que en el oficialismo le achacan a los rumores y las especulaciones en torno al acuerdo con el Fondo, pero también a un intento de la oposición por desestabilizar al gobierno de Milei.
Caputo había adelantado la semana pasada el monto total de US$20.000 millones en discusión con el Fondo, pero, en un episodio que sumó confusión y generó una dosis adicional de incertidumbre, la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, evitó confirmar esa cifra el jueves en su habitual conferencia de prensa, al indicar solamente que el monto del nuevo programa sería “considerable”. El Fondo suele difundir la cifra de sus programas solo después de que son aprobados por el board. Un día después, el viernes, y en medio de una continua ansiedad en la Argentina por el movimiento del dólar, Kozack ratificó finalmente esa cifra con una publicación en sus redes.
“Cualquier paquete acordado y su escalonamiento están sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. Como ya hemos mencionado, el progreso del nuevo programa está muy avanzado y la colaboración continúa a todos los niveles para finalizar un acuerdo que ayude a la Argentina a consolidar su ya exitoso programa económico”, afirmó Kozack.
Tras la confirmación del Fondo de la cifra total del nuevo préstamo, Caputo publicó un mensaje en X: “Una vez más, contestamos con hechos. Fin”. Más tarde, Caputo publicó la cita completa de Kozack.
Ayer por la noche, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió otra vez al acuerdo con el Fondo en una entrevista con LN+: “Veníamos con un acuerdo que estaba completamente caído porque no habían cumplido. No fuimos a uno nuevo, porque si le decíamos al Fondo lo que queríamos hacer, iban a dudar y no los íbamos a convencer para recapitalizar al Central”.
Caputo dijo en esa entrevista que todavía restaba definir el cronograma de desembolsos, y que el Gobierno había solicitado un primer desembolso mucho más grande de los que suele dar el Fondo. El jefe del Palacio de Hacienda volvió a cargar contra el kirchnerismo al acusarlo de querer desestabilizar políticamente al gobierno de Milei. Y volvió a descartar una devaluación brusca del peso, uno de los principales combustibles de las especulaciones en torno al ida y vuelta con el Fondo.
La declaración de Georgieva arrojó luz sobre otro detalle del nuevo programa, que se va conociendo a cuentagotas, algo ciertamente poco habitual en el historial del Fondo, que suele mantener bajo el más estricto hermetismo los detalles de sus negociaciones a sabiendas del impacto que puede tener en los mercados. Pero el Fondo también suele esperar a tener la aprobación definitiva de un acuerdo por parte del board antes de dar a conocer los detalles del paquete pactado con un gobierno de uno de sus países miembros.
Lo único que resta conocer del nuevo programa es el menú de políticas y las metas que se comprometió a alcanzar el Gobierno en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Una de las preocupaciones centrales del Fondo es la acumulación de reservas: sin reservas, el país no puede darle sustentabilidad a los pagos de su deuda, incluida la deuda con el organismo. Es por eso que la principal inquietud, que todavía debe ser develada, es qué política cambiaria se comprometió a implementar el gobierno de Milei para arraigar el plan de estabilización y, a la vez, engordar de dólares las arcas del Banco Central, un objetivo elusivo en el último tiempo en medio de la persistente volatilidad.
Las expectativas locales luego de su palabra
La definición de la directora gerente del FMI despertó expectativa entre los operadores y analistas locales. Después de todo no son lo mismo esos dichos en boca del deudor que en la del acreedor.
Con base en esto un relevamiento realizado por LA NACION los encontró esperanzados que esta definición ayude a tranquilizar un poco a la plaza cambiaria local, aunque no creen que termine de estabilizarla, ya que, aunque haya mayor certeza sobre el nivel de desembolsos, siguen las dudas sobre a qué adaptación de la política cambiaria pudieran estar atados.
“En principio esta definición puede ayudar a moderar los riesgos de ir hacia un mayor stress, pero no mucho más porque la principal definición que el mercado espera es hacia qué esquema cambiario vamos y eso no lo van a anticipar ni Georgieva ni Caputo. Además, que esto se defina recién sobre el final de abril complica”, opinó Pablo Repetto, jefe de analistas de Aurum Valores.
“Es buena noticia que Georgieva haya hecho esa mención que lleva al mercado a pensar en un primer ingreso de US$8000 millones. Podría actuar como un antídodo a la ansiedad que ganó al mercado aunque -claro- falta que el board lo apruebe y que se sepa sobre si ese desembolso viene con algo detrás, básicamente en torno a qué tipo de política cambiaria está incluida en el acuerdo que es la duda central del mercado”, evaluó en igual sentido el economista Martín Polo.
POLITICA
“Montoneros, una historia visual”: el nuevo libro de María O’Donnell con claves para el debate sobre los setenta

