La decisión del gobierno de Alberto Fernández de avanzar con un proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados profundizó las diferencias entre los miembros del máximo tribunal.

“Es un tema de Horacio Rosatti, el problema no es nuestro”, le dijo a TN una fuente cercana a uno de los cuatro integrantes de la Corte. Es que si bien el juicio político que impulsa la gestión de Alberto Fernández irá en contra de todos los miembros, internamente creen que se trata de un proceso que solo apunta al Presidente del máximo tribunal, al que el kirchnerismo acusa de tener vínculos con el Gobierno porteño.

Tanto Rosatti, como Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se mantienen en silencio y la idea -por ahora- es no responder públicamente a la avanzada del Gobierno. “Vamos a esperar a que ingrese formalmente el pedido de juicio político”, le dijo a este medio una fuente judicial.

TN pudo saber que al menos tres de los magistrados dialogan sobre la cuestión y siguen de cerca la estrategia del oficialismo. El magistrado que más distanciado está del tema es Lorenzetti, que mantiene desde hace tiempo marcadas diferencias con Rosatti. Hasta el momento no se unificó una estrategia común.

El Gobierno impulsa un proceso de juicio político contra la Corte y quiere que los jueces declaren ante la Comisión

Se espera que esta semana ingrese el proyecto a la Comisión de Juicio Político y una vez que esté lista la convocatoria a sesiones extraordinarias se llamará a una reunión de comisión para tratar el tema y analizar la denuncia. Luego se abre la etapa de prueba que derivará en la acusación o no.

Una vez que se produce toda la prueba, la Comisión llamará a declarar a los jueces de la Corte, como ya adelantó Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. TN pudo saber que el oficialismo se debate entre citarlos en calidad de testigos o como denunciados.

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“Si lo convocás como testigo, tiene la obligación de ir, y si no va, tenés que avisar al estamento correspondiente que no cumplió con la asistencia. Si lo citás como denunciado, allí puede ir o presentar un escrito o ninguna de las dos cosas. Y eso no imposibilita que continúe el proceso”, soltaron en el oficialismo. Cuál de las dos opciones se seleccionará es una cuestión que se maneja bajo gran hermetismo.

Según el reglamento de la Comisión de Juicio Político, “cuando se hubiera dispuesto la comparecencia de alguna persona a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia”.

Punto por punto: cómo podría avanzar el proceso en la Comisión de Juicio Político

Se da por descontado que el oficialismo abrirá el sumario que dará inicio a la investigación al contar con 16 diputados sobre un total de 31 que integran la Comisión de Juicio Político. Si bien cuenta con los números para emitir dictamen, luego será una empresa muy compleja aprobar el proceso en la Cámara de Diputados, ya que necesita dos tercios y no los tiene. Es casi imposible. De cualquier manera, el Gobierno pondrá el tema en agenda y volverá a protagonizar una nueva embestida contra la Justicia.

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Entre los diputados del oficialismo que impulsan la medida, niegan que el proceso vaya a estar viciado de chicanas. “Hay una idea de show que no la tenemos en la cabeza, queremos hacer un proceso (de juicio político) institucional, responsable, apegado al reglamento, con fundamento, sin chicanas, estamos en otro registro”.

El reglamento también les permitirá pedir documentos a la Justicia y llamar a otras personas a declarar. “Uno puede citar a todo aquel que pueda conocer sobre los hechos que se analizan”, explicaron.