“Estamos viviendo el fin de la democracia que instalamos en la Argentina”, consideró hoy el senador nacional Oscar Parrilli y alfil de extrema confianza de Cristina Kirchner a propósito de los rumores cada vez más fuertes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría confirmar en las próximas semanas la condena a seis años de prisión por corrupción en la obra pública.

En caso de darse, esa decisión tendrá como consecuencia directa la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, justo en el marco en el que la dos veces presidenta se postuló para ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

“Lo que recuperamos los argentinos en 1983 es una democracia sin proscripciones y sin persecución política”, agregó Parrilli en declaraciones al programa Yo No Fui, emitido por Radio Con Vos. Allí sostuvo que la Corte Suprema, a la que calificó como operadora de intereses económicos y políticos, se prepara para sacar un fallo que rechace el recurso pedido por Cristina para que revisen y retrotraigan la condena confirmada por segunda instancia en Casación.

“Les ha agarrado un miedo tremendo porque saben que va a arrasar en las elecciones, les va a ganar y bueno, como no la pudieron matar la van a meter presa”, asestó.

Parrilli afirmó que la situación no se trata de un proceso judicial legítimo, sino de una acción coordinada por “funcionarios al servicio del poder monopólico y hegemónico económico”, y apuntó contra el macrismo y el actual gobierno de Javier Milei.

El senador nacional por Neuquén acusó a estos sectores de temer una victoria electoral de Cristina Kirchner en la tercera sección electoral, lo que habría motivado, según su visión, la decisión de acelerar una sentencia judicial para impedir su postulación.

El senador remarcó que la práctica de proscribir al peronismo no es nueva en la historia argentina, recordando episodios como la proscripción durante la Revolución Libertadora y la anulación de elecciones ganadas por el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Parrilli sostuvo que la actual situación representa una vuelta a esas prácticas, con una democracia “absolutamente condicionada a sus intereses políticos”. El legislador insistió en que la persecución contra Cristina Kirchner responde a las políticas implementadas durante sus doce años de gestión, especialmente en materia de distribución del ingreso y derechos sociales.

El senador recalcó que, pese a lo que describió como una estrategia de “persecución” basada en el odio y la venganza, la figura de Cristina Kirchner mantiene apoyo y esperanza en la militancia y un sector importante de la sociedad. “Ella lo dijo clarito: ‘No les tengo miedo. ¿Por qué no me dejan competir si dicen que estoy terminada, sola, que nadie me sigue?’”, recordó Parrilli, repasando el discurso de la exmandataria en su reciente acto en Corrientes.

Sobre el posible fallo de la Corte, Parrilli se mostró convencido de que existe una orden directa de sectores de poder para que se emita una condena exprés. Y aunque evitó hablar en nombre de Cristina Kirchner, reiteró que la expresidenta asume la situación como una persecución política.

El senador también anticipó que, si se produce la proscripción de Cristina Kirchner, la reacción social no será “silenciosa”. “Creo que gran parte de la sociedad argentina no se va a quedar mirándola por televisión”, afirmó, advirtiendo sobre el impacto de semejante decisión judicial en la vida política argentina.

Parrilli no ahorró críticas a la Corte Suprema, a la que acusó de desconocer irregularidades en el proceso contra Cristina Kirchner y de rechazar sistemáticamente los recursos de la defensa. Consideró que ya habría un pronunciamiento anticipado y que los jueces involucrados actúan “al servicio del macrismo y los grupos económicos”, recordando vínculos entre magistrados y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

En cuanto al gobernador Axel Kicillof y el resto de los líderes del espacio, Parrilli evitó dar consejos concretos, pero remarcó que el problema principal radica en el operativo político-judicial que afecta la calidad democrática. Rechazó la idea de que Cristina busque fueros para evitar causas judiciales y cuestionó las sospechas sobre el crecimiento patrimonial de empresarios afines al kirchnerismo, comparando con casos similares en otros gobiernos, que, según el senador, no merecieron el mismo tratamiento.