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La ampliación de la Corte que no fue y el castigo de Trump llegó a las Malvinas

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Cuanto peor, mejor (para un pacto)

El control de daños tras la derrota en el Senado reabre por necesidad el capítulo negociador entre el Gobierno y la oposición, para alisar el camino ya escarpado del año electoral. Después del voto escarmiento que tronó en el Congreso, hubo una llovizna de republicanismo en la oposición del peronismo que coordina José Mayans, y se acerca a las posiciones amigables del interbloque de «Los 38», administrado por Juan Carlos Romero.

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El impulso hacia este acercamiento para superar el bloqueo institucional quedó contenido en los discursos de los dos senadores en la sesión del jueves. Ocurre en el peor momento de las relaciones entre esas dos tribus. Pero los acuerdos sobrevienen siempre cuando las diferencias parecen ya insoportables.

Esta vez, además de la Corte, pueden llegar a negociarse otros cargos de mayorías especiales, como la Procuración de la Nación y la Defensoría General, además de los seis representantes en la Auditoría General de la Nación.

La casta contraataca

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En este clima renovado de pactismo manejan la alternativa de que, si el Gobierno no quiere participar, será un acuerdo legislativo para ampliar la Corte. La iniciativa habla de juntar 50 votos en el Senado para aprobarla en señal de independencia. Como decir: “Si no quieren, déjennos a los de la casta que arreglemos lo que ustedes no pueden” (textual de uno de los negociadores).

El punto máximo de exasperación se registró en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión, cuando Bartolomé Abdala amenazó con firmar un decreto suspendiendo la sesión. Mayans le disparó: «Si hacés eso, bajamos al recinto y te destituimos». Pudo agregar «Como hicimos con Kueider», aunque Abdala no llegó a escuchar esa coda, más que hiriente.

El presidente provisional del Senado, cuando todo terminó, explicó: «Disculpen, pero no podía hacer otra cosa, estaba muy presionado con toda esa gente ahí». Se refería al grupo de observadores que aguaitaba desde los pasillos, enviado por el Gobierno para desbaratar la sesión, encabezado por el vicejefe de Gabinete José Rolandi, a quien los ujieres llaman con legislativo cariño «Cochi».

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Trump arruinó el pacto

Emisarios del oficialismo y la oposición recuperaron aire durante el fin de semana para retomar una negociación para ampliar la Corte, que estaba en marcha hasta que se interrumpió el 21 de marzo cuando el gobierno de los Estados Unidos comunicó la prohibición de ingreso a ese país a Cristina de Kirchner por su condición judicial.

La vehemencia del Gobierno en festejar esa regulación migratoria provocó que el peronismo se levantase de una mesa habilitada por Olivos y el Instituto Patria, en la que se sentaban José Mayans y Juan Carlos Romero en representación del Senado, y Sebastián Amerio y Santiago Caputo como delegados de los hermanos Milei.

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Hasta ese momento, dos semanas antes de la sesión del jueves pasado, el acuerdo era para aprobar una ley de ampliación de la cantidad de miembros de la Suprema Corte de cinco a siete integrantes.

Para todos y sin vetos

Se generaban cuatro vacantes a cubrir de esta manera: dos jueces para el Gobierno, uno para el peronismo y otro para el radicalismo. Esa integración incluiría a una o más mujeres según un proceso en el cual ninguna de las partes tendría poder de vetar nombres.

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La discusión partía del hecho de que los nombres de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla habían salido de propuestas de la propia Corte aceptadas por el poder Ejecutivo (que admitió por lo menos que a Lijo se los aconsejó Ricardo Lorenzetti).

A García-Mansilla nadie le reconoce la paternidad, pero viene de un Caputo, que no es ni Santi, ni Toto, ni Nicolás. Esto importa por el consentimiento de que nadie podía vetar a nadie. Si Milei insistía en ese dúo de candidatos, se lo aceptaban como le aceptarán a Cristina de Kirchner si propusiese a su edecana jurídica, Graciana Peñafort. Nadie la vetaría.

El Gobierno no convenció a (casi) nadie

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El acuerdo parecía avanzar en paz y sin estridencias hasta que se conoció la medida de Estados Unidos, que el Gobierno festejó como propia. El peronismo reinició las hostilidades y se conjuró para propinarle una lección al Gobierno en el recinto. Hasta que eso no ocurriera no iban a conversar nada más.

