Tras un mes cargado de tensiones y desmentidas, que incluyeron un polémico descargo en redes sociales donde el cantante L-Gante expresó que querían «verlo muerto», finalmente se confirmó un nuevo proceso judicial en su contra. Este proceso surge de un allanamiento realizado el 6 de junio de 2023 en su residencia en Moreno, que terminó con su detención.

La reciente imputación se centra en el «Artículo 145 bis: Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual y Laboral», en el marco de la Causa N.º 32370/2024, según la Ley 26.842. La denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos, con la acusación liderada por el fiscal Sebastián Basso.

Un proceso judicial controvertido

A pesar de que el abogado de L-Gante, Guillermo Gastón López, había enviado comunicados a diversos medios negando la existencia de nuevas causas en su contra, la denuncia fue iniciada por una fundación dedicada al acompañamiento de víctimas de trata y se gestionó inicialmente en la PROTEX (Procuraduría de Trata de Personas). Luego de una investigación preliminar, el caso fue transferido a la Fiscalía Federal N.º 1 de Morón.

El hecho más relevante de la denuncia surge del allanamiento de junio de 2023, cuando autoridades policiales y judiciales habrían manipulado pruebas, utilizando documentación falsa para hacer pasar por mayores de edad a dos menores presentes en la vivienda del cantante. Estas menores, cuyas iniciales son M.J.M. y M.C.M., son ahora testigos clave.

En la denuncia también se menciona el fallo previo del Tribunal Federal en lo Criminal N.º 3, donde L-Gante fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños. Además, se señala el riesgo de represalias por parte de su entorno, conocido como «La Mafilia».

Acusaciones de encubrimiento mediático

El manager de medios, Jorge Zonzini, quien representa a los denunciantes, declaró que existe un aparente «paraguas mediático» que busca desviar la atención pública con distracciones que involucran a figuras de la farándula. Según Zonzini, esta estrategia habría sido diseñada para minimizar la gravedad de los hechos y justificar la narrativa de una persecución racista o clasista contra el cantante.

«Mi rol profesional se limita a visibilizar un hecho puntual y romper con lo que parece un operativo de distracción», sostuvo Zonzini, en alusión a las recientes polémicas mediáticas con celebridades como Wanda Nara, Mauro Icardi y Tamara Báez.

Un fallo bajo sospecha

La defensa de L-Gante podría intentar invalidar el operativo policial al argumentar irregularidades, como la falsificación de identidades y la posible ocultación de pruebas clave, entre ellas el arma que lo vinculaba a la causa por privación ilegítima de la libertad.

El desenlace de este caso podría marcar un punto de inflexión en la carrera del cantante, mientras las denuncias y los rumores sobre la connivencia policial siguen siendo investigados. La imputación por trata de personas, sin duda, pone en juego su libertad y su imagen pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Justicia o persecución? La polémica está servida.