Las voces críticas contra la polémica postulación del cuestionado juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia, por propuesta del presidente Javier Milei, se han vuelto una novedad diaria desde distintos ámbitos académicos, jurídicos y políticos. Este jueves alzó la voz la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que exigió candidatos para el máximo tribunal que sean «juristas relevantes e imparciales» y que tengan «una acrisolada moral pública», en una dura aseveración lanzada sin dar nombres pero con obvio objetivo.

“La cobertura de cualquier vacante que se produzca en el alto tribunal de la República requiere del nombramiento de juristas relevantes e imparciales, que no solo posean condiciones de idoneidad para el ejercicio de esa alta función que les encomienda el Estado sino, fundamentalmente, una acrisolada moral pública, en el sentido que le atribuye el art. 19 de la C.N. a las acciones privadas de los hombres”, expresó la entidad de académicos del Derecho que presiden Juan Carlo Cassange, en un texto con su firma y la del secretario de la agrupación Eduardo Sambrizzi.

Desde la Academia remarcaron que «la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional, habida cuenta de la misión que debe cumplir, a fin de preservar la separación de los poderes y resolver los conflictos que se suscitan entre ellos, así como para tutelar la realización efectiva de la justicia, en el ámbito de su competencia constitucional”.

Y en ese sentido, apuntaron a una crisis de institucionalidad. “El Poder Judicial no escapa a la decadencia en la que se halla nuestra República y urge recuperar su prestigio, fortaleciendo su independencia e idoneidad, ya que constituye la institución encargada de garantizar la vigencia formal y material del sistema que prescribe nuestra Carta Magna”, sostuvo la comunicación que omitió el nombre de Lijo en sus líneas.

En un texto de tono liberal clásico enmarcó la postulación de Lijo en un momento de crisis, pero destacó los aires que remontan a «Echeverría y Alberdi» en contraste con «la sombra del estatismo y el populismo«, la Academia recordó «un pronunciamiento con fecha 1 de diciembre de 2023 criticando la iniciativa de promover juicio político a los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación».

En un plano más amplio de la actualidad, la Academia celebró “la reversión del estatismo» como «un hecho valioso» que «debería adoptarse como política de Estado”. Aunque advirtió: “Estamos convencidos de la necesidad de que todos los cambios legislativos que se propician deben respetar las normas y principios constitucionales que proclaman los postulados del Estado de Derecho vigentes en toda democracia civilizada, comenzando por el principio de legalidad”.