Montoneros, una historia visual es el cuarto libro de María O’Donnell sobre la guerrilla peronista y el más ambicioso: en lugar de centrarse en un episodio, abarca el ciclo completo. O’Donnell inició esta serie en 2015 con Born, el relato del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, y la continuó con Aramburu (2020) y Born/Quieto (2023). Ahora narra desde el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 hasta la derrota de la organización a comienzos de los ochenta: una década en la que Montoneros pasó de ser la guerrilla urbana más poderosa de América Latina a extinguirse.
Esta investigación rigurosa, en un contexto de renovado debate político sobre aquel período, sobresale también por su narración visual: el diseñador Fernando Rapa integró texto, fotografías, documentos de época, portadas de revistas, panfletos y fichas de inteligencia, muchos inéditos.
A continuación, un fragmento del Capítulo 4 de Montoneros, una historia visual. Es 1975 y la organización alcanza su máxima capacidad militar a la vez que se distancia de la realidad nacional. El gobierno usa un fallido asalto del recién formado Ejército Montonero para escalar la represión mientras la conducción penaliza a los militantes que hablen bajo tortura.
De una guerrilla a un Ejército Montonero
Jorge Rafael Videla se estrenaba por esos días como jefe del Ejército y La Opinión anticipó: “Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.
En simultáneo, el Ejército Montonero irrumpió en acción, con todo y uniforme —pantalón, chaqueta y gorra azules— el 5 de octubre. Una unidad de combate asaltó el Regimiento 29 de Infantería del Monte, en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay.
Habían secuestrado poco antes un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba desde Buenos Aires a Corrientes, y lo habían desviado al aeropuerto de Formosa, que también controlaban. Trece guerrilleros quedaron a cargo del Boeing 737 y otros veintiséis, en seis autos, se dirigieron al regimiento —donde contaron con la complicidad de un soldado que les abrió el portón— para “recuperar” armamento. Era domingo y los guardias, en su mayoría conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, repelieron el ataque.

La escena, según el relato de Montoneros: “Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante […] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.

Mataron al oficial Ricardo Massaferro —hijo de un militar que se había alzado con Juan José Valle contra Aramburu—, al sargento Víctor Sanabria y a diez conscriptos de dieciocho y diecinueve años. Murieron doce montoneros; los demás escaparon en el avión a una pista ilegal en Rafaela, Santa Fe. En el cuartel quedaron veinticuatro muertos; en las horas siguientes, tres vecinos de la zona, sin conexión con el ataque, fueron asesinados por el Ejército.

“Victoria del Ejército Montonero”, tituló Evita Montonera con un triunfalismo divorciado de los hechos. A pesar de los muertos y de que sólo habían obtenido cincuenta de los doscientos fusiles que esperaban llevar, evaluaron que la incursión había sido “exitosa”. Sólo criticaron un aspecto de la planificación: no habían tenido en cuenta el “bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”. Una señal de la disociación creciente entre sus acciones y la percepción de la opinión pública.
Código de disciplina montonero: “Se puede ganar” a la tortura

El ataque al cuartel de Formosa facilitó que los militares obtuvieran vía libre para escalar el experimento represivo en Tucumán, ya sin límite geográfico. Con Isabel Perón de licencia, el presidente interino Ítalo Luder promulgó un decreto para habilitar “las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Si antes el objetivo principal a “aniquilar” había sido el ERP, ahora los montoneros se sumaban a esa categoría.

Gran parte de los actores políticos aceptaron las nuevas medidas, de carácter cada vez más excepcional. “Los acontecimientos —evaluó [la historiadora Marina] Franco— son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.

La voz del radical Hipólito Solari Yrigoyen se alzó sola para denunciar el uso sistemático de apremios ilegales —picana, simulacros de fusilamiento y otras prácticas ilegales— por parte de los organismos de seguridad. Con la extensión de esos recursos a las fuerzas armadas, Montoneros identificó a la tortura como la principal amenaza a su supervivencia. Al mismo tiempo, sin embargo, relativizó la magnitud del desafío: “Es un combate y se puede ganar”, sentenció.

Un artículo en Evita Montonera argumentó, con una estadística casera, que los militantes podrían soportarla. Estimaron entre ochocientos y mil el número de “compañeros caídos en manos del enemigo”, el noventa y cinco por ciento de los cuales había atravesado “con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia”. El silencio absoluto se impuso como un deber moral: “No hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”.

