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POLITICA

La Academia Nacional de Periodismo rechaza el bozal legal que prohíbe a los medios nombrar a Jorge Lanata

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La Academia Nacional de Periodismo calificó como «censura previa» el bozal legal que dispuso la jueza Lucila Córdoba, quien prohibió a los medios difundir «toda información» que involucre a Jorge Lanata por pedido de Elba Marcovecchio, la esposa del periodista.

«La censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública son un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa», apuntó la Academia en un duro comunicado que lleva la firma de los periodistas Silvia Naishtat y Joaquín Morales Solá.

La prohibición, que se dispuso en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista, Bárbara y Lola, rige para medios gráficos, audiovisuales y digitales.

«La Academia Nacional de Periodismo rechaza categóricamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8 que prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en página WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa. La decisión de la jueza Lucila Córdoba viola un artículo de la Constitución y el derecho internacional», apuntaron en el comunicado.

En ese marco, desde la Academia recordaron: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa».

«Es una medida que va en contra de las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa, como el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica», agregaron.

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Además, desde la Academia Nacional de Periodismo destacaron: «Esta decisión judicial se agrega a lo sucedido en septiembre cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ese decreto busca limitar el acceso a la información pública».

«Se recuerda otro caso de censura previo como el que dictó en 1992 hacia Tato Bores la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien interpuso un recurso para que uno de los segmentos del ciclo con los famosos monólogos de Tato no saliera al aire. La reacción de artistas y periodistas fue inmediata y ese episodio quedó en la historia de la televisión», puntualizaron.

El rechazo se suma a la condena que realizó este viernes la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que consideró que el fallo de Lucila Córdoba es «un inaceptable caso de censura judicial».

«Adepa rechaza enérgicamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe ‘la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre’ al periodista Jorge Lanata y a su esposa», afirma parte del comunicado de la entidad periodística.

Jorge Lanata: el inicio del conflicto judicial

El problema surgió cuando Bárbara y Lola Lanata, las hijas de Jorge Lanata (64), quien continúa internado en la clínica Santa Catalina, especializada en la neurorehabilitación, presentaron una denuncia contra Elba Marcovecchio, esposa del reconocido periodista y conductor.

La denuncia, que costa de 67 páginas, fue presentada ante la Justicia de Familia. Las hijas de Lanata aseguran que la conducta Marcovecchio afectó la salud y el patrimonio de su padre.

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Además, sostienen que la abogada y panelista televisiva mantiene con ellas una actitud confrontativa y ha alejado a Lanata de su entorno. Y también detallan gastos considerables en tarjeta de crédito, como «dos millones de pesos en una joyería».

Junto a la denuncia presentaron como pruebas audios y videos de cámaras de seguridad, donde se la ve a Marcovecchio tomando objetos del escritorio y la habitación de trabajo de su marido.

Bárbara y Lola acusan a Elba de «hurtar elementos de gran valor» y dinero en efectivo, entre «35 y 50 mil dólares». La alusión es a los 42 objetos entre esculturas, relojes, lapiceras, joyas, gemelos y certificados de autenticidad de obras de arte.

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POLITICA

Allanaron la casa de una exfuncionaria cercana a Juan Grabois, que denunció: “Están cruzando una línea roja”

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La casa de La Cava donde vive Fernanda Miño, dirigente cercana a Juan Grabois que manejaba la millonaria caja del FISU, fue allanada este martes por la noche. El excandidato presidencial calificó al operativo como “artero e ilegal” y cuestionó no solo el horario en que fue llevado a cabo sino también que se haya desarrollado por el presunto robo de una moto.

De acuerdo con la información que aportó el referente del Frente Patria Grande en la red social X, el allanamiento se realizó alrededor de las 22, cuando la dirigente social del MTE surgida de ese popular barrio de San Isidro volvía a su domicilio desde “una actividad política y social”.

“Son las 11 y media de la noche (lo corrigen)… Son las 12 de la noche y estoy enfrente de la casa de Fernanda Miño, en el barrio La Cava, de San Isidro”, inició su relato en un video que subió a aquella red social.

Luego, el dirigente social cuestionó: “A Fernanda Miño nunca le pudieron encontrar nada y ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. Este allanamiento es por eso”.

Se piensan que somos boludos y vamos a creer que los dirigentes son tan diligentes que por el robo de una moto van a hacer un allanamiento a las diez y media de la noche”, agregó, sembrando aún más dudas sobre las razones del procedimiento.

En paralelo, apuntó contra los que, a su entender, fueron responsables de orquestar el operativo. “Son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más. Son siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. Esto no se lo vamos a dejar pasar ni a perdonar, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

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Según su versión, policías encapuchados sorprendieron a la exconcejal de San Isidro de manera violenta cuando ella abrió la puerta y luego le impidieron contactarse con su abogado. “Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura”, insistió.

También señaló que “una menor que estaba en el lugar cuando fue el operativo, artero y completamente ilegal”, le contó que un señor encapuchado “la agarró del pelo y la golpeó”. “Alguno de estos, seguramente”, dijo Grabois, apuntando hacia los policías que estuvieron a su espalda durante todo el video.

En febrero de este año, una nota de Clarín reveló que el denominado FISU había registrado erogaciones por $ 130 millones sólo en viáticos y comisiones durante el año pasado.

El gobierno de Javier Milei puso entonces la mira sobre esa millonaria caja que estaba en manos de Miño, surgida de la villa La Cava y quien responde políticamente a Grabois.

Es que en 2019, cuando se hace cargo Grabois, el fondo fiduciario tenía 63 empleados, pero la planta creció exponencialmente y en 2023 terminaron trabajando allí 613 personas.

La ultracristinista Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana (SISU), era la encargada de firmar los miles de millones de pesos que iban al banco BICE para a su vez transferir a las cooperativas.

Finalmente, en los primeros minutos de este miércoles, Grabois dijo que la Policía ya se había retirado. “Llegamos. Se fueron a los cinco minutos. Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros en el fondo”, escribió.

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“Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizados. Esto no queda así. No nos chupamos el dedo. Nunca jamás hicieron esto para agarrar un narco de los que matan pibes en este barrio”, completó Grabois.

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