Mayans reunió en aquella semana a los 34 senadores de su bloque y los comprometió a rechazar los pliegos de los jueces. Registró que nueve de ellos votarían a favor del Gobierno por compromiso de sus gobernadores o, en algún caso, por convicciones personales.

Un día antes de la sesión Mayans los reunió, con el esfuerzo que significaba llevarlos en un día feriado. Hizo un recuento de fuerzas y el Gobierno solo había podido sumar a dos más, con un total de 11 votos que son los que Unión por la Patria aportó en favor de Lijo. Mayans logró que la totalidad aportase al quórum, de manera de habilitar una sesión que el Gobierno quería suspender.

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Una puja imposible de ganar

Estas minucias procesales importan para medir la capacidad del Gobierno para enfrentar esta batalla, la más importante de todas. Sólo pudo mover a 11 peronistas y no vació el quórum. Tenían que defender a Lijo, propuesto por Lorenzetti como el hombre que dejaría en paz al Gobierno en Comodoro Py durante 4 años, y a García-Mansilla, el garante de las inversiones en energía que van a salvar la economía.

No les alcanzó, por haber elegido el método torpe del decreto y llevar adelante una puja imposible de ganar. Los traicionó la improvisación: la mejor batalla es la que se evita. La victoria está en evitar la confrontación.

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“El sentido indirecto es la forma más prometedora y económica de la estrategia», enseña Basil Liddell Hart, el estratega británico que inventó la guerra relámpago. Su lección sobre la experiencia de las dos guerras mundiales es que hay que evitar lo que buscó el Gobierno, el ataque directo.

«Ningún general -dice- tiene derecho a lanzar sus tropas en un ataque directo contra un enemigo fuertemente establecido en una posición de defensa». Acá se enfrentaron Bartolo, Atauche y Pagotto, conducidos por «Cochi», contra Mayans, Parrilli y Sagasti, conducidos por Cristina.

Era una pelea desigual y para perder, una invitación al bullying, el grooming y el sobajamiento. Los gramscianos del mileísmo tienen la versión del ajedrecista Lenin: «La estrategia más sana en la guerra consiste en aplazar las operaciones hasta que la desintegración moral del enemigo haga posible y fácil dirigirle un golpe mortal».

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Hacia un mundo que no existe

La vocación globalizante de Milei le hace buscar para su gestión un lugar en el mapa de un mundo que ya no existe. Es el cuarto presidente de minorías que tiene la Argentina en lo que va del siglo, después de Duhalde, Kirchner y Macri.

Los fulgores del populismo derechoso le ofrecen una oportunidad con el acercamiento a Donald Trump. Es el atajo de un presidente de minoría en votos y en representación legislativa y territorial, que busca compensar con representaciones imaginarias como exhibir fotografías en fiestas de black tie, recibir premios por proezas improbables, o encuestas de popularidad difíciles de certificar en alguna instancia formal y verídica.

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El Gobierno se prende ahora en otra navegación que es la elección del nuevo Secretario General de la ONU. El portugués Antonio Guterres deja el cargo y se abrió el sport para su reemplazo. La tradición indica que le toca a una mujer y de América Latina. Parecía lo mismo en 2016, cuando Macri patrocinaba la candidatura de su canciller Susana Malcorra.

Un candidato atómico

El Gobierno hizo esta semana demostraciones de adhesión a la candidatura del diplomático Rafael Grossi, exembajador argentino en Austria y una estrella internacional sobre temas nucleares y de desarme. Ocupa la Dirección General del Organismo Internacional de Energía Atómica y es el árbitro de los conflictos que se suceden en ese campo en todo el mundo.

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Tuvo una ceremonia con expertos en el CARI, el think tank que certifica dignidades, y un seleccionado de funcionarios del gobierno lo acompañó en una cena-homenaje de penetrante aroma atómico que organizó el empresario Mario Montoto.

Entre ellos figuraban los atómicos Demian Reidel y Martín Menem. También estuvo en el encierro de empresarios con ricos y famosos en el Foro de Llao Llao. Grossi dijo, con elaborada modestia, que está pensando en lanzar formalmente su postulación.

Trump, más malvinero que Milei

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Es oportuno que reciba el apoyo de su país. No lo ayuda que Milei haya elegido a la ONU como blanco de su guerra cultural contra la agenda de la modernidad, y en particular las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La agenda del actual gobierno ha llevado al país a votar con las minorías y a apartarse del multilateralismo en las relaciones internacionales, que es el alimento de estos organismos.