El margen de tolerancia que contemplaba el primer código de disciplina interno —veinticuatro horas a partir de la detención se consideraba un tiempo razonable para que se pusieran a resguardo bienes y personas ligadas al militante— dejó de existir oficialmente con la imposición del Código de Justicia Penal Revolucionario, en octubre de 1975. Se propuso un modelo de héroe absoluto, ya que no se establecía un límite de horas de silencio. Durara lo que durara el interrogatorio, durara lo que durara el tormento, quien hablara incurriría en el delito de traición.

A quienes pudieran encontrarse en esa situación, la publicación montonera aconsejó: no quedarse mudos, tener una historia plausible preparada y repetirla sin contradicciones; no creer nada de lo que dijera la policía, aunque sonara verosímil; no usar lenguaje militante; tener un domicilio “limpio” para entregar; “arbitrar los medios” para que los compañeros se enterasen en caso de caída; no llevar encima papeles “innecesarios”; recordar que “al que más sabe, más le dan” y “mostrarse como que ya se ha llegado al límite, exagerando siempre la manifestación de dolor, porque en general la tortura cesa cuando consideran que el detenido no da más”.

El nuevo código —que rigió a todos los integrantes de la organización sin distinción de rango— agregó entre las faltas la “conspiración”, la “deslealtad” y la “insubordinación”: figuras útiles contra críticas y desobediencias. Entre las sanciones enumeraba: pérdida del rango, detención en las cárceles del pueblo, quita de recursos en la clandestinidad, destierro, trabajos forzados, traslados dentro del país, expulsión y el fusilamiento —la pena de muerte a disposición de la cúpula— en casos de delación, mientras la represión recrudecía.




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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el precio de la nafta y las reacciones por el 44° aniversario de Malvinas

Se cumplen 44 años del comienzo de la Gesta de Malvinas. Este 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, nos encuentra unidos en la memoria y el reconocimiento.
Tres protagonistas de nuestras Fuerzas Armadas –@Ejercito_Arg, @Armada_Arg y… pic.twitter.com/iqqCorxvFJ
— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) April 2, 2026
Es miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor de verano, con 77% de humedad. El sol da en el balcón del primer piso de la Casa Rosada. Antes llovió. Por los pasillos pasa el jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni; también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; viene con carpetas y portafolios una delegación de la cartera de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger; entran y salen funcionarios de las oficinas de Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem, y de la zona reservada para la plana mayor presidencial.
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Hace pocas horas, en un encuentro con otros funcionarios del Gobierno, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, formuló el siguiente diagnóstico: “Hice todo lo que se podía hacer. Acordé con el Fondo. Arreglé con los bancos multilaterales. Conseguí el cheque de Trump. Sin embargo, el índice de riesgo sigue sin bajar. Ya no depende de la gestión económica. Depende de la situación política. Si se altera la gobernabilidad es imposible que se recupere la confianza”.
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El Gobierno adelantará fondos a 12 provincias y fija un tope de $400.000 millones

El gobierno de Javier Milei avanzará con un esquema de adelanto de coparticipación para 12 provincias, con un límite total de $400.000 millones. La medida será oficializada por decreto y apunta a aliviar las necesidades financieras de los distritos sin que deban recurrir al endeudamiento en el mercado.
La decisión se tomó en medio de la baja de la recaudación que afecta a la Nación y a las provincias. Se trata también de un guiño a los gobernadores, que necesitan fondos frescos para pagar salarios. Todo en la antesala de nuevos debates en el Congreso de la Nación, donde el Gobierno necesitará el respaldo de los mandatarios para avanzar con las reformas.
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Por ello, Javier Milei tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación a doce provincias. Se trata de partidas que, a diferencia de los más discrecionales Aportes del Tesoro Nacional (ATN), les corresponde a los distritos por ley, pero que el Gobierno otorgará antes de tiempo.
Según fuentes oficiales, el monto máximo se definió en base a un análisis de la situación fiscal de cada provincia. Los fondos que se otorguen deberán ser devueltos antes de fin de año.
Uno de los puntos centrales del esquema es la tasa de interés: el Gobierno fijó un 15% para estos adelantos, un nivel considerablemente menor al que enfrentan las provincias si buscan financiamiento en el mercado, donde las tasas pueden ubicarse entre el 30% y el 45%.
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El objetivo, explican en la Casa Rosada, es ofrecer una alternativa más accesible que permita cubrir necesidades de liquidez sin agravar el costo de la deuda provincial.
El beneficio alcanzará a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Este mecanismo ya había sido aplicado en enero de 2026, cuando el Gobierno autorizó un adelanto similar para la provincia de Entre Ríos.
Según se indicó, es “una política habitual”. Entonces, en vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indicarían al Gobierno qué es lo que necesitan.
Gobierno, provincias, fondos
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