¿Querrán los países de la ONU tener un secretario que quiere dejarlos sin trabajo? Grossi es un equilibrista en el arte de convivir con la contrariedades entre los países en torno al tema nuclear. Sabe que en estos organismos pelearse no es una opción. Agravó todo el tarifazo de Trump (tariff en inglés equivale a arancel), que le permitió al estadista de Mar-a-Lago mostrarse más malvinizado que Milei el 2 de abril.

Les impuso a las islas irredentas un arancel del 42% a las exportaciones de pescado que van a los EE.UU. Incluyó a las Malvinas en la lista de los «worst offenders» («los peores infractores»). Es como decirles: si aceptan la soberanía argentina les cobraríamos apenas el 10% de arancel. Los kelpers están que trinan. “La guerra comercial de Trump podría ser la mayor amenaza que enfrentan los malvinenses desde la invasión de Argentina», se quejó el líder del partido Liberal Demócrata de Gran Bretaña. Solo los consuela que Trump, al estilo Milei, suele dar marcha atrás en todas sus decisiones.

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Muchachas bravas y de gran corazón

Sabiendo que quienes usan gomina la van a pasar mal en esta pelea, aparecen anotadas varias damas de alta gama: Michele Bachelet de Chile, Cristina Figueres o Rebeca Grynspan de Costa Rica y Mia Mottley, la premier de Barbados que junta apoyos caribeños y africanos.

También tiene aspiraciones la mexicana Alicia Bárcena, que fue canciller de López Obrador y es ministra de Medio Ambiente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante muchos años fue secretaria ejecutiva de la CEPAL, en donde sucedió a José Luis Machinea. Obtuvo ese cargo que Néstor Kirchner quería para «Chacho» Álvarez. Igual hizo buenas relaciones con el matrimonio.

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Otra candidata puede ser Catherine Pollard, de Guyana, que es subsecretaria de Management y Transparencia en la ONU. Infaltable en la lista Dilma Rousseff, reivindicada de sus malandanzas como presidenta de Brasil con el cargo de titular del Banco del Desarrollo de los BRICS, una mina de oro (el banco, claro) porque los BRICS representan el 23% del PBI mundial.

Una argentina en la lista corta

Cerca del actual secretario Guterres, orbitan dos mujeres que hay que seguir de cerca en esta pulseada. Una es la nigeriana Amina Mohammed, vicesecretaria de la organización. La otra es la argentina Virginia Gamba, que ocupa uno de los cargos más altos en la ONU.

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Es subsecretaria general y representante especial del Secretario General para la atención de niños y adolescentes en conflictos armados. Ha realizado informes sobre la guerra en Ucrania y la crisis de Gaza que le han dado centralidad a su participación. Es experta en estrategia y autora de los libros más importantes sobre la guerra de Malvinas.

Fue profesora de estrategia de guerra de las Fuerzas Armadas y de la Gendarmería de Argentina. Recibió el premio Nobel de la Paz (compartido) por su tarea en favor del desarme nuclear en el mundo. Participó del programa de desarme en Sudáfrica bajo el gobierno de Nelson Mandela. En la Argentina fue una de las organizadoras de la policía de la CABA cuando Macri era jefe de Gobierno.

Javier Milei,Donald Trump,Corte Suprema de Justicia,Manuel García-Mansilla

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POLITICA

Nacho Torres adelantó que Chubut exigirá que se levante el embargo sobre las acciones de YPF que le pertenecen

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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, adelantó que se avanzará con un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para que se levante el embargo sobre las acciones de YPF que le pertenecen a la provincia patagónica. Esto tiene lugar luego de que el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que ordenó a la Argentina entregar el 51% de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park. La información se conoció a través de un comunicado difundido del gobernador, realizado junto al vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, en el que el mandatario subrayó que la provincia “va a plantarse y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra gente”.

El pronunciamiento se realizó desde la histórica sede de YPF en Comodoro Rivadavia, donde Torres remarcó que la provincia no es parte demandada ni deudora en la causa que se tramita en el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York. “El juicio es contra el Estado nacional, no contra Chubut”, señaló el gobernador. Según se explicó en el material difundido, del 51% de acciones expropiadas en 2012, el 49% corresponde a las provincias petroleras.

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Torres apuntó contra el fallo de Preska por desconocer, según su postura, que las jurisdicciones productoras son también accionistas de la petrolera desde hace más de una década. “Nos vamos a presentar y solicitar que levanten el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte condenada”, insistió. La decisión de recurrir a la Corte neoyorquina busca preservar la porción de acciones de la que depende una parte clave de los ingresos provinciales derivados de la actividad hidrocarburífera.

En el video difundido, el vicegobernador Gustavo Menna explicó que la ley de 2012 dispuso que el 49% de las acciones expropiadas pasaran a manos de las provincias petroleras. En la misma línea, Ana Clara Romero, diputada nacional del interbloque Pro-MID, sostuvo que, además de defender los intereses de los chubutenses en el Congreso, el reclamo se hará ante las autoridades correspondientes en Nueva York.

El anuncio del gobernador se conoció en la misma jornada en la que, como adelantó , la Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina al rechazar el pedido del Estado nacional para suspender la entrega de las acciones en cuestión. La jueza Preska resolvió que Argentina “continúa demorando y eludiendo sus obligaciones” y ratificó que, de no cumplir en tres días o alcanzar un acuerdo, el país podría entrar en desacato.

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Desde la Procuración del Tesoro aclararon que se apeló el fallo y que se realizó un pedido para que se suspenda la orden de entre de acciones mientras no haya una decisión del tribunal superior. En ese sentido, se señaló que existe la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga si la Cámara no resuelve a tiempo.


federico saavedra, política, caso fabiola yañez, violencia de género

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POLITICA

Villarruel tomará una decisión clave sobre las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad y volverá a desafiar a Milei

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En medio de la tensión con la Casa Rosada y tras los dichos de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel planea comunicar esta semana al Poder Ejecutivo la sanción de las leyes aprobadas días atrás por el Senado, que el Presidente ya prometió vetar.

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La Cámara alta se encuentra aguardando que Villarruel firme la sanción de los proyectos solicitados por los gobernadores, vinculados con cambios en la coparticipación federal del impuesto a los combustibles líquidos y a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), además del aumento del 7,2% a jubilados y pensionados.

A partir de allí, se desarrollará la estrategia que ya están configurando los sectores de la oposición. Esta semana se intensificarán las reuniones entre los referentes de cada espacio. No solo debatirán las iniciativas de los mandatarios provinciales, sino que acompañarán con sus propias propuestas, como lo hicieron los senadores.

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Los diputados quieren avanzar con el financiamiento a las universidades públicas y al Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en el marco de la emergencia pediátrica. También buscan completar la sanción parlamentaria del rechazo al veto de Milei a la declaración de emergencia por las inundaciones del pasado mes de marzo en las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en la provincia de Buenos Aires.

Unión por la Patria (UxP), encabezado por Germán Martínez; Democracia para Siempre, de Pablo Juliano; Encuentro Federal, de Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño; la Coalición Cívica, de Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro; el Frente de Izquierda, y partidos provinciales, dejan de lado el receso invernal y se enfocan en la construcción de mayorías.

Los tiempos de Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel comunicaría este martes las sanciones del Senado. (Foto: Senado)

Desde el Senado señalan que no hay plazos establecidos para la comunicación de las leyes al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero anticiparon a TN que podría ser este martes cuando Victoria Villarruel firme las sanciones del jueves pasado.

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El abogado constitucionalista Diego Armesto explicó que “una vez sancionado el proyecto por el Senado Nacional, el procedimiento indica que debe colocarse el número de ley y comunicarse al Poder Ejecutivo. Este, en un plazo razonable conforme a la vigencia de la ley, deberá realizar el veto, que no es más ni menos que la facultad constitucional que posee el PEN para controlar los excesos legislativos. Ejecutado el veto, debe ser remitido a la cámara de origen (Diputados), para que esta, como iniciadora del proyecto, busque insistir (Art. 83 de la Constitución Nacional). Si se logra el número mágico de dos tercios de los diputados presentes, pasa sin más trámite; si no, se rechaza y se envía al Senado (cámara revisora), para que también insista con la sanción original”.

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“Pero es importante reseñar que ambas cámaras deben pronunciarse. Por ello, el PEN debe ser muy cuidadoso en encontrar los canales de diálogo que permitan un bloqueo a la ‘insistencia’ en Diputados para dejar firme el veto. El Poder Ejecutivo depende más de la política y, especialmente, del diálogo como herramienta de construcción política”, agregó Armesto.

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La Vicepresidenta, durante el fin de semana, posteó en redes sociales una respuesta a las críticas recibidas desde la Casa Rosada y del propio Presidente —quien la calificó de “traidora”—: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado, menos”.

El abogado constitucionalista Diego Armesto dialogó con TN. (Foto: Congreso Nacional)
El abogado constitucionalista Diego Armesto dialogó con TN. (Foto: Congreso Nacional)

Eso podría interpretarse —como admiten desde el Senado— como una señal de que en las próximas horas se comunicarán al Poder Ejecutivo las sanciones con fuerza de ley. A partir de entonces, comenzarán a correr los 10 días hábiles que tiene el Gobierno para tomar una decisión: vetar, total o parcialmente, las iniciativas o promulgarlas.

El pasado jueves, el Senado sancionó el aumento del 7,2% a jubilados y pensionados; incrementó a 110 mil pesos el bono para los ingresos en las jubilaciones mínimas; declaró la Emergencia en Discapacidad; y aprobó los cambios en la coparticipación del impuesto, a pedido de los gobernadores provinciales.

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El jefe de Estado y sus funcionarios anticiparon vetos totales a las sanciones del Senado, e incluso amenazaron con judicializarlas. “Esto no es una vetocracia, es una democracia donde se construyen consensos con el diálogo”, advirtió la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica.

Agregó: “Al Gobierno le preocupa el déficit fiscal, no los jubilados. Nosotros propusimos cosas que se pueden hacer para no tocar el déficit cero, que todos queremos tener, pero no a los ponchazos ni rompiendo el diálogo, sino sentándonos y viendo cómo se pueden reacondicionar partidas para dar las respuestas necesarias”.

El rol del jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, concurrirá el próximo 6 de agosto a Diputados. (Foto: Reuters)
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, concurrirá el próximo 6 de agosto a Diputados. (Foto: Reuters)

El ministro Guillermo Francos mantiene su teléfono en línea con los gobernadores y con el Congreso. Concurrirá a Diputados el próximo 6 de agosto para brindar su informe de gestión ante el Parlamento, similar al que intentó dar —e interrumpió abruptamente— en el Senado cuando la kirchnerista Cristina López lo trató de “mentiroso” y se retiró del recinto, el pasado 26 de junio.

En esta oportunidad, las urgencias serán otras, referidas a las decisiones que adopte el presidente Milei con respecto a las sanciones legislativas de los últimos días en el Senado: los anunciados vetos presidenciales.

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Francos y los diputados saben que para insistir con las sanciones aprobadas necesitan alcanzar los dos tercios de los presentes en el recinto. Si asisten los 257 diputados, esas dos terceras partes se lograrían con 172 votos.

El Gobierno buscará construir el tercio restante con 86 diputados. De ese modo, blindaría la amenaza de veto del jefe de Estado. Esos legisladores obtendrían la denominación de “héroes” para Javier Milei, en referencia a los 87 que, en 2024, blindaron el veto a la reforma universitaria y fueron así calificados por el Presidente.

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Senado, Victoria Villarruel, Jubilados, Diputados, veto

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POLITICA

Los gobernadores reciben llamados de la Casa Rosada y el Congreso, pero proyectan seguir jugando en bloque

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“Están preocupados. Nos empezaron a llamar en privado y no soltaron a ladrar a los trolls en las redes”. Con esa frase, un gobernador que se anotó entre los dialoguistas con la Casa Rosada describió en las últimas horas la forma en que la administración de Javier Milei reaccionó ante el cachetazo político que sufrió la semana pasada en el Senado, donde los gobernadores articularon un frente común que unió a representantes de la mayoría de las provincias.

Para el bloque de los gobernadores, la preocupación que atribuyen a la gestión libertaria se expresa en repentinos llamados telefónicos de funcionarios que no participaron de las conversaciones. Por caso, del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien había delegado los contactos en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. O el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en cuyo recinto sucederán las próximas batallas.

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Fuentes cercanas a Caputo consultadas por este diario negaron que el ministro de Economía haya llamado a gobernadores para hablar específicamente de los temas en conflicto, pero afirmaron que tiene contacto con varios de ellos y que dialoga sobre asuntos de gestión. No obstante, su aparición en el teléfono -luego de algunas semanas- coincide con el intento del Gobierno nacional de recuperar los puentes con las provincias que se cayeron con la votación en el Senado.

También, según pudo corroborar en la Casa Rosada, volvió a tomar contacto con las provincias el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como parte de un operativo para aceitar el vínculo con los gobernadores con el objetivo de conseguir los votos para sostener el veto presidencial al aumento jubilatorio. “Guillermo tiene una cabeza sensata, por eso es bueno mantenerlo como interlocutor”, dijo uno de los mandatarios provinciales consultados.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último paso por el Senado, justamente el escenario donde los gobernadores le propinaron un golpe político a la Casa RosadaSoledad Aznárez –

Sin embargo, la recepción de los llamados de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda no significa que los gobernadores estén dispuestos a retirar los proyectos que fueron aprobados en el Senado, para recuperar los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las partidas que les corresponden del impuesto a los combustibles líquidos. En ese punto, según deslizó uno de ellos, parece no haber vuelta atrás, lo que se ratificaría en la próxima reunión de mandatarios.

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De hecho, la semana que viene los gobernadores pondrá la fecha de la nueva cumbre que tendrá lugar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires. Ahí volverán a verse las caras mandatarios que estuvieron identificados con Juntos por el Cambio, peronistas que negociaron con la Casa Rosada y otros que, como Axel Kicillof y Gildo Insfrán, no tienen contacto alguno con los libertarios. Se trata de una amalgama que no se une por el amor, sino por el espanto.

Un ejemplo de esto es que los gobernadores que se sentaron a escribir los proyectos aprobados en el Senado fueron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien fue ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri; y Sergio Ziliotto (La Pampa), un peronista que integra la conducción nacional del PJ que encabeza Cristina Kirchner. Esa confluencia, inesperada para los libertarios, hizo que en las últimas horas se intensificaran contactos reservados desde Buenos Aires a las provincias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es uno de los que llama por estas horas a los gobernadoresFabián Marelli

Entre los gobernadores comentan, por lo bajo, que la Casa Rosada ya hizo un intento de armisticio con dos mandatarios norteños y otro patagónico, pero en los mensajes que cruzan en el foro que comparten Whatsapp el clima sigue siendo favorable a mantener los reclamos en el Congreso. Están seguros de que podrán avanzar con el reparto de los ATN y los fondos del impuesto a los combustibles, y que incluso tendrán los números para afrontar un veto.

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Pero no son tan determinantes, salvo el grupo que comulga con el PJ y sus aliados, con Gerardo Zamora (Santiago del Estero) como el gobernador con más predicamento entre sus pares, en que puedan sostenerse los aumentos en las jubilaciones y la moratoria previsional, que son banderas del kirchnerismo y la izquierda en el Congreso. Pese a ello, la desgastada relación con la Casa Rosada hace que -más allá de los colores políticos- sigan pensando en jugar en bloque.

A tal punto que uno de ellos, consultado por , proyectó incluso que se puede formar un frente político-electoral entre gobernadores a partir de 2026, con la formación de bloques en Diputados y el Senado que representen a las provincias. En ese sentido, los gobernadores que están “cansados” del presidente Milei también consideran la posibilidad de enfrentarlo juntos en 2027, cuando el primer mandatario tendrá la posibilidad de competir por su reelección.

Rogelio Frigerio y Sergio Ziliotto, redactores de los proyectos aprobados por el SenadoPrensa

En la sede del poder nacional señalaron que no se esperan novedades en lo inmediato y evaluaron que las conversaciones pueden extenderse por las próximas dos semanas. En los pasillos de la Casa Rosada admitieron que hay diálogo con los gobernadores, aunque descartaron que haya algún tipo de cumbre en el correr de esta semana y hasta ponían en duda la posibilidad de que Francos se cruce con algunos de ellos en el cocktail que este jueves tendrá lugar en La Rural.

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La presencia de Francos allí no está confirmada aún, pero quienes conocen de cerca al funcionario adelantaban que en caso de ir -invitado por Nicolás Pino, el presidente de la SRA- y que haya una eventual foto allí con alguno de los mandatarios provinciales, eso no significaría algo en especial. “Guillermo es una persona sumamente institucional, todos los contactos o encuentros que haya serán por esa vía: la institucional”, dijeron fuentes de la Casa Rosada.

Francos es una de las personas que mantienen los puentes con los gobernadores. “El Gobierno está conversando permanentemente con ellos. No veo que tengamos que hacer nada que no hagamos habitualmente”, dijo en las últimas horas. Pero admitió que se está “negociando en un clima de momento electoral”. Con algunos, como Alfredo Cornejo (Mendoza) hay buena sintonía, pero en otros casos, como el de Gustavo Valdés (Corrientes), la relación se enturbió.

Con la colaboración de Cecilia Devanna

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